- “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” fueron dos operaciones del gobierno estadunidense que permitieron el contrabando de armas destinadas al narcotráfico mexicano, lo cual supuestamente serviría para localizar y capturar a los criminales. Ambas terminaron en rotundos fracasos.
Mexico,D.F 16/Nov/2014 (Proceso) Pero ahora se revela que hubo una más, la de "Jean Baptiste Kingery, Mister Granada", igualmente terminada en un fiasco. Como si se tratara de una comedia de enredos, diferentes agencias estadunidenses se equivocaron, no se coordinaron, no supieron bien a bien qué hacer… y las armas terminaron en manos del Cártel de Sinaloa. La duda queda: ¿cuántas operaciones similares hay o ha habido?
Pese al antecedente fallido de Receptor Abierto y casi en paralelo con Rápido y Furioso
–operaciones cuyo propósito era dejar pasar a México armas a fin de rastrearlas y detener a los criminales que las adquirían–, el gobierno de Estados Unidos procedió con una acción similar, caracterizada por la falta de supervisión y sin coordinación entre agencias, la cual fue un riesgo para la seguridad de ambos países.
Esa es la conclusión del informe Una revisión de la investigación de ATF sobre Jean Baptiste Kingery, del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) difundido el pasado 30 de octubre y que analiza las actividades de ese estadunidense dedicado al tráfico de armas y componentes de granadas para los cárteles mexicanos de la droga.
Elaborado por la Oficina del Inspector General (OIG) del DOJ, el informe señala que la operación Kingery fue “pobremente diseñada y ejecutada”, y evidencia el deficiente juicio de agentes y fiscales sobre el riesgo para la seguridad pública en Estados Unidos y México por las actividades del indiciado.
La fallida acción encubierta se remonta a 2008, cuando Walter Beatty y Kurt Smith –pseudónimos de dos agentes de la oficina de Yuma de la División de Campo de la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)– revisaron una forma 4473 (registro de adquisición de armas), fechada el 25 de noviembre de ese año y entregada por otro agente, sobre la compra de siete fusiles AK-47 hecha por Kingery, quien se identificó con una licencia de manejo vencida.
Con la sospecha de que esas armas habían sido compradas ilegalmente para un tercero, los agentes interrogaron a Kingery el 5 de diciembre de ese año en la casa de su madre en Arizona. Tres días después los agentes regresaron para revisar los fusiles, pero Kingery ya no estaba.
Beatty averiguó que el sospechoso había cruzado varias veces a México entre enero y diciembre de 2008. Los agentes sospechaban que transportaba dispositivos para fabricar granadas, las cuales fueron luego vendidas a algún cártel, presumiblemente el de Sinaloa. Kingery era conocido como Míster Granada entre las organizaciones de narcotraficantes.
Según un informante entrevistado por Beatty, Kingery asesoró a narcotraficantes sobre cómo armar fusiles tipo AK-47 y dispositivos explosivos hechizos.
En octubre de 2009 Beatty recibió un reporte de otro agente de la ATF, dependencia del DOJ, en McAllen: vía internet, Kingery había pedido a un proveedor militar fusibles y 120 carcasas de granada.
Agentes de la ATF interceptaron el 2 de noviembre de 2009 la entrega de los componentes y los marcaron de modo que después pudieran ser identificados. Los siguientes cuatro meses los agentes interceptaron otros dos envíos de piezas de Kingery, los marcaron para rastrearlos y los mandaron a la dirección del estadunidense.
Luego los agentes intentaron vigilar al sospechoso para ver si éste trasladaba la mercancía a México. Además los funcionarios trataron de trabajar con sus pares mexicanos para seguirlo o arrestarlo, y en ambos casos fallaron.
El 5 de enero de 2010 Beatty supo que Kingery había solicitado 400 carcasas, 100 fusibles, 4 mil percutores y 4 mil seguros a dos armerías. La ATF interceptó ese cargamento el 26 de enero.
