En el tablero binacional donde la diplomacia suele disfrazarse de cortesía, Washington decidió patear la mesa. La acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es sólo un expediente judicial: es un misil político dirigido al corazón de Morena… y, de paso, a la credibilidad del discurso anticorrupción que llevó al poder a la autodenominada “cuarta transformación”.
La escena es incómoda para Claudia Sheinbaum. No porque ignore cómo funciona el poder —lo conoce bien,es su beneficiaria incluso—pero esta vez el margen de maniobra es peligrosamente estrecho. Si actúa contra Rocha, dinamita a su propia coalición y le abre una grieta interna a Morena, donde el nacionalismo de consigna suele ser más ruidoso que la evidencia judicial. Si no actúa, le entrega a Donald Trump el argumento perfecto para endurecer la presión contra México bajo la narrativa de un Estado complaciente con el narco.
Los medios estadounidenses no tardaron en leer el momento como lo que es: una encrucijada de poder. El Wall Street Journal lo pone en términos quirúrgicos: o sacrificas a un aliado o te conviertes en blanco. El New York Times añade el matiz incómodo: Sheinbaum intenta bailar en dos pistas —cooperación con Washington y defensa de la soberanía— mientras carga con un partido donde varios cuadros temen, con razón o sin ella, ser los siguientes en la lista de acusados. Y el Los Angeles Times remata recordando el pecado original: Morena llegó prometiendo limpiar la casa… pero ahora la suciedad tiene nombre, cargo y presunta ruta de dinero.
Detrás del telón, el gobierno mexicano ya olía la tormenta. El discurso del embajador estadounidense en Sinaloa no fue un desliz diplomático, fue un aviso cifrado. La reacción —pedir a Washington que “avise antes” de exhibir a funcionarios mexicanos— revela más preocupación por controlar daños políticos que por enfrentar el fondo del problema. Traducido: no es que no sabían, es que no querían que se supiera así.
Y aquí entra el escritor estadounidense de origen judio Robert Greene, porque este episodio parece sacado de su manual. La ley que mejor encaja es la Ley 15: “Aplasta por completo a tu enemigo”. Trump —o más bien su aparato judicial— no está lanzando insinuaciones ni filtraciones ambiguas: está judicializando el conflicto, elevándolo a un punto donde la ambigüedad política se vuelve insostenible. No deja espacio para medias tintas. Obliga a Sheinbaum a definirse públicamente, sabiendo que cualquier decisión tendrá costo.
Pero hay otra ley operando en paralelo, más incómoda para el lado mexicano: la Ley 33: “Descubre el talón de Aquiles de cada hombre”. El punto débil de la 4T nunca fue el discurso, sino la contradicción entre narrativa y realidad. Washington parece haber identificado exactamente dónde presionar: un gobernador en funciones, del partido en el poder, vinculado al cártel más emblemático del país. No es un caso cualquiera, es el símbolo perfecto para erosionar legitimidad.
El problema para Sheinbaum no es sólo Rocha. Es lo que Rocha representa: la posibilidad de que la línea entre poder político y crimen organizado no sea una anomalía, sino una constante incómoda. Y en ese terreno, cualquier decisión —cooperar o resistir— ya no es moral ni jurídica, sino estratégicamente costosa.
Porque en política real, como bien advertía Greene, no gana quien tiene la razón, sino quien controla el tablero. Y hoy, ese tablero se está moviendo desde Nueva York.
