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La alegría con que ingresó a la Sala 2 de Juicios Orales en Pacho Viejo cambió a enojo y ocultarse tras una carpeta negra.
La audiencia de acumulación de pruebas para el imputado, también conocido como "Capitán Tormenta", Arturo Bermúdez, acusado de desaparición forzada por las ongs, se canceló por la inasistencia de sus compañeros de negocios; el empresario Roberto Esquivel Hernández y el ex jefe administrativo de Seguridad Pública, Alejandro Contreras Uscanga.
Los dos imputados que no asistieron, enviaron escritos a través de sus abogados defensores, dotándolos de voz y réplica en la audiencia que dirigió la jueza de control del juzgado Segundo Penal Oral en Pacho Viejo, Estrella Alelí Iglesias Gutiérrez.
Segundos después de la 10 de la mañana, una camioneta del Reclusorio Pacho Viejo, entró de reversa a la Sala de Juicios Orales número dos, descendiendo de la unidad, el ex titular de Seguridad Pública durante el sexenio priista de Javier Duarte de Ochoa.
Escoltado, sólo tomado del brazo derecho por un custodio, "Capitán Tormenta" caminó sonriente como lo hicieron las damas de la Corte Real en el Carnaval de Veracruz 2017, en los paseos alegóricos en el bulevar Manuel Ávila Camacho.
En su arribo, repartió abrazos y besos a sus abogados y asistentes. Sonreía en el cuarto aledaño a la sala, una habitación blanca de un metro cuadrado.
A unos pasos de Bermúdez, el fiscal Jorge Wínckler Ortiz revisaba a prisa su teléfono móvil. La sala de espera se llenó. El libro de visitas pendía de las manos del asistente de sala.
A las 10:42 de la mañana de este primer viernes de marzo, tres abogados más del defensor que encabezó el caso de Bermúdez, Felipe Adolfo Salinas Pelayo, dejaron dos cajas en la sala que se cerró para dar inició a la audiencia solicitada por el ex funcionario duartista.
Antes de iniciar, Bermúdez pedía agua, con señas explicaba tener sed o picar su garganta.
El agua no llegó a sus manos. Inició la presentación de los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la defensa, como indica el protocolo del Sistema Oral Penal Acusatorio.
Rufo Seechi Ordoñez, fiscal Décimo Segundo, pidió la palabra para argumentar lo dictado por la jueza en la audiencia del pasado 24 de febrero, donde las partes acusadas debían estar presentes. La primera inasistencia de Esquivel y Contreras.
La defensa de Alejandro Contreras, José Martín Rivera Martínez, entregó dos oficios; un escrito presentado para mencionar que no mantiene oposición a la audiencia de acumulación y otro oficio más, donde explica estar internado por problemas de salud en la cama número 226 del Hospital Vital, en Xalapa.
En cuanto a la defensa de Roberto Esquivel, Claribel Guevara Pérez, también exhibió un oficio enviado por su defendido, repitiendo no tener nada que manifestar y estar disponible a lo que la jueza determine.
Los tres escritos, fueron desechados y sostenidos por la jueza Alelí Iglesias como un motivo para suspender la audiencia, ya que al no estar presentes, se viola el principio de moralidad determinado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Así como también, violaciones al debido proceso por estar ausentes. La resolución de la juez comenzó a retirar las sonrisas de Bermúdez.
El imputado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, por los cuales estaba desarrollándose la audiencia, pasaba sus manos por el rostro, limpiando un poco de sudor para después reposar su puño derecho en el mentón.
El disgusto contagió al defensor Salinas Pelayo. No consiguió mejoría del caso y su cliente debió regresar a alguna celda de Pacho Viejo, esperando la resolución del delito en investigación que lo mantiene preso un mes.
UN MES RECLUIDO
El pasado 3 de febrero, al acudir a una cita en la Sala 2 de Juicios Orales en Pacho Viejo, Bermúdez Zurita fue notificado por custodios con una orden de aprehensión girada en su contra por la investigación de enriquecimiento ilícito.
