Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal.
Documentos oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.
Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.
Extracto del documento oficial en el que se mencionan las dos operaciones del 25 de septiembre de 2023 en las que se acusa a Energy Refinados de haber omitido el pago del IEPS en combustibles, además de otros impuestos y derechos.Desglose del adeudo por el IEPS y otros impuestos omitidos, recargos y multas.
La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.
Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, con el que buscó invalidar el cobro de los créditos fiscales. Sin embargo, en el expediente se señala que la empresa no garantizó el adeudo -como exige la legislación fiscal para suspender su cobro-, por lo que la autoridad consideró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la puerta al embargo de bienes para recuperar los montos reclamados.
En el expediente se mencionan dos operaciones de importación realizadas el 25 de septiembre de 2023, en las que la empresa omitió el pago del IEPS por dos millones 68 mil pesos. Además, en las mismas transacciones, las autoridades determinaron que se incumplió con el pago adicional de 1 millón 514 mil pesos por concepto de derechos por servicios de Trámite Aduanero y el pago del IVA.
El importe actualizado, con recargos, asciende a más de 5 millones 269 mil pesos por adeudos del IEPS, IVA y trámites aduaneros. Además, las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.
Notificación de septiembre de 2025 a Energy Refinados en el que se refiere el adeudo por la omisión en el pago del IEPS para combustibles.
Equivale a 25 pipas
El monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.
Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 –que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones- esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; ese volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.
En esa misma semana, la Secretaría de Hacienda aplicó un estímulo fiscal al IEPS mediante el mecanismo de cuotas disminuidas, lo que redujo el impuesto por litro respecto de la cuota base anual.
La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo fiscal aplicado por la Secretaría de Hacienda, la cuota efectiva se redujo en la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año a 2.7259 pesos por litro.
En los documentos oficiales consultados por MCCI no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.
La empresa
El 16 de mayo de 2024, N+ Focus reportó que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a empresas de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle.
Extracto de la relación de permisos actualizada al 7 de abril de 2026, en la que aparece Energy Refinados como “vigente”.
N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.
Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.
Acta de Servicios y Premezclados Forte en la que aparece Fernando Bilbao Arrieta.
Mientras que Energy Refinados fue constituida en febrero de 2017 también en Monterrey, Nuevo León, con el objeto social principal de comercialización de productos derivados del petróleo; en diciembre del año siguiente inició su trámite ante la CRE para obtener el permiso de comercialización de combustibles, el cual obtuvo nueve meses después.
El reportaje de N+ mencionó que el yerno de Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, pues pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.
El periodista de Latinus y El Universal, Claudio Ochoa Huerta, cuenta en video lo que ya todos sabemos, el LA Times, Américo Villarreal y Alfonso Durazo ya no traen visa, pero igual pueden cruzar a Estados Unidos con un “parole”, ese permiso VIP que no te dan por guapo, sino porque les sirves a los gringos. Ese beneficio se reserva para quienes están cooperando con autoridades de Estados Unidos, es decir, para quien ya se sentó a platicar, a cambio de no recibir el mismo cariño judicial que le dedicaron a otros políticos.
El “parole” que encaja con el historial de soplón
Aquí es donde empata perfecto con la versión previa: desde hace tiempo se venía documentando que Américo se comportaba como informante ante el DHS, usando la figura del colaborador para embarrar a los suyos y a los ajenos.
Esa línea editorial lo pintaba como el heredero de la escuela del “mula” de Cabeza de Vaca: el que entrega expedientes selectivos, vende pedazos de verdad, y cree que con eso compra inmunidad para él y la familia política.
Ahora, con lo que revela LA Times y lo que retoma Ochoa, el “parole” deja de ser un detalle migratorio y se vuelve casi la confirmación procesal de que Américo no solo jugó al informante: lo institucionalizaron como tal en la frontera.
Tres gobernadores quemados y Sheinbaum jugando a la víctima
Mientras tanto, Ochoa amarra el dato con el discurso de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, cuando dijo que Estados Unidos “viene por unos y luego por otros” y quiere meter la mano en la política mexicana. Lo que no dice la narrativa oficial es que ya van, por lo menos, tres gobernadores de Morena con señalamientos de vínculos con el crimen organizado, y ahora dos de ellos, Durazo y Américo, bajo la lupa gringa con beneficios de cooperación.
Sheinbaum se vende como víctima del intervencionismo, pero ahí están sus gobernadores cruzando con “parole” y escolta estadounidense, como si fueran testigos protegidos de serie de narcos, no defensores de la soberanía nacional.
