LOS "HEREDEROS de CARMONA y la RUTA de SANGRE": "VATOS RICOS se MUEREN BIEN EMPACHADOS por SABER DEMASIADO de los NEGOCIOS de sus SUCIOS del GOBIERNO y el CDG"...al "dizque desabarrancado" se lo echo Primito.

Sergio Carmona, Carlos Narváez Romero, Julio Almanza, Gerardo Vázquez Barrera, Daniel Flores y Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Esta lista de nombres tiene dos factores comunes: Primero, se presume que sabían demasiado sobre la operación del huachicol fiscal en México, sobre sus terminaciones financieras, sobre el blanqueo de capitales y, particularmente, sobre sus vinculaciones con la clase política que rodea a Morena y a la coalición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Segundo, todos estos personajes fueron asesinados, están desaparecidos o murieron en supuestos accidentes que no han sido esclarecidos.

Es la ruta de sangre del huachicol fiscal, seis muertes trascendentales que ponen en perspectiva lo que está en juego con el contrabando de hidrocarburos en el país, una industria que desfalcó al Estado mexicano por más de 500 mil millones de pesos en el sexenio anterior y que está conectada al financiamiento ilegal de campañas electorales.

En realidad, el negocio del trasiego de combustible se hizo visible con el asesinato de Sergio Carmona, el primer ‘Rey del Huachicol’, en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Pero el dinero siguió fluyendo. La masiva precampaña presidencial de Adán Augusto López fue testimonio de ello. En ese sentido, la pregunta es inevitable: ¿Quién heredó la estructura de Sergio Carmona?

Esta es la segunda de tres partes de una serie de investigación original de Código Magenta sobre los actores clave del negocio de contrabando de hidrocarburos y su impacto en la escena política mexicana.

El sábado 26 de abril, un vehículo se desbarrancó en la carretera Guadalajara-Colima. Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, un empresario de origen tamaulipeco con nacionalidad mexicana y estadounidense, uno de los dos pasajeros, murió en el siniestro. De acuerdo a fuentes de inteligencia en México y en Estados Unidos, se trata del personaje que heredó la estructura criminal de Sergio Carmona, incluidas muchas de sus relaciones aduanales y algunas de sus amistades políticas.

La conexión Ramírez-Carmona va más allá de simples testimonios. Código Magenta publicó recientemente que Ángel Arnoldo Ramírez Salinas tenía registrado como domicilio la misma ubicación que ostentaba la cuñada de Sergio Carmona, Esmeralda McDonald, en la Calle Nueve, Número 590, Interior B en la Colonia Prolongación Longoria en Reynosa, Tamaulipas. 

Ahora, este medio tuvo acceso a nueva información que confirma el vínculo entre el primer ‘Rey del Huachicol’ y su heredero: esta es la misma dirección con la que, en el año 2011, Sergio Carmona y su esposa, Perla McDonald, dieron de alta a la empresa Grupo Industrial Permart SA de CV en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

El domicilio compartido en Reynosa sugiere complicidad. Grupo Industrial Permart no sólo ha funcionado como una firma fachada para operaciones multimillonarias de huachicol fiscal, sino que ha recibido contratos por miles de millones de pesos con las delegaciones federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del IMSS, particularmente en Tamaulipas y Nayarit. Es decir, hay funcionarios del gobierno federal coludidos en una operación de blanqueo de capitales.

Además, Grupo Industrial Permart fue el epicentro de un mecanismo de financiamiento encubierto a políticos de Morena, sobre todo, en Tamaulipas. La compañía compró flotillas de vehículos de lujo para ponerlos a disposición de personajes que van desde Erasmo González, actual alcalde de Ciudad Madero y ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, hasta Armando Martínez, alcalde de Altamira, y Américo Villarreal, ahora gobernador de Tamaulipas.

