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miércoles, 16 de septiembre de 2020

"TRES TRISTRES TRASPIES": EL "CHOQUE de la 4T y los que TIENEN la OSADIA de PENSAR DISTINTO"...cuando el pais demanda sumas,hay restas.

El contagio más letal que amenaza hoy a México no es el Covid-19, sino la viralización del radicalismo y de la confrontación que escalan sin freno, con el auspicio y beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tres tristes traspiés ocurridos la semana pasada descorren el velo que exhibe un choque más que frontal entre el gobierno de la Cuarta Transformación y aquellos que tienen la osadía de pensar distinto.
López Gatell, el cínico
Solo unos cuantos en la casa presidencial y desde la línea radical defienden todavía al epidemiólogo Hugo López Gatell, responsable del drama que ya sobrepasó las 70 mil muertes por Covid-19.
Siempre escurridizo, difundiendo SU verdad, con SUS cifras manipuladas, a contrapelo del sentido común en el uso de cubrebocas o de la aplicación de pruebas, López Gatell se enfrascó la semana pasada en un debate con seis ex secretarios de Salud, quienes salieron a dar la voz de alerta.
Y en un afán por contribuir a buscar una salida a lo que continúa cobrando en promedio 600 vidas diarias en México, esos seis personajes “se atrevieron” a fijar postura y a darle algunas propuestas al responsable de manejar la epidemia.
Pero lejos de escucharlos, López Gatell usó el cinismo barato para burlarse de quienes le proponían alternativas para mitigar la pandemia.
Nada de eso decía el documento, pero el epidemiólogo hizo del sarcasmo su arma favorita y no solo los ninguneó, sino que los insultó.
Quizás en su respuesta todavía retumbaba el eco festivo presidencial de apoyo incondicional.
Y en un acto de soberbia soledad, López Gatell se sintió el epidemiólogo supremo y descalificó -sin leer siquiera- cualquier tesis que lo contradijera. 
Bartlett, el buen ladrón
Sin duda Manuel Bartlett es uno de los personajes mas impresentables en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero al mismo tiempo el mas protegido por el manto moral del presidente López Obrador.
Al mandatario la semana pasada se le fue un chile entero en su guiso mañanero, cuando recordó el robo que le hicieron al panista Francisco Barrio en la elección para gobernador de Chihuahua en 1986.
Se le olvidó al inquilino de Palacio Nacional que quien manipuló la imposición del priista Fernando Baeza, fue nada menos que el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. 
Sí, el mismo que hoy despacha creando cortos circuitos en la Comisión Federal de Electricidad.
Dos años después de aquel robo electoral de 1986, el mismo Bartlett fue el autor de la famosa caída del sistema, que permitió en 1988 sentar en la presidencia al priista Carlos Salinas de Gortari, quien le premió sus servicios entregándole la Secretaría de Educación.
Pero cuando se le cuestiona al presidente el por qué por un lado censura el robo electoral de 1986, al mismo tiempo que tiene en sus filas del gobierno que dice combatir la corrupción al cuatrero mayor confeso de aquella elección, nada mas no sabe qué responder. 
Resbala.
La misma desmemoriada actitud que cuando se le cuestiona sobre los inmuebles de Bartlett y su no-esposa, o los contratos del hijos del director de la CFE para surtir ventiladores al Seguro Social, con un evidente sobreprecio que acabó en su descalificación e inhabilitación.
Pero ahí está Bartlett, ladrón electoral de ayer, amasador de fortunas inmobiliarias inexplicables de hoy, que por la bendición presidencial se convierte en un Dimas de la Cuarta Transformación. 
El “buen ladrón” que al lado del Señor le suplica por un asiento en su reino.
Reforma, el “pasquín inmundo”
Ya no es novedad que para el inquilino de Palacio Nacional el diario Reforma es el medio de la Resistencia, el panfleto de los conservadores, el vocero de Carlos Salinas.
Y en la Mañanera del viernes pasado le colgó a ese medio un nuevo epíteto: el de “pasquín inmundo”.
Un lenguaje muy pobre para quien guía los destinos de la nación.

La censura vino porque Reforma se hizo eco de una información sobre el presunto desfalco en la Tesorería del municipio de Macuspana, en Tabasco, el terruño donde nació el mandatario. 
Y en ese denunciado faltante al Erario Municipal por 233 millones de pesos se estaría involucrado a su cuñada, la síndico Concepción Falcón. 
En lo personal, López Obrador tiene derecho a pensar lo que quiera de Reforma, de El Universal, de El Financiero, de Enrique Krauze o de Héctor Aguilar Camín. Pero como presidente no debe descalificarlos solo porque lo cuestionen o no piensen a su manera.
Si con toda justicia les echa en cara a algunos de esos medios los abultados presupuestos oficiales que se le pautaban en los sexenios del PRIAN, con qué cara puede el presidente explicar hoy que a uno de sus diarios favoritos se le hayan pautado mas de 250 millones de pesos de publicidad en los primeros 19 meses de su gobierno
Son mas de 400 mil pesos diarios, los siete días de la semana, los 365 días del año, a un solo diario. ¿Como justificarlos? ¿A cambio de qué?
Es triste que en medio de la pandemia y de la severa crisis económica -de la cual todavía estamos por ver lo peor- la radicalización del discurso, la descalificación, el doble rasero, y el insulto, sean lo mejor que nos pueda ofrecer el jefe de la Nación.
fuente.-Ramon Alberto Garza/

MEXICO REGISTRA un "ATAQUE a la PRENSA CADA 10.75 HORAS": DICE INFORME de ARTICULO-19...se incomoda al poder politico y criminal.



La violencia no da tregua a los periodistas en México. El país latinoamericano registró 406 agresiones contra la prensa durante los primeros seis meses de este año, al ritmo de un ataque cada 11 horas, según un informe publicado este lunes por la organización Artículo 19. 



