En el año 2000, cada dos horas y media fue secuestrada una persona en Colombia. Ese año las autoridades recibieron tres mil 572 denuncias por ese delito y sólo un puñado de víctimas –como ahora ocurre en México— tuvo una respuesta efectiva del Estado para proteger sus vidas, ser rescatadas y llevar a la cárcel a sus captores.
Hoy, en Colombia el secuestro es un crimen cada vez menos rentable para la delincuencia organizada. Tanto que, comparado con el 2000, su incidencia ha caído 95%. La reducción de casos –solo van 148 este año, que son menos de los que ocurren en México en un mes– ha sido drástica y constante.
“¿Cómo hicimos esto? Creando una institucionalidad especializada en combatir el secuestro y una policía de muy alta capacitación para investigar y enfrentar este delito desde el momento en que se produce”, dice a apro el titular de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia, coronel Fernando Murillo.
Esa dirección policiaca, explica, que desde hace 20 años actúa en unidades conocidas como Grupos de Acción Unificada contra el Secuestro y la Extorsión (Gaula), es la punta de lanza de la estrategia colombiana contra estos delitos.
Los comandos Gaula tienen fama de ser los mejores rastreadores de Colombia. Por sus capacidades técnicas para analizar las telecomunicaciones de la delincuencia organizada y seguir pistas y por el equipo de alta tecnología que utilizan, son requeridos con frecuencia por otras unidades policiacas, como la de investigación judicial y la de inteligencia.
También han viajado a otros países, entre ellos México –el país del mundo con mayores tasas de secuestros–, para colaborar en investigaciones. Un grupo de estos especialistas en localización de personas asesoró la búsqueda del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el año pasado en territorio mexicano.
Y en diciembre anterior, agentes de la división cibernética del Gaula detectaron desde Bogotá la ubicación del ciudadano colombiano Freddy Mauricio Abril Celis, quien fue secuestrado en México un mes antes y por cuya liberación sus captores pedían 370 mil dólares.
A través de las llamadas que los plagiarios hacían a su familia en Colombia, los policías del Gaula supieron que Abril Celis estaba en una casa de un barrio residencial en Querétaro. La información fue entregada a la Policía Federal de México, que hizo un operativo en el que rescató a la víctima y capturó a dos de sus secuestradores, el mexicano Jorge René Salazar y la colombiana Leidy Dayana Gualteros.
“A esta persona la iban a asesinar apenas la familia pagara el rescate”, dice el coronel Murillo.
Para el jefe nacional de las unidades Gaula, lo que deben hacer países como México, que presenta la mayor tasa de secuestros en el mundo, es crear una política criminal para abordar ese delito y persistir en la preparación de policías especializados en su combate.
“En Colombia vimos la necesidad de crear la Escuela Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, que es la única en su tipo en el mundo, y esta experiencia le podría servir a México. Una escuela especializada podría ser muy útil para preparar a los policías que van a combatir este fenómeno”, señala.
Advierte que preparar fuerzas especializadas en la cantidad que requiere un país como México, con 32 estados y 127 millones de habitantes, no es un proceso fácil ni rápido.
“Lo importante es dar continuidad a las políticas, acumular experiencia y aumentar de manera gradual las capacidades humanas y técnicas. Y si en México no existe un mando central para todo el país de las unidades antisecuestro, cuando menos debe haber una doctrina unificada que sigan todos”, dice el coronel Murillo, quien en dos meses más ascenderá a general.
Protocolos
Cuando un ciudadano en Colombia sabe que un familiar suyo ha sido secuestrado puede acudir directamente a una unidad del Gaula a hacer la denuncia.
De inmediato, ese organismo policiaco activa un protocolo en el que participan 12 agentes que se dividen las tareas: dos acompañan a la familia y la asesoran en la negociación con los secuestradores, otros dos analizan las llamadas de telefonía celular de la víctima, de su entorno cercano y de los secuestradores, cuando estos hablan para pedir rescate y el resto investiga, interroga a testigos, sigue pistas y judicializa el caso.
