- El general José Luis Sánchez León, comandante militar de la 22 zona del Estado de México, fue removido de su cargo a finales de septiembre, días después de que se conociera el testimonio de quien dijo ser superviviente de la balacera de Tlatlaya, donde murieron 22 civiles. Su dicho modificó la versión de que se trató de un enfrentamiento, y llevó a la sospecha de que fue una ejecución sumaria. El juicio militar contra los detenidos prosigue mientras siguen apareciendo más interrogantes.
México, 13/Oct/2014 .- Se dijo que fue parte de la rotación anual de los mandos de zona y región militar en el país. Hace unos días la secretaría de la Defensa Nacional confirmó el relevo del comandante de la 22 zona militar, el general de brigada José Luis Sánchez León, inquilino por más de un año y medio en el cuartel de Santa María Rayón, Estado de México. Era el responsable en el mando de las tropas desplegadas la entidad, donde uno de sus batallones el 102 de infantería con sede en Tejupilco, y jurisdicción en los municipios de la Tierra Caliente mexiquense, se vio envuelto en el episodio donde 22 supuestos secuestradores murieron a manos de los soldados.
El relevo del general Sánchez León se dio días después de que se conociera por distintos medios el relato de una mujer que se dijo sobreviviente de aquel hecho, y que desmintió que se hubiera tratado de un enfrentamiento, como aseguró desde un principio el gobierno federal respaldado por el local.
El cambio en la 22 zona militar no puede decirse que fue un cese, pero si llama la atención que se dé junto con otras rotaciones, y en éste caso específico después de que ocurriera lo de Tlatlaya y por los que se consignaron a los 12 de tropa y un oficial, tres de ellos acusados también por PGR de homicidio, dice una fuente militar consultada al respecto.
El relevo lo tomó el general José Ricardo Bárcena Rosiles, quien desde finales de septiembre aparece al frente del cuartel de la 22 zona en Santa María Rayón. Otras de las rotaciones fueron en la séptima región militar, que abarca las zonas militares de los estados de Chiapas y Tabasco y la frontera con Guatemala donde el general de brigada Germán Javier Jiménez Mendoza sustituyó en el mando al general de división Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien fue designado nuevo comandante en la región militar 11 con cuartel en Torreón, a cargo de las zonas en Coahuila y Chihuahua.
La mecánica de los hechos
Lo ocurrido en Tlatlaya no fue una operación de campaña, son actos del servicio, por lo cual las penalidades no son más de tres años, dice una fuente vinculada a la defensa adscrita al juzgado sexto militar, a cargo del teniente coronel de justicia militar Jorge Suárez Becerril, donde se lleva el juicio contra los 13 militares detenidos por la muerte de los 22 civiles.
De lo que se ha ventilado están los antecedentes militares del batallón 102 de infantería, el cual llegó a esa zona del Estado de México en 2010 a instancias del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, cuando el general Salvador Cienfuegos, actual secretario de la Defensa, era comandante de la primera región militar. Quienes forman parte de ese batallón son en su mayoría elementos que han estado de operativo en otras partes del país, algunos en Chihuahua otros en Sonora.
Desde mayo de aquel año que se inauguró su cuartel a las afueras de Tejupilco, los soldados llegaron a un corredor de droga que ha sido disputado de forma muy violenta por distintos grupos en los últimos años. Es esa ruta de la droga que baja de la sierra de Guerrero la que ha enfrentado a una facción del grupo denominado la Familia, con los Templarios, los Rojos, los Zetas, Guerreros Unidos, en diferentes momentos.
Los detenidos enfrentan cargos de infracción de deberes y desobediencia, por lo que ha sido la PGR la que ha requerido ciertos peritajes. De acuerdo a una fuente consultada en tribunales militares han surgido preguntas como ¿Cuánta dotación de cartuchos trae un fusil que carga cada soldado del ejército? ¿Cuántos se usaron? ¿Cuántos impactos tenían cada cuerpo? Este oficial que ha tenido acceso a las primeras diligencias dice que si se sabe que cada fusil de un soldado trae 90 tiros, es muy difícil que se acabe la dotación cuando ocurre un enfrentamiento, por lo regular no se usa más de la mitad. En este caso existen versiones de que algunos fusiles solo tienen tres tiros gastados, versión que no ha podido ser corroborada por otras fuentes independientes.
Tras la detención de los militares por lo ocurrido en la región calentana mexiquense, se han incrementado las versiones de que hay un malestar en la tropa porque no existe un marco regulatorio sobre su participación en operaciones con la población civil. Un reclamo que quedó “congelado” en la cámara de diputados desde la legislatura pasada, cuando marina y ejército hicieron la petición para que se legislara y les dotaran de un marco normativo.
Se sabe que a los detenidos los sacan de madrugada a declarar desde sus celdas, las conocidas como “negras”, donde los tienen sin contacto con el resto de la población de la prisión del campo militar uno de la ciudad de México. No les dan copia de nada, dice un litigante que ha seguido el caso. Pese a ello lucen confiados pero están temerosos.
Existe la probabilidad, si en algunos de los careos se promueve, de que comparezcan mandos superiores, como el coronel que estaba al mando del batallón 102 de infantería el día de la muerte de los 22 civiles, al igual que el hoy relevado general Sánchez León. Ambos podrían tener algún tipo de responsabilidad ya sea por omisión y/o actuación, respecto a las órdenes dictadas, por lo que de ser necesario, dice una fuente allegada a la defensa de los detenidos, podrían ser llamados a testificar.
Fuente.-@Juan Veledíaz
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