El negocio de las armas ha sido para México un inmenso flagelo desde que en 2006 Felipe Calderón decidió, contra todo sentido de la realidad o con toda la lógica de la perversidad, declararle la guerra al narcotráfico.
Ese negocio atroz, que ha costado cientos de miles de asesinatos y desapariciones, y ha sumido a México en el terror y la desconfianza, amenaza con crecer exponencialmente y ser mucho más letal y destructivo con el ascenso de Donald Trump a la presidencia estadunidense y el sometimiento bovino de Enrique Peña Nieto y los encargados de la política exterior a su lógica persecutoria.
NOTA RELACIONADA:
En abril de 2015 –todavía en la época de Obama– Sig Sauer, una empresa de armas de origen alemán cuya fabricación y exportación se realiza en el estado de New Hampshire, en la región de Nueva Inglaterra, firmó un acuerdo con México para venderle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rifles, pistolas y armas militares por un valor de 265 millones de dólares.
Con ese dinero, que se le quita a la educación, a la cultura y a la productividad de México, la Sedena podrá comprar alrededor de 400 mil armas, una cifra aún más escalofriante si agregamos a ello las compras que la dependencia hizo a esa misma compañía entre 2007 y 2014, las cuales, según una información de la propia secretaría al Instituto Nacional del Transparencia (INAI), sumaron 2 millones 773 mil dólares, en tanto que Felipe Calderón concluyó su administración con adquisiciones en ese mismo rubro por alrededor de 700 mil millones de pesos.
Entre los grandes financiadores de la campaña de Donald Trump se encuentran las empresas armamentistas, que aprovecharán su triunfo para cobrarle el favor y vender más armas. Entre ellas está Sig Sauer, que aportó a gunvote.org al menos 100 mil dólares y acaba de contratar a un socio de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, para cabildear a favor de que se incremente la exportación de armas.
En esas circunstancias, y en el marco de la búsqueda de que se apruebe la Ley de Seguridad Interna –que al darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para estar en las calles legalizará el estado de excepción que vivimos desde 2006–, el compromiso millonario con Sig Sauer parece dirigirse a una destrucción más grave de la vida de la gente.
A menos de que nuestros gobernantes sean verdaderamente imbéciles y carentes de cualquier sentido de lo político, detrás de esa inversión y del desprecio de Trump y de parte de nuestras élites políticas por México, la compra de esas armas –además de acrecentar la corrupción de aquellos que tienen intereses económicos en ese negocio y en el de las drogas– no tendrá otro objeto que aumentar el estado de terror, controlar los movimientos disidentes que buscan refundar a la nación y, so pretexto de terminar con el crimen organizado, hacer, en favor de la política de Trump, un trabajo de limpieza social con los migrantes que nos devolverá y con los centroamericanos que quedarán varados en nuestro territorio. No hay otra manera de interpretar el aumento tan brutal de importación de armas que desde 2006 no ha dejado de realizar México con los empresarios de la muerte de los Estados Unidos y ese inmoral e ignominioso convenio que la Sedena suscribió en 2015 con Sig Sauer.
Frente a ello, la reserva moral del país tiene, además del compromiso de refundar a la nación, el de exigirle al gobierno mexicano que rescinda el convenio, cuya licencia tiene una duración de cuatro años.
Hasta finales de 2015, el gobierno de México sólo había comprado en armas el equivalente de 10 millones de dólares –no tengo todavía el dato de lo que invirtió en 2016. Si obligamos al gobierno a cancelar el resto de la compra y exigimos que ese dinero se invierta en lo que realmente necesita el país –educación, cultura y fortalecimiento de la producción interna–, no sólo habremos recuperado algo de la dignidad que nos han quitado, sino que le habremos dado un fuerte golpe a la política y a la economía bélica de Donald Trump.
Aun cuando los daños provocados al país por la guerra antidrogas de Calderón y Peña Nieto, bajo el auspicio de Estados Unidos, son inmensos y no podrán resolverse en mucho tiempo, hay pasos, como la de rescindir un convenio de compra de armas, que pueden realizarse de manera inmediata. Esto no impedirá que se siga asesinando y desapareciendo gente, y que la imbecilidad continúe invirtiendo en negocios contraproductivos que, como el de las armas y el de los videojuegos de guerra, están al servicio de la muerte y de la destrucción del esqueleto moral de las sociedades.
Pero el hecho de hacerlo es ya en sí mismo una pedagogía que, al desafiar a la barbarie, traza un camino hacia la disminución de la imbecilidad y el horror. La paz pasa, entre otras cosas, no por acabar con la producción de armas –cosa imposible– sino por detener parte de su flujo. En las actuales circunstancias, el mayor esfuerzo de la reserva moral del país sólo puede disminuir de manera aritmética el sufrimiento que padecemos, y eso sólo se logra con pasos tan concretos como exactos y posibles. Luchar por rescindir un contrato millonario de compra de armas, detener la Ley de Seguridad Interior y buscar crear un gobierno ciudadano de refundación nacional, son tres de ellos a los que estamos obligados.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y abrir las fosas de Jojutla.
Fuente.-
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