La red de Sergio Carmona llegaba hasta el más alto nivel. Su mano derecha, Horacio García Rojas, reconoció en una cena en Texas, cuya grabación está en poder de Código Magenta, que este grupo financió campañas políticas en todo el país en el proceso electoral de 2021 y que en Presidencia tenían conocimiento de sus gestiones. Tres testimonios independientes señalan a Código Magenta que ese año, Sergio Carmona se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El empresario tamaulipeco envió fotos a sus amigos sobre su estancia en la sede de Presidencia.

¿Cuánta de esta influencia fue transferida al heredero de Sergio Carmona? Ángel Arnoldo Ramírez Salinas tenía un perfil bajo. Prácticamente no hay registros mediáticos de su existencia, pero era un personaje ampliamente conocido dentro del círculo de operadores tras bambalinas de la 4T y de las mesas de poder en los restaurantes de Polanco. 

Su ascenso inició en la gestión de Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas, continuó durante la administración de Rafael Marín Mollinedo, pero creció de manera exponencial con la llegada del General André Foullon a la ANAM. Una persona con conocimiento del asunto asegura a Código Magenta que Ramírez Salinas tenía acceso al General a través de su hija Diana Foullon.

La muerte de Ramírez Salinas ocurrió en una semana crítica para las investigaciones alrededor del huachicol fiscal: coincidió con la publicación que hizo el FinCen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicando el ‘modus operandi’ de este negocio y su relación con los cárteles; coincidió con la detención en Utah de la familia Jensen, acusada de blanquear 300 millones de dólares de las organizaciones criminales mexicanas vinculadas al trasiego de hidrocarburos; coincidió con la revelación de Roberto Blanco Cantú y de Mefra Fletes como la presunta distribuidora de la gasolina incautada en Altamira y Ensenada; y coincidió con la sanción de Washington contra César Morfín Morfín, alias ‘El Primito’, señalado como el gestor del huachicol fiscal que conecta al Cártel del Golfo con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tres diferentes fuentes confirmaron a Código Magenta que, antes de morir, Ramírez Salinas había acordado una reunión clave con un prominente miembro del crimen organizado. Este es el hilo que están siguiendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La historia continúa.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

“LEVANTONES,TORTURAS y EJECUCIONES”: “CAMPO SINALOENSE se DUELE del CRIMEN ORGANIZADO pero le DUELE MAS que el GOBIERNO les PIDA DENUNCIAS”…para que al dia siguiente regrese el Cartel y los maten.

Robo de vehículos, maquinaria y más de 10 casos de privaciones de la libertad, con personas torturadas, golpeadas e incluso asesinadas,  son algunas de las problemáticas que en los últimos meses han comenzado a registrarse en el campo sinaloense, especialmente en los municipios de Culiacán, Navolato y Eldorado, así lo reconoció Enrique Riveros Echavarría, expresidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Riveros explicó que los problemas de seguridad, que en un inicio se presentaban únicamente en el casco urbano, ya han llegado al campo. Esta situación ha obligado a los productores a tomar medidas que elevan directamente los costos de producción, afectando de manera directa al sector y al consumidor.

“Nosotros como agricultores hemos modificado nuestra estructura operativa. Entramos a trabajar más tarde, salimos más temprano. Mandamos los tráileres más temprano; los que no salieron en la noche se quedan en resguardo. Todo esto trae consecuencias económicas fuertes. Tener un tráiler parado cuesta. Imagínense esto todos los días, con la cantidad de cargas que se manejan… Estamos tratando de mover menos al personal, porque como productor esa es nuestra responsabilidad, pero la otra parte le toca a los expertos”, apuntó.

El expresidente de la AARC reconoció que los llamados “tentáculos” del crimen organizado han alcanzado al sector agrícola y que la denuncia no es vista como una opción viable debido al temor a represalias. Al menos, dijo, en la AARC se han registrado más de 10 casos de privaciones de la libertad, con personas torturadas, golpeadas e incluso asesinadas tras haber denunciado algún hecho de alto impacto.

