Luego de la mas reciente captura de un Vicealmirante de un total de 14 detenidos, el balance del trabajo del gobierno y sus autoridades , dista mucho de ser digno de aplausos, pues una vez que se disipa el humo mediático y se leen las letras chiquitas , lo que el gobierno presume como un gran golpe contra el huachicol no es más que espectáculo: mucho combustible asegurado y casi nadie tras las rejas, la impunidad sigue mandando.
Y basta tan solo con actualizar la información contenida en una infografía del trabajo de Omar García Harfuch,dond la constante siempre fue “Cero Detenidos” para clarificar la farsa.
La impunidad por litro —definida como la proporción de litros asegurados sin detenidos— ha cambiado tras las recientes capturas,pero en la mayoría de los decomisos permanece en “cero detenidos”.
Operativo de Altamira: Actualización
Fecha: 31 de marzo
Lugar: Altamira, Tamaulipas
Litros asegurados: 10 millones
Detenidos: 14 personas, incluyendo funcionarios, marinos y empresarios
Cómputo de impunidad por litro
Suponiendo que se suman los litros asegurados en los eventos de la imagen, se obtiene el total de litros y el número total de detenidos actualizados.
Tabla de cálculo (extrayendo los datos principales de la infografía y reemplazando el dato de Altamira)
Lugar y fecha
Litros asegurados
Detenidos
Ensenada, Baja California (8-marzo)
8,000,000
0
Altamira, Tamaulipas (31-marzo)*
10,000,000
14
Comalcalco, Tabasco (15-mayo)
1,500,000
0
Guanajuato (26-mayo)
27,000
0
Tabasco (29-mayo)
3,000,000
0
Allende, Nuevo León (18-junio)
1,200,000
0
Coatzacoalcos, Veracruz (18-junio)
500,000
0
Saltillo, Coahuila (29-junio)
2,000,000
0
CDMX, Edomex, Qro. (29-junio)
N/D (16MDP)
32
Cunduacán, Tabasco (2-julio)
880,000
0
Saltillo-Ramos Arizpe (6-julio)
15,400,000
0
Las Vigas, Ver. (8-julio)
993,000
0
Nota: El decomiso de CDMX, Edomex y Querétaro es de valor monetario, no volumen líquido y no se suma a litros.
Américo Villarreal Anaya,el Gobernador morenista de talante “huachiculero”, aliado indiscutible del crimen organizado desde antes,durante,despues y ahora, dio una entrevista en la que respaldó las indagatorias y detenciones por el buque de huachicol asegurado recientemente en el Puerto de Altamira, al sur de Tamaulipas.
Pero como su boca dijo pura mentira pura, vamos combatiendo punto por punto sus declaraciones, contrastando su discurso oficial con los escándalos y acusaciones que ya lo rodean desde todos los ángulos, para desmontar esa narrativa cínica e hipocrita
Que dijo y que le respondemos:
Américo dice: “Qué bueno que lo que nosotros estamos procurando en esta administración, en este modelo de gobierno… es combatir la corrupción”.
La realidad: ¿Combatir la corrupción? Pero si tu administración huele a gasolina contrabandeada desde kilómetros. Hablar de transparencia mientras te sacuden denuncias de huachicol, desvíos y redes de Carmona es como si un pirómano se declarara bombero honorario. Lo único que procuras es seguir ordeñando el erario y fingir que el desastre es “transformación”.
Américo dice: “Que el gobierno de la cuarta transformación es un gobierno contra la corrupción… gracias a ese trabajo honesto y dedicado es que se hacen grandes obras”.
La realidad: Qué obra tan grande la de blindar a tus cómplices y coleccionar denuncias federales por huachicol dentro y fuera de Mexico, contratos amañados y negocios turbios. La “honestidad” que presumes se mide en millones embolsados y en buques que entraban descarados a descargar combustible contrabandeado bajo la mirada complaciente de marinos.
Américo dice: “Recuperación de nuestros espacios públicos y de reconstrucción de nuestro tejido social”.
La realidad: ¿Espacios públicos? ¿O espacios para las redes de huachicol fiscal y el crimen organizado? Porque desde de las pipas en la frontera a las que les cobra cuota tu sobrino,hasta Altamira se convirtio en pasarela de buques pirata.
¿Y el tejido social? Lo van tejiendo con hilos de corrupción, militares detenidos y empresarios asesinados como los Carmona. La única reconstrucción aquí es la narrativa con la que pretenden lavarse las manos, aunque el hedor a traición siga impregnado.
Américo dice: “La visita de la Presidenta fue excelente; tuvo buenos comentarios del esfuerzo del pueblo tamaulipeco por sumarse a la transformación”.