2.- LA acusación del Departamento de Justicia en contra del morenista Rubén Rocha Moya lo exhibe como un narcogobernador que llegó al poder por medio de una alianza entre «Los Chapitos» y Morena…
1.- ASÍ de contundente…
2.- NO se trata de una de las bravatas habituales que vienen de Washington, sino de una denuncia formal presentada ante una Corte de Nueva York y avalada por un Gran Jurado y que incluye una solicitud oficial de extraditar al Gobernador de Sinaloa…
1.- ADEMÁS, hay un detalle clave: Estados Unidos cuenta con decenas de peces gordos del narco, empezando por los propios «Chapitos», Ovidio e Iván Archivaldo, por lo que tienen todo un arsenal contra funcionarios mexicanos…
2.- VAMOS por partes…
1.- SER o no ser: Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, darle validez a la acusación contra Rocha es reconocer que la 4T tiene su propio Genaro García Luna…
2.- Y QUE aquellos que dijeron ser distintos, resultaron igualitos…
1.- EL narcogobierno: Si ya de por sí los cargos por narcotráfico son graves, no son menores los señalamientos de que Morena se unió a «Los Chapitos» en la elección de Sinaloa en 2021…
2.- Y ESE apoyo, que la Oposición en su momento denunció, fue correspondido con permitirle al crimen organizado actuar a sus anchas y hasta decidir sobre los cuerpos policiacos…
1.- EL raspón a AMLO: El tema de fondo es que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador quedó en la mira…
2.- Y FUE el propio Senador Enrique Inzunza, otro de los señalados, quien lo implicó al decir que la acusación estadounidense tiene como propósito afectar al tabasqueño…
1.- INEVITABLEMENTE, López Obrador y lo que él consideraba su «legado», salen muy lastimados…
2.- PORQUE resultó que en la 4T también habría narcopolíticos y porque el propio ex Presidente se empeñó en hacer Gobernador a Rocha, pues éste confesó que perdió la encuesta de Morena, pero que AMLO ordenó imponerlo…
1.- ASÍ que esta acusación ya se convirtió en la mayor crisis del Gobierno de Claudia Sheinbaum…
2.- SI su Administración se resiste a la entrega de Rocha y socios, pondrá la confrontación con el Gobierno y las Cortes estadounidenses en el nivel más alto…
1.- PERO si accede, abre la puerta a nuevas acusaciones, aunque también podría venir una necesaria limpia de la clase política…
2.- POR lo pronto, la pregunta obligada hoy en la mañanera es: ¿En serio va a dejar que el acusado siga gobernando Sinaloa?…
1.- POR cierto que hasta anoche no se conocía de algún pronunciamiento de Gobernadores en apoyo a Rubén Rocha como sí ocurrió en agosto de 2024, cuando «El Mayo» Zambada lo implicó en el tema de su secuestro y envío a Estados Unidos…
2.- EL miedo no anda en burro: Américo Villarreal, de Tamaulipas, debe estar preocupado, igual que Marina del Pilar Ávila, de Baja California…
1.- Y EN el Senado y la Cámara de Diputados, no sólo había desconcierto y confusión entre los legisladores morenistas, algunos de plano prefirieron evadir debates y entrevistas…
En Reynosa,en Tamaulipas,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,donde 9 de cada 10 personas sobreviven con miedo, de acuerdo con el INEGI , el rojo del semáforo sirve para todo menos para frenar ejecuciones.
A las 7:40 de la mañana, en pleno bulevar Hidalgo —esa arteria donde conviven oficinas, escuelas y la ficción del “orden”— un comando del Cartel del Golfo en «troca negra sin placas frente a toda la videovigilancia oficial e incluso particular» decidió que era buen momento para matar a un presunto empleado de Pemex y un estudiante que estaba en el lugar correcto pero con el gobierno equivocado, el de Américo Villarreal.
El objetivo: el conductor de una camioneta gris sin placas, detenido como cualquier mortal esperando la luz verde. El resultado: rafagueado, agonizando, bajando del vehículo para morir unos metros más adelante, frente al Monumento al Trabajador Petrolero.
Ironías de la ciudad: el monumento al trabajo presenciando la eficiencia de la muerte que acabo con la vida de un presunto supervisor de pozos de Pemex.
Daño colateral: un estudiante universitario, que iba a su escuela con sus padres, recibió el impacto de una guerra que no era suya. Lo llevaron al hospital. No llegó vivo. Reynosa suma otro expediente que probablemente dormirá en el archivo muerto, bajo la categoría de “investigación en curso”.
La escena se repite con una precisión que ya no sorprende: caos vial, cuerpos cubiertos con una sábana, Guardia Estatal acordonando para administrar la narrativa, y la eterna espera del Ministerio Público que llega tarde a recoger lo que la impunidad deja.
Pero lo verdaderamente obsceno no es la balacera. Es la normalidad.
