En los dos grandes ataques contra
ciudadanos en los dos primeros años del sexenio deEnrique Peña Nieto han
estado involucrados militares: Tlatlaya y Ayotzinapa. En ambas tragedias, que
involucran la muerte de 29 personas, entre éstas menores de edad, y la
desaparición de otros 42 jóvenes, los miembros del Ejército son señalados por
participar directamente en ejecuciones sumarias, obstruir las investigaciones,
cubrir los restos de las mismas y hasta amenazar a las familias que exigen
justicia.
Mexico,D.F 05/Ene/2015 (SinEmbargo) La exigencia de sacar a los militares de
las calles es un reclamo social desde el sexenio del ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa. El 30 de abril de 2012, en plena campaña presidencial,
el candidato priista Enrique Peña Nieto respondió a la
pregunta de si sacaría al Ejército de las calles, en una entrevista con la
agencia EFE: “No de inmediato: gradualmente el Ejército tiene que
regresar a los cuarteles pero eso tiene que ser a partir de que el Estado tenga
una mayor capacidad de fuerza policiaca que ya ha crecido y debe seguir
creciendo y debe haber condiciones: el Ejército no puede estar de manera
permanente si hay una fuerza civil más fuerte”.
Pero ya en su administración federal los
militares continúan en el combate del crimen y la fuerza civil no se ha hecho
más fuerte.
Voces como la del relator de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Christof Heyns, urgen que el gobierno mexicano
saque al Ejército de las calles para frenar el “altísimo” número de homicidios
en el país, donde el derecho a la vida “está gravemente amenazado”.
En un informe presentado en junio pasado
ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre su visita a México en
2013, Heyns estimó “imperativo” retirar al Ejército del
combate al crimen organizado y asegurar que militares acusados de violar
derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles.
Pero el gobierno de Peña Nieto no ha
escuchado ese clamor.
El caso del asesinato de 22 personas el 30
de marzo de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, es uno de lo más vergonzosos en
los que han participado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), y es inmoral por ser el mismo Ejército el que reportó, en un primer
comunicado oficial, que esas personas fallecieron en un enfrentamiento con ocho
militares, cuando meses después testigos declararon a la prensa internacional
que los uniformados ejecutaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se
habían rendido.
También, semanas después de ese asesinato,
el Gobernador del Edomex, el priista Eruviel Ávila Villegas, cubrió
a los militares y expuso que en su investigación no encontró indicios de una
ejecución. Más grave fue el que la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México (PGJEM) anunciara que toda la información del caso había
quedado reservada por nueve años.
Y, como si esto fuera poco, apenas el 9 de
diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) también
catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación
que realiza por la ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de
elementos del Ejército mexicano.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó, por medio de un comunicado de prensa,
que el pasado 21 de octubre realizó una solicitud de acceso a información
pública a la dependencia que encabeza el priista Jesús Murillo Karam para
conocer cuántos dictámenes han sido realizados en la investigación del caso
Tlatlaya así como para obtener copia simple de los mismos.
En respuesta, la PGR, mediante el oficio
número SJAI/DGAJ/11187/2014, dijo que se han realizado 11 dictámenes en la
investigación. Pero destacó que no otorgaría la versión pública de los hechos
porque esa información quedó reservada por 12 años.
Luego de Tlatlaya vino el caso del
asesinato en Iguala, Guerrero, de tres estudiantes de la Normal Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa, así como de otros tres ciudadanos, además de la
desaparición de otros 43 normalistas.
Entre la noche del 26 de septiembre y la
madrugada del 27 de septiembre policías de Iguala, por orden del Alcalde, el
perredista José Luis Abarca Velázquez, dispararon a los alumnos de
Ayotzinapa, los asesinaron con saña e incluso secuestraron a 43 jóvenes para,
según los reportes de la PGR, entregarlos a la organización criminal que opera
en la zona: Guerreros Unidos.
La PGR explicó a la sociedad mexicana,
sumida en una profunda indignación por la falta de respuestas ante estos hechos
y por la falta de resultados para encontrar a los estudiantes, que los
muchachos fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, un municipio
que colinda con Iguala.
Sin embargo, investigaciones realizadas por
los científicos Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), yPablo Ugalde
Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel
Atzcapotzalco, pusieron en duda la versión oficial y, con argumentos
científicos mostraron que los 43 normalistas no pudieron ser cremados en el
basurero de Cocula sin que se detectarán las llamas, el olor y sin dejar
huellas en el sitio, pero además sin los insumos y combustibles suficientes
para desaparecer a tal cantidad de personas.
Ahora, otra versión con evidencias de esos
mismos especialistas, revelada a Sanjuana Martínez y publicada
ayer en La Jornada, apunta a los hornos crematorios del Ejército,
donde “probablemente” habrían sido llevados los normalistas.
“La hipótesis es
bastante probable porque
los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del
Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y
con morgue (depósito de cadáveres)”, afirmó en entrevista el doctor Jorge
Antonio Montemayor.
Los investigadores han empezado a buscar
información sobre la actividad de los crematorios militares, no sólo por medio
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino por dos vías más: la
fiscal y la empresarial.
En caso de que el Ejército se niegue ha
proporcionar la información, buscarán otra forma: “Aunque el Ejército no
proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente
a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28
de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas
tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación
por cinco años de retener esa información para Hacienda”.
Además, también ayer, el vocero de los
padres de familia, Felipe de la Cruz, anunció que continuarán con
su exigencia de que se abran los cuarteles del Ejército para la búsqueda de los
normalistas desaparecidos, “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en
la cuestión de los cuarteles porque hoy podemos decir con mucha seguridad que
fueron los policías y los militares los que intervinieron en estos hechos [la
masacre de Iguala]”.
El 1 de diciembre de 2012, al tomar
posesión como Presidente de México, Peña Nieto prometió: “Éste será un Gobierno
al servicio de los derechos de todos los mexicanos. El bien mayor y el bien
último, es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi Gobierno es lograr un
México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las
políticas de seguridad”.
Ese compromiso tampoco se ha cumplido.
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