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lunes, 8 de febrero de 2016

"ZETAS" TENIAN su "HORNO CREMATORIO de EXTERMINIO MASIVO" en "PENAL de COAHUILA"...la "realidad" sigue superando a la "fantasía".


El cartel mexicano Los Zetas utiliza una red de instalaciones de hornos" para encubrir el exterminio masivo y sistemático de personas inocentes durante el período 2011-2013, cuando el cártel tenía control gubernamental completo sobre la mayor parte del estado mexicano de Coahuila.

Desde el entonces gobierno de Coahuila,a las cárceles de la ciudad, Los Zetas tenían el control completo de todos los aspectos del proceso gubernamental y de la vida de los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación mexicanos. 

Sus atrocidades en Coahuila han permanecido en gran medida no declaradas y sin  documentar por cualquier dependencia gubernamental; locales, estatales, federales o internacionales.

Después del proyecto "Crónicas del Cartel" de Breitbart Texas se puso en marcha y comenzó a ver el éxito con la exposición de diversas facciones del cártel del Golfo en el estado mexicano de Tamaulipas, por lo que conscientes de la necesidad de lograr una plataforma para las personas en el territorio de Los Zetas que tenían experiencias y de las cuales sabíamos que querían que el mundo escuchara. 
Nuestro acceso a la información en el territorio del Cartel del Golfo en la mayor parte de Tamaulipas creció hasta un nivel sin precedentes, pero Los Zetas controlan la parte occidental de Tamaulipas alrededor de Nuevo Laredo y el estado de Coahuila y conseguir poner nuestro pie en la puerta parecía imposible. Eso cambió. La gente de la región comenzó a ponerse en contacto con nosotros y tuvimos que confiar en ellos.No sabíamos en ese momento si estuvieran atrayendonos a México para los carteles capturarnos o si eran buenas personas que querían arriesgar sus vidas y ayudar a sus comunidades. Tuvimos que correr el riesgo. Lo hicimos y tuvimos suerte -o fuimos bendecidos.
Viajamos a la ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas para cumplir con nuestras nuevas fuentes. La ciudad fronteriza de Piedras Negras se encuentra inmediatamente al otro lado del Río Bravo. Terminamos en el asiento trasero de un coche con dos desconocidos de México que nos llevan a "conocer a algunas personas." A medida que el coche viaja a una zona industrial a distancia, comenzamos a mirar el uno al otro con nerviosismo.Terminamos en un parque industrial oscuro y nos pareció que se habían detenido. El conductor y su compañero nos sacaron hasta un almacén y nos pidieron que saliéramos. Así lo hicimos y entramos dentro con el pensamiento de que podríamos estar en problemas.
En lugar de secuestradores, encontramos un grupo de empresarios mexicanos que tenían miedo de  reunirse con nosotros en público pues sería arriesgar sus vidas o las vidas de sus familias. Ellos hicieron carne a la parrilla y calentaron las tortillas para nosotros. Fumamos cigarrillos y disfrutamos cervezas hasta que los hombres empezaron a contar sus historias.Hemos oído de buenas personas que simplemente desaparecieron. Hemos oído de las ciudades en que se habían producido "desapariciones" en masa y nadie sabía por qué.Estábamos más tarde en condiciones de verificar cada historia y encontrar las respuestas que los hombres y sus comunidades han buscado después de tantos años.
Algunos aspectos de la matanza en Coahuila han visto la luz del día a través de algunos medios de noticias nacionales mexicanos como Proceso, a pesar de que el caso ha sido ampliamente ignorado por los principales medios de comunicación de México, así como medios corrientes en los Estados Unidos y en otros lugares. Algunos medios como Al Jazeera América y San Antonio Express News han informado sobre las desapariciones; Sin embargo, el vínculo con los Zetas y tener un control completo de la prisión de Piedras Negras y convertir la instalación en un crematorio había ido en gran parte no declarada.Breitbart de Texas comenzó a hacer preguntas y recibió respuestas difíciles acerca de la impunidad con la que Los Zetas operado y los horrores que tuvieron lugar en esa prisión a finales de octubre. A finales de enero, El Diario de Coahuila también tiene algunas respuestas en cuanto a lo que realmente sucedió dentro de la prisión de Piedras Negras.Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, Los Zetas tenían pleno control operativo de la prisión hasta el punto en que tomaron más de 150 personas de la prisión que luego fueron torturados, asesinados e incinerados. A pesar de la brutalidad del caso, los principales canales de televisión de Estados Unidos y los medios impresos han ignorado en gran medida el secuestro y asesinato de cientos de personas de Allende, Coahuila.