Se trata de un aumento del 45% en comparación con el primer semestre de 2019, que ya fue de por sí el año más violento para los miembros de los medios de comunicación en la última década, con 609 periodistas agredidos.


En México no solo es patente el fracaso del Estado en el esclarecimiento de los crímenes, la protección de derechos básicos como la libertad de expresión y la ola de violencia que azota al país desde hace casi 15 años, sino que además la mitad de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno. “Hemos visto cómo las intimidaciones y campañas de desprestigio empiezan en las conferencias mañaneras del presidente y se replican por otros miembros de su Gobierno o en los estados y municipios”, afirma Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.

“Nos enoja y nos preocupa que siga pasando lo mismo en este país, sobre todo en este Estado, convulsionado por las agresiones a periodistas que no han parado sin importar quién gobierne”, dijo el miércoles pasado Raúl Arroniz, director de El Mundo de Córdoba, apenas unas horas después de que uno de sus reporteros, Julio Valdivia, fuera hallado decapitado en Tezonapa, en los límites entre los Estados de Veracruz y Oaxaca. Menos de 48 horas después del asesinato de Valdivia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llamaba “pasquín inmundo” al periódico Reforma, en el enésimo enfrentamiento con la prensa crítica a su Gobierno.

La secuencia de eventos de la semana pasada no es un tema menor. El informe no solo documenta las amenazas de muerte, las agresiones físicas y el hostigamiento, además refleja cómo “el clima de hostilidad desde la tribuna presidencial” se ha traducido ya en uno de los principales detonantes de los ataques contra la prensa, en palabras de Maldonado. Entre enero y junio hubo 45 ataques perpetrados por funcionarios del Gobierno federal, alrededor de tres veces más de los que se registraron en ese periodo el año pasado.

Ser periodista en México, sobre todo en las regiones, implica ser amenazado, amedrentado y perseguido. Todo esto pasa sin que haya consecuencias, en un país en el que el 99% de los delitos contra la prensa quedan impunes, según la organización. “Se manda un mensaje desde las fiscalías de que si se agrede a un periodista nada va a suceder en términos de una sanción penal”, señala Maldonado, en una espiral que se agrava ante la ausencia de una política integral para la prevención y atención de estos delitos.

La doble estrategia de denostar a la prensa desde las tribunas del poder y amedrentarla por debajo de la mesa queda patente, por ejemplo, en Puebla, gobernada por Miguel Barbosa, también de Morena, el partido del presidente. Al tiempo que rechaza preguntas incómodas de los medios que le cuestionan, más de la mitad de las agresiones contra la prensa fueron cometidas por trabajadores de su Estado, uno de los cinco que concentran más del 50% de las agresiones, junto a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. En un año, Puebla pasó de ser el décimo al segundo estado más hostil contra la prensa, solo detrás de la capital.

El caso de Veracruz ha ocupado recientemente las portadas de los diarios del país, al registrar dos de los cuatro homicidios de periodistas de este año: el de Valdivia y el de la periodista María Elena Ferral, asesinada a tiros en marzo pasado. “Tenemos unas autoridades que vienen de la lucha social, pero que ahora que están en el Gobierno no están haciendo nada diferente a sus antecesores y se queja igual que todos cuando es sometido al escrutinio público”, comenta Ana Laura Pérez, directora de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. “El brutal asesinato de Julio Valdivia afianza el estatus de Veracruz no solo como el estado más violento para los periodistas en México, sino como la región más mortal para los periodistas en todo el continente”, aseguró Jan Albert Hootsen, el representante en el país del Comité para la Protección de los Periodistas.

La pandemia del coronavirus y el confinamiento también han impactado en las cifras. Por un lado, han abonado a la precariedad laboral y a las difíciles condiciones de trabajo, que dejan aún más expuestos a los reporteros en las zonas más inseguras, como Veracruz, asolado por las disputas de grupos delictivos y que ponen un blanco a quien afecte sus intereses, apunta Pérez. Por el otro, el seguimiento informativo del manejo gubernamental de la epidemia ha aumentado las tensiones una relación de por sí desgastada, con 68 ataques directamente vinculados a la cobertura de la covid-19.

Los cuatro periodistas asesinados en 2020 contrastan con los 10 que hubo el año pasado, pero no hay visos de que las condiciones de trabajo de la prensa hayan mejorado en el terreno, advierte la organización. “En este continuum de agresiones, la intención es amedrentar para censurar y la tendencia claramente va en ascenso”, sentencia Maldonado. En solo seis meses ya se ha superado el número de ataques de 2020 y ha superado todos los que hubo en 2015. Si se mantiene este ritmo, todo apunta a que se batirá un nuevo récord de violencia.

Fuente.-Diario Español/

SENTENCIAN a 10 AÑOS de CARCEL en COSTA RICA a PILOTO MEXICANO que LLEGO CARGADO de "BILLETES VERDES" y ERA ASESOR del CONGRESO MEXICANO...hay 56 Mexicanos presos en esa nación.



Un tribunal costarricense condenó por lavado de dinero a 10 años de cárcel cada uno a dos pilotos mexicanos, uno de los cuales, identificado como Luis Eduardo Gómez Mendoza, fue señalado por la Fiscalía General de Costa Rica de ser "asesor del Parlamento Federal de México", anunciaron este mediodía fuentes oficiales en San José.

La Fiscalía ratificó a EL UNIVERSAL que Gómez Mendoza fungió como "asesor" del Congreso de la Unión de México y que durante el juicio, que se realizó del 26 de agosto al 25 de septiembre, personal del consulado mexicano en Costa Rica se presentó como parte del público.

No fue posible obtener una confirmación independiente en el Congreso acerca del tipo de asesoría que, según la Fiscalía General de Costa Rica, desempeñó Gómez en esa institución.

"En el juicio se demostró que Gómez Mendoza era asesor del Parlamento Federal de México", recalcó, en referencia a la máxima instancia legislativa de México y en un informe del que este diario tiene copia.