Porque no es la primera vez que esa misma avenida sirve de escenario para un mensaje armado. Ahí mismo, en el bulevar Hidalgo, fue ejecutado el delegado de la FGR en Reynosa. Un funcionario federal, encargado —en teoría— de perseguir delitos federales y combatir estructuras criminales. Lo mataron en su territorio, en su avenida, bajo su jurisdicción simbólica. Y no pasó nada.
Nada que implique consecuencias reales, al menos.
Hoy, el eco de ese asesinato institucional resuena en cada ráfaga. Porque mientras la FGR presume investigaciones internas que apuntan a funcionarios que “sirven” al trafico de huachicol del Cártel del Golfo —sí, esos que siguieron operando incluso después de que ese mismo grupo asesinara a su jefe—, la calle confirma lo que los expedientes podrían estar vinculados, pero ademas sugieren: cuando la autoridad cohabita con el crimen, deja de ser autoridad y se convierte en parte del problema.
Y en medio, Reynosa, llena de policias y soldados,incluido el «bandon de los Harfuch», funcionando como laboratorio de impunidad donde la violencia no distingue horarios ni perfiles: lo mismo cae un delegado federal que un estudiante camino a clases.
En esta avenida, la ley no circula. Solo transita la certeza de que cualquiera puede ser el siguiente. Y mientras las instituciones sigan jugando a investigar(se) sin tocar las redes reales de complicidad, cada semáforo en rojo seguirá siendo una invitación abierta a la ejecución.
Todo mientras la legisladora de Morena, encargada en el congreso de los Derechos Hmanos sigue emparentada con los humanos poco derechos,pero aun asi se queja de la seguridad, aunque para eso ya esta el pueblo.
En Nuevo León la justicia ya ni siquiera simula que sigue una línea: improvisa, corrige y, si hace falta, borra lo dicho en menos de 24 horas. Así ocurrió con el más reciente episodio del caso Arboleda, donde la Fiscalía estatal pasó de presumir un detenido a deslindarlo casi de inmediato, como quien se lava las manos sin jabón.
El martes, César, 35 años, fue presentado como pieza dentro del rompecabezas de la ejecución de Juan Carlos García Núñez —el sinaloense asesinado a plena luz del día en San Pedro—. Hubo cateo, hubo despliegue, hubo narrativa oficial. Pero el entusiasmo duró poco: para el miércoles, el Fiscal Javier Flores ya estaba en modo control de daños.
“No tiene relación alguna directa”, repitió, como si la precisión semántica pudiera sustituir la consistencia investigativa.
Traducción: lo detuvimos, pero siempre no.
La escena empieza a ser familiar. Primero: una ejecución con todos los ingredientes incómodos —una víctima en camioneta blindada, un agente vial presente, un presunto intento de “moche” y un sicario que actúa con oportunidad quirúrgica—. Luego: cateos, filtraciones, titulares. Después: silencio. Y finalmente: rectificación.
Mientras tanto, el elemento clave —el policía vial armado que interactuó con la víctima segundos antes del asesinato— sigue “colaborando” con la autoridad. Una palabra elástica que en el diccionario local suele significar cualquier cosa menos consecuencias inmediatas.
Y por si faltara surrealismo, el famoso retrato hablado del presunto sicario sigue guardado en el cajón de lo “estratégicamente oportuno”. Es decir, aparecerá cuando políticamente convenga o mediáticamente sea inevitable.
En paralelo, el Fiscal sostuvo una reunión “privada e informal” con el alcalde Mauricio Farah. Nada dice transparencia como los acuerdos fuera de cámara en un caso que involucra a policías municipales, ejecuciones en zonas de lujo y posibles actos de corrupción en tiempo real.
El patrón ya está claro: una ejecución que exhibe grietas estructurales, una investigación que avanza a trompicones y una autoridad que reacciona más a la presión pública que a la evidencia.
En San Pedro no solo ejecutaron a un hombre. También dejaron al descubierto, otra vez, cómo se construyen —y se desmoronan— las verdades oficiales en cuestión de horas.
