El Presidente, secretarios de Estado, senadores, diputados,
ministros de la Suprema Corte, consejeros electorales y otros altos
funcionarios gozan de sueldos superiores a los de la monarquía española, sumado
a bonos, apoyos complementarios, compensaciones, seguro de vida, seguro de
separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, estímulos,
recompensas, aguinaldo y en algunos casos hasta el pago de horas
extraordinarias, según estipulan los manuales de percepciones de cada área.
- Pero, además, tienen una prestación llamada “seguro de riesgo” que no tienen, incluso, algunos de los más altos ejecutivos del país.
MetLife, Plan Seguro,
S.A. de C.V., Prevem Seguros, S.A. de C.V., AXXA Seguros, Zurich, Seguros
Atlas, INTER GLOBALI, entre otras, son las empresas que el gobierno Federal ha
contratado para obtener sus servicios en México y el extranjero. De acuerdo con
fichas del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Muchas de estas
empresas ofrecen paquetes que integran el seguro de daños de trabajo y el
seguro de vida en un producto especializado, llamado seguro de hombre clave.
Esta póliza está dirigida a grandes empresarios, pero en México integrantes de
la élite política lo contratan.
De acuerdo con la
Secretaría de la Función Pública (SPF) “el pago extraordinario por riesgo no es
discrecional. Se sujeta a las reglas que establece el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) respectivo, desde el año 2000. Este pago se autoriza año
con año, de acuerdo con los criterios que establece la Cámara de Diputados en
el propio presupuesto y a los lineamientos que emite la Secretaría de la
Función Pública”.
En el propio
presupuesto para este 2015 se estipula que la SFP se encargará de de evaluar la
gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en
función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago a quienes lo demanden.
Este beneficio es otorgado
en función del tipo de actividad que desempeñe el funcionario, la información
que maneja y los factores personales. En el caso de servidores de las fuerzas
de Estado se contempla hasta 30 por ciento del sueldo base.
Los beneficiarios se
contemplan en tres sectores, el primero comprende 11 dependencias: Presidencia
de la República, Procuraduría General de la Republica (PGR), Policía Federal
(PF), La Secretaría de Gobernación (Segob), La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), El Instituto Nacional de Migración (INM), La Secretaría de la
Función Pública (SPF), La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), El Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
En el segundo grupo
se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Y en el tercer grupo
están las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Para evaluar el
riesgo que según la administración pública enfrentan algunos burócratas, la
Función Pública aplica una fórmula en la que define “factor de riesgo es igual a
la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100”. Para este cálculo
se incluyen las funciones, responsabilidades de los asegurados, su nivel
jerárquico, la confidencialidad de la información que maneja, los riesgos que
enfrenta en la dependencia donde labora, así como la ubicación de su residencia
y de su oficina.
En el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) se especifica que la remuneración anual de
algunos funcionarios públicos, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo Enrique Peña
Nieto, se integra por un sueldo base mensual de 489 mil 192 pesos, al que se
suman prestaciones como aportaciones a seguridad social, ahorro solidario,
prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, ayuda para despensa,
seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de
separación individualizado, a esto se suma el pago extraordinario por riesgo,
regulado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Luis María Aguilar
Morales Magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) es de más de 6 millones de pesos, integrada por sueldos y salarios,
prestaciones y el pago por riesgo.
En 2012, los ingresos
del entonces Rey Juan Carlos de España fueron por el equivalente de 441 mil 949
pesos al mes. mientras que los del entonces Príncipe Felipe eran de 220 mil 974
pesos mensuales; la entonces Reina Sofía tenía un sueldo mensual de 141 mil 528
pesos al mes. Sueldos menores a los de algunos servidores públicos mexicanos.
Los senadores y
diputados tienen ingresos anuales por un millón 930 mil 516 pesos y un millón
929 mil 999 pesos, respectivamente. A ambas figuras también se les contemplan
prestaciones por un total de 665 mil 463 pesos, cifra en la que están incluidas
sus aportaciones a la seguridad social: 48 mil 800 pesos, el ahorro solidario
de 15 mil 746 pesos, aguinaldo de 140 mil 504 pesos, ayuda para despensa de 33
mil 360 pesos, seguro de vida institucional por la cantidad de 48 mil 674
pesos, seguro de gastos médicos mayores de 93 mil 577 pesos, seguro de separación
individualizado de 151 mil 740 pesos y “otras prestaciones” como aguinaldo y
fondo de ahorro que equivale a 133 mil 062 pesos.
LOS BENEFICIOS DE LA BUROCRACIA Y EL DESEMPLEO
En contraste,
informes del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y del
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), así como cifras oficiales, han detallado que del total de
desempleados en el país, el 50 por ciento son jóvenes. Las nuevas generaciones
que ingresas al campo laborar lo hacen sin prestaciones, debido a que trabajan
en empresas establecidas pero sin un contrato o pertenecen a la informalidad.
La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que en México dos de cada tres
jóvenes no tienen prestaciones o acceso a la seguridad social.
En febrero de este
año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que la juventud mexicana
no cuenta con oportunidades laborales dignas que le ayuden a mejorar su calidad
de vida y a contribuir en el desarrollo del país, debido a que no cuentan con
prestaciones.
El estudio realizado
por la SEP detalló que uno de cada cuatro egresados de las universidades
obtiene un trabajo en el que ni siquiera tiene la garantía de firmar un
contrato o carece de prestaciones como aguinaldo o seguridad social. Es decir,
ni siquiera este sector que ingresa a la Iniciativa Privada establecida cuenta
con estos beneficios.
El reporte “Panorama
de la Educación 2014″ realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y publicado en 2014 indica que en México, contar con mayores
niveles educativos no es garantía de conseguir empleo, pues tan sólo el 64 por
ciento de las personas que cuentan con educación media superior está empleado.
El estudio explica que el mercado laboral en el país favorece a trabajadores
con “bajas capacidades”.
Y no sólo los jóvenes
padecen esta situación, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía revelan que con el aumento al salario mínimo en 2015 de 4.2 por
ciento –que se traduce en 2.81 pesos–, los 6.7 millones de mexicanos que
perciben esa cantidad de salario no pueden completar los productos de la
canasta básica, que a noviembre de 2014 tenía un costo de mil 743 pesos con 91
centavos.
Fuente.-SinEmbargo
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