Durante la masacre aun desconocida en México, Los Zetas llevaron a cabo un exterminio sistemático al matar e incinerar más de 400 personas en Allende y los pueblos de los alrededores.Aunque los detalles sobre lo que realmente ocurrió apenas han empezado a ver la luz del día, la matanza tiene sus raíces en marzo de 2011.
Antes del tiempo de Los Zetas se había logrado usar tácticas de mano dura y el soborno para gobernar con impunidad  el estado de Coahuila. Para marzo de 2011, Los Zetas movían alrededor de 2,000 libras de cocaína por mes a través de la parte norte de Coahuila en Eagle Pass, Texas. Después de pagar por las drogas y cubriendo sus gastos de tráfico, Los Zetas estaban haciendo alrededor de $ 6-12 millones de dólares en ganancias mensuales solo en el corredor Piedras Negras y Eagle Pass , según el testimonio de testigo en un juicio de EE.UU. focalizado Los Zetas lavado de dinero (El caso hace referencia más adelante en este artículo).
A principios de 2010, Los Zetas fueron a la guerra con sus antiguos jefes del cártel del Golfo.El brutal conflicto armado disparo la demanda de efectivo por los Zetas como la organización criminal tenía que conseguir fondos para pagar las armas y hombres armados para seguir luchando por territorios en el estado fronterizo de Tamaulipas y los estados mexicanos de Veracruz y Nuevo León.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por los de Proceso Juan Alberto Cedillo, un periodista mexicano que ha pasado años investigando la matanza, fue en marzo de 2011 que capo local de Mario Alfonso Cuéllar y sus asociados, Héctor "El Negro" Moreno Villanueva y José Luis "La Guichina "Garza Gaytan se les culpó por la jerarquía superior de los Zetas sobre dinero que faltaba del tráfico de cocaína que el cartel de la droga nunca recibió.
Aún no está claro si los beneficios de la droga fueron, de hecho, robados por los capos locales o si las cargas se perdieron  durante las convulsiones. Lo que se sabe es que Moreno Villanueva y Garza Gaytan huyeron a América donde buscaron la protección del gobierno de Estados Unidos como informantes y testigos federales.
"Un montón de muertes", Moreno Villanueva testificó en la corte Federal de Estados Unidos en un caso contra Los Zetas. "Incluso empezaron a matar las familias de Allende y Piedras Negras, y en Muzquiz y en Sabinas. También querían matarme ".
Testimonio Moreno
Moreno testimonio 2
Miguel Ángel "El 40" Treviño Morales, uno de los principales líderes dentro de Los Zetas  ordeno un exterminio sistemático en la zona de Allende, los pueblos cercanos llamados Cinco Manantiales, y también en Piedras Negras.
La orden era simple: matar a cualquiera relacionado, asociado o que, de alguna modo haya tenido contacto con Villanueva o Garza Gaytan.
Según la información recogida a través del esfuerzo Breitbart de Tejas y Crónicas del Cartel, algunos de los cuales las autoridades aún no han hecho público o reconocido, Los Zetas comenzaron a reunir a familias enteras, amigos, parientes lejanos y personas inocentes que  tenian uno de esos apellidos, incluso si no estaban relacionados. De acuerdo a la información recogida por Breitbart Texas en Allende, Los Zetas torturarían y ejecutarian las víctimas usando una variedad de métodos crueles. Los cuerpos fueron llevados a un rancho cerca de Allende o a la prisión del estado de Coahuila en Piedras Negras para hacer desaparecer los cadáveres.
Dentro de la cárcel, la carnicería de Los Zetas descuartizaba los cuerpos de los hombres, mujeres y niños que habían sido secuestrados. Las partes humanas fueron colocados en tambores de 55 galones llenos de diesel y luego se les prendió fuego. Después de varias horas, la mayor parte de los restos humanos se consumian dejando a cientos de familias sin respuestas. Las cenizas fueron luego arrojados a un arroyos locales que conduce al Río Bravo. Si bien la mayoría de los tambores siguen sin despejarse en los casilleros de una instalación de almacenamiento utilizado por la oficina del Procurador General en Coahuila, algunos de ellos han sido re-utilizados como contenedores de basura en el ciudad. 
Recientemente las autoridades llevaron a cabo una búsqueda masiva a lo largo de algunos de los arroyos para buscar restos del número desconocido de personas desaparecidas, no se encontró ninguna. El tambor se muestra a continuación fue uno de los que Los Zetas había estado utilizando para incinerar las partes del cuerpo de sus víctimas dentro de la prisión de Piedras Negras. El tambor estaba siendo trasladado fuera del armario de las pruebas por las autoridades como parte de su investigación en curso. Los agentes dejaron fuera del edificio en la parte posterior una camioneta de la policía permitiendo que los periodistas de la red de  Crónicas del cartel de Breitbart Texas lo fotografiaran y proporcionaran una imagen del crematorio improvisado donde varias víctimas fueron "desaparecidos".