El “golpe” que viene después del chismecito
Ochoa deja abierta la duda: ese “parole” puede significar que siguen cooperando o que la cooperación ya se rompió y ahora viene el madrazo, como en el caso de Rubén Rocha Moya. Traducido: el informante es útil… hasta que deja de serlo, o hasta que se le cae el teatrito de que él es el acusador y no el acusado.
Si se confirma que el trato ya no sirve, el siguiente capítulo no es una columna en Latinus: es un indictment en alguna corte federal, con toda la basura que Américo entregó tratando de salvarse, regresándole en forma de boomerang.
Morena: partido de gobierno… y de “paroles”
Con tres gobernadores señalados por vínculos con el crimen y al menos dos cruzando a Estados Unidos con trato de cooperantes, Morena ya no parece partido de la “transformación”, sino agencia de colocación de testigos útiles para fiscales gringos. El discurso de soberanía se desmorona cuando tus cuadros estelares necesitan permiso especial y escolta federal estadounidense para pisar el otro lado.
Américo no solo “jugó al informante”: ahora todo apunta a que lo convirtieron en mercancía procesal, y el “parole” es la etiqueta en la caja.
El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos de Morena, Américo Villarreal, de Tamaulipas y Alfonso Durazo de Sonora ,por huachicol el primero y vínculos con el crimen organizado el segundo, de acuerdo con Los Angeles Times.
Estados Unidos le está metiendo bisturí a Morena como consecuencia de sus malos oficios: con gobernadores en funciones, y lo está haciendo con algo mucho más efectivo que un desplegado indignado en La Jornada o un mitin en el zocalo: el sistema penal federal y la revocación de visas.
De qué va el golpazo
El reportaje de Los Angeles Times, retomado por El Universal, dice que Washington tiene bajo investigación a Alfonso Durazo (Sonora) por presuntos vínculos con el crimen organizado y a Américo Villarreal (Tamaulipas) por temas de huachicol, es decir, contrabando de combustible. No es un chisme de pasillo: se habla de investigaciones penales en curso en Estados Unidos.
Según esas fuentes, a ambos gobernadores ya les cancelaron la visa y los metieron a una figura migratoria que suena a tecnicismo burocrático pero en realidad es una pistola sobre la mesa: “libertad condicional por beneficio público significativo”. Traducido a castellano político: podrías entrar a EU, pero no como turista fifí, sino como testigo útil ante un gran jurado, mientras tu expediente penal respira por sí solo.
La “libertad condicional” que no es libertad
La joya aquí es esa figura: el “significant public benefit parole”. Es un permiso discrecional para que un no ciudadano pueda pisar suelo estadounidense cuando el gobierno considera que su presencia sirve a un interés público importante, por ejemplo, testificar ante un gran jurado para apuntalar acusaciones en curso.
O sea, no es un gesto humanitario, es un mecanismo de presión. Te quito la visa porque sospecho de ti, pero te dejo entrar si me eres útil contra alguien más o para limpiar un caso que también te roza. En vez de mandar una nota diplomática, el mensaje real a Durazo y Villarreal llega vía DHS y Departamento de Estado: estás bajo investigación, y si quieres moverte aquí, es en nuestros términos.
Golpe directo al corazón de Morena
La propia nota apunta que el movimiento contra gobernadores en funciones amenaza con debilitar a Morena y tensar más la relación bilateral. No están tocando a operadores de medio pelo, sino a mandatarios estatales aliados del gobierno federal, en un contexto donde ya traen otra lista de políticos mexicanos con visas revocadas por vínculos con cárteles o corrupción.
Es el tipo de mensaje que en Washington no se manda por tuit, se manda con expedientes, sellos y silencios incómodos en las reuniones bilaterales. Cada vez que la narrativa oficial en México intente vender que todo es un “tema mediático”, la contraparte gringa sólo tiene que voltear a ver el estatus migratorio de ciertos nombres y sonreír diplomáticamente.
El doble discurso que viene
En México, el libreto ya lo conocemos: negar, minimizar, culpar a “campañas de desprestigio” y asegurar que “la visa está vigente” mientras del otro lado de la frontera alguien firma otro oficio de revocación. Del lado estadounidense, la línea es igual de consistente: no comentan casos individuales, pero filtran lo suficiente para que los mensajes lleguen a la opinión pública, a los mercados y, sobre todo, a la clase política mexicana.
Lo delicado no es sólo que dos gobernadores estén bajo investigación; es que Washington está usando su poder consular como herramienta de política de seguridad regional, y la lista de políticos con problemas de visa va creciendo más rápido que los comunicados indignados desde Palacio.
Asi lo dice LA TIMES:
Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, dijeron múltiples fuentes, mientras la administración Trump amplía su campaña contra funcionarios mexicanos de alto nivel sospechosos de vínculos con el crimen organizado.