La sentencia por legitimación de dinero fue dictada este lunes por la noche por el Tribunal Penal de Pavas, un suburbio del oeste de la capital costarricense.

Según el recuento de hechos suministrado a este diario, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes logró una condena de 10 años de prisión cada uno contra Luis Eduardo Gómez Mendoza y José Humberto Benavidez Muñoz.

"De acuerdo con la pieza acusatoria, los imputados mantuvieron vinculaciones con una organización criminal internacional, la cual se dedicaba a traficar droga y a legitimar capitales entre México y Costa Rica", precisó.

"La Fiscalía comprobó que, previo al 5 de julio del 2019, los imputados recibieron 84 mil dólares provenientes del narcotráfico, los cuales procedieron a trasladar desde México (a Costa Rica) en una avioneta, aprovechando que ambos son pilotos", aseguró.

Según la parte acusatoria, la prueba presentada en contra de ambos "permitió acreditar que los imputados ocultaron el dinero debajo de los asientos delanteros de la aeronave, en un compartimiento no visible, oculto con bolsas plásticas que contenían fibra de vidrio y aluminio".

"Para poder transportar el dinero, los imputados elaboraron un viaje falso de turismo desde México, pasando por ciudades como Chihuahua, Morelia y Oaxaca, por El Salvador y, como destino final, Costa Rica, por lo que se hicieron acompañar de dos pasajeros, a quiénes no se les vinculó con el delito", describió la Fiscalía.

Los dos llegaron el 5 de julio de 2019 al aeropuerto internacional Tobías Bolaños, una de las principales terminales aéreas de este país, donde efectivos de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública de este país, con apoyo de un perro, revisaron la avioneta.

"Durante la revisión, el can detectó una sustancia ilícita en el asiento alterado, por lo que se procedió a revisar y se ubicó el dinero. Seguido a ello, la Fiscalía ordenó la detención de los pilotos y el decomiso del dinero", puntualizó.

Los dos permanecerán seis meses más en prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme, explicó.

Costa Rica se convirtió hace más de 45 años en un puente clave para el narcotráfico por su posición geográfica en el sur de Centroamérica de cercanía con los centros de producción de cocaína y de otras drogas en Colombia y de contrabando desde ese país, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, con los principales mercados de consumo en EU.

Organizaciones como el cártel de Sinaloa están entre las mafias mexicanas con mayor presencia y actividad en Costa Rica, que se convirtió en una base para el tráfico, el almacenamiento y la reexportación de alucinógenos a México, EU y varias partes del mundo.

Datos oficiales actualizados y suministrados hoy a este periódico por el Ministerio de Justicia de Costa Rica mostraron que en las prisiones costarricenses hay 56 mexicanos encarcelados por distintos delitos y en diferencia situación judicial.

fuente.-

"CASINOS en la 4T": LA APUESTA "FALLIDA" y la CORRUPCION RAMPANTE en GOBERNACION...los que aman la transa,armaron el bisne.

Las palabras Secretaría de Gobernación, juegos de azar, casinos y loterías, están íntimamente relacionadas. En México no viven las unas sin las otras. 
Desde que Fernando Gutiérrez Barrios pasó por Bucareli en el gobierno salinista, las casas de juego vieron -legal o clandestinamente- sus mejores días en nuestro país.

Cabeza de Vaca LE APUESTA AL YERNO:

José María Guardia, prestanombres del entonces Secretario de Gobernación y amigo de obispos y cardenales, fue el favorito de aquel sexenio.
Y un paquete de acciones del entonces Hipódromo de las Américas, endosadas a un familiar directo de “don Fernando” para renovarle el contrato por 25 años, demostraron la corrupta colusión entre gobierno y apostadores.
Pero el creciente boom de los casinos se vivió a partir del sexenio del panista Vicente Fox. Baste recordar las decenas de permisos para abrir casinos que Santiago Creel dió antes de cerrar el sexenio.
El escándalo fue tal, que involucró incluso permisos para familiares, lo que le costó al entonces Secretario de Gobernación la candidatura presidencial del PAN en 2006. La suerte le sonrió a Felipe Calderón.
Y fue en ese sexenio del haiga sido como haiga sido, que personajes como Iván Peña Neder se convirtieron en los embajadores entre los casineros y Gobernación, una dependencia por la que pasaron tres titulares, dos de ellos muertos en accidentes aéreos.
Con Enrique Peña Nieto las cosas no fueron distintas. Los casinos se volvieron la nueva normalidad urbana, el patio de recreo de adultos de la tercera edad y de las damas con sobreoferta de ocio. Miguel Ángel Osorio Chong recurrió de nuevo a los servicios de Peña Neder, entre muchos otros, para negociar lo necesario.
Pero en la campaña presidencial del 2018 resonaron fuerte las promesas del candidato López Obrador, quien prometió no solo no dar una autorización más para casinos o loterías, sino regularizar todo lo que operaba con permisos falsos, fotocopiados.
Con Olga Sánchez Cordero como inquilina de Bucareli se garantizaría una relación legal, para dejar operar lo sano y cerrar lo que se hacía al margen de la ley.
Y todo comenzó bien, hasta que el gobierno de la Cuarta Transformación le entregó la subsecretaría de Gobernación a un Ricardo Peralta, quien venía de ser removido como director de Aduanas en medio de oscuros resultados. Y ahí comenzaron las apuestas fuertes.