Las primeras vistas públicas sobre la matanza se produjo en septiembre de 2012, cuando más de 130 miembros del cártel de Los Zetas fueron capaces de salir de la prisión estatal de Piedras Negras, una fuga masiva dirigida a reforzar sus filas para continuar su lucha contra el cártel del Golfo. La investigación federal sobre el escape resultó en el descubrimiento de docenas de barriles de 55 galones quemados que habían sido utilizados para hacer desaparecer a sus víctimas. Nos fuimos a la prisión.
En un rancho cerca de la ciudad de Allende, en lugar de tambores de Los Zetas usaría hornos para incinerar los restos humanos. El rancho fue allanada por las autoridades de Coahuila en 2013, cuando el gobierno comenzó a examinar el caso. En el rancho, las autoridades encontraron no sólo los hornos, sino también a cenizas y fragmentos de huesos de las víctimas. Hemos sido capaces de obtener fotos oficiales nunca antes visto-desde los archivos del caso del horno y se mantiene en el rancho cerca de Allende. Vea abajo:

Además de la matanza desenfrenada y la incineracion de las personas, Los Zetas actuaron con total impunidad, cuando se dirigían con maquinaria pesada en Allende y los pueblos de los alrededores con el fin de demoler las casas de sus víctimas. Visitamos dos de estas casas que Los Zetas demolieron en Allende y proporcionar el vídeo a continuación.
Según lo informado por Breitbart de Texas , Los Zetas fueron capaces de actuar con total impunidad en Coahuila, gracias a la ayuda del ex gobernador Humberto Moreira, que es actualmente objeto de una investigación criminal en España por lavado de dinero . En el marco de este caso, que ha sido llamado como un subordinado mas del cártel Los Zetas por los fiscales. Moreira pasó una semana en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza en relación con el caso y desde entonces ha viajado a México. La noticia de la detención provocó una ola de especulación acerca de que los funcionarios públicos serían nombrados como el ex gobernador Moreira que se le ha implicado en el saqueo de fondos públicos de Coahuila y la canalización de ellos en los EE.UU. Mientras que el ex gobernador no ha sido acusado penalmente ha sido señalado en una serie de acciones civiles en la oficina del Fiscal de Estados Unidos que está trabajando para apoderarse de ciertos activos.
Los Zetas tuvieron un enfrentamiento con el ex gobernador Moreira y terminó matando a su hijo en venganza por la muerte de un pariente cercano de Treviño Morales. Eso durante el  tiempo del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, quien también es el hermano de Humberto Moreira, decidió asumir la cabeza de Los Zetas. La nueva postura de Coahuila contra Los Zetas pidió la creación de una unidad especial de la policía conocida como Los GATES. Fueron creados para erradicar a Los Zetas.
Breitbart de Texas 'Ildefonso Ortiz y Brandon Darby con las puertas de Coahuila
El nuevo gobernador Moreira ordenó la creación de una fuerza de tarea especial de la Oficina del Procurador General de Coahuila (PGJE) con el fin de investigar y resolver los cientos de casos que tratan de "personas desaparecidas", que es la calificación jurídica en que las víctimas en Allende cayeron y el Sub-Procurador General de Vice Juan José Yáñez Arreola, la PGJE comenzó a trabajar para documentar los casos, ya que muchas de las familias nunca informaron de que su ser querido había desaparecido. Yáñez también ha sido la fuerza motriz destinado a investigar y sacar a la luz los horrores desconocidos que Los Zetas trajeron a Coahuila. Con el tiempo, los investigadores del Yanez con la PGJE comenzaron a dar respuesta a algunas de las familias y comenzaron a ganar la confianza de la comunidad a medida que más y más personas comenzaron a presentarse con el fin de notificar a las autoridades que ellos también tenían un ser querido que era también tomado.
Legalmente los casos son llamados casos de personas desaparecidas debido a que los cuerpos de la víctima no han sido recuperados; Sin embargo, los investigadores siguen tratando de cuantificar el número de casos y tratar de dar respuestas a las familias. El número de casos continúa creciendo a medida que más personas han comenzado a poner sus miedos a un lado y se añade el nombre de su ser querido a la lista de casos de personas desaparecidas.
Mientras que Los Gates había sido capaz de suprimir la mayor parte de la violencia creada por Los Zetas, hacia el final de 2015, la organización criminal reavivó su violencia por decapitar a cuatro informantes y la difusión de sus restos por la ciudad fronteriza de Piedras Negras, como Breitbart de Texas informó . La serie de asesinatos se ha vinculado por los investigadores a un grupo de ex agentes de policía que fueron liberados abruptamente por un panel de jueces en Coahuila-a pesar de que fueron condenados por haber trabajado para Los Zetas.
La liberación de los asociados del cártel dejó claro que el cartel todavía conserva un control sobre la sociedad de Coahuila. Muchos de los que hablaron con nosotros sintieron que Los Zetas siguen a pesar de que el cártel ya no retiene el control físico del territorio en Coahuila. Otro sugirió  y expresó el temor de que Los Zetas regresaría a abrir el control de las agencias gubernamentales y luego matar a cualquiera a quien considera trabajo en contra de ellos o por haber ayudado a la fiscal general de Coahuila.
En una visita a Allende, una mujer valiente cuya hija fue desaparecida por Los Zetas nos habló y acordó una entrevista en video. Al igual que otros vecinos de Coahuila, insistió en que nos abstenemos de nombrar el cártel. Ella estaba dispuesta a hablar de lo que hizo el cartel y sobre las víctimas, pero tenía miedo de decir su nombre. La madre, Olga Lidia Saucedo, dirige una organización no lucrativa en Allende llama Alas de Esperanza o alas de la esperanza para las familias de los desaparecidos. Los niños que se escuchan en el fondo del video tienen padres que fueron desaparecidos y Saucedo se preocupa por ellos. En un momento en el video, los espectadores pueden ver que casi dijimos "Los Zetas", pero se me pegó antes de completar hablar en su nombre. La madre se dirigió a los cientos de víctimas y dijo que nadie sabe realmente cuántos faltan porque la gente tiene miedo que las  cosas volvierán a ser como eran el periodo 2011-2013; un momento en ir a la policía era lo mismo que ir a Los Zetas.
EL Cartel de Los Zetas todavía opera en el estado. Todavía tienen sus halcones y espías. Ellos todavía tienen la posibilidad de enviar sus escuadrones de la muerte después de enemigos. La única diferencia es que ellos no tienen el territorio físico controlado que una tuvieron en Coahuila donde podrían retirarse y vivir abiertamente. Ahora, los miembros de Los Zetas tienen que ocultarse. Son un grupo criminal clandestina en el estado, en lugar de operar abiertamente como antes.
A la entrada de la ciudad, el gobierno de Coahuila erigio un monumento en honor a las víctimas del Allende. El monumento no sólo ayuda a mantener la matanza de sobra, pero también tiene ayuda para algunos de los ciudadanos iniciar el largo y difícil proceso de curación. Algunos de los ciudadanos, como la señora Saucedo, se aferran a la esperanza de algún día volver a reunirse con sus seres queridos. Tienen la esperanza de que, en el más improbable de todos los escenarios, sus seres queridos evitaron los tambos y los hornos.
Fuente.-Breitbart/TX.

