La promesa del Gobernador Jaime Rodríguez de acabar con la impunidad parece no aplicar para el caso más cuestionado de lo que va de su Administración.
El castigo por la compra de 200 mil cobijas al triple de su valor se limitó a una sanción económica de 100 días de salario mínimo -que equivalen a 7 mil 304 pesos- contra el ahora ex Subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, y el aún director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla Orozco.
A través de un comunicado enviado
anoche a las 20:25 horas, el Gobierno estatal informó que la Subprocuraduría
Anticorrupción no ha encontrado elementos para estimar que se cometió un
delito.
"Hasta el momento",
indica el comunicado citando como fuente al Subprocurador Anticorrupción,
Ernesto Canales, "no se han encontrado datos suficientes para estimar que
cometieron algún delito".
Benavides Pintos renunció a su
cargo 12 días después de que el 9 de febrero EL NORTE expuso la compra de las
cobijas a precios inflados por parte de la dependencia que encabezaba.
Actualmente es colaborador del Gobernador electo de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
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En su explicación del caso, el Gobierno estatal atribuyó
a un "error" de la empresa proveedora el hecho de que el Estado
recibió y pagó cobertores que no cumplían las especificaciones requeridas. No
hay mención del sobreprecio.
Añadió que, para resarcir el daño
causado al erario, la empresa Comercializadora Mirof se comprometió a entregar
60 mil cobertores a la Administración estatal, ahora sí con las características
señaladas en las bases de la subasta realizada en diciembre pasado.
Con la entrega de esas cobijas,
según el comunicado, la empresa libra una posible acción penal en su contra.
"Este acuerdo muestra el
brazo conciliador de la Fiscalía", presume el Gobierno en su reporte.
"Conseguimos que el
proveedor reparara el daño al erario público, y esta Subprocuraduría está
dispuesta a aplicar el mismo criterio en situaciones similares", dice
Canales.
El denominado
"cobijagate" fue señalado por el propio Gobernador como el caso más
polémico de los 11 meses que van de su gestión y, al presentar el Código de
Ética de su Administración el pasado 18 de agosto, prometió resolverlo.
Después de que EL NORTE publicó
la compra irregular, hubo denuncias de organismos civiles y Diputados del PAN y
el PRI.
La investigación periodística reveló
que Comercializadora Mirof entregó cobertores que no cumplían con las
dimensiones y el peso solicitados por el Estado en una licitación por 200 mil
unidades que se pagaron en 28.9 millones de pesos.
La empresa resultó ser
"todóloga", al vender desde tamales hasta equipo de cómputo y
asesorías, y "fantasma", pues en la dirección que se registró no
conocen a los socios, quienes no hicieron alguna declaración pública.
Las cobijas se han estado
repartiendo desde diciembre, pero en el comunicado enviado ayer el Estado
afirma que realizó una inspección de las mismas y que determinó que sólo el 30
por ciento de las unidades adquiridas no cumplían con los requisitos de la
licitación.
Fuente.-
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