El día 28, luego de marcarlos para su monitoreo, agentes encubiertos entregaron los dispositivos en la casa identificada como dirección de envíos de Kingery e iniciaron una vigilancia diaria. Pero el 1 de febrero la suspendieron pues no había movimiento ni reemplazos para los agentes a cargo.
Oficiales de la ATF en Yuma, Arizona, averiguaron el 2 de febrero que Kingery ya había entrado y salido de México. Al reiniciar la vigilancia detectaron que el traficante enfilaba hacia la frontera. Un agente dio aviso a un colega mexicano, pero como éste no estaba cerca de la línea fronteriza no pudo aprehender al estadunidense.
El 15 de junio de 2010, agentes de la estadunidense Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) detuvieron a Kingery cuando estaba por pasar la frontera, legalmente, por Arizona. Al revisar su vehículo descubrieron una llanta de repuesto rellena con 114 carcasas de granadas, 114 fusibles y más de 2 mil municiones.
Horas más tarde, agentes de CBP y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) entrevistaron a Kingery y, tras de un intercambio con el fiscal asistente Emory Hurley, de la Fiscalía de Distrito de Arizona, lo liberaron con la promesa de que volvería al día siguiente.
Cuando esto ocurrió, agentes de la ATF y del ICE lo interrogaron y lo dejaron nuevamente en libertad, sin presentar cargos en su contra.
Según la fiscalía de Arizona, se tomó esa decisión con la idea de que Kingery se convirtiera en informante. Pero agentes involucrados en la operación dijeron a la OIG que eso nunca ocurrió y la fiscalía se negó a abrir un proceso criminal en su contra.
El 22 de junio de 2010, luego de que los oficiales de la ATF perdieron contacto con el sospechoso y de que éste fuera aprehendido al tratar de reingresar a Estados Unidos, Beatty y un agente del ICE le pidieron de nuevo a la fiscalía que presentara cargos en su contra. No lo consiguieron.
Las armas perdidas llegaron a su destino. Soldados mexicanos capturaron el 30 de agosto de 2010 a seis individuos y recuperaron varias granadas de mano, dos de las cuales contenían marcas similares a las puestas en las carcasas y fusibles interceptados por la ATF en noviembre de 2009.
El 20 de marzo de 2011 militares mexicanos se enfrascaron en una refriega con narcotraficantes y les confiscaron 15 granadas, de las cuales cuatro contenían componentes transportados por Kingery.
El 31 de agosto de 2011 autoridades mexicanas, con ayuda de la ATF, detuvieron en Mazatlán a Kingery, encarcelado en México desde entonces.
El 10 de octubre de 2013, integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación atacaron a policías estatales en Tepatitlán, mataron a tres uniformados e hirieron a tres más. Les arrojaron al menos 10 granadas, una de las cuales pertenecería a los cargamentos transportados por Kingery, según una ficha informativa del 15 de octubre de ese año elaborada por Jonathan Ortiz, agente especial de la ATF en México.
El mismo patrón
Estados Unidos llevó a cabo al menos tres operaciones de contrabando de armas. Primero la operación Receptor Abierto, desarrollada en dos partes entre marzo de 2006 y diciembre de 2007 a cargo de agentes de la ATF de Tucson, Arizona. Esa investigación se centró en varias adquisiciones de armas al menudeo, entre ellas fusiles de asalto, trasladadas ilegalmente a México.
Pese a tener grabaciones telefónicas y otras evidencias, los agentes no arrestaron a ningún sospecho y decomisaron menos de la cuarta parte de las más de 400 armas compradas.
El caso Kingery y la operación Rápido y Furioso (FF, por sus siglas en inglés) se traslaparon, pues la segunda arrancó en noviembre de 2009 y se prolongó hasta los primeros meses de 2011.
El proyecto Traficante de Armas, iniciado en 2005 bajo la presidencia de George W. Bush, sirvió de paraguas para las tres actividades.
FF ha sido la más escandalosa, pues una de sus secuelas fue el asesinato el 14 de diciembre de 2010 del agente del CBP Brian Terry en el desierto de Arizona con dos fusiles tipo AK-47, de las casi 2 mil armas que el gobierno de Estados Unidos dejó pasar a México y de las cuales perdió aproximadamente mil 400.