COMANDO "VESTIDO con ROPA MILITAR" SECUESTRA REPORTERA en VERACRUZ...una mas,entre tantos mas aun impunes.


Un grupo de hombres con armas largas, vestidos de ropa militar, chalecos antibalas, pasamontañas y cascos, irrumpieron con violencia esta madrugada en casa de Anabel Flores Salazar, reportera de la fuente policiaca del Sol de Orizaba, y se la llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.

Autoridades arribaron al domicilio ubicado en la calle Río Lerma número 5 entre avenida Río Usumacinta y Papaloapan de la Unidad Habitacional Puerta Grande delmunicipio de Mariano Escobedo, donde la tía de la víctima declaró que el comando la amenazaron con matarla cuando trato de defender a su sobrina.

Flores Salazar trabajo en importantes medios como: El Mundo de OrizabaEl Buen Tono y actualmente colaboraba en El Sol de Orizaba.

Jorge Morales, comisionado de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, confirmó los hechos y señaló que el secretario ejecutivo ya se traslada al lugar de los hechos para dar seguimiento al tema.

“Nos comentaron que era una reportera incisiva y daba información sobre la delincuencia organizada, laboraba en varios periódicos en la zona centro”, señaló el comisionado en breve entrevista con e-consulta Veracruz.

fuente.-

CANDIDATO del "PAN-PRD" en DURANGO es "CUÑADO del CHAPO GUZMAN"...y antes era del "PRI".


