LA «FGR es PESIMA MEDICA»: «DEJÓ CRECER INFECCIÓN SISTÉMICA con la EVOLUCIÓN DELIBERADAMENTE PROLONGADA del CASO ZAMBADA-ROCHA»…presenta un cuadro persistente de inacción moreno-selectiva.

Desde la admisión del caso —secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y homicidio de Héctor Melesio Cuén— la Fiscalía General de la República (FGR) presenta un cuadro persistente de inacción selectiva: ausencia total de detenciones, pese a la identificación preliminar de posibles agentes etiológicos, incluyendo actores con proximidad al poder político estatal.

El 26 de julio de 2024 se abrió la carpeta SON/HSO/0001/882/2024 con un diagnóstico amplio: vuelo ilícito, uso indebido de infraestructura aérea, violaciones migratorias y aduaneras, secuestro y traición a la patria. Un espectro delictivo lo suficientemente grave como para justificar intervención inmediata. Sin embargo, el tratamiento aplicado fue, desde el inicio, conservador hasta lo negligente.

El 10 de agosto, el propio paciente —Zambada— aportó una narrativa detallada del evento: cita en Huertos del Pedregal, mediación entre Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desenlace con secuestro y ejecución. La FGR acusó recibo, confirmó contacto con el gobernador, pero omitió precisar si se le practicó siquiera una exploración básica: declaración ministerial. El síntoma fue registrado, no atendido.

Rocha Moya negó presencia en el sitio, alegando desplazamiento a Los Ángeles. La autoridad federal no documentó públicamente verificación clínica de esa coartada. Se optó por observación pasiva.

En paralelo, la FGR diagnosticó fallas graves en la Fiscalía de Sinaloa: montaje de escena, video inconsistente (un disparo audible frente a cuatro impactos reales), incineración irregular del cadáver —equivalente forense a destruir la muestra antes del análisis. El órgano federal identificó contaminación de la evidencia, pero no procedió a desbridar el tejido institucional afectado: ningún responsable local fue extraído del sistema.

El 22 de agosto, la FGR validó la versión de Zambada: secuestro y homicidio en el mismo sitio. Confirmación de infección focalizada. Aun así, el tratamiento siguió siendo expectante.

La dependencia reportó además incapacidad para obtener datos de Estados Unidos —particularmente sobre el piloto del traslado—, externalizando parte del cuadro clínico. Sin embargo, la infección primaria seguía localizada en territorio nacional.

El 20 de octubre, la FGR trasladó la responsabilidad a un nuevo órgano: confrontó al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz por no autorizar órdenes de aprehensión. Alegó haber acreditado la probable responsabilidad de Joaquín Guzmán López, así como de funcionarios locales. No obstante, el propio juzgador desmintió el rechazo: la Fiscalía retiró su solicitud. Diagnóstico contradictorio, expediente inconsistente.

Más aún, uno de los indicios clave —rastros hemáticos en Huertos del Pedregal— no correspondía a Cuén, debilitando la cadena causal que la propia FGR pretendía sostener. Error de laboratorio, o manipulación de muestra.

Tras ese episodio, la FGR anunció que buscaría otro juzgador, como quien cambia de médico sin modificar el tratamiento. Desde entonces, silencio clínico: no se reportan órdenes de aprehensión efectivas, detenciones, ni evolución procesal de los implicados.

Conclusión: el caso presenta una infección institucional crónica, caracterizada por diagnóstico intermitente, intervención diferida y resistencia sistemática a la acción quirúrgica. El agente patógeno no solo no ha sido erradicado, sino que ha sido tolerado. El cuadro no es de incapacidad, sino de manejo deliberadamente insuficiente.

Con informacion: ELNORTE/

LA «JUSTICIA MAS que PRUEBAS,NECESITA PERMISO»: «LEYES y TRATADOS se ATORAN cuando EE.UU quiere ATORAR al NARCOMORENO ROCHA MOYA»…aparecio «redepente» la «Verdad,Justicia y Soberanía»

La novela sinaloense ya no trata de si hay acusaciones por narcotráfico contra funcionarios de alto nivel de MORENA, sino de si el sistema político mexicano está diseñado para que nunca pase nada y todo indica, que trabajan en eso.