“El viejo concepto de que había que esperar 72 horas para determinar si un desaparecido está secuestrado es errado. Lo que nosotros hacemos cuando un ciudadano presume que un familiar fue secuestrado o está desaparecido, de inmediato activamos los protocolos de apoyo a la familia, búsqueda e investigación”, señala el subdirector nacional del Gaula, coronel Javier Navarro.
Una característica de los secuestros es que son cometidos por grupos del crimen organizado especializados en ese delito, los cuales disponen de una estructura y logística mínima para ejecutar la operación, financiarla, conseguir las armas y el transporte, hacer la negociación con la familia y cuidar a la víctima.
“Ningún caso es igual a otro, por eso no puede haber técnicas rígidas, siempre hay que adaptarse a las circunstancias”, dice Navarro.
Eso es algo que les enseñan a los comandos Gaula en la Escuela Antisecuestro y Antiextorsión, donde también se adiestran inteligencia, manejo de crisis, técnicas de negociación, análisis de registros de llamadas de telefonía celular, investigación criminal, técnicas de seguimiento, rescate de rehenes, combate cercano y “judicialización” de los casos (tipificar los delitos y sustentar las denuncias de acuerdo con el Código Penal).
La judicialización es un elemento fundamental para llevar a juicio y lograr sentencias condenatorias contra los secuestradores, quienes pueden quedar libres por cualquier falla en el debido proceso.
Navarro afirma que el Gaula, que cuenta con unos mil 500 hombres en todo el territorio, son unidades policíacas “de elite que están preparadas para actuar en el marco de la ley frente a escenarios complejos con un alto nivel de confiabilidad y eficacia”.
De las 148 personas secuestradas en Colombia durante los primeros ocho meses de este año, la tercera parte fueron rescatadas por los comandos Gaula, 81 recobraron la libertad –la mayoría por pago de rescate–, 14 huyeron de sus captores y cuatro permanecen cautivas. Del total, 97% de los casos fueron autoría de la delincuencia común.
Hace dos décadas, los principales autores de secuestros eran las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las capacidades policiacas que ha desarrollado Colombia para enfrentar el desafiante fenómeno de los cárteles de las drogas y los delitos conexos han servido de referente a México desde que en 2007 el entonces presidente mexicano Felipe Calderón declaró una guerra al narcotráfico que se tradujo en una explosión de violencia en ese país.
Entre 2007 y 2015 la Policía Nacional de Colombia ha capacitado a unos 15 mil policías mexicanos en áreas como lucha contra el narcotráfico, desarrollo organizacional, fortalecimiento de especialidades, seguridad ciudadana y prevención y control de fenómenos criminales.
En técnicas contra el secuestro y la extorsión fueron adiestrados más de 500 policías mexicanos. El coronel Navarro ha impartido cursos en la Academia de la Policía Federal mexicana en San Luis Potosí. Por la prensa, conoció el caso de la ciudadana española María Villar Galaz, quien fue secuestrada en la Ciudad de México el pasado 13 de septiembre y dos días después fue hallada muerta en un paraje de Santiago Tianguistenco, Estado de México, luego de que su familia pagó un rescate.
De acuerdo con el subdirector del Gaula, siempre es importante que la familia esté asesorada por policías especializados para hacer la negociación con los secuestradores y garantizar su supervivencia.
“Los errores en la negociación pueden generar un resultado adverso, como la muerte. Por eso, la negociación tiene una connotación supremamente importante en un secuestro, en la investigación del delito y, principalmente, en la supervivencia de la víctima. En esto, siempre hay un riesgo de un desenlace fatal, y un policía capacitado sabe cómo minimizarlo”, señala.