Todos saben que Durango es tierra de narcotraficantes. Todos saben que entre la clase política de Durango, algo huele mal; algo está podrido.
Por eso, en Durango pocos parecen extrañados de que un presunto pariente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sea un reputado político que militó en el PRI, luego en el PAN y que ahora es el candidato —por segunda ocasión consecutiva— del PAN y PRD al gobierno estatal.
Se trata de José Rosas Aispuro, quien previo a las elecciones de 2010 renunció al PRI para ser candidato al gobierno estatal por la alianza PAN, PRD, PT y Convergencia. Entonces fue derrotado por Jorge Herrera Caldera, por una diferencia de dos puntos porcentuales.
Hoy, de nueva cuenta, José Rosas Aispuro busca el gobierno estatal bajo las siglas de la alianza PAN-PRD. ¿Y eso qué tiene de malo?
Poca cosa. Que hoy, más que nunca, su pasado lo persigue. ¿Por qué? Porque en los últimos siete años —desde que se hizo público el nombre de la tercera esposa de Joaquín El Chapo Guzmán—, en Durango y en Sinaloa se dice que Rosas Aispuro y El Chapo “son cuñados”.
En efecto, la tercera esposa de El Chapo, la señora Emma Coronel Aispuro, presuntamente es prima-hermana del hoy candidato al gobierno de Durango, por el PAN y el PRD.
Ya en las elecciones de 2010, Rosas Aispuro debió responder sobre ese parentesco. Entonces dijo, en entrevista para Notimex: “Si fuera mi familia lo aceptaría, pero sólo podría ser responsable de mi esposa y mis hijos, de la demás familia no podría ser responsable”.
Lo curioso del caso es que a partir de que Rosas Aispuro salió del PRI —en los primeros meses de 2010—, señaló a Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango, y a Jorge Herrera Caldera, actual gobernador de esa entidad, de estar relacionados con El Chapo Guzmán.
Y podrán decir misa las autoridades de Durango, pero lo cierto es que —por ejemplo— el secretario particular del gobernador de Durango, el que fuera modesto maestro rural, Carlos Avilés Acosta, de la noche a la mañana se hizo de un costoso rancho que desde 2012 presume en redes sociales. Incluso exhibe la foto donde aparece con sus hijos, uno de ellos portando un revólver.
De acuerdo con testimonios a los que el portal letraroja.com.mx tuvo acceso, hijos de Avilés Acosta intimidan a sus vecinos bajo la protección del gobernador, Jorge Herrera Caldera. No se sabe si alguna autoridad conoce el tema, pero se ha informado a medios locales que no han publicado la información.
Además de la foto con sus hijos, Avilés Acosta presume un extenso rancho que nadie explica cómo fue adquirido, si el funcionario tiene un sueldo aproximado de 80 mil pesos mensuales. En las imágenes no sólo llaman la atención las hectáreas del terreno, sino costosos caballos cuarto de milla.
Fuentes locales aseguran que Avilés Acosta era un humilde profesor rural en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera” y de un día a otro se convirtió en secretario particular del gobernador, Jorge Herrera Caldera y hasta suena como candidato a la presidencia municipal de Canatlán.
Las dudas crecen cuando se revisa el portal de transparencia de Durango y no aparecen datos de Avilés Acosta. No dice qué estudios tiene, en dónde estudió y mucho menos la trayectoria política para el cargo que hoy ostenta.
En efecto, parece que en los estados dominados por el narcotráfico, ni el PRI —y menos el PAN y el PRD— aprenden. El narco habría entrado hasta el lecho conyugal. ¿Y así quieren que la PGR los investigue?
Al tiempo.
fuente.-
twitter: @ricardoalemanmx

EL "PELOTON de la MUERTE": "MILITARES" DENUNCIAN a "CALDERON y al GENERAL GALVAN ante CORTE INTERNACIONAL" ...."Juicio" ventila la podredumbre en el combate al Narco.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a un queja contra el Estado mexicano interpuesta por militares que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, por violaciones graves a sus garantías individuales ocurridas durante la investigación por el homicidio de tres civiles en Ojinaga. 

En un hecho inédito, el expediente del caso Ojinaga que involucra al alto mando militar y al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y que ya marcó un hito en enero del 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que fuera la justicia federal la que juzgara a los militares involucrados en delitos contra civiles, podría ser el primero que lleve a comparecer a Felipe Calderón Hinojosa y al general Guillermo Galván por su papel en la guerra contra el narcotráfico lanzada el sexenio pasado.

El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en su gobierno, el general Guillermo Galván Galván, son investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad en la Operación Conjunta Chihuahua, tras lo sucedido durante los años 2008 y 2009 en la ciudad de Ojinaga. La CIDH dio entrada hace unas semanas a una queja interpuesta por tres militares, procesados ante la justicia federal, quienes acusaron al Estado mexicano de violaciones graves a sus garantías individuales a raíz de la investigación que en el año 2009, llevó detenidos a un general, un teniente coronel, un mayor, seis oficiales y 22 efectivos de tropa acusados de tortura y homicidio de tres civiles en esta ciudad fronteriza.

La queja interpuesta el año pasado por el mayor Alejandro Rodas Cobón, quien se desempeñó como segundo comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) en Ojinaga, por el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi y por el cabo Gabriel Roque Bernardino, fue admitida con el número de expediente P-870-15, en un oficio firmado por Elizabeth Abi Mershed, secretaría ejecutiva adjunta de la Comisión. 