La posible extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos no se enfrenta a uno, sino a dos muros de contención perfectamente aceitados: el fuero constitucional y la voluntad política de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Traducido al español real: la ley… y quien decide cuándo se aplica.

De entrada, el gobernador no está solo en el paquete incómodo que mandó Washington. También aparece el senador morenista Enrique Inzunza, ex secretario de Gobierno de Rocha. Ambos gozan de ese escudo institucional llamado fuero, que en teoría protege la función pública, pero en la práctica funciona como seguro contra consecuencias.

Para que Rocha pueda siquiera ser tocado por la justicia, primero hay que atravesar el ritual del desafuero: la Cámara de Diputados debe declarar procedente quitarle la protección, y luego el Congreso de Sinaloa decidir si le abre la puerta a su caída. Un proceso tan largo, enredado y convenientemente burocrático que podría consumir lo que le queda de mandato, hasta octubre de 2027. Justicia diferida… justicia enterrada.

Y aquí viene el detalle técnico que se vuelve político: el artículo 111 constitucional dice que el desafuero aplica para delitos federales. Pero cuando la acusación viene del extranjero, la interpretación se vuelve elástica. ¿Cuenta o no cuenta? Depende menos de la Constitución y más de quién quiera mover la maquinaria.

Porque sin Fiscalía General de la República no hay caso. Y sin señal política desde Palacio Nacional, la Fiscalía no se mueve. Así de simple.

Además, el Congreso federal ya cerró cortina. Para siquiera discutir un desafuero habría que convocar a un periodo extraordinario. Otro filtro más. Otra excusa más.

En términos reales, el destino de Rocha no está en un expediente judicial, sino en una decisión política: si Sheinbaum decide que se actúe, la mayoría de Morena en San Lázaro hará el resto. Si no, el caso se archivará en el limbo donde descansan tantas verdades incómodas.

Opciones hay, pero todas pasan por el mismo centro de poder:
Renuncia “voluntaria” del gobernador para facilitar su detención.
Desafuero impulsado desde el Congreso.
O la medida nuclear: desaparición de poderes en Sinaloa decretada por el Senado.

Mientras tanto, desde la mañanera, la narrativa oficial ya empezó a construirse: que si no hay pruebas contundentes, todo podría tratarse de un asunto político. La Presidenta pone en duda el caso y lo reduce, por ahora, a una hoja con una supuesta narconómina. Un papel incómodo… pero todavía insuficiente para activar el aparato judicial.

El mensaje es claro: sin evidencia “irrefutable” —y sin decisión política— no habrá consecuencias.

En México, la justicia no solo necesita pruebas. Necesita permiso.

Con informacion: ELNORTE/

LA «OFRENDA que SI DUELE y…HAY VIENE AMERICO»: «HARFUCH YA SUBIÓ al AVION a EE.UU 92 CAPOS pero YA le TOCÓ TURNO a NARCOGOBERNADOR MORENO y YA NOS PUSIMOS MUY PULCROS»…antes violentamos todo para mandarlos a todos.

EEl gobierno federal lleva un año rifándose 92 capos “de alto impacto” en vuelos VIP rumbo a Estados Unidos, pasando por encima de amparos, formalidades y hasta la Constitución, pero cuando Washington pide la cabeza política de un gobernador morenista, entonces sí, de pronto en Palacio descubren que existe el “principio de soberanía” y todos se vuelven garantistas selectivos.

La alfombra roja de las extradiciones

En menos de un año, el gabinete de seguridad ha organizado tres tandas de entregas masivas de narcos: 29, luego 26 y la masa reciente de 37, para un total de 92 criminales de “alto perfil” enviados a cortes gringas como si fueran mercancía en liquidación de fin de sexenio ampliado. 

Entre ellos iban figuras como Rafael Caro Quintero, los Treviño Morales (Z‑40 y Z‑42) y otros veteranos del catálogo del terror que México no quiso o no pudo procesar a fondo en su propio territorio.

Todo eso se justificó bajo el paraguas mágico de “riesgo para la seguridad nacional”, una etiqueta que sirve lo mismo para blindar decisiones opacas que para brincarse la esencia del tratado de extradición: proceso, pruebas, defensa y respeto a los amparos que, en el papel, son el único muro entre el ciudadano y el capricho del Ejecutivo. 

En la práctica, la extradición se volvio trámite administrativo adornado con discursos patrióticos, mientras los jueces emitian opiniones que Relaciones Exteriores usa como papel tapiz para que la Casa Blanca esté contenta.

