Ante la impunidad con que se mueven los testaferros de la banda criminal “Guerreros Unidos”, presuntamente apoyados por militares del 27 batallón de infantería, pobladores de comunidades del municipio de Zumpango de Neri, a menos de una hora por carretera de Chilpancingo, hicieron un llamado al presidente de la república y al gobernador de Guerrero para que les permitan crear su propia policía rural.
Esto ante la ola de terror y violencia que se ha desbordado en pueblos como Carrizalillo, el cual forma parte del llamado cinturón del oro del río Balsas, donde la empresa minera Gold Corp que explota éste y otros minerales, ha impuesto sus propias reglas sin importar que sus trabajadores terminen como víctimas.
México D.F 06/Abr/2015 .- Era un comando formado por alrededor de 10 individuos, vestidos de negro y encapuchados, quienes la madrugada del pasado viernes 27 de marzo irrumpieron de manera violenta en el poblado de Carrizalito, ubicado a menos de una hora por carretera desde Chilpancingo, Guerrero. Aquellos hombres descendieron de un par de camionetas y en dos lugares diferentes asesinaron a cuatro personas. Primero entraron con lujo de violencia en una tienda de abarrotes donde estaban la señora Miguela Barrios Ojeda acompañado de los jóvenes Yesenia Montiel de 18 años y Fabián Adame Durán de 26, los amenazaron y les dispararon, ahí murieron las dos mujeres y poco después el varón.
Salieron de ahí con víveres y dinero y se dirigieron otra tienda de la comunidad donde dispararon contra la señora Bertha Santos Peña, quien quedó malherida y tuvo que ser trasladada a un nosocomio para recibir atención médica.
Este grupo que desde hace varias semanas ha realizado asesinatos de habitantes del poblado de Carrizalillo, en el municipio de Zumpango de Neri, forma parte de “Guerreros Unidos”, quienes actuarían con apoyo de militares del 27 batallón de infantería de Iguala.
Los señalamientos contra el batallón que encabeza el coronel José Rodríguez Pérez, involucrado hasta el momento por omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida hace seis meses, se encuentran en una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto por los comisarios ejidales de los poblados de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla, los tres del municipio de Zumpango, donde se quejan de la falta de resultados de las policías estatales, federales y el mismo ejército, a cuyos integrantes acusan de tolerar al grupo criminal. En la misiva que también fue dirigida al gobernador Rogelio Ortega Martínez, al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, así como a medios de comunicación de la entidad, aseguran que han denunciado ante las tres instancias de gobierno lo que ha ocurrido en sus comunidades en las últimas semanas sin que hasta la fecha se haya tomado cartas en el asunto.
Por esta razón piden se les permita formar su policía rural en estos tres pueblos para proteger a los habitantes de esta región los “365 días del año”. En el texto desmienten las versiones difundidas por los testaferros autodenominados “Guerreros Unidos”, quienes acusaron al grupo criminal rival conocido como “los Rojos” de estar detrás de la ola de crímenes y campaña de terror en la zona. La imputación contra “Guerreros Unidos”, banda a la que se le acusa de estar detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida el 27 de septiembre de 2014, la respaldan en que por lo menos cuatro conocidos habitantes de Carrizalillo, quienes se refugian en Iguala, serían los cabecillas del grupo criminal quienes cometerían sus crímenes presuntamente con conocimiento de integrantes del 27 batallón de infantería.
“Nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece para solicitarle atienda pronto nuestra petición, derivado de todos los acontecimientos sangrientos que hemos padecido seguidamente, y que todas las acusaciones que hemos hecho en diversas dependencias del gobierno federal y estatal, no han sido atendidas oportunamente”, dice el escrito fechado el pasado día 30 de marzo y publicado al día siguiente en medios impresos como el diario El Sur, de Acapulco.
El responsable de los ataques es uno de los líderes de “Guerreros Unidos” de nombre Onofre Peña Celso, quien hasta el año 2011 se desempeñó como comisario ejidal, quien junto con otros individuos con quienes se refugia en Iguala, se hacen “respaldar” por el 27 batallón de infantería. El “respaldo” militar se traduce en que los criminales, quienes están identificados de tiempo atrás, “entran y salen armados sin que las autoridades federales logren detenerlos por portación de armas de alto poder de uso del ejército”.
La estrategia de Gold Corp
Al anochecer del pasado sábado 7 de marzo cuatro trabajadores de la minera Los Filos, propiedad de la empresa canadiense Gold Corp, fueron interceptados cuando salían de lugar y se dirigían a sus casas a bordo de un vehículo por la vía principal que atraviesa Carrizalillo. Un comando armado que viajaba en dos camionetas los interceptó y los obligó a subirse con ellos para salir de la comunidad.