El expediente contra Calderón y contra el general Galván, se inició por autorizar la detención de militares con pruebas “fabricadas”, utilizar la tortura como sistema para obligar a los tres a firmar “declaraciones” hechas por quienes los interrogaron, y porque el gobierno mexicano ha omitido la norma internacional después de que se realizó el Protocolo de Estambul a los detenidos, y se comprobó que Roque Bernardino tiene secuelas graves por los golpes recibidos durante el interrogatorio.

Con este procedimiento iniciado por la CIDH, se abre la posibilidad real de juzgar a la cadena de mando en la Operación Conjunta Chihuahua, por lo sucedido en Ojinaga, ya que la queja abarca las principales irregularidades tanto en la investigación como en el juicio, el cual en enero del 2013 marcó un hito tras un fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó se ventilara en la justicia federal y no en el fuero militar.

El caso Ojinaga se remonta al verano del 2009, cuando el entonces comandante de la guarnición militar de esta ciudad, el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, fue detenido junto al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, en aquel entonces comandante de la Tercera C.I.N.E., el mayor Rodas Cobón segundo en el mando, los seis oficiales y los 22 de tropa, a quienes se acusó de torturas y de la muerte de tres civiles presuntamente detenidos durante los meses anteriores dentro de la Operación Conjunta Chihuahua. En el caso del mayor Rodas, del teniente Huesca y del cabo Roque, no se ha demostrado que participaran en los hechos que se les imputan. Situación que cambia con el caso del general Moreno Aviña, quien está acusado por diversos testigos por utilizar pistoleros de “la Línea”, para presuntamente mandar asesinar a traficantes de drogas de otras organizaciones.

Cada historia de los acusados forma parte de un episodio dentro de una trama ocurrida en Ojinaga. Por el lado de la queja ante la CIDH, su origen es por encarcelamiento con pruebas fabricadas por órdenes del general Guillermo Galván quien para evadir su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico ordenada por Felipe Calderón, “nos utilizó como “chivos expiatorios”, explica en entrevista vía telefónica el mayor Rodas Cobón.

 “Al estudiar el caso Ojinaga la Comisión Interamericana va a descubrir que en nuestro país los órganos jurisdiccionales, y organismos de derechos humanos como la CNDH, no garantizan nuestros derechos de seguridad jurídica y garantías individuales en nuestra situación de imputados, y que no están cumpliendo con sus funciones para lo cual fueron creadas”, dice desde el único teléfono público que existe dentro del penal militar de Mazatlán, donde se encuentra detenido junto a sus compañeros desde el año 2009.

Asegura que sus dichos se sustentan en el hecho de que la CNDH el 14 de febrero del 2011 les practicó el protocolo de Estambul, un examen físico y sicológico para detectar torturas y sus posibles secuelas, donde los cabos Roque Bernardino y Miguel Ángel Benítez Martínez resultaron positivos a la tortura física y psicológica. A casi cinco años el cabo Roque Bernardino sigue privado de su libertad, añade, y la CNDH creada para defender los derechos fundamentales no ha emitido ninguna recomendación por este caso a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Hay que recordar que los dos militares torturados fueron obligados a confesar la existencia de un “pelotón de la muerte” implicando a un general, dos jefes, seis oficiales y 22 de tropa, 31 personas, de los cuales 15 recuperaron su libertad y 16 seguimos en prisión preventiva prolongada por más de seis años, ocasionada por la dilación sistemática en la presentación de los testigos militares por parte de la secretaría de la Defensa Nacional”.

Ojinaga y la “Operación Conjunta Chihuahua”

La historia de la Tercera Compañía de Infantería con cuartel en Ojinaga, tuvo un antes y un después de que iniciara la “Operación Conjunta Chihuahua”. A principios de abril del 2008 el general Galván secretario de la Defensa Nacional, encabezó una junta con los mandos castrenses en las instalaciones de la quinta zona militar en la capital del estado. Ahí estaban el general de división Marco Antonio González Barreda, comandante de la onceava región militar que comprende los estados de Coahuila y Chihuahua; Felipe de Jesús Espitia Hernández, general de brigada, al mando del cuartel en Chihuahua; su colega Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición en Ojinaga, entre otros. En esa reunión se dictaron las directivas de la operación contra el narcotráfico que tendría su cuartel general en Ciudad Juárez, donde días atrás el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño había anunciado el inicio de la estrategia.

Por esos días hubo cambios en la guarnición militar de Ojinaga. Moreno Aviña, quien había sido agregado militar adjunto en la Embajada de México en Washington a principios de los años 90, era el nuevo comandante; y Juárez Ramírez llegaba como jefe de la Tercera compañía en sustitución del teniente coronel Jacinto Villegas. Eran tiempos en que Ciudad Juárez y otras poblaciones de Chihuahua estaban en disputa sangrienta entre los carteles de Juárez y Sinaloa. En Ojinaga durante el 2007, la Tercera C.I.N.E. encabezada por Villegas, graduado en operaciones especiales, junto al mayor Rodas, especialista en análisis de información de inteligencia, habían decomisado 10 toneladas de mariguana y detenido a 40 presuntos narcotraficantes. Hasta ese momento no había quejas ante organismos de derechos humanos contra militares de ésta unidad. En una junta de comandantes, los integrantes de la Compañía fueron felicitados por sus acciones contra el narco por el jefe militar de la región.

