El caso de los 31 militares del llamado “Pelotón de la Muerte”, implicado en el homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus el 25 de julio de 2008, sigue complicándose.
Hasta ahora 21 de ellos ya recibieron sentencia, pero otros, como el cabo Gabriel Roque Bernardino –a quien el mes pasado se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide” por la tortura a la que fue sometido para que se declarara culpable por la muerte de Rojas Lemus–, muestran la parcialidad con la que se conducen las autoridades castrenses y la impunidad de la que gozan los altos mandos.
La primera ocasión que el cabo Gabriel Roque Bernardino tuvo un ataque de psicosis paranoica fue la mañana del pasado 26 de julio en la cancha de basquetbol que se utiliza para el pase de lista de los internos del penal militar de Mazatlán, Sinaloa.
Ese día, delante de 170 personas que esperaban formados, Roque empezó a delirar. Decía que un grupo de la Policía Ministerial Militar (PMM) iba por él. Pedía que llamaran al director de la prisión y rogaba al oficial que pasaba lista para que impidiera que los policías se lo llevaran, pues lo iban a torturar.
Al principio algunos creyeron que se trataba de una broma, pues no había nadie de la PMM. El cabo Roque fue llevado por dos compañeros a las instalaciones de sanidad para ser examinado. Le practicaron un examen toxicológico que resultó negativo en consumo de drogas. A partir de ese momento quedó en observación y las autoridades penitenciarias castrenses solicitaron a la dirección del hospital regional militar de Mazatlán que enviaran un especialista en psiquiatría para valorarlo.
Días después, la madrugada del 1 de agosto, Roque tuvo un segundo ataque psicótico. En uno de los dormitorios del penal, sus compañeros tuvieron que activar el botón de alerta mientras trataban de calmarlo después de que se despertó gritando. Se sujetaba de la litera, temblaba y lloraba, gritaba pidiendo auxilio a sus compañeros.
“Decía que el general Cienfuegos había mandado a elementos de la PMM por él para llevárselos. Como a los cinco minutos entraron los celadores y lo condujeron de vuelta al área de sanidad”, comenta en entrevista telefónica uno de los internos. Medio centenar de personas presenciaron los hechos en el dormitorio.
Esa ocasión el psiquiatra iba a trasladar a Roque al hospital regional para seguir examinándolo. El interno fue por sus objetos de aseo personal y se presentó al pase de lista. Cuando lo llamaron, otra vez delante de sus compañeros empezó a gritar. “¡Allí vienen los judiciales por mí. ¡No deje que me lleven. Me van a torturar!”, le decía al oficial que pasaba lista. No dejaba de llorar y temblar.
Desde esa fecha, la salud mental de Roque se deterioró. Estuvo internado del 1 al 8 de agosto en el área de psiquiatría del hospital regional militar de Mazatlán, donde se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide”. Luego lo regresaron a la prisión.
Días después, Roque empezó a decir que desconfiaba de todos, que sentía que era vigilado todo el tiempo; hablaba también de una cámara que lo grababa en su celda. Sus compañeros relatan que a su regreso al penal, los médicos lo han mantenido medicado.
Cuentan que ha dicho que está deprimido, que habla de no querer vivir si lo llegaran a sentenciar en el juicio donde se le acusa de tortura y homicidio calificado en el caso Ojinaga, un episodio de la Operación Conjunta Chihuahua ordenada en 2008 por Felipe Calderón, y bautizado por la Procuraduría de Justicia Militar como “El Pelotón de la Muerte”, en el que estuvieron implicados 31 militares (Proceso 1993).
Secuelas de una “investigación”
El antecedente del estado de salud del cabo Roque quedó documentado en 2011, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) practicó a los 31 militares detenidos por el Caso Ojinaga en el verano de 2009 en la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, el protocolo de Estambul, un procedimiento médico que analiza las secuelas psíquicas de personas que han sido víctimas de tortura.
El diagnóstico fue que Roque tenía “secuelas físicas” que concordaban con su denuncia. Uno de sus compañeros, Miguel Ángel Benítez Ramírez, presentó “secuelas sicológicas” propias de quien ha sufrido “tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, según copia del documento de la CNDH consultado por el reportero.