En septiembre de 2012 la OIG emitió el reporte Una revisión de la operación Rápido y Furioso de ATF y asuntos relacionados. Su conclusión fue que ambas acciones fueron defectuosas, especialmente en cuanto a su falla en considerar adecuadamente el riesgo a la seguridad pública en Estados Unidos y México que provino de una estrategia de no aplicar la ley abiertamente contra individuos que compraban armas ilegalmente.
El DOJ “no aprendió la lección, fue un experimento y no funcionó; aun así volvieron a hacerlo” con otras operaciones, dice a Proceso Irene García, investigadora de la fundación Judicial Watch.
Esa organización y el Comité sobre Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes han mantenido una batalla legal con el fiscal general Eric Holder sobre la entrega de documentos ligados a FF.
“Sabían que armas letales estaban siendo llevadas a México, a propósito dejaban que llegaran con la idea de encontrarlas en manos de narcotraficantes. En vez de detenerlos, los agentes federales perdieron a los sospechosos y lo que se formó fue un desastre bastante grande y alarmante, donde las armas fueron usadas en tantísimos crímenes. El gobierno no quiere hacer públicos los registros de las operaciones”, denuncia García.
“A la luz de la seriedad de los delitos de Kingery, sus vínculos con un cártel de la droga, los intentos de ese grupo por involucrarlo en un asesinato en Phoenix, su residencia en México y sus repetidos cruces al país sin ser detectado, Kingery representaba un peligro para la comunidad cuando fue detenido por vez primera”, cita el documento, que contiene partes editadas que el DOJ considera “sensibles”.
La investigación concluye que Kingery debió ser arrestado desde un inicio por violaciones a la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA). “Los agentes intentaron realizar una operación transfronteriza que era inconsistente con los lineamientos claros de la oficina del Fiscal de Estados Unidos; los cuerpos de las granadas eran dispositivos controlados para la exportación, que los agentes debieron confiscar si Kingery trataba de cruzar la frontera”, cita el texto.
La operación no incluía un plan para decomisar los componentes ni recursos adecuados para el rastreo de las carcasas marcadas entregadas a Kingery, ni coordinación significativa con el ICE o el CBP.
Asimismo sabían que el plan para que oficiales mexicanos vigilaran a Kingery luego de que éste cruzara la frontera tenía pocas posibilidades de éxito, pues no tenían capacidad para hacerlo.
Pese a la evidencia y a la propia incriminación de Kingery, el fiscal Hurley –implicado también en FF– decidió no acusarlo y la plana mayor de la ATF en Arizona no objetó esa postura ante niveles más altos de la jerarquía.
La respuesta de los agentes de la ATF a la instrucción transmitida por la oficina del fiscal general de que confiscaran los componentes en la frontera fue ignorarla. “No coordinaron con el ICE o el CBP el decomiso de las municiones si Kingery intentaba cruzar el límite ni hicieron esfuerzos directos encaminados a reunir evidencia requerida” para incriminarlo bajo la AECA, indica el informe.
A principios de enero de 2010, Peter Forcelli, supervisor de grupo en la ATF, le dijo a Beatty que si el gobierno mexicano capturaba a Kingery sería embarazoso para la oficina del fiscal general, pues un gobierno extranjero con la misma información que el fiscal era capaz de perseguirlo mientras Estados Unidos no lo hacía.
El presidente Barack Obama “ha ido más allá de lo normal para ocultar los documentos. Puede haber más información que la revelada. Puede ser que haya más operaciones”, señala García, quien no descarta que su organización solicite archivos sobre Kingery.
El DOJ entregó a Judicial Watch 15 mil 662 documentos vinculados con Rápido y Furioso, entre los que figuran dos que aluden a Kingery –una comunicación escrita del 6 de mayo de 2011 entre Hurley y Michael Morrissey, fiscal asistente en Arizona, y un correo electrónico del 29 de junio de Hurley a Josh Parecki, de esa misma fiscalía, sobre actividades transfronterizas y cooperación con México.
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