Del otro lado del Río Bravo no solo están pidiendo cooperación, la estan pidiendo por los canales formales, esos en los que Mexico ahora se niega ,cuando habia estado colaborando al extraditar sin demoras,ni prejuzgar las pruebas que ahora cuestiona,pues esta vez el nombre en la portada no es un capo de apodo folclórico, sino un gobernador de Morena en funciones: Rubén Rocha Moya.
La acusación, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no es menor ni decorativa: encabezar —dicen— un “narcogobierno” que habría operado como socio político del Cártel de Sinaloa.
El expediente que presenta Washington es el manual clásico de crimen politicamente organizado: pactos con “Los Chapitos”, intimidación de adversarios, robo de boletas y una red institucional aceitándose con sobornos mensuales.
Todo esto, aderezado con un ingrediente particularmente tóxico en términos jurídicos: la presunta participación en el asesinato de un colaborador de la DEA. Ahí ya no estamos hablando de política doméstica; estamos en terreno donde Estados Unidos históricamente deja de pedir permiso.
En México, la reacción es la de siempre: calma institucional, cejas levantadas y la FGR diciendo que “no hay pruebas suficientes”. Traducción política: aquí no hay prisa. Del lado estadounidense, el mensaje es otro: si hay jurisdicción, hay caso. Y si hay caso, hay persecución.
Ahora, la pregunta clave —y donde se pone interesante el asunto—: ¿puede Donald Trump (o cualquier administración estadounidense) realmente “venir por ellos” si México no entrega?
La respuesta corta: no tan fácil. La larga: depende de cómo escalen.
Aunque la vía formal es el tratado de extradición México–Estados Unidos (1978), que exige doble incriminación, evidencia suficiente y el visto bueno de autoridades mexicanas, si México no coopera y la extradición no camina, del otro lado del Río y la valla,Estados Unidos con un Presidente como Donald Trump,podria repetir la hazaña de Venezuela y simplemente cruzar la frontera para detener con fuerzas de elite de EE.UU a un gobernador mexicano, que se puede interpretar como dinamitar el derecho internacional y provocar un conflicto diplomático mayor.
Pero aquí entra el “plan B” estadounidense, que no es nuevo ni hipotético:
Jurisdicción extraterritorial: Si los delitos afectan a EE.UU. (narcotráfico, lavado, asesinato de agentes o colaboradores), las cortes federales pueden reclamar competencia aunque los hechos hayan ocurrido en México. Ya lo han hecho múltiples veces.
Acusaciones selladas y órdenes de arresto: Si los señalados pisan territorio estadounidense (o países aliados), pueden ser detenidos. Sin espectáculo previo.
Designaciones y sanciones financieras: Congelamiento de activos, bloqueo de operaciones y muerte financiera internacional. Aquí no necesitas extradición; necesitas sistema bancario.
Operaciones indirectas: Históricamente, EE.UU. ha usado capturas “creativas” (léase: borderline legales) cuando considera que hay interés nacional superior. No es la regla, pero tampoco es ciencia ficción.
Ejemplo claro: varios capos mexicanos fueron procesados en Nueva York por conspiración para introducir drogas, aunque jamás tocaron físicamente suelo estadounidense durante los hechos. La clave jurídica es simple: si la droga iba para EE.UU., el delito “ocurre” también ahí.
Ahora bien, el caso Rocha tiene un ingrediente más delicado: es un funcionario en funciones. Eso mete variables políticas que el derecho no puede ignorar. México podría negar la extradición argumentando soberanía, falta de pruebas o incluso inmunidad de facto mientras ejerza el cargo. Pero eso no limpia el expediente en EE.UU.; solo lo congela en territorio mexicano , una pésima decisión del oficialismo Moreno.
Y aquí viene el punto incómodo: cuando Washington acusa públicamente a ese nivel, rara vez es para “ver qué pasa”. Es porque ya decidió que el costo diplomático vale la pena o que el expediente es lo suficientemente sólido para presionar.
Mientras tanto, en Sinaloa, el gobernador que llegó al cargo con ayuda del narco y Américo Villarreal como delegado de Morena, dice que “no va a pasar nada”. Puede que tenga razón…en el muy corto plazo. Pero en términos legales internacionales, “no pasa nada” suele significar “todavía no”.