Ambos eran parte de los 22 soldados que junto a ocho oficiales de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada (CINE), y el entonces comandante de la guarnición, el general José de Jesús Moreno Aviña, fueron acusados de asesinato y tortura de tres presuntos integrantes del crimen organizado.
Este es el primer caso que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2012, al aplicarse la nueva reforma judicial, pasó del fuero militar a un juzgado federal debido a que había civiles implicados.
Pese al diagnóstico, Roque nunca recibió terapia o tratamiento psicológico en el interior de la prisión. La CNDH no emitió ninguna recomendación a la Sedena y tampoco hubo denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por estos hechos, dice el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi, compañero de Roque.
Cuando un juez militar le dictó auto de formal prisión en enero de 2010, Roque declaró que no tuvo nada que ver en el homicidio del que se le acusaba. Al contrario, aseguró que las declaraciones que hizo ante el agente del Ministerio Público Militar fueron arrancadas por medio de golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas y amenazas de muerte.
Lo obligaron a firmar una declaración en la que, según su expediente judicial, participó en la tortura y homicidio calificado en agravio del civil José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, presuntamente ocurrido en Ojinaga en 2008, caso que se ventila en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua.
El caso Ojinaga surgió tras el cúmulo de denuncias contra militares por abusos y violaciones a los derechos humanos de varios habitantes de este municipio fronterizo.
Algunos de los 31 detenidos denunciaron que el caso es un montaje (Proceso 2018). Desde su primera comparecencia Roque señaló al mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, quien entonces era el jefe de aprehensiones, y los capitanes Héctor Raúl Salgado Urióstegui y Ernesto Román Rodríguez Morales, agentes de la corporación llamada hoy PMM, como los autores de la tortura.
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La acusación contra Roque se basó en el testimonio del sargento Andrés Becerra Vargas, que dijo haberlo visto el 25 de julio de 2008 en las instalaciones castrenses de Ojinaga, donde el mayor Alejandro Rodas Cobón, como segundo al mando de la Compañía, supuestamente le ordenó junto a dos de sus compañeros someter a descargas eléctricas al civil Rojas Lemus.
Becerra, uno de los coacusados en el Caso Ojinaga, aseguró que Rojas Lemus, presunto integrante de una banda local de narcotráfico, comenzó a convulsionarse en dos minutos y luego dejó de moverse.
Ocho testigos militares que estuvieron ese día a cargo del puesto de control del poblado de Manuel Benavides, Chihuahua, señalaron que Roque estuvo con ellos a la hora y fecha que aludió Becerra. La localidad se ubica a más de 90 kilómetros de distancia de donde supuestamente sucedieron los hechos.
La causa penal contra el cabo Roque se cerró hace unas semanas y entró en espera de sentencia por cargos que alcanzan penalidad de hasta 45 años de prisión.
De los 31 implicados en el juicio, 21 han sido sentenciados, empezando por el general Moreno Aviña, condenando en abril pasado a 52 años por la muerte de Rojas Lemus.
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Dos coacusados tuvieron penas cada uno de tres meses de cárcel, a cambio de que se “sostuvieran en las acusaciones en contra del general y otros 10 militares que siguen en prisión”, explica el teniente Huesca Isasi, uno de los involucrados que, junto al mayor Alejandro Rodas Cobón y el cabo Roque Bernardino, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio entrada a finales del 2015 y empezó su análisis en marzo pasado.
“El problema es que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite que Roque tiene una afectación mental debido a la tortura de que fue objeto por parte de la PMM. Si lo hiciera, caerían sus declaraciones y el caso sumaría otra irregularidad”, dice el mayor Alejandro Rodas Cobón.
El documento de Echeverría
En el verano de 2015, cuando la juez décima de distrito Claudia Guerrero Centeno, entonces al frente del caso, citó a comparecer al general Guillermo Galván Galván –quien era titular de la Sedena cuando ocurrieron las muertes en Ojinaga–, éste se excusó por estar fuera del país.