La realidad: Claro, si la gira presidencial es puro teatro de cartulina: aplausos rentados,gente acarreada, discursos maquillados y realidades enterradas. La verdadera foto de Tamaulipas no es la sonrisa de Sheinbaum ni tu retórica cansada, sino las fosas de corrupción que siguen bajo tu gestión. Y mientras tú presumes apoyo, los expedientes de la FGR y en EE.UU siguen creciendo como una mancha de petróleo imposible de ocultar.
Américo Villarreal puede repetir su guion mil veces: “somos honestos, estamos contra la corrupción”. Pero las detenciones de marinos, las investigaciones por buques huachicoleros, las pipas,los vínculos con Carmona y las denuncias federales gritan más fuerte que cualquier declaración oficial.
A este gobernador no le salva ni la retórica prestada de Sheinbaum: el disfraz de paladín anticorrupción se le cae a jirones y deja ver al verdadero operador político embarrado hasta el cuello en negocios clandestinos, aparte de ser el peor entre los peores gobernadores evaluados en el pais,desde octubre de 2022.
La muerte del Capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, fue reportada como un suicidio. Oficialmente, las autoridades le dijeron al periódico Reforma que el Capitán fue encontrado en su oficina en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.
Sin embargo, la larga ruta de sangre del huachicol fiscal, la lista de personajes vinculados al contrabando de combustible que fueron asesinados o que fallecieron en circunstancias no aclaradas, pone en tela de juicio la versión del suicidio.
El antecedente de Sergio Carmona, Carlos Narváez Romero, Gerardo Vázquez Barrera, Julio Almanza, Daniel Flores y Ángel Arnoldo Salinas Ramírez advierten que la trama de homicidios, conspiraciones y encubrimientos del huachicol fiscal está escalando cada vez más alto en las esferas del poder político-militar del gobierno de la Cuarta Transformación. Los operadores del negocio ya fueron señalados. Falta nombrar a los capos reales.
Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, identificó al Capitán Pérez Ramírez como parte de un entramado de corrupción maquinado por el ‘Clan Farías’, la red de importación de buque-tanques de huachicol dirigida por los sobrinos políticos del ex secretario de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Almirante Rafael Ojeda.
Este esquema está detrás de la introducción ilegal de diésel del Challenge Procyon, el barco que fue objeto del primer megadecomiso de huachicol en el sexenio de Claudia Sheinbaum. El caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el empresario James Jensen y la firma Arroyo Terminals en la Corte del Distrito Sur de Texas conectan esta trama con una red de distribución del Cártel Jalisco Nueva Generación. En un sexenio, un grupo de marinos conectados al círculo de López Obrador transformaron la Secretaría de Marina. Pasó de ser la única agencia de seguridad mexicana en la que Washington tenía confianza plena para realizar operaciones especiales a estar coludida en el negocio del huachicol con el cártel más poderoso del país.
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el pasado 2 de septiembre, y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo de la justicia, dirigieron una operación para desembarcar ilegalmente 31 buques con hidrocarburos clandestinos. El Capitán Torres Joaquín, testigo protegido, le dijo a la FGR que en cada operación ‘El Clan Farías’ dispersaba 1.75 millones de pesos a funcionarios aduanales y de la Secretaría de Marina. En una sola exhibición, en abril de 2024, el Capitán Pérez Ramírez recibió 100 mil pesos del Capitán de Corbeta, Miguel Ángel Solano Ruiz. La orden vino de los hermanos Farías Laguna.
Por eso, versiones internas de la Secretaría de Marina aseguran que la teoría del suicidio del Capitán Pérez Ramírez es difícil de creer. Sostienen que todavía más complicado es desligar la muerte del Capitán Pérez Ramírez de los asesinatos del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y de la Auxiliar de Investigación de la Delegación de la FGR en Colima, Janet Nava Ramos. Según la FGR, estos dos homicidios están conectados por el ‘modus operandi’, la ejecución a manos de sicarios a bordo de una motocicleta, y por el uso de una pistola Águila calibre 9 milímetros Luger. Guerrero denunció la red de corrupción del ‘Clan Farías’. Nava se encargó de investigarla.
Desde los altos niveles de la estructura política y militar del gobierno de la Cuarta Transformación, alguien se está encargando de eliminar a quienes pretendan romper el silencio, el omertá, alrededor del multimillonario negocio del huachicol fiscal que, lo mismo financia campañas políticas de Morena, enriquece a una nueva élite y transfiere recursos a las células paramilitares del crimen organizado.
El Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un potencial sucesor en la Dirección de Operación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas, fue asesinado en Manzanillo el 8 de noviembre de 2024. El 14 de junio de ese año, escribió una carta dirigida al Almirante Rafael Ojeda, entonces secretario de Marina, para exhibir el entramado de corrupción de sus sobrinos políticos. Guerrero fue citado a una reunión por el nuevo secretario de Marina, el Almirante Raymundo Morales, un perfil que fue recomendado y cabildeado por los hermanos Farías Laguna. La denuncia no llegó a ningún lado y Guerrero solicitó licencia y vacaciones a partir del 6 de noviembre de 2024. Dos días después, fue asesinado. El Contralmirante proporcionó a sus superiores los sitios exactos de su estancia en Manzanillo y en Mazatlán.
La Fiscalía General de la República no tiene la menor duda de que este homicidio está conectado al asesinato del 21 de octubre de 2024 de Janet Nava Ramos. La oficina que dirige Alejandro Gertz Manero tampoco es ambigua sobre quiénes podrían ser los autores intelectuales del crimen:“Al mantener una relación estrecha con procesos de la SEMAR, se puede inferir que los actores materiales pudieron ser personal de esta dependencia o allegados a ellos”.
En este contexto, el “suicidio” del Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez resulta conveniente para los intereses de los dueños reales del huachicol fiscal en México. Los políticos y los militares. La ruta de sangre del contrabando de combustible demuestra que los operadores, las manos derechas de los verdaderos capos, son desechables.
Con la excepción de Julio Almanza, un empresario independiente que denunció la corrupción en las aduanas de Matamoros, todos los asesinatos, desapariciones o accidentes de la lista involucran a un personaje que mantenía una relación muy cercana con algún miembro de la élite del gobierno de la Cuarta Transformación.
El caso de Sergio Carmona, el llamado ‘Rey del Huachicol’ que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021, inauguró este ‘modus operandi’. Su hermano, Julio Carmona, fue designado como administrador de la Aduana de Reynosa por Ricardo Peralta Saucedo.
Las ganancias del huachicol fiscal, que eran blanqueadas a través de la asignación de contratos federales, sirvieron para apuntalar campañas de Morena a la gubernatura en todo el país. Sergio Carmona tejió una importante red de políticos dentro de la 4T. No obstante, sus aliados más poderosos fueron Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, y Audomaro Martínez Zapata, el ex titular del Centro Nacional de Inteligencia. El poder de Carmona llegó a tal grado que fue citado a Palacio Nacional por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa reunión fue el principio del fin para ‘El Rey del Huachicol’.
Algo similar sucedió con Daniel Flores, el director de Grupo Industrial Proyecta, una firma que recibió más de 27 mil millones de pesos en contratos de Pemex, particularmente para el desarrollo de la Refinería de Dos Bocas. Flores se convirtió en el financiero de la ambiciosa precampaña presidencial de Adán Augusto López. Para entonces, “La Barredora” ya operaba extrayendo crudo del Puerto de Dos Bocas y vendiéndolo al Tren Maya. Cuando el presidente López Obrador decidió que la precampaña de Adán Augusto López tendría que llegar a su fin, citó a Daniel Flores en Palacio Nacional. Al salir de la reunión, el empresario tomó su aeronave privada rumbo a Veracruz, donde se encontraba Adán Augusto López. Aterrizó, sostuvo una breve conversación con el ex secretario de Gobernación, los vieron discutir, regresó a su avión, despegó y tres minutos después, cuando sobrevolaba el Golfo de México, la aeronave se desplomó en el mar. Amílcar Olán, empresario del clan de Andrés Manuel López Beltrán, asumió el control de Grupo Industrial Proyecta después del fallecimiento de Flores.
La desaparición de Gerardo Vázquez Barrera, identificado por un cable de la Embajada de Estados Unidos en México como “un operador financiero del Cártel del Noreste”, tampoco ha sido esclarecida. Vázquez Barrera, quien tenía conexiones al mundo del huachicol fiscal, fue visto por última vez después de una comida con los entonces senadores de Morena Américo Villarreal y José Narro Céspedes.
Otro caso reciente. El pasado 26 de abril, un vehículo se desbarrancó en la carretera Guadalajara-Colima. Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, un empresario de origen tamaulipeco con nacionalidad mexicana y estadounidense, uno de los dos pasajeros, murió en el siniestro. De acuerdo a fuentes de inteligencia en México y en Estados Unidos, se trata del personaje que heredó la estructura criminal de Sergio Carmona, incluidas muchas de sus relaciones aduanales y algunas de sus amistades políticas.
