Familiares del reportero gráfico y activista social, José Moisés
Sánchez Cerezo, reportaron que un un grupo de hombres armados irrumpió en su
domicilio, sacándolo y llevándose consigo la computadora del periodista
veracruzano, así como su cámara fotográfica y varios equipos de teléfonos
celulares.
Mexico,D.F 03/Ene/2015 Los familiares de Moisés Sánchez Cerezo
indican que de acuerdo al testimonio de los vecinos, al domicilio –ubicado en
la calle Violetas número 4 en la colonia Rosas del Municipio de Medellín de
Bravo, en el estado de Veracruz- arribaron tres automóviles de donde bajaron
varios hombres fuertemente armados, ingresaron a la casa y extrajeron a Sánchez
Cerezo, subiéndolo a uno de los vehículos.
Los
hechos se suscitaron alrededor de las 19:30 horas y de acuerdo con el medio
local AGN, los vecinos avisaron a la policía municipal, sin
embargo, indican que su respuesta fue nula y cuando arribaron al domicilio,
horas después, los oficiales aseguraron que “no podían hacer nada ya”.
Moisés
Sánchez Cerezo ha denunciado una serie de actos delictivos en el municipio de
Medellín de Bravo y sus alrededores, convirtiéndolo como periodista incómodo
para el alcalde, Omar Cruz Reyes, que según la versión del periodista Jorge
Sánchez, de AGN, también periodista e hijo del
secuestrado, lo ha puesto en la mira del edil medillense.
Además, Moisés Sánchez es un activista
vecinal en diversas colonias donde se agrupan “guardias de seguridad” y
“vecinos vigilantes” para contrarrestar la inseguridad y robos del fuero común
que se viven en la comunidad, ubicada en medio de los municipios de Boca del
Río y Veracruz.
Sánchez
Cerezo es fundador y reportero en la página web de información La Unión, medio local en Medellín de Bravo y en fecha
reciente denunció el asesinato de un comerciante de verduras, en un supuesto
asalto, así como al ejecución de dos personas, lo cual derivó en la creación de
un grupo vecinal de autodefensas.
Estos hechos, dijo el hijo del periodista,
fueron difundidos en las redes sociales, mediante videos. Las autoridades
estatales informaron que se ha implementado un operativo para la búsqueda de
José Moíses Sánchez Cerezo.
MÉXICO,
OCTAVO PAÍS DEL MUNDO Y SEGUNDO EN AMÉRICA LATINA EN ASESINATOS DE PERIODISTAS
Ayer, la Federación Internacional de
Periodistas (FIP) dio a conocer que en 2014 un total de 118 comunicadores
perdieron la vida en el mundo debido a “choques violentos” mientras realizaban
su trabajo, cifra que representó un aumento de 13 asesinatos con respecto al
año anterior. De acuerdo con el informe, México está en el lugar ocho entre los
países que registraron mayor número de muertes de trabajadores de los medios de
comunicación, con cinco asesinatos. Es el número dos del continente americano.
La organización internacional atribuyó
estas muertes “al implacable régimen del terror y la violencia del crimen
organizado [que] continúa haciendo estragos en el periodismo de América
Latina”. Consideró que en Honduras y México “muchos periodistas pagan con su
vida por informar sobre sucesos tales como la corrupción o el tráfico de
drogas”.
“Esta es la conclusión que la FIP extrajo
de su misión en septiembre al estado de Guerrero, una de las áreas más
violentas de México, con el propósito de alertar a las autoridades de la
necesidad de una acción drástica para proteger a los periodistas locales”, precisó
la Federación.
En la lista anual de la FIP se reportaron
los homicidios de Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, de Notisur; Jorge Torres
Palacios de El Dictamen; Octavio Rojas Hernández de El Bueno Tono; José Antonio
Gamboa Urias de Nueva Prensa, y de Atilano Roman Tirado de Radio Fiesta
Mexicana.
Otra organización internacional, Artículo
19, documentó de enero a septiembre de 2014, 222 agresiones contra la prensa
mexicana. En 94 casos se trató de ataques físicos; 40 actos de intimidación; 37
amenazas; 23 detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque
a las instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un
comunicador.
En
el 42 por ciento de las agresiones el responsable es un funcionario público; en
17 por ciento es un particular y 27 por ciento se desconoce al atacante.
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