La medida contra los funcionarios del gobierno en ejercicio amenaza con socavar el partido gobernante de México, que llegó al poder con una promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya tensa relación entre los dos países.
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a los políticos en ejercicio en su lucha contra el tráfico de drogas, prefiriendo apuntar a los líderes del cártel. Pero como muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados, arrestados o se han entregado, Washington ha cambiado su atención al enjuiciamiento de los líderes electos y los agentes encargados de la ley sospechosos de
Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, el gobernador de Tamaulipas, han sido despojados de sus visas estadounidenses en medio de investigaciones penales, según personas familiarizadas con los casos.
Ambos son miembros del partido gobernante Morena de México y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado una reciente oleada de investigaciones estadounidenses sobre los líderes mexicanos en ejercicio como interferencia electoral y una violación de la soberanía de su país.
En abril, el Departamento de Justicia reveló cargos penales radicales contra miembros prominentes del partido de Sheinbaum, incluido el gobernador. Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Fue acusado junto con otros nueve funcionarios actuales y anteriores de ayudar al cártel de Sinaloa a contrabandear fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y ayuda para ganar elecciones.
«¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?» Sheinbaum preguntó en una reciente manifestación política. «¿O tal vez estamos presenciando cómo sectores de la derecha estadounidense están utilizando a nuestro país para posicionarse para sus elecciones de 2026? ¿O tienen la intención de influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?»
Durazo, de 71 años, el gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de mayor perfil hasta la fecha que se cree que está bajo investigación. Anteriormente se desempeñó como ministro de seguridad de México, ayudando a implementar la controvertida estrategia de «abrazos, no balas» del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que enfatizaba abordar las causas fundamentales del crimen en lugar de las confrontaciones militares. Sonora es una importante ruta de tránsito de tráfico de drogas a los EE. UU.
Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado, y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dijeron que Durazo viaja a los Estados Unidos regularmente para recibir tratamiento especializado por una condición médica bajo un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que están cooperando con las fuerzas del orden. La oficina de Durazo no respondió a una solicitud de comentarios.
El programa, conocido como libertad condicional de beneficios públicos significativos, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes contra ellos u otros.
«Realmente está destinado a ser utilizado como una herramienta para obtener inteligencia y obtener pruebas», dijo Vanda Brown de la Brookings Institution sobre el programa. El periodista mexicano Luis Chaparro informó anteriormente que Durazo había perdido su visa debido a una investigación estadounidense y fue beneficiario de la libertad condicional. Una visa de turista típica para los Estados Unidos dura hasta 10 años con posibilidad de renovación.
La investigación sobre Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol, según personas familiarizadas con el caso. Las fuentes dijeron que Villarreal también tiene una libertad condicional de beneficio público significativo. Cuando cruza a los Estados Unidos, a menudo es escoltado por funcionarios estadounidenses, dijo una persona familiarizada con su caso.
En una declaración, Villarreal negó cualquier irregularidad, calificando las afirmaciones falsas, sesgadas y carentes de pruebas. Dijo que, como funcionario público, siempre ha sido transparente, responsable y ha seguido la ley.
Tamaulipas, que limita con Texas, es un centro de contrabando de combustible desde y desde los Estados Unidos. Varios gobernadores anteriores han sido investigados en México por conexiones con grupos criminales.
Es probable que las nuevas revelaciones exacerban la presión sobre Morena, cuyo fundador, López Obrador, llegó al poder con una promesa de combatir la corrupción, que dijo que alimentó la violencia. Prometió que nadie involucrado en la corrupción se ahorraría, ni siquiera de los «hermanos de armas».
Sheinbaum, el protegido político de López Obrador, ha prometido continuar esa lucha, y su administración ha arrestado a docenas de funcionarios locales acusados de irregularidades, incluidos algunos afiliados a Morena.
Algunos miembros de su partido han presionado a Sheinbaum para que corte los lazos con Rocha Moya y otros líderes sospechosos de vínculos con el crimen organizado, para que Morena no se vea contaminada por las acusaciones. Pero Sheinbaum, en cambio, ha cerrado las filas, insistiendo en que su gobierno no cumplirá con la solicitud de los Estados Unidos de extraditar a Rocha Moya.
En un mitin durante el fin de semana, Sheinbaum desestimó la investigación estadounidense sobre los funcionarios de Sinaloa como una campaña de difamación por motivos políticos contra su gobierno inquierdista.
Ronald Johnson, el embajador de los Estados Unidos en México, criticó sus comentarios. «La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos», escribió Johnson en X. «Cada momento que se pasa convirtiendo este desafío de seguridad compartida en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos».