La Seguridad Nacional a modo

La Ley de Extradición Internacional y la Ley de Amparo dicen clarito que el procedimiento debe ajustarse al tratado y que el juicio de amparo es la vía para controvertir una extradición, incluso con plazos ampliados porque está en juego la libertad y la jurisdicción del Estado mexicano. 

Pero cuando el acusado es capo ligado a Morena pero sin cargo oficial y el vecino del norte trae prisa, la interpretación se vuelve elástica: todo encaja en “seguridad nacional”, todo es urgente, todo amerita fast track, y los efectos suspensivos del amparo se tratan como molestos obstáculos que hay que “aclarar” hasta vaciarlos de contenido.

En otras palabras: si un juez concede la suspensión para frenar la entrega, aparece la creatividad jurídica del régimen para decir que no se está violando nada, que sólo se está “armonizando” la ley interna con los compromisos internacionales, mientras el reclamado ya va a mitad de vuelo rumbo a una prisión federal en Estados Unidos. 

Harfuch, Trump y la ofrenda que sí dolió

Durante 16 meses, la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, operada por sus estratega Omar García Harfuch, ha estado marcada por las exigencias de Donald Trump, quien convirtió las extradiciones en termómetro de obediencia: Estados Unidos pedía, México entregaba, y todos salían a presumir estadísticas y fotos de capos esposados. 

La caída del Mencho, la cacería de mandos del CJNG como “El Jardinero” y el reciente desfile de narcos en avión oficial se vendieron como prueba sin decirlo, que ahora sí se había acabado la era de los “abrazos, no balazos”.

Pero esta semana la cosa se salió del guion: el Departamento de Justicia puso sobre la mesa la detención del gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, morenista de hueso colorado, acusado de vínculos con el crimen organizado y financiaciones turbias en las elecciones de 2021 donde Americo Villarreal,el gobernador de Tamaulipas esta igual de enlodado. 

Ahí se rompió el encanto: el Gobierno encontró su “ofrenda imposible” y descubrió, de golpe, que la soberanía no es un meme y que buena idea dejar que Washington meta mano en la clase política que sostiene al régimen con verdad, justicia y soberanía.

Cuando el capo es gobernador, cambia la doctrina

A los narcos se les puede mandar sin flores ni despedida, aunque haya amparos, recursos y tratados que exijan un procedimiento robusto; al fin que son “riesgo para la seguridad nacional” y, de paso, excelentes fichas de cambio para negociar con Trump y presumir “cooperación ejemplar”. 

En cambio, cuando el señalado es un gobernador narco-morenista, tan solo uno de media docena mas en camino, son aliados electorales, operadores políticos del triunfo de Sheinbaum, de pronto los mismos que pisotearon suspensiones y formalidades se convierten en custodios de la legalidad estricta: “nos oponemos”, dicen, como si fueran ONG de derechos humanos recién despertadas.

La doble moral es quirúrgica: la ley se interpreta de manera expansiva para atropellar a 92 capos, pero se vuelve texto sagrado para proteger a un solo político con credencial guinda. 

Lo que antes se calificaba como “altura de miras” en la lucha contra el narcotráfico, hoy se mira como injerencia insoportable cuando el expediente apunta hacia el círculo de poder de Morena, exhibiendo que el verdadero “riesgo para la seguridad nacional” es que se toque a la élite que se ha beneficiado de ese mismo sistema.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/

«SOLO JUDAS TEMIÓ ?»: «ROCHA MOYA EMBRIAGADO de OPTIMISMO ENVALENTONADO MAL INFORMADO quiere PROYECTAR INOCENCIA»…pero exhibe desconexión con la magnitud del problema.

En Sinaloa no pasa nada. O al menos eso dice el gobernador Rubén Rocha Moya, quien, en medio de señalamientos por sus vínculos con el narcotráfico provenientes nada menos que del gobierno de Estados Unidos, decidió aplicar la vieja confiable: aquí no hay incendio, aunque huela a humo.

Desde Navolato, entre ganado, apoyos y micrófonos incómodos, Rocha despachó la crisis con una serenidad que raya en lo metafísico: no pedirá licencia, no adelantará vísperas y, sobre todo, no teme absolutamente a nada,aunque te señalan en un expediente de más de 30 páginas para solicitar tu extradición, junto con otras estrellas del firmamento Moreno,inlcuido un militar de alto rango, de esos con harto honor,valor,lealtad y sacrificio,que nunca faltan en ninguna acusación gringa.

