El Gobierno del Estado pelea a toda costa por mantener
oculta la investigación interna que realizó sobre el llamado
"cobijaste".
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Primero alargó durante nueve meses la indagatoria,
luego decidió ocultar el expediente mediante un acuerdo de reserva de
información y, finalmente, cuando éste fue revocado, recurrió por medio de uno
de sus funcionarios al juicio de amparo.
La compra de 200 mil cobijas al triple de su valor, a menos de tres meses de iniciada la Administración de Jaime Rodríguez, es el caso de presunta corrupción de más impacto en este Gobierno.
Aunque la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAI) revocó el acuerdo de reserva sobre la compra de los cobertores, Gonzalo Padilla, director general de Adquisiciones en la Administración estatal, interpuso un juicio de amparo para que el expediente siga oculto.
Junto con Rogelio Benavides Pintos, ahora ex Subsecretario de Administración, Padilla fue uno de los responsables de la compra de cobijas a casi el triple de su precio en el mercado.
Por este hecho, se les aplicaron sanciones administrativas por 274 mil y 244 mil pesos, respectivamente.
El acuerdo de reserva fue dictado el 8 de julio del 2016 por la Contraloría del Estado, pero, ante un procedimiento interpuesto por Diputados locales del PRI, el 9 de diciembre la CTAI ordenó la apertura del expediente.
Ante eso, Padilla primero recurrió a un Juez de distrito, que le concedió la reserva sólo sobre sus datos personales.
Luego, acudió a un Tribunal Colegiado para que ordenara al juez ampliar los efectos de su resolución e impidiera el acceso ciudadano a toda la documentación del caso.
De lo disponible no se puede saber a detalle qué argumentó Padilla al interponer el juicio.
Sin embargo, en algunos extractos de la documentación aparece información parcial de que interpuso un juicio contencioso contra las sanciones administrativas dictadas y que, por tanto, se trata de un asunto en curso que no debe ser ventilado.
El 14 de febrero de este año, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa le concedió a Padilla la suspensión definitiva de amparo y fijó el 12 de mayo para celebrar la audiencia constitucional y resolver el fondo del juicio.
Luego de la revocación de la CTAI de diciembre pasado, EL NORTE solicitó a la Contraloría estatal, a cargo de Nora Elia Cantú, copia de la documentación del caso.
Héctor Horacio Garza, director de Transparencia, rechazó la petición advirtiendo que Cantú le informó del recurso entablado por Padilla.
La compra a sobreprecio de 200 mil cobijas -cuya existencia y entrega completa nunca demostró el Gobierno- quedó al descubierto en febrero del año pasado por una investigación de EL NORTE.
Poco después, la Contralora declaró que habían encontrado irregularidades en la compra y que turnó el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
Pero el 15 de septiembre, el Estado emitió un comunicado asegurando que no se hallaron responsabilidades penales.
Luego de que la CTAI revocó la reserva, el Gobernador tachó de sospechosa la decisión, pero dijo no tener problema en informar "ni por qué esconder algo".
Su director general de Adquisiciones, sin embargo, no piensa lo mismo.
La compra de 200 mil cobijas al triple de su valor, a menos de tres meses de iniciada la Administración de Jaime Rodríguez, es el caso de presunta corrupción de más impacto en este Gobierno.
Aunque la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAI) revocó el acuerdo de reserva sobre la compra de los cobertores, Gonzalo Padilla, director general de Adquisiciones en la Administración estatal, interpuso un juicio de amparo para que el expediente siga oculto.
Junto con Rogelio Benavides Pintos, ahora ex Subsecretario de Administración, Padilla fue uno de los responsables de la compra de cobijas a casi el triple de su precio en el mercado.
Por este hecho, se les aplicaron sanciones administrativas por 274 mil y 244 mil pesos, respectivamente.
El acuerdo de reserva fue dictado el 8 de julio del 2016 por la Contraloría del Estado, pero, ante un procedimiento interpuesto por Diputados locales del PRI, el 9 de diciembre la CTAI ordenó la apertura del expediente.
Ante eso, Padilla primero recurrió a un Juez de distrito, que le concedió la reserva sólo sobre sus datos personales.
Luego, acudió a un Tribunal Colegiado para que ordenara al juez ampliar los efectos de su resolución e impidiera el acceso ciudadano a toda la documentación del caso.
De lo disponible no se puede saber a detalle qué argumentó Padilla al interponer el juicio.
Sin embargo, en algunos extractos de la documentación aparece información parcial de que interpuso un juicio contencioso contra las sanciones administrativas dictadas y que, por tanto, se trata de un asunto en curso que no debe ser ventilado.
El 14 de febrero de este año, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa le concedió a Padilla la suspensión definitiva de amparo y fijó el 12 de mayo para celebrar la audiencia constitucional y resolver el fondo del juicio.
Luego de la revocación de la CTAI de diciembre pasado, EL NORTE solicitó a la Contraloría estatal, a cargo de Nora Elia Cantú, copia de la documentación del caso.
Héctor Horacio Garza, director de Transparencia, rechazó la petición advirtiendo que Cantú le informó del recurso entablado por Padilla.
La compra a sobreprecio de 200 mil cobijas -cuya existencia y entrega completa nunca demostró el Gobierno- quedó al descubierto en febrero del año pasado por una investigación de EL NORTE.
Poco después, la Contralora declaró que habían encontrado irregularidades en la compra y que turnó el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
Pero el 15 de septiembre, el Estado emitió un comunicado asegurando que no se hallaron responsabilidades penales.
Luego de que la CTAI revocó la reserva, el Gobernador tachó de sospechosa la decisión, pero dijo no tener problema en informar "ni por qué esconder algo".
Su director general de Adquisiciones, sin embargo, no piensa lo mismo.
Fuente.-
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