En el mundo criminal, su contacto más influyente era César Morfín Morfín, alias ‘El Primito’, designado por el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el arquitecto de una red de distribución de huachicol fiscal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su ascenso inició en la gestión de Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas, continuó durante la administración de Rafael Marín Mollinedo, pero creció de manera exponencial con la llegada del General André Foullon a la ANAM. Una persona con conocimiento del asunto asegura a Código Magenta que Ramírez Salinas tenía acceso al General a través de su hija Diana Foullon. La muerte de Ramírez Salinas no ha sido esclarecida.
Otro caso que tampoco ofrece respuestas contundentes, pero cuyas consecuencias siguen siendo relevantes: El 13 de mayo de 2024 fue asesinado en Polanco, Carlos Narváez Romero; ex alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, sobrino del entones director de Pemex, Octavio Romero, y un personaje ligado a los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El homicidio conmocionó a los operadores políticos de la 4T. A dos semanas de la elección presidencial, el hecho fue interpretado como un mensaje de las mafias del huachicol fiscal. Este es el asesinato que más se ha acercado a la nueva élite del gobierno de la Cuarta Transformación.
La ruta de sangre del huachicol fiscal, la lista de muertes, suma por lo menos nueve casos de alto perfil. Tres de ellos están vinculados a la causa contra el ‘Clan Farías’. La investigación apenas alcanza a tocar al Almirante Rafael Ojeda, quien, en público, ha recibido todo el apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Sucede lo mismo en privado? La respuesta es clave para entender el futuro de la cruzada federal contra el crimen organizado. En la trama del huachicol fiscal, el mayor desfalco y red de corrupción en la historia moderna de México, falta todavía que sean nombrados los verdaderos dueños. Los capos reales.
El paquete económico 2026 nos dice en palabras sencillas que el gobierno va a sacar más dinero de cosas que la gente consume diario —refrescos, cigarros, maquinitas, incluso videojuegos y casinos— y que lo envuelve en el discurso de “cuidar la salud”, pero en la práctica significa que lo que la banda compra en la tiendita o en la esquina va a costar más.
Qué significa en la vida diaria
Si trabajas en la obra,de empleado del comercio, una maquila o cualquier otro empleo poco remunerado y cada semana te das tu coquita fría o un cigarro en el descanso, eso ya te va a salir más caro. Igual si en la casa los niños juegan videojuegos, la consola o los juegos en línea van a subir.
Refresco en la lonchera: el litro va a ser más caro, y eso se siente de inmediato en el bolsillo.
Cigarro después de la jornada: cada cajetilla subirá varios pesos más.
Diversión barata: desde un fin de semana en el casino hasta los videojuegos que compran tus hijos, todo va a tener un “extra” de impuesto.
Al final no es la gente de alto ingreso la que deja de consumir estos productos, sino el obrero, la trabajadora, la familia común que verá reducido su presupuesto para lo básico.
Lo que presumen y lo que no
El gobierno vende el cuento de que se hace para “mejorar la salud pública”, porque dice que si la banda consume menos refrescos y tabaco, habrá menos enfermedades y menos gasto en atenderlas. Pero ese efecto tarda años en verse, si es que pasa. En cambio, el golpe al bolsillo es inmediato. En el fondo es una manera de conseguir ingresos fáciles, sin pelearse con los grandes empresarios o con las élites, que suelen tener más recursos para evadir u optimizar sus impuestos.
La otra cara: programas sociales
Una parte de ese dinero extra dicen que irá a becas, pensiones y salud. Eso significa que, en el discurso, la mayor parte de las familias recibirán algún apoyo. Pero en la calle se siente distinto: el apoyo puede llegar una vez al mes o cada dos, mientras que el sobreprecio de la tiendita se cobra diario.
Qué nos revela de la crisis
Lo que no dicen con estas cifras brillantes es que la economía está presionada:
Déficit de 4.1% del PIB: significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa y se sigue endeudando.
Deuda de 52% del PIB: no significa quiebra inmediata, pero sí que buena parte del dinero que debería ir a mejorar sueldos e infraestructura se usa nomás para pagar intereses.
Impuestos fáciles, no duros: en lugar de meterle mano fuerte a la evasión de los grandes corporativos o a los ricos que esconden dinero, se van a lo más inmediato: el consumo popular.
Lo que callan es que este tipo de recetas son señales de que el gobierno necesita efectivo rápido y que no se atreve a reordenar en serio la forma como cobra a los sectores más poderosos. Es decir: se castiga al consumidor común con la justificación de “salud pública”, pero en realidad refleja un síntoma de crisis fiscal.