Meses después, la Procuraduría de Justicia Militar aludió a un decreto de enero de 1976, emitido por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según el cual quienes hayan desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional continuarán en servicio activo “no obstante que opere alguna causal de retiro”.
Ellos, según la dependencia, “adquieren durante el ejercicio de sus elevadas funciones un contacto mayor con los problemas relacionados con la conservación del orden interno del país, capacidad ésta que debe ser aprovechada constantemente cooperando como órganos de consulta de los que en lo sucesivo desempeñen ese cargo”, según oficio que envió al juzgado en octubre de 2015.
Echeverría emitió el decreto que sirvió para dar impunidad al general Hermenegildo Cuenca Díaz, su secretario de Defensa, después de haber implementado las operaciones contrainsurgentes dentro de la llamada “guerra sucia” en Guerrero, comenta el mayor Rodas Cobón.
Era una manera de “cubrirle la espalda”, bajo la excusa de que era “alto funcionario”, ante la posibilidad de que fuera juzgado por esos hechos. “Sirve ahora al general Guillermo Galván para no comparecer en el caso espinoso de Ojinaga, ocurrido durante su administración, y seguramente será utilizado en su momento para evitar que se aclaren los casos Tlatlaya y Ayotzinapa”, asevera.
Rodas Cobón es un oficial de infantería que el año pasado solicitó al juzgado llamar a declarar a Galván. Quería que explicara por qué lo arrestó para que pudieran torturarlo y que firmara confesiones “a modo” en las dos causas penales en las que se le procesa, una por robo y otra por la supuesta tortura y muerte de Rojas Lemus.
El citatorio judicial no cayó tan bien en el ánimo de la Sedena. En agosto de 2015 la juez Guerrero Centeno fue removida de su cargo; en su lugar llegó el teniente de justicia militar y licenciado René Ramos Pérez, un “juez a modo” que, según los entrevistados, emite resoluciones que están lejos de ser imparciales y sirve a los intereses del Ejército porque por jerarquía “responde a la superioridad”.
El nuevo juez del caso Ojinaga rechazó la comparecencia del general Galván atendiendo la petición que le hizo el procurador de justicia militar, el general Jesús Gabriel López Benítez, quien citó el decreto de Echeverría para eximir al extitular de la Sedena de presentarse ante la autoridad judicial debido a que, como asesor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa Nacional, está considerado como “alto funcionario”.
La petición fue respaldada también por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado. El fallo fue impugnado hace unos meses por la defensa del mayor Rodas.
La historia en los últimos meses del juicio ha sido de “dilación sistemática en la comparecencia de los testigos militares, lo que ha retrasado que se dicten las sentencias”, añade por su parte el teniente Huesca Isasi. Si testificaran se podrían demostrar las irregularidades de la investigación, como la retención ilegal durante la averiguación previa, así como los actos de tortura y extorsión perpetrados por los agentes de la PMM.
La retención ilegal ya fue reconocida hace unos días por un tribunal colegiado, que falló a favor del mayor Rodas en la causa penal que enfrenta por robo. En el veredicto de una revisión de amparo que salió a su favor se dice que debido a que las primeras declaraciones fueron hechas sin abogado defensor, se ordena anularlas y quedan sin efecto.
“A mí me presentaron como un gran villano que lo mismo robaba que asesinaba y desaparecía gente; no sucedió ni una ni otra cosa”, manifiesta. Es una “historia ficticia” armada por la procuraduría militar, que con “el afán de cuadrar la historia del ‘Pelotón de la Muerte’ involucró a elementos que ni siquiera estaban en esa fecha en el cuartel.”
Para el mayor Rodas, para el teniente Huesca y otro de los entrevistados que pidió reserva sobre su identidad, la Sedena cuenta con un “gran capital político” proporcionado por los militares encarcelados. Sus juicios son “administrados en coordinación con el poder judicial que diligentemente ha emitido sentencia a militares en cuanto el gobierno federal o el propio Ejército es cuestionado por la actuación de sus elementos”.
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