Tras los relevos vino una nueva “orden superior” para los militares bajo el mando del general Espitia. Ésta era “aplicar el máximo rigor contra el narcotráfico”. Por las mañanas en la sede de la Tercera compañía, había reuniones entre el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez. Preparaban la nueva estrategia que inició con un programa de denuncia ciudadana, buscaban que la gente reportara de manera anónima dónde se cometían delitos. “El método en algunas ocasiones dio resultado, en otras fue utilizado por los mismos maleantes para incriminarse entre ellos, y por la población como motivos de venganzas personales entre vecinos, esto ocasionó molestias y posteriores denuncias al verse algunas personas afectadas por revisiones a vehículos, acordonamiento de calles y cateos a sus domicilios”, señalaron en su escrito ante la CIDH los tres militares quejosos. Al finalizar el año 2008 la Teercera C.I.N.E. acumuló más de 50 quejas ante la CNDH por abusos de autoridad, robo, y allanamiento de morada.

También utilizaron como informantes a ex pistoleros de “la Línea”, quienes delataron a sus socios y dieron pistas sobre depósitos de droga. Hubo reacciones muy fuertes, los narcos de Ojinaga asesinaron al soldado Isauro Pérez López e intentaron secuestrar al hijo menor del cabo Guillermo Arce García. La muerte del soldado quedó impune y a su familia nadie le explicó las causas del deceso. Los capos tuvieron que desplazarse a los municipios cercanos de Camargo y Aldama, donde montaron su logística para el trasiego de droga. Los soldados de la compañía capturaron al jefe del narco en Ojinaga, Víctor Samuel Romo, apodado “Zamudio”, quien estuvo preso varios meses y al salir libre fue asesinado por sus adversarios.

Las quejas contra los militares aumentaban en los días que ocurrió un altercado entre el alcalde de Ojinaga, el panista César Carrasco Baeza y el teniente coronel Juárez Ramírez, por una aparente altercado entre el militar y policías municipales un día domingo en que se celebraba un encuentro deportivo. Este choque verbal, debido a que el jefe militar se negó a ser detenido por los municipales en su día de descanso cuando conducía un auto en aparente estado de ebriedad, motivó una ruptura entre la autoridad civil del municipio y el mando castrense. El alcalde era primo del entonces gobernador Reyes Baeza, a finales de julio del 2009 ambos visitaron al general Galván en la secretaría de la Defensa. Poco después comenzó la investigación contra la Tercera C.I.N.E. que desembocó en la acusación contra el general Moreno Aviña, el teniente coronel Juárez Ramírez, el mayor Rodas Cobón, y el resto de coacusados, por la muerte y tortura de los civiles Esau Samaniego Rey, José Heriberto Rojas Lemus y Erick Campos Valenzuela, quienes estaban reportados como desaparecidos en diarios locales.

El caso Ojinaga comenzó con una movilización a gran escala. Un grupo especial de la Procuraduría de Justicia Militar que venía de la Ciudad de México, aterrizó a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Chihuahua el 18 de agosto del 2009. La nave serviría para trasladar a tres docenas de detenidos.

De Chihuahua viajaran a Ojinaga donde 30 integrantes de la Policía Judicial Militar tomaron la base de la Tercera Compañía. Apoyados por varios soldados acordonaron el lugar, mientras 14 agentes del ministerio público castrense al mando del coronel Sergio Hernández Cancino, jefe de averiguaciones previas, asumieron el control del cuartel.

Reforzaron los accesos, formaron a los poco más de 200 integrantes de la Compañía, les quitaron teléfonos celulares y les dijeron que traían orden de investigarlos. En caso de que hubiera alguna responsabilidad, decían que los ayudarían. Los encerraron hacinados en los dormitorios, uno por uno fueron llamados para ser interrogados con un preámbulo donde les pedían nombre, responsabilidad en la Compañía y operativos en los que había participado. Cuando alguno tenía antecedentes de haber intervenido en acciones que consideraban relevantes, lo sujetaban para llevarlo a un salón contiguo donde lo amarraban, con amenazas comenzaban los golpes y torturas para “apretarlo” y obligarlo a declarar para inculpar a otros miembros de la Compañía. Llegado el momento, el segundo comandante de la judicial militar, el mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, aparecía con unas hojas mecanografiadas que obligaba a cada uno a firmar como si fueran sus declaraciones.