Porque si algo ha demostrado la justicia estadounidense es paciencia quirúrgica: los casos no se caen, se estacionan. Y cuando se mueven, no preguntan dos veces.
La verdadera incógnita no es si Estados Unidos puede venir por ellos. Es cuándo, cómo… y con qué nivel de tolerancia política de este lado del río.
El Gobernador, un Vicefiscal y jefes policiales de Sinaloa, el Alcalde de Culiacán e incluso un senador de Morena fueron acusados formalmente ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por coludirse con una facción del Cártel de Sinaloa.
BASADO EN EL EXPEDIENTE S9 23 CR. 180 (KPF) · TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS EE.UU., DISTRITO SUR DE NUEVA YORK · CERTIFICADO: 23 DE ABRIL DE 2026
En sus treinta y cuatro páginas, el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York señala una estructura criminal que abarca desde el despacho del Gobernador de Sinaloa hasta las comandancias de la Policía municipal de Culiacán y el propio Edil de dicha localidad. El documento, identificado bajo el número S9 23 Cr. 180 (KPF) y certificado el 23 de abril de 2026, acusa a diez funcionarios mexicanos -4 de ellos en funciones y 6 que desempeñaron cargos en años recientes- de servir como escudo y poner las instituciones del estado sinaloense al servicio de «Los Chapitos».
El documento enlista señalamientos de diversos delitos como la intervención electoral del narco, listas de funcionarios que cobraban mensualmente un pago por ayudar a los criminales, filtración de operaciones antinarco para que los laboratorios donde se fabrican drogas pudieran ser desmantelados antes de que autoridades llegaran, e incluso cómo la Policía Municipal de Culiacán fue utilizada para secuestrar y entregar a una fuente confidencial de la DEA para que fuera asesinado por sicarios, incluyendo a sus familiares dentro de los que estaba un niño de 13 años.
«El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos.»- PÁRRAFO 1, ACUSACIÓN FORMAL S9 23 CR. 180
El cargo central contra Rocha y el grupo de funcionarios sinaloenses es la asociación delictuosa para la importación de narcóticos a los Estados Unidos, tipificada en las secciones 952(a), 959(a) y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. A éste se suman dos cargos relacionados con la posesión y asociación para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y dos más por secuestro con resultado de muerte.
¿Quiénes son los funcionarios señalados?
Las autoridades de EU construyen su caso alrededor de Rubén Rocha y otros funcionarios o ex funcionarios de nivel alto y medio dentro de Sinaloa. El Gobernador, el entonces Secretario General de Gobierno -hoy senador-, el Secretario de Administración y Finanzas, el Vicefiscal general, los jefes de la Policía de Investigación, el Secretario de Seguridad Pública, el Alcalde de Culiacán y el comandante de la Policía municipal. Todos ellos, según la acusación, formaron una red de protección para que «Los Chapitos» pudieran traficar toneladas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya
GOBERNADOR DE SINALOA (ASUMIÓ EL CARGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2021)
Es la figura central de la acusación. El documento lo describe como quien, antes de convertirse en Gobernador, se reunió con Iván y Ovidio Guzmán en una reunión resguardada por sicarios con ametralladoras, donde «prometió a los líderes de Los Chapitos que, si resultaba elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del Gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas.» A cambio, se asegura que los hijos del Chapo garantizaron su triunfo electoral.
Enrique Inzunza Cázarez
EX SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE SINALOA HASTA 2024 – ACTUAL SENADOR POR MORENA
Señalado como mano derecha de Rocha Moya durante la primera parte de su administración. La acusación señala que «se reunió con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel y acordó planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa apoye y proteja al cártel.» Las autoridades de EU afirman que participó directamente en la reunión posterior a la elección, en la que definieron detalles del pacto criminal.
Enrique Díaz Vega
EX SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEJÓ EL CARGO EN 2024)
Actuó como enlace entre Los Chapitos y el Gobernador Rocha. Antes de las elecciones de 2021, entregó a los líderes del cártel «los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la Gubernatura.»