DIRECTO AL BOLSILLO DEL GOBERNADOR:

En México existen cerca de 350 casinos legalizados y otros 100 que operan en la ilegalidad. Y ese es el drama para los mexicanos y la oportunidad para los funcionarios corruptos.
Calificados muchos de ellos como la “Banca Negra” donde se lavan todo tipo de recursos, la aproximación de sus propietarios y administradores era inevitable con el nuevo gobierno lopezobradorista.
Por eso tan pronto se instaló en Bucareli, y a espaldas de su jefa –la secretaria de Gobernación- Ricardo Peralta abrió una oficina privada alterna en Avenida Palmas, para que fuera la sede de las negociaciones y los favores con los casineros.
Para operar, el subsecretario de Gobernación fichó los servicios de Raúl Rocha, el célebre casinero regiomontano y dueño del Casino Royale. El mismo trágico casino de Monterrey en el que un atentado del crimen organizado le costó la vida a 52 personas, el 25 de agosto de 2011.
Y con todo un bien montado operativo desde la oficina alternativa se dedicaron a regentear e incluso a cobrarles piso a casinos y centros de juegos, incluyendo a los más formales como los de Codere, Caliente, Cyrsa y Televisa.
La crisis vino con la pandemia, en la que se abrió una mesa de negociaciones para tratar de acelerar la reapertura. Y para ello se estaba fijando una cuota de 350 mil pesos por casino. Unos 120 millones de pesos sobre esa “mesa negociadora”.
Algo debió descubrir la Secretaria Sánchez Cordero e incluso el presidente López Obrador, que aprovechando la bendita austeridad se anunció la desaparición de la subsecretaría en la que despachaba el siempre cuestionado Ricardo Peralta.
Y unos días después de manera abrupta -algunos dicen que hasta violenta- vino la “renuncia voluntaria” a la dirección de Juegos y Sorteos de Luis Calvo Reyes bajo presuntas acusaciones de que habrían otorgado permisos para reabrir u operar nuevos casinos.
Lo cierto es que ya ni Peralta, ni Calvo Reyes, ni Rocha, despacharán ni en Bucareli ni en la casa de las Lomas. Apostaron fuerte y perdieron su resto.
Sería bueno que aprovechando la limpia, la secretaría de Gobernación enviara a la nueva titular, Laura Itzel de Lira Castillo, a poner en orden las casas de juego en todos los Estados. Esa sí que sería una apuesta ganadora.
fuente.-Ramon Alberto Garza/

JUECES FEDERALES "RETACHAN" a la FGR el 60% de las CONSIGNACIONES del MINISTERIO PUBLICO FEDERAL...ni eficacia,ni eficiencia.


El rezago de casos en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) es un problema que lejos de solucionarse se agrava. En 2017 los jueces devolvieron más el 60% de las averiguaciones pendientes que les consignaron, una proporción cuatro veces mayor a la registrada tres años antes. A este ritmo, para 2027, aun habrá 16 mil averiguaciones previas rezagadas y sin respuesta.

A ellos se suman los casos del nuevo sistema penal. De 123 mil carpetas de investigación iniciadas la PGR resolvió menos del 0.6% por mecanismos alternos de solución de justicia, herramienta clave para despresurizar el sistema penal. En cambio envió a los jueces más de 30 mil casos mientras que en 80 mil investigaciones determinó que no tenía elementos para proceder.

Así lo señalan los informes de resultados de auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que concluyen que la Fiscalía es una institución que trabaja por “inercia”, ordenando actos de investigación y consignando y judicializando casos, pero cuyo rezago, sumado a la falta de indicadores de eficacia en la calidad de las investigaciones, ponen en duda su aportación a una real impartición de justicia.

“(La Fiscalía no acredita) parámetros de medición para evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación, ni para valorar en qué medida contribuye a la procuración de justicia eficaz y eficiente, en menoscabo de la cohesión social y una ausencia de confianza de la ciudadanía en la actuación de las instituciones del Estado”, indicaron los auditores.

En diciembre pasado el actual fiscal General Alejandro Gertz Manero ya había alertado – al contender por dicho cargo – que uno de los principales problemas que afrontaba la institución es el rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace varias décadas.

En ese contexto el viernes 1 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del fiscal por el cual se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General, que entre otras tendrá la misión de evaluar el nivel de rezago de casos que se heredan de la PGR, y definir una estrategia para atenderlos y desahogarlos.

Viejo sistema: rezago e ineficacia

La ASF, como parte de su informe final de la Cuenta Pública 2017, presentó dos auditorías de desempeño sobre la PGR: una que evalúa su trabajo sobre las averiguaciones previas abiertas antes de 2016 con el viejo sistema penal, y otra sobre las carpetas de investigación iniciadas con el nuevo sistema penal acusatorio.

En cuanto al viejo sistema penal, los datos muestran que la PGR revisó 97 mil 436 averiguaciones, de las cuales únicamente consignó ante un juez 1 mil 408, que equivalen al 1.5%. Ello se queda por debajo de la meta institucional que era consignar, por lo menos, el 4% del total de las averiguaciones que se revisan al año. Además solo dos de las 1 mil 408 consignaciones se hicieron con una persona detenida.

Los auditores destacaron que si bien el promedio de averiguaciones previas revisadas puede incrementarse anualmente, hay una clara caída en el porcentaje de averiguaciones que anualmente se consignan con o sin detenido.

“Con los datos disponibles del periodo 2015-2017, la ASF realizó un análisis con el cual se proyectó que de continuar con la tendencia, en 2027, la PGR aún tendrá el 16.3% (16 mil 253) de las 99 mil 463 averiguaciones previas en trámite”, indica el informe.

En ese contexto, la ASF señaló que se “requiere de mecanismos que garanticen la conclusión de las averiguaciones previas y con ello reducir su rezago y así, finiquitar las actividades en el marco del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, para enfocarlas sólo al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

A lo anterior se suma un problema todavía mayor: la ineficacia. Los auditores detectaron que de las 1 mil 408 averiguaciones previas consignadas en 2017 hubo 873, que equivalen a un 62% del total, que fueron devueltas por los jueces debido a ineficiencias en la investigación de los delitos y en la construcción del caso.Se trata de un nivel de ineficacia en las investigaciones que en un periodo de tres años prácticamente se ha cuadruplicado, al pasar de 15.9% de consignaciones devueltas en 2015, hasta 62% de consignaciones regresadas en 2018.