A las 10:45 de la mañana, Zurita fue notificado con una orden de aprehensión al ser considerado por el Fiscal Decimosegundo especializado en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, como autor material de enriquecimiento ilícito bajo el oficio FGE/FESP/043/2017-XII-1 con fecha del 2 de febrero del año en curso.
Las horas pasaron y para los primeros 30 minutos del sábado 4 de febrero, el ex secretario de Seguridad Pública fue recluido en el penal del municipio de Coatepec.
En las casi doce horas de audiencia para determinar su situación de detención preventiva mientras la investigación por enriquecimiento ilícito corría, el ex funcionario no probó bocado, tampoco salió de la sala cuarta.
La jueza de control del Juzgado Cuarto de Juicios Orales, Verónica Portilla Suazo, ordenó girar recomendaciones al director del reclusorio de Pacho Viejo para mantener por ocho meses al ex funcionario, pero en un área ajena a la de convivencia de la población detenida.
Su entrada al penal fue con un ceño fruncido, molesto y comiendo una torta en tres bocados.
De los ocho meses ordenados por la jueza Portilla Suazo, restan siete y cuatro para complementar la investigación complementaria por este último delito.
Los abogados del “Capitán Tormenta” buscan pruebas favorables para que salga antes de los siete meses que debe cumplir detenido, como también, más argumentos para retirar los cargos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En el marco del primer mes usando el uniforme con camisa naranja y pantalón de mezclilla, común en detenidos, el ex funcionario regresó a su celda, entre lluvia de capturas fotográficas o de video que captaran el cambio de uniforme.
Al fondo, el fiscal Wínckler Ortiz emprendía su huida para no comentar la investigación de once cuerpos abandonados en la colonia La Tampiquera, en Boca del Río, administrado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.
-Fiscal, preguntarle la situación de los once cuerpos en Boca del Río, familiares comentan que los identificados no son de la delincuencia organizada como comentó el gobernador, se le cuestionó.
-No tengo comentario al respecto, respondió mientras su caminar era a prisa, pisando o abriendo paso con sus manos, a algunos reporteros que lo cuestionaban.
Las preguntas cambiaron hacia la situación de Bermúdez, donde prefirió emitir breves palabras mientras se acercaba a su camioneta blanca custodiada por personal privado.
De nueva cuenta, se le volvió a insistir sobre el hallazgo de once cuerpos asesinados en Boca del Río, en el marco de las fiestas de Carnaval.
Wínckler Ortiz dijo “sin comentarios en el tema”.
Mientras el titular de la FGE asistió a la audiencia de acumulación, en la zona conurbada de Veracruz, los restos de un joven de 19 años, levantado el sábado en un antro de la localidad costera y ubicado asesinado entre los once cuerpos de Boca del Río, era sepultado.
Así, como la circulación de una carta pública dirigida a las autoridades estatales, que, desde el reconocimiento del hallazgo de cuerpos torturados y asesinados, los vincularon con la delincuencia organizada o parte de la “guerra entre bandas”.
"Señor gobernador Miguel Ángel Yunes Linares:
Antonio Vergara Capetillo era un buen joven, estudioso, de barrio pobre, donde trataba de ser ejemplo para otros chavos de barrio, de cómo salir adelante sin importar el origen y entorno. No era delincuente. Su muerte tan cruel merece al menos una investigación justa. Esta guerra entre priistas y panistas-perredistas por el poder oficial y subterráneo están dejando víctimas civiles y por lo general cada muerto está marcado por el luto de los ajustes de cuentas, le pido, le exijo que no meta este caso en el mismo costal.
Al menos eso merece un joven bueno, morir con su honor reconocido”, se lee en un fragmento de la carta publicada en la página seis de un periódico impreso del puerto de Veracruz.
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Fuente.-Blog.expediente/
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