Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, y los grupos —manipulados o radicales— que apuestan por el descarrilamiento del próximo proceso electoral en el estado de Guerrero, se van a llevar un chasco.
Mexico,D.F 09/Abr/2015 El próximo 7 de junio habrá elecciones en la entidad, incluso en las zonas más “calientes” de ésta, en donde grupos del crimen organizado manejan la siembra y el tráfico de amapola.
De febrero a la fecha, capacitadores y supervisores del Instituto Nacional Electoral (INE) recorrieron Guerrero de arriba a abajo. Dichos capacitadores visitaron los nueve distritos electores del estado. Pungarabato, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa, Chilpancingo, Ayutla, los dos distritos en que se divide Acapulco. Ninguno de ellos fracasó en su cometido. Ni uno solo reportó haber sufrido incidente alguno (aunque en regiones que fungen como sedes de la CETEG, dichos capacitadores tuvieron que quitarse los uniformes del INE a fin de evitar confrontaciones con los aguerridos miembros de la coordinadora).
Por el contrario, los enviados regresaron de Guerrero con números extraordinarios.
Debían reclutar a 72 mil 255 ciudadanos para poder montar un total de 4 mil 817 casillas. Visitaron domicilios de ciudadanos insaculados y hallaron que 96 mil 880 estaban dispuestos a participar en el proceso —y cumplían con los requisitos para hacerlo—.
La CETEG advirtió hace unos días que no permitirá que haya elecciones en Guerrero. Y Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado, exigió que los comicios fueran suspendidos y señaló que “el pueblo decidirá si hay elecciones en Guerrero” (EL UNIVERSAL, 8 de abril de 2015).
Malas noticias para la CETEG y malas noticias para Vidulfo: parece que además del “pueblo” al que ambos se refieren en sus discursos, hay otro “pueblo” decidido a que las elecciones se lleven a cabo: ese “pueblo”, hasta el momento, está compuesto por casi cien mil ciudadanos.
Un documento del INE que contiene los resultados obtenidos por capacitadores y supervisores, revela que en ninguna casilla del estado de Guerrero habrá menos de seis ciudadanos vigilando el proceso electoral. En 90% de esas casillas habrá 15 personas o más y en el 10% restante, entre 9 y 14.
Dichas casillas no sólo serán establecidas en escuelas primarias, sino también en espacios públicos, auditorios, casas de la cultura, quioscos y patios de casas particulares. Para que la elección fuera invalidada, la CETEG tendría que impedir el funcionamiento de unas mil casillas. Por poner un ejemplo, tendría que evitar que ni una sola de las mil 127 casillas que el INE contempla instalar en los distritos de Chilpancingo y Tlapa (donde la coordinadora ha establecido sus bases principales) entrara en funcionamiento el próximo 7 de junio.
Funcionarios consultados sostienen que la CETEG se encuentra dividida y debilitada, y no cuenta en la actualidad más que con sus miembros más radicales: unos tres mil, acaso cuatro mil maestros. Si el dato es efectivo, ¿le alcanzará con ellos para descarrilar los comicios?
En Guerrero hay un ingrediente adicional que no movió un dedo para impedir que los capacitadores del INE hicieran su trabajo: el narcotráfico. La explicación es simple: los narcos de la región no están interesados en que una crisis electoral provoque que las zonas en donde se ellos mueven se llenen de marinos, de militares, de policías federales encargados de vigilar la normalidad democrática.
En el estado se afirma, incluso, que por esa misma razón el narcotráfico ha impedido que la CETEG se asiente en el punto intermedio entre Chilpancingo y Tlapa: el distrito de Chilapa.
De manera que el narcotráfico también quiere que haya elecciones. Es un aliado del INE, un aliado interesado en que los comicios del 7 de junio transcurran con normalidad.
Fuente: El Universal/@hdemauleon
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