En una reunión con los auditores para abordar este tema, funcionarios de la PGR señalaron que habían identificado las principales causas por las cuales los jueces regresaron las consignaciones. Entre ellas se encontraban la falta de una acreditación adecuada del cuerpo del delito, de fallas en las formalidades de armado del expediente, o de deficiencias en la investigación.

Pese a dicho reconocimiento la ASF destaca que la hoy Fiscalía “no acreditó la implementación de estrategias para atender y solucionar dichas deficiencias, y con el propósito de disminuir el número de averiguaciones previas consignadas devueltas por el juez”.
Nuevo sistema: arranque con dudas

En cuanto al trabajo de la Fiscalía en el nuevo sistema penal, el informe de la auditoría señala que en 2017 se atendieron 123 mil 302 carpetas de investigación (tanto abiertas ese año como provenientes del año anterior). De ese total se judicializaron 14 mil 353 carpetas ante un juez, que equivalen a 15.2% del total, luego de que el Ministerio Público consideró que en esos casos había elementos para proceder penalmente en contra de probables responsables.

No obstante los auditores destacaron que apenas 482 carpetas de investigación iniciadas fueron resueltas a través de mecanismos alternos de solución de conflictos, que equivalen al 0.6% del total. Ello se queda muy por debajo de la meta anual planteada, de resolver con mecanismos alternativos que ayuden a despresurizar el sistema, por lo menos el 5.3% de las carpetas de investigación.

Otra deficiencia importante que los auditores destacan en este mismo tema es que del total de las 482 carpetas solucionadas por mecanismos alternativos, la PGR no acreditó el tipo de mecanismo por el que se solucionó el caso, ya sea por mediación, conciliación o junta restaurativa, lo que a su vez impide conocer realmente si al menos en esos pocos casos hubo reparación adecuada del daño en beneficio de la víctima.

“En términos del nuevo sistema penal la PGR desconoce su contribución en la procuración de justicia eficaz y eficiente, mediante la persecución y persecución de los delitos del orden federal (…) no promovió el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, componente esencial del nuevo sistema, en términos de la reparación del daño al denunciante, y desconoció el avance de la profesionalización del personal sustantivo”, señaló la ASF.

Los auditores destacaron además que si bien la PGR reportó la capacitación de 2 mil 609 servidores públicos en el nuevo sistema penal, es imposible saber si dichos cursos contribuyeron a una profesionalización efectiva, pues se carece de un parámetro de medición para evaluar el impacto de los cursos.
¿Procurando justicia? Retos en la transición

En 2017 la PGR culminó 96 mil 915 acciones de investigación de 125 mil 273 que se encontraban en trámite, superando la meta planteada. Además realizó 302 mil 899 intervenciones periciales quedándose apenas 0.6% debajo de la meta anual planteada. En ambos casos puede decirse que cumplió con su trabajo.

No obstante, los auditores destacaron que aun cuando la PGR cumplió con estas funciones a las que está obligada, careció de indicadores específicos que permitan evaluar en qué grado este trabajo de policías y peritos permite a los agentes del Ministerio Público construir casos con mejores probabilidades de éxito y con ello procurar justicia.

“Aun cuando la procuraduría alcanzó las metas establecidas en materia de actos de investigación de peritos y policías, no contó con un parámetro de medición que le permitiera evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación (…) por lo que operó de manera inercial”, concluyeron los auditores.

El abatimiento de estos niveles de impunidad y de rezago en las carpetas de investigación y averiguaciones previas son algunos de los objetivos que el actual fiscal General, Alejandro Gertz Manero, planteó en diciembre pasado cuando compitió por el cargo que actualmente ocupa.

En su comparecencia, Gertz advirtió que la dependencia tenía un rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace más de dos décadas. A ello se suman 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que tampoco se han cumplido.

El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/004/19 por el que se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General de la República, unidad responsable de diseñar el esquema de transición de las área sy asuntos de la PGR – que constitucionalmente dejó de existir en diciembre – a la Fiscalía General de carácter autónomo.

Entre las atribuciones de dicha unidad se encontrará el diseño de un procedimiento o estrategia para la transmisión de todos los casos que se encuentran pendientes. Todo ello dentro de un plazo máximo de un año.

fuente.-

JUSTICIA "SELECTIVA y ZACATONA 4T" NO INVESTIGARA a OSORIO CHONG por ENRIQUECERSE y lo "PRESUME"...



Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) no continuará con las investigaciones por presunto enriquecimiento.

TODA UNA FICHITA:


Chong señaló que la FGR le notificó que no ejerció acción penal en su contra luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizara una investigación sobre su situación patrimonial.

“La Fiscalía General de la República ha determinado que ante evidencias presentadas e investigadas no da lugar a ningún ejercicio de la acción penal”, comentó el coordinador del PRI en el Senado.

Sin embargo, la Función Pública aún tiene abierto el proceso por lo que Osorio Chong debería esperar cerca de mes y medio a que la dependencia resuelva sus indagatorias.

Fuente.-

"UNOS SI y OTROS NO": DEJAN a ECHEVERRIA FUERA del LISTADO de Ex-PRESIDENTES "RUMBO al BANQUILLO de ACUSADOS"....solo 5 al patibulo.



La ausencia de Luis Echeverría Álvarez en el listado de nombres de los expresidentes que se pretenden llevar a juicio a través de una consulta ciudadana, responde a varios factores, entre los cuales destacan la prescripción de los delitos, la antipatía a juzgar a una persona de casi cien años de edad e incluso porque fue indiciado, aunque no juzgado, ni mucho menos sentenciado.

Así lo argumentó el profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Elisur Arteaga Nava, quien explicó que “es evidente que cualquier acción en su contra ya prescribió”.

Los hechos que se le imputaron en el sexenio de Vicente Fox fueron: la masacre del 2 de octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, al igual que la llamada Guerra Sucia de los años 70 y 80.

“Además, en México se sigue respetando a los viejos, aunque tengan mucha cola que le pisen”, comentó el también colaborador de Proceso.