En las primeras horas tras el secuestro de los cuatro mineros, uno de ellos fue liberado con huellas visibles de golpes, mientras los tres restantes seguían sin ser localizados. La empresa minera al ser consultada por corresponsales de medios nacionales, se negó a dar declaración alguna, solo mediante la policía estatal que junto al ejército estableció un cerco de seguridad en las instalaciones de la trasnacional en Carrizalillo, mandaron decir que no había nadie para atenderlos.
Días después, a un kilómetro de la mina, sepultados en una fosa en un barranco, fueron hallados los cuerpos de Juan Carlos Merino González, Mauricio Galicía Peña y Juan Carlos Peña, los tres mineros desaparecidos, quienes presentaban huellas visibles de haber sido torturados. El corresponsal de La Jornada, informó que tras este triple asesinato, por temor a represalias los familiares decidieron darles sepultura en un panteón de Iguala y no en su lugar de origen.
Apenas en febrero pasado un grupo que forma parte de la organización denominada La Familia, secuestró a una docena de habitantes del poblado de Cocula, entre quienes se encontraban empleados de otra de las mineras canadienses presentes en Guerrero, ésta de nombre Media Luna, ubicada en el poblado de Nuevo Balsas. Durante varios días la tensión se disparó en la región después de que pobladores de la zona minera decidieran tomar las armas, y por iniciativa propia confrontar a los plagiarios. El resultado fue que rescataron a 10 de las víctimas y mantuvieron cerrada durante más de una semana los accesos, en señal de protesta y para exigir seguridad para todos los habitantes ya que el gobierno del estado solo presta resguardo policiaco a los directivos de la compañía.
En julio del 2013 la agencia Apro dio a conocer el asesinato de dos trabajadores que prestaban servicios externos a la minera Gold Corp en Carrizalillo, quienes fueron atacados cuando circulaban por la carretera federal México-Acapulco, muy cerca de la comunidad de Mezcala. Las víctimas prestaban sus servicios en una firma que proveía servicios de mantenimiento industrial con sede en Toluca, Estado de México. En este caso la empresa trasnacional tampoco emitió comunicado alguno.
Gold Corp Inc. está considerada un ejemplo de empresa trasnacional que ha establecido vínculos con la sociedad local de las comunidades de Guerrero, bajo el principio de “reciprocidad negativa”, definida ésta como “el intento por obtener algo impunemente sin dar nada a cambio”. En su estudio “Gold Corp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero”, los investigadores Claudio Garibay y Alejandra Balzaretti, señalan que la minera canadiense utiliza mecanismos para conseguir el control de la fuente de oro, la captura de la política de las comunidades y la imposición de un “régimen microrregional de dominación fundado en la coacción”.
Publicado en mayo del 2009 en la revista Desacatos, dos años después de que se entregaran las primeras concesiones a las mineras extranjeras en esta región a orillas del río Balsas, la investigación del geógrafo ambiental y de la antropóloga social, señala que bajo el principio de “obtener oro impunemente sin dar nada a cambio, la corporación moviliza discursos y prácticas que reconocen y representan a la población local no en calidad de honorables ciudadanos propietarios de la tierra minera con quienes es conveniente asociarse, sino como población menesterosa necesitada de caridad empresarial: un “velo ético” que ocupa una práctica de dominación y una depredadora sustracción de riqueza a la vez que revela una representación de Gold Corp como productor de bondad social”.
Tácticas de propaganda
En la misiva enviada al presidente Peña Nieto y al gobernador Ortega Martínez, los comisarios ejidales de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla, pertenecientes a Zumpango como se conoce a la cabecera municipal de Eduardo Neri en la región centro de Guerrero, señalan que el grupo delincuencial “Guerreros Unidos” busca confundir a las autoridades al responsabilizar de los asesinatos y secuestros a sus rivales de “los Rojos”.
Al acusar al ex comisario ejidal Onofre Peña Celso de estar ligado a “Guerreros Unidos”, señalan que éste es originario de Carrizalillo, poblado que más daño ha sufrido a manos de los pistoleros. Cada vez que éste grupo tienen “bajas de sus sicarios responsabilizan a las autoridades ejidatarias de Carrizalillo y su venganza es matar gente inocente que es indefensa”.
“Carrizalillo es una localidad donde se ubica la minera Goldcorp y genera muchas fuentes de empleo, además los referidos se refugian desde el día 21 de octubre del 2014 en la ciudad de Iguala, desde donde hacen sus operaciones ilícitas y a través de llamadas telefónicas extorsionan”, señalan en su misiva.
Una de las tácticas que de manera impune realizan los denominados “Guerreros Unidos” es que con sus testaferros que llaman “halcones”, ubican a pobladores que viajan por carreteras del lugar, los secuestran y cobran altas cifras de dinero. “Esta es la zozobra que padecemos día con día”, escriben.
La petición con la que cierran su escrito es que el gobierno federal y estatal los tome en cuenta, “para que seamos favorecidos e integremos nosotros los habitantes de estas comunidades la Policía Rural, que vigilará las 24 horas del día los 365 días del año a nuestros ciudadanos”.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
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