"MILITARES MATARON a mi HIJA y la hacen pasar como DELINCUENTE".

Diana Calderón Bravo estudiaba preparatoria, trabajaba en un salón de belleza y cuidaba niños. Quería ser abogada, pero cinco balazos disparados por personal del decimosexto regimiento de caballería motorizada del Ejército Mexicano acabaron con su vida de manera instantánea. 

• “¡Son viejas... la regamos!”, dijo uno de los militares cuando se acercó al vehículo de ella, baleado por la parte trasera. Alejandra, su acompañante, se salvó de milagro y es testigo clave.

“Eres una malandra, no te hagas”, dijo otro soldado a Alejandra, y le exigió bajarse del vehículo frente a un grupo de vecinos que observaban la escena, el pasado 19 de mayo. “Corre, y si dices algo te vamos a matar a ti y a tu familia”, le advirtió".

Ella no aceptó el silencio, y ahora está refugiada en Estados Unidos, muy dañada sicológicamente. Ha sido amenazada y perseguida, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) admitió una queja presentada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por la “ejecución extrajudicial” de Diana Calderón Bravo, de 20 años, y Ricardo Daniel Borrego Miguel, de 19, quien pasaba por el lugar y fue abatido de un disparo en la nuca.

El joven, sin embargo, quedó vivo, pero el personal militar no permitió a la ambulancia acercarse: “Durante más de tres horas, los soldados impidieron el paso a los servicios de emergencia y al Ministerio Público, porque estabansembrando armas, municiones y droga a las víctimas. El Ejército mantiene su política de primero matar y después investigar; es una orden arraigada que viene desde muy arriba.

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“El Ejército está actuando no sólo de manera reiterada en ejecuciones extrajudiciales, sino de manera burlesca e impune”, dice en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de esta ciudad.

Deseos de superación

Guadalupe Bravo Alonso, madre de Diana, no sabe qué hacer. Desde que se separó, compartía habitación con su hija. Pero después de su muerte no ha querido ver sus cosas.

Hoy, limpiando la estantería encontró dos libretas de ella y se ha decidido a entrar al cuarto: “Desde hace dos meses me duermo en la sala, no podía ver su ropa, sus zapatos, mucho menos sus fotos. No quería ni entrar a guardar sus cosas, apenas estoy empezando a verlas; para mí ha sido muy doloroso”.

Llora y se estremece al recordar la forma en que murió. Acaba de participar en la reconstrucción de los hechos, una cita aplazada constantemente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR, que, dice, están retrasando el proceso.

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“La Sedena protegió a los militares desde el primer momento. Los soldados se equivocaron; pensaron que eran chavos banda. La amiga de mi hija, que se salvó de milagro, me dice que ellos llegaron disparando. Alcanzó a salvarse porque iba agachada”.

El 19 de mayo, su ex esposo le dijo que había balazos por su casa, y ella se dirigió inmediatamente al lugar de los hechos, pensando en su hijo menor, de 16 años, que andaba con unos amigos del barrio por ser época vacacional.

En en el crucero de Héroe de Nacataz, entre Gómez Farías y Privada Corona, en la colonia Matamoros, observó a personal militar: “Mi preocupación era Job. Un soldado me dijo que había un muchacho herido tirado, pero alcancé a escuchar el grito: “Mamá”, y les dijo, “Ése es mi hijo”, pero ya lo llevaban preso. Luego me comentan que hay gente en un carro baleado. Nunca pensé en Diana, hasta que alcancé a ver su auto. Me acerqué y no me dejaron pasar”.

Esperó durante tres horas, hasta que un militar se le acercó y le dijo:“Vaya a la funeraria a reconocer su cuerpo”. En ese momento se le cayó el mundo encima: “Yo no sabía que ella ya estaba muerta”.

Luego regresó a su casa y se encontró con Alejandra, la amiga que sobrevivió: “Yo venía con Diana. Nos dispararon por atrás”, le dijo.

“A su amiga –agrega la señora Guadalupe– no la mataron porque los vecinos salieron, porque si no, la hubieran ejecutado. Salió una familia a defenderla y la ayudaron, porque iba herida. Y fue la manera en que ella está viva”.

Alejandra cuenta que cuando el militar le dijo “¡Corre!”, pensó que le habían aplicado la llamada ley fuga:“Yo me fui caminando para atrás viéndolo a él, caminando de espaldas, porque pensaba que me iba a disparar. Luego di la vuelta en la esquina y me desvanecí, y unas personas me ayudaron”.

Guadalupe Bravo Alonso dice que lo más difícil, además de la muerte violenta de su hija, es el proceso de descrédito que personal militar ha emprendido contra Diana: “Los militares se quedaron con el celular y desde allí tienen los números de familia y amigos, que han sido amenazados. La enterré un martes, y el miércoles ya entraron a su Facebook para subir fotos justificando lo que hicieron, diciendo que era una delincuente, que por eso la mataron. Y eso es mentira, mi hija era una muchacha buena, estudiosa, tenía una rutina: de la casa al trabajo y luego a la escuela”.