Durante casi un mes, soldados y oficiales estuvieron retenidos mientras eran sometidos a golpes, amenazas y torturas para obligarlos a firmar actas ministeriales elaboradas de manera previa con algunas historias tomadas de recortes de periódicos. El 13 de septiembre del 2009, una fecha con alto valor simbólico para todos los oficiales del ejército por ser aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, el teniente coronel Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía, el mayor Rodas segundo en el mando, seis oficiales y 22 de tropa, junto al general Moreno Aviña, comandante de la guarnición militar, fueron llevados al penal militar de Mazatlán, Sinaloa. Estaban acusados de robo, delitos contra la salud, torturas, asesinato de tres civiles y violación a las leyes de inhumación en la modalidad destrucción de cadáver.

Varios de los detenidos llegaron severamente golpeados al penal. Al paso de los meses dos de ellos, los cabos Roque Bernardino y Benítez Martínez, presentaron secuelas sicológicas por tortura ante visitadores de la CNDH que los revisaron en la prisión militar del puerto. Al ser interrogados por los enviados de la Comisión sobre cuál había sido el motivo para presentar la queja pasado casi un año después de su detención, los militares entrevistados dijeron que fue porque se dieron cuenta de la gravedad de los delitos que les imputaban ya que las primeras acusaciones, como robo y delitos contra la salud quedaron sin sustento. Pero cuando se percataron que estaban acusados de tortura y asesinato, decidieron denunciar que habían sido torturados para obligarlos a inculparse unos a otros.

En julio del 2012 la CNDH emitió su informe, del cual se tiene copia, donde determinó que los cabos Roque Bernardino y Benítez Martínez habían quedado con secuelas por las torturas. En otro documento la dependencia consideró que existían evidencias suficientes para que la secretaría de la Defensa Nacional, iniciara procedimiento administrativo para indagar probables conductas ilegales en la investigación y detención de 30 integrantes de la Tercera Compañía. La Sedena realizó una investigación administrativa de forma unilateral, denunciaron los oficiales procesados, con “favoritismo hacia a los agentes de la policía judicial militar sin entrevistarnos a nosotros que interpusimos la queja”.

La secretaría de la Defensa Nacional al ser juez y parte, determinó que no había responsabilidad de los agentes.

Turno para la CIDH

Ante el cúmulo de irregularidades, el mayor Rodas, el teniente Huesca y el cabo Roque decidieron denunciar su caso ante la CIDH el año pasado. Una vez que la Comisión Interamericana aceptó su queja, los escenarios que se vislumbran es que la línea de mando en la Operación Conjunta Chihuahua, en el caso Ojinaga, comience a ser investigada. Lo cual sería un hito en la historia contemporánea del país.

En su escrito de denuncia, los tres militares señalaron que la “cadena de mando” en el 2008 y 2009 estuvo conformada por el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, “quien declaró la guerra contra el narcotráfico en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas”. Por el secretario de la Defensa Nacional y alto mando del ejército y fuerza aérea, Guillermo Galván Galván, “responsable directo de la conducción de las operaciones militares”. Por el general de división Marco Antonio González Barreda, comandante de la onceava región militar con sede en Torreón, Coahuila, “responsable directo” de las operaciones militares desarrolladas en su jurisdicción territorial. Por el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, “responsable directo de las operaciones militares” en su área dentro de la Operación Conjunta Chihuahua, de quien emanaban las órdenes militares para ser ejecutadas por la Tercera C.I.N.E.”. El general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, actualmente detenido, comandante de la guarnición de Ojinaga, quien supervisaba el cumplimiento de las órdenes. Y por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, también preso, comandante de la Tercer Compañía de Ojinaga, “responsable directo de las operaciones y actividades que realizaba la unidad”.

El que la CIDH intervenga podría llevar a que el juicio se acelere, se dicte sentencia y comience una etapa en otras instancias. En caso de que haya sentencia condenatoria, explica el mayor Rodas, en el recurso de apelación podría ordenarse reponer el procedimiento. Un tercer escenario es que derivado de la recomendación de la Comisión se acelere el proceso y al llegar a la última instancia (amparo directo) debido a múltiples irregularidades nos absuelvan”.

En ese contexto se podría esperar, dada las notorias violaciones de derechos humanos de todo el personal imputado en el caso Ojinaga, que la CIDH determine que el Estado es responsable de dichas violaciones al debido proceso, que se investigue y sancione a los responsables de la tortura física y sicológica de los dos soldados, y se repare los daños ocasionados. En caso de existir voluntad política para ir más allá, concluye, “se tendrían que introducir cambios al ordenamiento legal que rige el fuero militar para que este sea auditado por el Poder Judicial y sus actuaciones no sean por orden del secretario de la Defensa Nacional como lo es hasta ahora, hecho que da lugar a muchos abusos”.

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Juan Veledíaz
@velediaz424