El desfalco de Javier Duarte de Ochoa se
cuenta en miles de millones de pesos, transados paulatinamente al Gobierno de
Veracruz, durante los más de 5 años que duró en el cargo para el que fue
electo.
A pesar de las investigaciones y las
denuncias, fue hasta octubre de 2016 cuando un Juzgado emitió una orden de
aprehensión contra Duarte por su presunta responsabilidad en los delitos de
delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, luego
que –también finalmente- el Gobierno Federal tomará la decisión de presentar
una denuncia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el
Gobernador depuesto y sus principales colaboradores, tiempo que Duarte y
secuaces aprovecharon para huir, de Veracruz y de la justicia.
Cada día que transcurre, los mexicanos nos
enteramos de más millones de pesos que Javier Duarte robó al Estado de
Veracruz. Hemos visto los departamentos de lujo en el extranjero, las casas en
México, los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que poseía el ex
Gobernador con ilícito cargo al erario. Hemos sabido de sus prestanombres y las
empresas fantasmas que creó para robar más a los veracruzanos.
Ciertamente Javier Duarte es el culpable, o
presunto culpable pues, (de aquí a que se le capture y luego sea juzgado), pero
existen otros responsables del desvío patrimonial ocurrido en Veracruz.
Empecemos el organigrama criminal del sistema político mexicano.
El Gobernador que transa y roba a la cabeza
de la estructura criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de
Finanzas que autoriza los pagos con recursos del Estado, el Contralor del
Estado, quien debiera supervisar que todas las transacciones, licitaciones,
convenios, contratos, y demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a
cabo de manera legal, y en caso contrario, investigar y sancionar a los
funcionarios responsables u omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable
del inventario de bienes, la adquisición de los mismos, y el buen uso y destino
de todos.
Como responsables directos están los
Diputados del Congreso del Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de
egresos y las leyes de ingresos, avalan la petición de créditos por parte del
Gobierno, autorizan los gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el
gasto del Estado. Responsables directos también, quienes laboran en la
Auditoría u Órganos de Fiscalización del Estado, quienes en la revisión de las
cuentas públicas, deben revisar que los dineros hayan sido utilizados no solo
de manera responsable, sino legalmente en beneficio del Estado y los
gobernados. Detectar las compras ilícitas, los sobreprecios, las empresas
fantasmas y los dineros desviados, para recomendar investigaciones y presentar
denuncias.
En calidad de responsables abstractos están
los partidos políticos de la oposición, que representados en el Congreso del
Estado, en entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser
el contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y
las transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los
grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los
gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir
transparencia y rendición de cuentas.
La realidad es que algo ya no funciona o
quizá nunca ha funcionado en el sistema político y de gobierno de México, que
permite que ladrones como Javier Duarte de Ochoa, cuenten con recursos de
complicidad y negociación con entidades de gobierno, partidos y sociedad, para
desfalcar a un Gobierno por miles de millones de pesos. Significa que la
estructura de supervisión, autorización y fiscalización del gasto no están
funcionando, que se ha alejado del terreno de la ciencia de los números para anidarse
en el peligroso campo de la política.
Si la Auditoría del Estado, la Contraloría,
el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron
cuenta durante cinco años de las tropelías e irregularidades realizadas por
Javier Duarte de Ochoa, deberían ser cómplices por omisión del robo al Estado
de Veracruz, y deberían esas instancias atravesar por una transformación que
les de verdaderos ojos, filosos dientes legales y participación ciudadana, para
evitar que desfalcos como el de Veracruz sucedan de nueva cuenta.
La estructura de la fiscalización, el
manejo de los recursos en los Estados de la República Mexicana, se ha
convertido en un organigrama criminal del servicio público. Ahí está también el
reciente caso de Chihuahua, donde el ex Auditor Superior señaló que de manera
puntual alertó a los diputados locales, al análisis de la cuenta pública de
2015, de irregularidades en más de 30 dependencias por un monto total de 2 mil
328 millones de pesos.
Dijo Jesús Manuel Esparza Flores, el ex
Auditor, que notificó a los legisladores del Congreso de Chihuahua, que las
irregularidades habían sido por dineros entregados sin licitación de por medio,
recursos pagados con sobreprecio, préstamos y cuentas pendientes, omisión de
cobros, licitaciones dirigidas, y gastos sin contrato. Que él esperaba que no
aprobaran la cuenta pública y que le ordenasen presentar denuncias, pero no fue
así. De hecho que el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso,
un panista, presentó un dictamen sin irregularidades sobre la gestión de César
Duarte en 2015, y la cuenta fue aprobada, eliminando la posibilidad de que el
Auditor hiciera las denuncias.
En estas condiciones, con un sistema
plagado de huecos, apto para la negociación política entre partidos, sin una
estructura de fiscalización del gasto que al día detecte las anomalías,
proclive a la corrupción, con una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
no tiene el personal ni los programas necesarios para detectar el robo en los
Gobiernos de los Estados a tiempo, y con entidades omisas y cómplices en los
otros Poderes del Estado y en la sociedad civil, en este país seguirán
apareciendo Duartes por todos los Estados.
Gobernadores que cuentan con la complicidad
de los partidos, del Congreso, del Gobierno Federal y hasta del Municipal.
Definitivamente al sistema mexicano de gobierno le urge una reestructuración
que asegure la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos,
porque lo que ahora tenemos, no funciona. Y en este esquema, todos, son
responsables de la transa.
Fuente.-Adela Navarro Bello/
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