Dámaso Castro Zaavedra
VICEFISCAL GENERAL DE SINALOA (EN EL CARGO DESDE OCTUBRE DE 2021)
Señalado por recibir sobornos por autoridades de EU quienes lo identifican en la nómina criminal bajo el alias «Culiacán Regio». A cambio de los pagos mensuales que recibía «proporcionó a los Chapitos protección contra la detención y les proporcionó una notificación previa sobre las operaciones del orden público en su contra que implicaban a la DEA.»
Marco Antonio Almanza Avilés
EX JEFE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN (FEBRERO 2017 – NOVIEMBRE 2022)
Acusado por EU de recibir pagos de Los Chapitos. Es identificado como «R1» en la nómina criminal. Libró órdenes de arresto contra enemigos de Los Chapitos a petición de éstos y permitió el transporte de químicos para la producción de fentanilo a través de Culiacán. Estableció su acuerdo con los Chapitos en una reunión que tuvo lugar en el rancho de Iván.
Alberto Jorge Contreras Núñez, «Cholo»
EX JEFE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN (NOVIEMBRE 2022 – FEBRERO 2026)
Sucesor de Avilés, designado por Rocha Moya «con la aprobación explícita de los líderes de los Chapitos.» Continuó el esquema de su predecesor: ordenó la liberación de miembros del cártel detenidos y «ayudó a los Chapitos a localizar y matar a sus enemigos, incluidos miembros de cárteles rivales.»
Gerardo Mérida Sánchez
EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA (SEPTIEMBRE 2023 – DICIEMBRE 2024)
Señalado por EU por filtrar información al cártel. Durante 2023, «advirtió a los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a los Chapitos evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales.»
José Antonio Dionisio Hipólito, «Tornado»
COMANDANTE Y SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL (2012-2024)
EU lo considera una figura clave al servicio de la facción criminal durante más de una década. Lo acusan de no arrestar a miembros del cártel, además «vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de los Chapitos.» En reuniones con Iván y Ovidio, recibió una radio para mantener comunicación permanente con la organización.
Juan de Dios Gámez Mendívil
ALCALDE DE CULIACÁN (OCUPA EL CARGO DESDE JUNIO 2022)
Autoridades de EU señalan su vínculo con el cártel al tener control de la Policía Municipal de Culiacán. Es acusado por «permitir a los Chapitos operar en Culiacán sin interferencia del Gobierno, ha protegido las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos en su jurisdicción y ha protegido a los miembros de los Chapitos de ser detenidos.»
Juan Valenzuela Millán, «Juanito»
COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CULIACÁN (2018-2024)
Señalado por Estados Unidos como el responsable de secuestrar y entregar a un testigo que colaboraba con la DEA, denominado como «FC», y a su familia. Agentes bajo su mando, en una patrulla, «detuvieron a FC y a otra víctima, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cartel, quienes torturaron y luego mataron a esas y otras víctimas.»
La intervención de Los Chapitos para elegir a Rocha
Las autoridades de EU señalan que a principios de 2021, cuando Rocha Moya aún era candidato, ya había pactado con los líderes de La Chapiza. La acusación describe con detalle una reunión en la que el aspirante político y los hijos del Chapo negociaron los términos de su acuerdo.
«En la reunión, que fue protegida por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se asegurarían de que Rocha Moya ganara las elecciones a gobernador.»- PÁRRAFO 31(A), ACUSACIÓN FORMAL
La promesa de «apoyo electoral» fue cumplida. El documento describe que el día de la elección, en junio de 2021, Los Chapitos desplegaron toda su fuerza para favorecer a Rocha Moya. El ex funcionario Enrique Díaz Vega entregó a los Chapitos una lista con los nombres y domicilios de los opositores de Rocha Moya para que pudieran ser «neutralizados». El día de la votación, sicarios del cártel robaron boletas y urnas y utilizaron la lista de Díaz para intimidar a los oponentes electorales de Rocha Moya.
Los mandos de la Policía Estatal de Sinaloa, según el documento, recibieron instrucciones de no acercarse a los recintos electorales, inclusive en los casos en los que fueran testigos de algún delito. La acusación detalla que durante la jornada electoral los agentes recibieron llamadas de emergencia reportando amenazas en casetas, robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, y la presencia de individuos armados con pistolas y palos en las mesas de votación.