El jurista, autor de más de una decena de libros sobre derecho constitucional, recordó que, en su oportunidad, se ventilaron los procesos en contra de Echeverría, pero no está sujeto a consulta popular porque ya fue indiciado y sería violatorio del Artículo 14 constitucional sobre los efectos retroactivos de las leyes.

Aunque comentó que de 15 años a la fecha han cambiado las leyes, éstas no son aplicables al expresidente porque “hace 50 años los plazos de prescripción de la acción penal eran más cortos. No es imputable en razón de que por su edad ha perdido gran parte de su capacidad mental”, agregó.

Continúo: “podrían seguir los procesos judiciales que siguen abiertos en su contra, en principio, pero no sé hasta qué punto. A lo mejor ya caducaron. Pero por la edad, en este momento ya no lo pueden juzgar, es inimputable”, consideró.

Luis Echeverría Àlvarez, presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976, nació en febrero de 1922, por lo que ostenta 98 años de edad.

Este mismo argumento fue considerado por Norma Alicia Camacho, representante del “Colectivo de Mexicanos por la 4T”, quien el 1 de septiembre, al recabar firmas para la consulta en Guadalajara, comentó: “para que podamos llevar a cabo nuestra consulta ciudadana, requerimos recabar un millón 800 mil firmas para que proceda. ¿Qué? El juicio para juzgar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Peña, Calderón y, bueno, todavía hay uno, pero ya es inimputable ¿verdad? Luis Echeverría. Ese se salva por la edad”.

Sin embargo, estos argumentos ni siquiera son considerados por el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, cuyos miembros entregaron, el 1 de septiembre, un pronunciamiento en Palacio Nacional en contra de la consulta ciudadana para castigar a los expresidentes por crímenes cometidos contra el pueblo de México, porque para ellos no es necesario preguntarle a la gente, sino que la Fiscalía General de la República (FGR) debe reactivas las denuncias en contra de Echeverría Álvarez y actuar contra el resto de los exmandatarios.

Porque, “de una manera sospechosa y cómplice las autoridades del nuevo gobierno –de Andrés Manuel López Obrador— no han hecho nada para continuar con las 52 averiguaciones previas que ya se habían integrado, afirmó un representante de Juristas Asociados en una videoconferencia realizada el 2 de septiembre.

“No necesitamos que haya una consulta popular para que se haga justicia. El presidente López Obrador dice que él no quiere venganza, pero la justicia no es venganza. La justicia es una obligación del Estado, de las instituciones del Estado que tiene para perseguir a aquellos que han cometido conductas reconocidas por el Código Penal como delictivas”, aclaró.

Citó el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en el juicio en su contra ha mencionado a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, se está derivando que existe una probable responsabilidad penal de los exmandatarios.
Ciudadanos en la recolecta de firmas para solicitar una consulta de juicio a expresidentes Foto: José Luis de la Cruz

En esa videoconferencia, se leyó el pronunciamiento donde se enumeran los agravios al pueblo de México cometidos desde Echeverría Álvarez hasta Peña Nieto, sin exculpar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes, a su juicio, hicieron de la represión y la violencia una política de Estado contra movimientos sociales y en agravio del pueblo mexicano.

Así, se expuso la masacre de campesinos copreros del 20 de agosto de 1967 y la masacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres culturas de Tlatelolco, con Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia.

El Halconazo o la masacre del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, la masacre de Nepantla del 14 de febrero de 1974 y el periodo de la Guerra Sucia que comenzó en los años setenta y continuó en la década de los ochenta bajo la responsabilidad del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

El asesinato extrajudicial de más de 500 militantes del PRD, la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la década de los noventa, bajo la responsabilidad de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León. La masacre de Aguas Blancas del 28 de junio de 1995, la de Acteal del 22 de septiembre de 1997, la del Charco del 7 de junio de 1998 y la masacre de El Bosque del 10 de junio de 1998 bajo la responsabilidad del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

La represión en San Salvador Atenco del 2, 3 y 4 de mayo del 2006 y la represión contra el magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en noviembre de 2006, bajo la responsabilidad del expresidente Vicente Fox Quesada, así también, como del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz.

El incendio de la guardería ABC del 5 de junio de 2009, la extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre de 2009, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, del 22 de agosto de 2010, bajo la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Además, la desaparición forzada, tortura y asesinato de jóvenes en Lagos de Moreno, el 7 de julio de 2013, el asesinato de estudiantes y civiles en Ayotzinapa, Guerrero y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 bajo la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, así como también la masacre de Tlatlaya, del 30 de junio de 2014, la de Tanguato, Michoacán, del 22 de mayo de 2015 y la de Nochixtlán del 19 de junio de 2016, bajo la responsabilidad de éste mismo expresidente.

El 4 de septiembre, en la conferencia de prensa mañanera, se le preguntó a López Obrador sobre la consulta a los expresidentes y por qué no estaba enlistado Luis Echeverría Álvarez, a quien se debió juzgar sin someterse a consulta y el mandatario respondió: que no se les ha podido juzgar por interpretaciones sobre el fuero constitucional, que no hay una definición clara sobre los delitos por los cuales podría ser juzgado un expresidente, si se puede hacer al terminar la presidencia, hayan abandonado el cargo o exista alguna protección, si los delitos los cometieron cuando estuvieron en funciones y que, por eso, se solicitaría una consulta pública porque era mejor la consulta que dejarlo en manos del Ministerio Público.

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"MORENA" el "PARTIDO MAGICO,COMICO y MUSICAL" RASURO el PADRON y NO APARECEN "NI DELGADO,NI MUÑOZ LEDO"...esta lleno de mentes cerradas que siempre tienen la boca abierta.