La creciente retórica llega en un momento crítico para los dos países, que el próximo mes se embarcarán en una revisión de su acuerdo de libre comercio con Canadá.
A lo largo de los años, los fiscales estadounidenses han presentado ocasionalmente casos de corrupción contra exfuncionarios mexicanos, incluido Genaro García Luna, un ex ministro de seguridad que fue condenado a prisión en 2024 por recibir sobornos del cártel de Sinaloa.
Pero apuntar a los líderes electos actuales es un enfoque nuevo, y más conflictivo. Los miembros de la administración Trump insisten en que es necesario porque el tráfico de drogas depende en gran medida de los funcionarios que lo protegen.
En una reunión en mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo a Sheinbaum que la administración Trump espera que México envíe a Rocha Moya a los Estados Unidos, según fuentes.
Sheinbaum dijo que su administración decidirá el destino del gobernador basándose en su propia evaluación de su conducta, y advirtió a Mullin que más acusaciones estadounidenses contra líderes electos se considerarían interferencia política en los asuntos de México.
Sheinbaum puede optar por procesar a Rocha Moya, lo que indicaría a su base que se toma en serio la corrupción, pero no está dispuesta a ceder a la presión de Estados Unidos.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses tienen poca fe en que Rocha Moya u otros políticos sean condenados en los tribunales mexicanos.
Se dirigen al ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos en Los Ángeles en 2020, y fue liberado a México después de que López Obrador prometiera llevar a cabo una investigación. Menos de dos meses después, el gobierno mexicano exoneró a Cienfuegos. Más tarde, López Obrador le otorgó un alto honor militar.
Trump ha hecho de la lucha contra los cárteles de drogas latinoamericanos una prioridad de política exterior, adoptando un enfoque maximalista que ha incluido la declaración de organizaciones terroristas de pandillas, la volación de presuntos barcos de drogas en el mar y la autorización de ataques militares de Estados Unidos en Ecuador y Guatemala.
Trump ha amenazado repetidamente con ataques contra objetivos del cártel en México, lo que Sheinbaum dice que México consideraría un acto de guerra. Ha denunciado las revelaciones de la reciente participación de funcionarios de la CIA en una redada en un laboratorio de drogas en el norte del estado de Chihuahua, diciendo que fue una violación de la soberanía.
La cancelación de visados es una estrategia más tranquila, pero potencialmente poderosa.
El año pasado, Reuters informó que Estados Unidos había, sin fanfarria, revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios en México, aunque pocos han confirmado públicamente que perdieron visas. Un político que reconoció haber perdido la suya es el gobernador de Baja California. Marina del Pilar Ávila, quien ha negado los vínculos con el crimen organizado.
Los EE. UU. El Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo ha tomado la iniciativa en la cancelación de visas, dijeron fuentes al Times. El centro, parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, ahora se centra más en los cárteles que han sido designados como grupos terroristas y los políticos que supuestamente se confonibran con ellos que en las posibles amenazas de Oriente Medio, dijeron las fuentes.
Fuentes familiarizadas con la nueva estrategia dijeron que no todas las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos están a bordo con más cancelaciones de visas, lo que dicen que a veces puede interferir con las investigaciones penales.
Dentro de la administración de Sheinbaum, la acusación de Rocha Moya ha causado un juego de salón ansioso de adivinar qué funcionarios mexicanos pueden ser acusados a continuación, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El objetivo de los funcionarios se produce cuando Sheinbaum mira hacia las elecciones intermedias en 2027, donde toda la cámara baja del congreso mexicano, donde su partido actualmente tiene la mayoría, está en juego, junto con 17 gobernaciones estatales. Ella debe elegir candidatos para respaldar cuidadosamente, dijeron los analistas políticos, porque promocionar a los candidatos de gobernadores que podrían terminar en el blanco de las fuerzas del orden de los Estados Unidos podría poner las elecciones en desorden y amenazar a la mayoría del partido.
En privado, Sheinbaum ha instado a los miembros de Morena a renunciar si están involucrados en la corrupción. Públicamente, ha tomado una postura desafiante frente a las acusaciones de Estados Unidos de que México está «controlado» por cárteles. El martes, respondió al embajador Johnson, pidiéndole que se abstuviera de comentar sobre los problemas internos de México.
«Los asuntos de México pertenecen a los mexicanos», dijo.
***Este artículo fue copublicado con Puente News Collaborative, una sala de redacción bilingüe sin fines de lucro que cubre historias de México y la frontera entre Estados Unidos y México. Cecilia Sánchez Vidal, de la oficina de la Ciudad de México del Times, contribuyó a este informe.