Dice que la prioridad absoluta del Gaula en toda denuncia de plagio es preservar la vida del secuestrado. En segundo lugar, investigar para lograr el rescate de la víctima, acumular pruebas contra los delincuentes y llevarlos ante la justicia. Y en tercer lugar, buscar el menor perjuicio económico a las familias, que en muchos casos no son tan acaudaladas como piensan los secuestradores.
“Muchas veces hay que pagar un rescate para salvaguardar la vida de la víctima, pero nosotros tratamos de que en una negociación siempre se pueda llegar a un punto de equilibrio entre las exigencias de los secuestradores y las posibilidades económicas de la familia. Pero también es importante seguir la investigación luego de un pago”, afirma el coronel Navarro.
Modus operandi
El 30 de enero de 2015, el intendente Jorge Rojas y el investigador Nixon Martín, integrantes del Gaula Bogotá, recibieron un reporte de la desaparición del comerciante Miguel Salas, de 66 años, quien fue citado por una mujer para que le mostrara un departamento que tenía en venta.
Tres días después, la familia, que ya estaba asesorada por los policías, recibió una llamada de un secuestrador que se identificó como integrante de la FARC. “Queremos cinco mil millones de pesos (1.7 millones de dólares) o matamos al man”, dijo.
Los agentes del Gaula les recomendaron a los hijos de don Miguel, quien más que acaudalado era ostentoso, que dijeran que no tenían manera de conseguir esa suma pero que venderían los bienes que tenían para pagar un rescate. Pidieron pruebas de vida, que los secuestradores les enviaron vía teléfono celular, y comenzaron un largo proceso de negociación.
Con las comunicaciones intervenidas, los expertos en análisis de llamadas ubicaron que estas salían de una extensa área rural de Santander de Quilichao, unos 400 kilómetros al suroccidente de Bogotá. Hacia ese municipio se trasladó el intendente Rojas con cinco investigadores más, todos a bordo de un jeep Willys de doble tracción y disfrazados de agricultores.
Las pistolas de cargo las llevan en la parte trasera del cinto y sus fusiles de asalto M4 envueltos en un costal de papas, al igual que sus equipos de interceptores telefónicos. Durante días intentaron sin éxito ubicar el sitio de donde salían las llamadas. Era una zona de montaña con pocas casas y muy distantes unas de otras. Se cansaron de recorrer los escarpados caminos en busca de una señal.
Con apoyo de la Fuerza Aérea, dos de ellos, operadores de los equipos electrónicos de rastreo, sobrevolaron el área en un avión fantasma y luego de una hora ubicaron el número de teléfono celular que buscaban en una colina en la que había tres casas.
El 27 de febrero de 2015 a las 5:30 de la mañana, con la primera luz del día, tres unidades del Gaula pertrechados con cascos, chalecos blindados y fusiles M4 asaltaron de manera simultánea las tres viviendas con granadas de aturdimiento y disparos al aire.
“Es importante, en esos operativos, mostrar el poder de fuego que traemos”, dice el intendente Rojas.El agente Nixon Martín comandó el grupo que ingresó a la casa donde estaba don Miguel atado con una cuerda del cuello, las manos y los pies. Sus vigilantes, Fredy y Viviana, fueron sorprendidos dormitando y no alcanzaron a accionar una granada y una pistola que tenían a su alcance.
Don Miguel gritaba con desesperación que no lo mataran. Estaba confundido.
“No se preocupe, somos el Gaula, usted está a salvo”, le dijo Nixon. Fredy y Viviana, así como cuatro cómplices capturados en Bogotá, fueron sentenciados a entre 28 y 40 años de prisión por secuestro extorsivo agravado. Los policías antisecuestros están seguros que si su familia pagaba el rescate lo iban a matar porque sus vigilantes nunca se cuidaron de cubrir sus rostros frente a él.
El coronel Fernando Murillo, director nacional del Gaula, dice que el factor decisivo para que Colombia haya transformado la “industria” del secuestro en un delito de baja incidencia es la especialización. Y no sólo de la policía, sino de las instituciones judiciales en su conjunto.
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