Al partido Morena no se le acaban las desgracias. Ha pasado un año desde que la entonces dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, anunciara la cancelación de afiliaciones al partido y se abriera así el debate sobre un padrón de simpatizantes leonino que impidió la renovación de la dirigencia nacional.
Y, aunque parezca cómico, mágico o hasta musical, en el show de Morena los dos principales candidatos a dirigir el partido en el poder no aparecen en el listado de militantes. 
Una revisión realizada por EMEEQUIS al padrón que Morena entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), el 9 de septiembre pasado, muestra que Mario Delgado Carrillo, el gallo de gallos para quedarse con la dirigencia, no está incluido. 
Tampoco aparece el hombre que surgió de último momento, pero que también se mira como candidato fuerte, Porfirio Muñoz Ledo, aunque su ausencia, dicen en los pasillos de la 4T, en realidad corresponde a otra cosa: nunca se inscribió al partido.
ASUNTOS SIN RESOLVER
Se fue Yeidckol, llegó Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente temporal para iniciar –o al menos intentar– la renovación interna del partido y los problemas siguen igual.
A contracorriente, entre dimes y diretes, denuncias penales y acusaciones públicas por robos y desfalcos, en medio de una pandemia, Morena ha avanzado y ya tiene candidatos para liderar el partido que nació como un movimiento encabezado por el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Pero el fantasma del padrón no cede. Llamado en los estatutos de Morena “Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero” debería incluir a todas y todos los que se han registrado como “protagonistas del cambio verdadero”, pero no es así. El último padrón tiene averías. 
Apenas el 4 de septiembre, Antonio Attolini –quien participara activamente en el movimiento #YoSoy132–, candidato a la Secretaría General de Morena, convocó a una conferencia de prensa para acusar que el padrón de Morena fue –sí, otra vez– rasurado. Y entre esa poda él había quedado fuera. 
El 14 de septiembre, Polevnsky exigió a la Comisión de Honor y Justicia y al INE que Eduardo López, quien aspira a la Secretaría General de Morena, pueda participar en la elección porque, casualmente, su registro tampoco aparece.
Estas denuncias no son cosa menor, anuncian un nuevo conflicto interno que podría terminar por destruir al partido. Y es que Attolini, López, Delgado y Muñoz Ledo no son los únicos ausentes en el listado de militantes. Tampoco están Adriana Menéndez Moreno ni Pablo Salazar Vicentillo. 
Mientras que, para la Secretaría General, además de Attolini, tampoco figura como militante Donají Alba Arroyo, quien fuera secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México.
Y es que para ser candidatos y aspirar a ser electos internamente, deben formar parte del padrón, pero un error de cálculo y organización se cruzó en el camino. 
RAMÍREZ CUÉLLAR NO QUIERE PROBLEMAS
Alejandro Rojas Díaz Durán, candidato a la dirigencia nacional, llevaba más de un año denunciando que el padrón había sido rasurado. Si bien el INE reconocía poco menos de medio millón de militantes, entre los simpatizantes de Morena se hablaba de que el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero era de más de tres millones.  
Y ese padrón, de tres millones, dicen, existe. Polevnsky optó por no considerarlo fiable sino leonino y por eso detuvo toda afiliación. Para evitar que “hampones o infiltrados” se apoderaran del Movimiento. 
Pero se fue Yeidckol y llegó Ramírez Cuéllar, quien tenía de misión, como dirigente temporal, enderezar el rumbo chueco de Morena y lograr dos metas: tener un padrón confiable y lograr que se elija a un nuevo dirigente nacional con el amparo de la ley. 
Lo del dirigente ahí va, al menos tienen candidatos. El problema es el padrón. 
Ya cuando Morena estaba al límite y debía enviar al INE el padrón actualizado, Ramírez Cuéllar giró la orden de que se enviara el listado de la militancia, pero no dio ni santo ni seña de cuál padrón, cómo determinar quién sí era militante confiable, quién quedaba dentro y quién quedaba fuera.
Como lavándose las manos, no quiso meterse en problemas y dejó esa decisión en otra área, sin dar ni una sola orden de cómo debía hacerse el proceso de selección. 
Y, pues, como pudieron, sin reglas ni filtros ni parámetros, agarraron machotes de afiliados y los ingresaron, sin mirar siquiera los nombres que quedaron. Ese padrón llegó al INE y es el último actualizado: marca 466 mil 931 militantes del partido –219 mil 581 hombres y 247 mil 350 mujeres. 
En esa entrega no aparece el nombre del hombre que lidera las encuestas internas para la dirigencia nacional, el candidato del presidente y quien las bases morenistas le desconfían: Mario Delgado. 
Ahora, Morena está negociando con el INE, tratando de ingresar al padrón a los candidatos que ya cantaron a los cuatro vientos, pero que oficialmente no forman parte de la militancia. 
Fuente.-@emeequis/


"SE ROBO la NOCHE": EXPERTO en LENGUAJE de SEÑAS TRADUJO HASTA el SONIDO de la PIROTECNIA en SLP...durante festejos patrios.


Un experto en lenguaje de señas se volvió viral en redes sociales, luego de traducir el sonido de los juegos pirotécnicos durante las fiestas patrias. 

En internet circula un video de la grabación de pantalla de un usuario, que capturó el momento en el que el traductor interpretó el sonido de lanzamiento de cuetes. 

La publicación cuenta con más de 18 mil reproducciones, mil 300 ‘me gusta’ y 385 compartidos. 

El gobierno de San Luis Potosí realizó el festejo del Día de la Independencia de manera virtual, para cumplir con las disposiciones de las autoridades sanitarias. 

El evento fue transmitido en las redes oficiales del gobierno de la entidad en Facebook y su canal de Youtube.

Fuente.-

"...y DONDE ESTA el PUEBLO": EL "PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR se esta QUEDANDO SIN PUEBLO"...le estan escamoteando el apoyo.



¿Dónde está “el pueblo” de López Obrador? En un país de 130 millones de personas, el presidente no pudo vender 3 millones de cachitos de la rifa del avión y no logró juntar 2 millones de firmas para convocar a una consulta que enjuicie a los expresidentes. ¿Dónde está “el pueblo”?