Acusación formal
«Siguiendo instrucciones, los agentes no intervinieron.»- PÁRRAFO 31(C), SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA POLICÍA ESTATAL EL DÍA DE LAS ELECCIONES DE JUNIO DE 2021
Tres meses después, ya en el puesto como Gobernador, Rocha Moya y su entonces Secretario General Inzunza Cázarez se sentaron de nuevo con los Chapitos en otra reunión custodiada por sicarios. En ella se habló abiertamente del acuerdo: los Chapitos habían cumplido su parte garantizando su triunfo electoral, ahora el Gobernador electo debía cumplir con el arreglo para facilitar las operaciones criminales.
Se adueñaron Chapitos de autoridades en Sinaloa
La acusación describe cómo Rocha Moya facilitó lo que el documento de la Fiscalía de NY establece como el «control casi total» de los Chapitos sobre las instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado
El hombre en la cima de la jerarquía corrupta dentro de la Fiscalía estatal es Dámaso Castro Zaavedra, actual Vicefiscal general. La acusación lo identifica con el alias de «Culiacán Regio» en las listas de pagos del cártel.
«Zaavedra ha protegido a los miembros de los Chapitos para que no fueran detenidos y les ha informado de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos, incluidas informaciones sobre operaciones dirigidas contra los laboratorios de drogas y los miembros de los Chapitos, de modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones.»- PÁRRAFO 8, ACUSACIÓN FORMAL
Abajo de Zaavedra, en la cadena de mando estaban los jefes de la Policía de Investigación -la llamada Policía Ministerial-, quienes ocuparon consecutivamente el cargo: primero Almanza Avilés y luego Contreras Núñez. Ambos aparecen en las listas del cártel bajo el código «R1» y recibían aproximadamente 300 mil pesos mensuales. Avilés fue más allá, pues también es acusado de permitir el tránsito de vehículos con precursores químicos para fabricar fentanilo, así como de emitir órdenes de arresto contra facciones enemigas del cártel.
La Secretaría de Seguridad Pública
Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, supervisaba a la Policía Estatal. Fue quien, según el documento, se convirtió en una fuente de inteligencia privilegiada para los Chapitos. La acusación detalla que sólo en 2023, Sánchez alertó al cártel «con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas», lo que permitió que los criminales se esfumaran antes de cada operativo. También destaca porque, según la Fiscalía de EU, recibía el mayor soborno mensual por parte de los criminales, estimado en 100 mil dólares.
La Policía Estatal
José Antonio Dionisio Hipólito, alias «Tornado», se coludió con criminales dentro de la Policía Estatal durante más de una década. Según la acusación, no sólo recibía sobornos sino que «colocó a otros agentes de policía que figuraban en la nómina de los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa», asegurando mayor colaboración con la estructura criminal.
«En una de esas reuniones, Hipólito y los comandantes confirmaron que estaban al servicio de los Chapitos y acordaron informarles sobre futuras misiones que Hipólito y sus comandantes recibieran de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, incluidas las relacionadas con operaciones antinarcóticos.»- PÁRRAFO 31(J), ACUSACIÓN FORMAL
La Policía Municipal de Culiacán
Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán desde 2022, y Juan Valenzuela Millán, «Juanito», su comandante más influyente, completan el cuadro de colusión con el narco a nivel municipal. Mendívil es señalado de recibir más de 10 mil dólares al mes para garantizar que los Chapitos pudieran operar en la capital sinaloense sin interferencia. Por su parte, Millán es señalado por recibir mensualmente alrededor de 41 mil dólares para distribuirlos entre él y el resto de agentes municipales. Según la acusación, también ordenó a sus agentes transportar fentanilo y metanfetamina desde los laboratorios del cártel hacia Estados Unidos.
La nómina del cártel
Uno de los elementos con los que autoridades de EU sustentan las acusaciones es una supuesta narconómina en la que exhiben pagos a funcionarios. Afirman que los Chapitos, a través de un «jefe de plaza» en Culiacán, dispersaba los pagos a funcionarios corruptos a nivel municipal, ministerial y estatal.