En boca de la bandida en la maquila
En corto, en la plática de descanso sería algo así: “Nos dicen que van a subir el IEPS pa’ que no tomemos tanta soda ni fumemos, que porque es por salud. Pero en realidad lo que quieren es más lana, porque el gobierno anda tapando hoyos. Y esa lana la van a sacar de la misma gente que le entra al refresco pa’ sobrevivir el turno de 12 horas. Así que ojo: los apoyos que den con una mano, ya te los quitaron con la otra en la tienda de don Beto.”
Que la Magistradapresidenta electa de un Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas,Tania Contreras, aparezca en los registros judiciales como promotora de un amparo contra su posible detención le lanza un mensaje brutal a la ciudadanía: quien debería encarnar la independencia de la Justicia se mueve con el miedo y las mañas de una presunta delincuente. El acto desnuda contradicciones éticas y legales, porque habla de alguien que pide blindarse con el manto federal antes de que siquiera exista públicamente una orden judicial en su contra.
El mensaje a la sociedad
A los ciudadanos les queda claro que la presidenta del máximo tribunal estatal no confía en la autoridad federal que ya cree que la persigue y muy probablemente ni en la institución que ella misma va dirigir con viento en contra. Si pensara que está libre de culpa, se enfrentaría a cualquier investigación abierta en cualquier fuero judicial. Pero no: se refugia en el amparo, esa figura que suele usarse por pudientes como salvavidas, políticos ,empresarios o narcos con miedo a ser exhibidos y/detenidos.
Al compartir defensa legal con una líder paramilitar (Nohemí Estrella Leal, Columna Armada Pedro J. Méndez) vinculada por la SEDENA al Cártel del Golfo, proyecta la imagen de alianza de intereses entre justicia institucional y crimen organizado.
La paradoja es demoledora: la custodia de la legalidad estatal aparece retratada como parte del ecosistema que debería combatir.
Su condición legal
No hay una orden pública de aprehensión contra Contreras, pero pedir el amparo la coloca en la categoría social de presunta criminal con miedo. Y en México eso tiene peso político y simbólico: solo pide amparo quien siente la espada encima, aunque la hoja aún no se haya usado.
Si la magistrada estuviera completamente limpia, no tendría razón para ampararse. La acción preventiva habla por ella: teme ser alcanzada por una red de investigación criminal y…su temor es fundado.
Requisitos legales vs. la realidad
Para ocupar la presidencia de un Tribunal Superior de Justicia estatal (como en Tamaulipas), la legislación exige, entre otros, que la persona:
Sea ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Tener al menos 35 años cumplidos.
Poseer título de Licenciatura en Derecho con antigüedad mínima (generalmente 10 años).
Gozar de buena reputación y “no haber sido condenada por delito intencional”.
Distinguirse por honorabilidad, competencia profesional e integridad ética.
El problema es que, aunque Contreras no ha sido condenada penalmente, el requisito de “buena reputación y honorabilidad”queda destrozado cuando la máxima jueza de Tamaulipas:
Es pariente de un funcionario señalado por la SEDENA en un esquema de corrupción aduanera.
Tiene nexos familiares con miembros de una organización paramilitar ligada al Cártel del Golfo y fue artífice de la libertad del Lider Regional,Octavio Leal Moncada,vinculado a Morena y Americo Villarreal.
Se ampara hombro a hombro con una dirigente de ese mismo grupo armado, acusado de secuestro,levantones, tráfico de armas y trata de migrantes desde un ecosistema de delincuencia politica y criminalmente organizada como aliados del gobierno que los deberia combatir.
Nada de eso encaja en el ideal de independencia, imparcialidad ni en la integridad exigida legalmente a quien preside un tribunal. Lo que revela es que el nombramiento lo obtuvo en su calidad de “reina de los acordeones”, bajo acuerdos políticos y criminales de conveniencia, no bajo los filtros de honorabilidad que dicta la ley.
Peor aun,perdio en toda la frontera de Tamaulipas,no tiene legitimidad
Conclusión
Que la presidenta de un tribunal se ampare contra su posible arresto significa tres cosas a ojos de los ciudadanos:
Sabe que algo hay en su contra y teme que emerja.
La fortaleza institucional del Tribunal que encabeza es una ficción: si no cree en ella misma, ¿cómo esperar que el pueblo confíe en sus sentencias?
Los requisitos legales para la magistratura pueden estar impresos en la Constitución local, pero en los hechos fueron ignorados: la “honorabilidad” se flexibilizó hasta volverse papel mojado.
En suma, la escena no es la de una magistrada blindando derechos, sino la de una funcionaria judicial escondiéndose en la madriguera legal que tantas veces le niegan a los ciudadanos comunes.