El mandatario presume doble formación: matemático y abogado. Una combinación interesante, sobre todo para resolver ecuaciones donde las variables incluyen acusaciones internacionales, expedientes desclasificados y un clásico “cada quien que se rasque con sus propias uñas” para los otros nueve implicados. Solidaridad selectiva, le dicen.

Sobre la posibilidad de extradición, dice no haber recibido ni un recado. Todo en calma. Como si la justicia internacional funcionara por WhatsApp y simplemente aún no le llegan los dos ticks azules.

Y mientras el expediente estadounidense queda reducido a ficción, la narrativa oficial se eleva a terreno patriótico: la Presidenta lo respalda en modo cifrado respaldando a la nación pero con el uniforme de militante de Morena bien puesto. 

Pero más interesante que la negación es el discurso del “no hay nada que temer”. Esa frase, repetida como mantra, no solo busca tranquilizar; también desactiva una emoción incómoda pero necesaria: el miedo.

Y ahí está el punto ciego.

Porque el miedo, bien entendido, no es debilidad: es mecanismo de alerta. Es lo que obliga a revisar, a investigar, a rendir cuentas. Es lo que separa la prudencia de la negligencia. Un gobernante que no teme ante acusaciones graves no necesariamente proyecta inocencia; puede estar proyectando desconexión con la magnitud del problema.

El miedo es incómodo porque exige acción. Obliga a explicar, a transparentar, a someterse al escrutinio. La ausencia total de miedo, en cambio, es terreno fértil para la simulación: todo está bien, nada pasa, sigan circulando.

Mientras tanto, Sinaloa —ese “granero de la República” y también epicentro histórico del narcotráfico— vuelve a quedar atrapado entre el discurso oficial y la sospecha internacional. Estigmatización, dice el gobernador. Realidad documentada, dirán otros.

Pero no pasa nada ?

El gobernador que chacualea las patas entre la sangre derramada volvió a su oficina custodiada por la Marina.

En esta historia, al parecer, la consigna es clara: no hay que temer… aunque el expediente diga lo contrario.

Con informacion: ELNORTE/

«VERDAD ?…JUSTICIA ? SOBERANIA ?»: «NARRATIVA DOLOSA de SHEINBAUM con UNIFORME de MORENA NO se SOSTIENE en el TRATADO de EXTRADICIÓN FIRMADO con EE.UU»…es blindaje de camaradas,no del debido proceso.

La narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su postura oficial tras la solicitud de extradición de Ruben Rocha Moya,aun gobernador de Morena en Sinaloa, no se sostiene jurídicamente a la luz del Tratado de Extradición México‑EE.UU.; se parece más al alegato de una militante defensiva que a la posición de una jefa de Estado obligada a aplicar un tratado vigente.

Qué dice (en serio) el tratado

El Tratado de Extradición México‑Estados Unidos de 1978 obliga a ambos países a entregarse personas cuando existan delitos graves sancionados en ambos sistemas jurídicos, con penas máximas de por lo menos un año. 

No exige “pruebas plenas” propias de sentencia, sino elementos suficientes, según la ley del país requerido, para justificar el enjuiciamiento o la consignación: en cristiano, estándar de probabilidad razonable, no de certeza absoluta.

Además, el artículo 11, leído junto con el artículo 119 constitucional, fija plazos y obligaciones concretas: el país requirente debe presentar, en 60 días naturales, la solicitud formal con expediente completo, mientras el país requerido obtiene órdenes de aprehensión y medidas precautorias para detener provisionalmente al solicitado.

La discusión pública debería ser si la FGR y la SRE cumplen ese estándar técnico, no si la Casa Blanca o el Departamento de Justicia son “políticos” o “claros”.

La frase presidencial bajo el microscopio

Según los dichos de la presidenta: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Esa construcción convierte el requisito técnico de suficiencia probatoria del tratado en un pretexto de defensa política del reclamado.

Primero, el tratado no habla de “pruebas claras”, sino de pruebas suficientes conforme a la ley mexicana para procesar o detener. Quien determina eso institucionalmente no es la conferencia mañanera ni la militancia partidista, sino jueces de control, FGR y cancillería, aplicando la Ley de Extradición Internacional y el propio tratado.