Porque el presidente se regodea en que él es “el pueblo”, él lo representa, el pueblo lo apoya masivamente, que es el segundo presidente más popular del mundo, que su aprobación es de 70%. Eso dice, repite sin cesar en las mañaneras, pero cuando se trata de medir el respaldo del pueblo, parece que el pueblo ha abandonado a su presidente.

La rifa y la consulta —esos dos grandes distractores— han terminado por exhibir a un presidente divorciado de su pueblo. La gente no es tonta. Una cosa es haber votado por él y otra cosa es seguirlo a ciegas en sus caprichos sin sentido. El fracaso de la venta de boletos de la rifa y en la recolección de firmas para la consulta demuestra que el presidente no está logrando engañar al pueblo.

La rifa. Se emitieron 6 millones de boletos. De esos, 3 millones (la mitad) se vendieron a un grupo de cien grandes empresarios a los que López Obrador solía calificar de mafiosos. Así que pueblo no son. Luego se dijo que 1 millón de boletos más se repartirían entre los hospitales Covid. Ya van 4. Y según el último dato oficial de la Lotería Nacional, se vendieron cosa de 4 millones y medio de cachitos. Es decir, de venta al público fueron como medio millón. Apenas medio millón en un país de 130 millones de habitantes. Así pues, el presidente que presume tener 70% de popularidad no convenció más que al 0.4% de sus gobernados. Era obvio: la rifa es un timo. La danza de cifras no da certidumbre ninguna. La gente, además, no tiene dinero. Estamos en medio de una crisis que el presidente no reconoce y no ve. Un cachito de a 500 pesos lo radiografía distante del pueblo al que dice representar.

La consulta. En un país de 130 millones de habitantes, el presidente y su partido sudaron para conseguir menos de 2 millones de firmas que se necesitaban para solicitar la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Fracasaron tanto que de última hora las firmas del pueblo se hicieron a un lado y tuvo que ser una sola firma, la del presidente, en uso de sus facultades unipersonales, la que sirviera para pedir al Senado que se llevara a cabo la citada consulta. No hubo pueblo.

SACIAMORBOS

Ilusionado quizá con repetir la anécdota histórica de las señoras humildes vendiendo sus gallinas para apoyar la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas hace 80 años, lo que se encontró López Obrador fue un grupo de ricachones comiendo tamales para bajarse el susto de la extorsión y comprando los cachitos que no compró la gente, y a un puñado de senadores de su partido recibiendo una sola firma, la suya, para convocar a una consulta. El pueblo no apareció.

fuente.-historiasreportero@gmail.com/

"NADA que CELEBRAR CUANDO son TANTOS los MUERTOS y MUERTAS en este PAIS"...donde gobiernos mas que culpables son responsables.

Perdón, pero hoy no tengo ganas de celebrar.
No cuando nos faltan 200 mil mexicanos, devorados por la pandemia. Muertos directa o indirectamente por el virus. Muertos porque obedecieron las instrucciones y se quedaron en casa, mientras se les inflamaban los órganos hasta la atrofia. Muertos porque llegaron a un hospital y les dijeron que su caso no era grave, que no ameritaba más que paracetamol, y que, al cabo de dos días, regresaron al borde de la asfixia, con la oxigenación en el piso, sin siquiera el consuelo de morir acompañados.
Muertos porque el gobierno decidió ahorrar en pruebas y optó por la ceguera, por no identificar tantos casos como se pudiera, por no aislar a los enfermos y rastrear a sus contactos, por no romper las cadenas de contagio.
Muertas porque, aún sin Covid, peregrinaron de más para dar con un hospital que las atendiera. Muertas de peritonitis o de un infarto. Muertas en la ambulancia o a las puertas de una sala de urgencias, mientras se consumían sus últimos minutos a la espera de una prueba rápida. Muertas porque su clínica fue reconvertida, les cancelaron una mastografía y el tumor que era fácilmente operable en marzo hizo metástasis en los meses de espera. Muertas porque debieron posponer una quimioterapia o una cirugía salvadora. Muertas en el altar de las camas vacías.
Muertos porque no pudieron quedarse en casa. Muertos porque, puestos en el dilema de la inanición o el contagio, optaron por lo segundo. Muertos porque un gobierno, paralizado intelectual y moralmente por el fantasma de crisis pasadas, decidió dejarlos a su suerte. Muertos porque no podían parar, porque sobrevivían en la economía informal, porque nadie tuvo la audacia y la imaginación para ayudarlos.
Muertas porque estaban en la primera línea de la batalla. Muertas porque eran doctoras y enfermeras y camillistas y personal de intendencia. Muertas porque han tenido que pasar meses enteros, sin relevo ni descanso, en clínicas Covid. Muertas porque no recibieron a tiempo y en cantidad suficiente su equipo personal de protección. Muertas porque se dejó correr sin control demasiados brotes en demasiados hospitales.
Muertos que eran albañiles y repartidores y cargadores y taxistas. Muertos que trabajaban en los mercados y las centrales de abasto. Muertos que acabaron llenando los panteones improvisados en Iztapalapa o Chalco. Muertos que eran de Tijuana o Culiacán, Cancún o León. Muertos en las ciudades. Muertos en el campo.
Muertas que compartieron destino con tres o cinco o siete integrantes de su familia. Muertas que ya eran octogenarias y muertas que no llegaban a los treinta. Muertas que eran niñas. Muertas que no sobrevivieron a un embarazo. Muertas que tenían diabetes o hipertensión y muertas que no tenían otra cosa más que vida.
Muertos que eran padres, hijos, esposos y amigos. Muertas que dejaron hijas solas y madres destrozadas. Muertos que se quedaron a media existencia. Muertas que dejaron al futuro como incógnita irresoluble.
Muertos y muertas que no son sino prólogo de las muchas decenas de miles de muertes que aún le quedan a la pandemia.
Entonces me perdonarán, pero no estoy de humor para celebrar. No cuando nos faltan tantos.
fuente.-Twitter: @ahope71/