Añade: “Lo peor de todo es que todavía después de que la riegan, arman un caso sembrando armas y drogas. Mi hija murió al instante, no sufrió, pero el otro muchacho estuvo horas vivo, hablando, pidiéndoles ayuda. Esos militares son peor que los delincuentes. No hay diferencia”.

Su hijo estaba en la esquina con unos amigos y cuenta que según la versión de los testigos, los militares llegaron disparando en un radio de 180 grados, por lo cual los jóvenes empezaron a correr.

A Job Calderón Bravo lo detuvieron tres cuadras adelante, y ahora está preso en el tutelar de menores, acusado de varios delitos que no cometió: “Le sembraron 20 kilos de droga, armas y cartuchos, todo eso le pusieron. ¿Cómo iba a correr tres cuadras cargando eso? Es imposible. Él allí se juntaba y me dijo que corrieron porque los soldados empezaron a disparar. No hubo enfrentamiento; estos asesinosempezaron a disparar sin motivo”.

La madre de los jóvenes trabaja en un consultorio médico, y ahora vive con medidas cautelares porque ha sido amenazada: “Yo era de las personas que cuando veía algún convoy militar le daba mis bendiciones, pero he cambiado; los soldados que mataron a mi hija son unos asesinos, y sus mandos los están protegiendo. Ellos vienen a matar, no a investigar. Ellos vienen con la consigna: ‘¡mátalos! Ya después investigamos’”.

Llorando, dice: “Yo pido la justicia del hombre para creer en las instituciones. Soy creyente en Dios. Diana era mi única hija, era mi fuerza. Ella y yo, contra todos. Era muy estudiosa, sacó el segundo lugar y tenía sus sueños, quería irse a Monterrey a estudiar leyes. Pero los militares le truncaron su vida y ahora la hacen parecer como si fuera delincuente. No es justo. Ella se estaba esforzando, era una buena muchacha, que pagaba sus estudios con su trabajo.

Trece ejecuciones extrajudiciales

En los pasados cuatro años, Raymundo Ramos Vázquez ha documentado 13 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en esta ciudad. Sólo tres casos terminaron en proceso; en dos, supuestamente fueron condenados los militares, aunque las víctimas no conocen los términos de dichas condenas, y el tercero sigue abierto.

Comenta que el caso de Diana fue claramente una ejecución extrajudicial, esta vez a la luz del día. “Hemos entrevistado a 10 testigos, que refieren que los hechos ocurrieron a las 2:30 de la tarde y no a 16:30 horas, como dice el parte informativo. Nos queda claro que Diana no disparó y que su acompañante, una jovencita menor de edad y que sobrevivió al atentado, nos ha dicho que los militares en todo momento dispararon a matar, pues no hubo disparos de advertencia”.

Añade: “Las cuatro llantas del vehículo que manejaba Diana están intactas, es decir, el auto debió ser primero inmovilizado, en lugar de disparar a matar. A ella no se le brindó atención médica, se le sembraron las armas, al hermano le pusieron drogas.

“A ella uno de los balazos le destrozó la columna vertebral, y todavía así le sembraron una arma, pero por la posición de la misma, no pudo haberla usado, ni su acompañante”.

En la reconstrucción de los hechos ocurrida al lado de unas vías de ferrocarril, se determinó que los militares llegaron disparando y Diana y su amiga, al querer ponerse a salvo, pusieron en marcha el auto, por lo que fueron perseguidas 800 metros, hasta que las alcanzaron y les dispararon por atrás: “No hay un solo impacto en ese trayecto que evidencie que Diana y su amiga hayan usado una arma, eso echa por tierra la versión del enfrentamiento”, agrega Ramos Vázquez.

Peor aún, dice que una de las cámaras de la empresa de ferrocarriles Kansas City grabó todo lo sucedido:“Los militares cortaron los cables que alimentaban a la cámara, luego fueron a la empresa a exigir el video y a intimidar al personal de la compañía, que finalmente se los entregó por miedo. Hay toda una intención de Sedena de ocultar los hechos”.

En el caso de Ricardo Daniel Borrego Miguel, quien pasaba por el lugar, dice que los militares no sólo no permitieron a la Cruz Roja atenderlo: “A él le dieron un disparo por la nuca, que le salió por la boca, pero le pudieron haber salvado la vida y lo dejaron morir.

“Cuando la Cruz Roja se retiró, los militares le pusieron un catéter y un suero para decir que le brindaron atención médica. Se burlaban de él y lesembraron una arma y una cartuchera”.

Ramos Vázquez cuenta que uno de los testigos señaló que el joven pedía ayuda y un militar le dijo: “Ya ves, pendejo, en lo que terminaste”. Y otro soldado añadió: “Para que corrías, ya ves lo que te pasó por correr”.

Denuncia además que la PGR está dilatando el proceso y protegiendo a los militares: “Hay un militar que se está haciendo responsable de haberles disparado a los dos hasta matarlos, pero lo cierto es que fue toda una patrulla compuesta por siete u ocho, y se confabularon para mentirle a la autoridad, alterar la escena del crimen y presentar una versión donde los soldados aparecen como víctimas”.

Concluye: “Pese a las reformas, aquí la PGR no ha procesado a ningún militar, ni por ejecución extrajudicial, torturas, violación o desaparición forzada. La procuraduría está al servicio de la Sedena”.

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