Segundo, el salto lógico “si yo (político) no veo pruebas claras, entonces las imputaciones son políticas” es una pirueta de litigante de talk‑show, no de jefe de Estado obligado a la cooperación penal internacional. El tratado sí prevé que no procede la extradición por delitos políticos, pero esa es una excepción concreta, tasada, no una etiqueta genérica para cualquier caso incómodo donde aparezca un aliado.revistas-colaboracion.

Lo que sí permite decir el tratado (y lo que no)

El marco jurídico bilateral concede al Estado mexicano márgenes legítimos de valoración: puede negar la extradición si el delito es político, si hay riesgo de persecución por motivos discriminatorios, si ya se juzgó el mismo hecho (non bis in ídem), o si la conducta no es delito en México. También puede exigir que se aporten elementos que, a la luz de la legislación mexicana, justifiquen una detención o proceso previo.

Nada de eso autoriza, sin embargo, a la titular del Ejecutivo a prejuzgar públicamente la calidad de las pruebas extranjeras para luego declarar “evidente” que todo es persecución política, antes de que un juez mexicano siquiera abra el expediente. Cuando la presidenta marca línea política sobre el fondo del caso, contamina al propio Estado requerido que, en el papel, debería estar analizando técnicamente si se satisfacen los requisitos del tratado.

Si la cancillería o la FGR consideran que la solicitud estadounidense carece de elementos, lo fundan y motivan: se contesta por vía diplomática, se explica qué estándar probatorio falta, se cita el artículo aplicable y se notifica al reclamado; no se remata en la mañanera con diagnósticos de “objetivo político” estilo comité de base.

Defensa de cámaras mas que del debido proceso

La narrativa presidencial intenta disfrazar de defensa del debido proceso lo que, jurídicamente, se parece mucho más a un blindaje político de aliados: se invoca la falta de “pruebas claras” sin decir qué estándar legal concreto del tratado o de la Ley de Extradición no se cumple. En lugar de citar el artículo 3 o el 11 y explicar técnicamente dónde cojea la solicitud, se opta por el atajo propagandístico: si tocan a uno de los nuestros, es porque “allá” son políticos.

Paradójicamente, el propio tratado está construido para evitar que los delincuentes se refugien detrás de fronteras o de amigos en el poder; obliga a los Estados a cooperar precisamente cuando hay gente con poder político o económico capaz de atrincherarse. Usar la tribuna presidencial para sugerir que una acusación internacional contra un gobernador es “política” introduce en la práctica una excepción que el tratado no contempla: “delitos no extraditables cuando el reclamado trae credencial de partido oficial”.

En un país serio, la frase institucional sería más bien: “Estamos obligados por tratado a revisar la solicitud; si las pruebas no cumplen con el estándar previsto en el artículo 3, negaremos la extradición y lo notificaremos con fundamentos; si lo cumplen, procederemos conforme a derecho”. Lo otro, lo de que “es evidente que el objetivo es político”, pertenece al género de alegato de defensa que debería esgrimirse, si acaso, por los abogados del gobernador en Nueva York, no por la presidenta desde Palacio.

En resumen

Visto desde el escritorio de un abogado caro y aburrido de escuchar coartadas de clientes influyentes, el caso se resume así: el tratado delimita reglas claras, estándares probatorios razonables y excepciones tasadas, mientras que el discurso presidencial intenta reescribirlo como si fuera un manual de autodefensa de Morena. 

El problema no es que la presidenta pida respeto al debido proceso; el problema es que lo hace en clave militante, atribuyendo intenciones políticas al Departamento de Justicia sin pasar por el filtro institucional que el propio tratado establece.

En lenguaje de juzgado: la narrativa presidencial carece de fundamento legal suficiente, se aparta del texto del tratado y pretende introducir por vía de declaraciones una excepción no prevista, basada en afinidad partidista y no en criterios jurídicos objetivos. O, dicho en términos menos elegantes pero más precisos: el tratado se hizo para extraditar presuntos criminales, no para que la presidenta se disfrace de abogada de oficio de gobernador incómodo en turno.

Con informacion: ABM.ORG/TRATADO DE EXTRADICIÓN MEXICO-EE.UU