«El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes.»- PÁRRAFO 29, ACUSACIÓN FORMAL
ACUSADO
ALIAS
CARGO
PESOS / MES
DÓLARES / MES
Dámaso Castro Zaavedra
Culiacán Regio
Vicefiscal General
200 mil
10 mil 893
M.A. Almanza / A.J. Contreras Núñez
R1
Jefe Policía de Investigación
300 mil
16 mil 670
José A. Dionisio Hipólito
Tornado
Subdirector / Cdte. P. Estatal
100 mil
5 mil 450
Juan Valenzuela Millán
Juanito
Comandante Policía Municipal
30 mil
Mil 667
Gerardo Mérida Sánchez
–
Secretario de Seguridad Pública
1 millón 830 mil
100 mil
Juan de Dios Gámez Mendívil
–
Alcalde de Culiacán
183 mil
10 mil
El negocio millonario de tráfico hacia Estados Unidos
La acusación señala que estos pagos tenían como propósito final facilitar el tráfico de enormes cantidades de drogas de Sinaloa hacia Estados Unidos a través de compartimentos secretos en automóviles, mercancías camufladas en camiones con remolque, contenedores con documentación falsa, embarcaciones y túneles secretos que conectan México con los Estados Unidos. Las autoridades de EU listan algunos decomisos en su territorio para dimensionar la escala de la operación de La Chapiza:
El asesinato de un colaborador de la DEA
La acusación involucra directamente a Juan Valenzuela Millán y su cuerpo policial con un crimen. En octubre de 2023, los Chapitos descubrieron que Alexander Meza León -identificado en la acusación como «la FC» (fuente confidencial)- había proporcionado información a la DEA.
La decisión de Iván y otro miembro principal de los Chapitos fue ejecutar represalias contra Meza León y sus familiares. Para ello, utilizaron a la Policía Municipal de Culiacán.
«Bajo el mando de Millán, agentes municipales, en un automóvil patrulla, detuvieron a la FC y a otra víctima, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cartel, quienes torturaron y luego mataron a esas y otras víctimas.»- PÁRRAFO 31(L), ACUSACIÓN FORMAL
Acusación formal
«Iván y otro miembro principal de los Chapitos ordenaron los secuestros y homicidios de la FC y sus familiares, incluido un niño de 13 años. Millán y sus agentes brindaron asistencia en los secuestros.»- PÁRRAFO 31(L), ACUSACIÓN FORMAL S9 23 CR. 180
Este episodio es la base de los cargos cuatro y cinco de la acusación: secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer secuestro. A diferencia del cargo uno -la asociación para importar narcóticos, que involucra a los diez acusados-, estos últimos dos cargos recaen exclusivamente sobre Valenzuela Millán.
Los cargos formulados por la Fiscalía de NY
Cargo Uno – Asociación delictuosa para la importación de narcóticos. Este cargo involucra a todos los acusados. La acusación sostiene que, desde al menos 2012 hasta la fecha de presentación del documento, los diez acusados formaron parte de una conspiración para importar a los Estados Unidos cantidades que superan los umbrales legales: 400 gramos o más de fentanilo, un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, y 50 gramos o más de metanfetamina.
Cargos Dos y Tres – Posesión y asociación para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La acusación describe el uso habitual de «camiones blindados, bazucas, granadas y lanzagranadas portátiles, y diversos tipos de armas de fuego, que van desde pistolas calibre .45 y .38 hasta AK-47, AR-15 y otras ametralladoras.»
Cargos Cuatro y Cinco – Secuestro con resultado de muerte. Recaen exclusivamente sobre Juan Valenzuela Millán por los hechos de octubre de 2023 en Culiacán. La acusación establece que Millán y sus agentes utilizaron teléfonos móviles para coordinar los secuestros, lo que activa la jurisdicción federal norteamericana sobre delitos cometidos en el extranjero.
Adicionalmente, la acusación incluye notificaciones de decomiso que buscan la confiscación de todos los bienes que constituyan o deriven de las ganancias de los delitos imputados, así como los instrumentos utilizados para su comisión.