“Le tenemos más miedo a las represalias. Una de las cosas que hemos platicado mucho con quienes se encargan de la seguridad es que nos dicen: ‘sin denuncia no podemos hacer nada’. Pero es muy difícil denunciar. Imagínate decir que están en tu campo; ponle que llega el Ejército, arresta, pero al día siguiente los que quedan van a regresar. Y eso ya ha sucedido. Han acusado a trabajadores, veladores, de que ‘pusieron el dedo’, de que denunciaron, y por eso han sido asesinados, torturados o desaparecidos”, lamentó.

Señaló que los productores agrícolas solo cuentan con palas y azadones, no con armas, por lo que urgió a las autoridades a generar condiciones de seguridad reales y sostenibles.

No se puede seguir trabajando bajo estas condiciones que atentan contra la integridad y la vida de quienes vivimos en este estado, advirtió.

“Si el año que entra no vienen los trabajadores, el campo es nada. Ninguno de ustedes va a cortar su tomate y su pepino diario para la ensalada. Necesitamos trabajadores para que esos cultivos se den, se cosechen y se pongan en la mesa de todos ustedes”, concluyó.

La primera gran batalla de la guerra entre los Guzmán y los Zambada en Sinaloa ocurrió en la comunidad de Costa Rica el 9 de septiembre de 2024. Mientras la atención se concentraba en la balacera ocurrida en la colonia La Campiña, al oriente de Culiacán, las facciones de “La Mayiza” y “La Chapiza” se toparon frente a las instalaciones del Parque Industrial de Costa Rica.

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No hubo reporte de víctimas, pero la evidencia del topón quedó en los muros y los cristales del parque y un Oxxo ubicados ahí, cientos de balazos de alto calibre que perforaron las carrocerías de las camionetas y casquillos por doquier. Para cuando el Ejército llegó, ya no había nadie, sólo encontró 21 vehículos baleados, 23 armas de fuego, 138 cargadores, 5 mil cartuchos y diverso equipo táctico.

Desde ese día, la violencia ha estado presente en el Valle de Culiacán. Todos los días pasa algo y así lo muestran las cifras: mientras que en septiembre de 2024 se registraron 16 hechos de violencia de alto impacto en esa región, en octubre y noviembre hubo 33 y 34 respectivamente; y así se ha mantenido hasta abril de este año, a razón de 30 por mes. En total, van más de 200.

La 20: el tiradero de cuerpos

A primera hora del sábado 26 de octubre de 2024, los cuerpos de dos hombres asesinados fueron dejados sobre la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la ciudad, en el entronque con la carretera La 20; tenían las manos atadas con cinta y visibles huellas de tortura.

No eran los primeros ni tampoco serían los últimos. Ese sitio específico se ha convertido en un nodo de violencia y en el tiradero preferido de cuerpos de las facciones criminales. Esta misma semana otro hombre maniatado y asesinado fue reportado en el mismo lugar.

Desde el 9 de septiembre pasado, Noroeste ha contabilizado el hallazgo de, al menos, 30 cuerpos de personas víctimas de homicidio por la carretera que conduce de Culiacán a Eldorado. Las ubicaciones van desde el puente del Piggy Back, el entronque con La 20, las inmediaciones de la Facultad de Agronomía de la UAS, hasta el trébol de la Caseta de Costa Rica, sitio en el que hay un campamento permanente de la Guardia Nacional.
Los ausentes del Valle

Otra violencia silenciosa que asuela al valle de Culiacán es la desaparición de personas. De acuerdo con la base de datos de Noroeste sobre ese fenómeno, construida con las fichas generadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, los colectivos de Buscadoras y el rastreo periodístico de casos, en lo que va de la guerra han privado de la libertad a 225 personas en el área.

Del total de personas privadas de la libertad, 68 por ciento permanece como “Desaparecida”, 22 por ciento ha sido “Localizada con vida” y el resto, 10 por ciento, ha sido “Localizada sin vida”. Destacan, entre ellas, 19 menores de edad y 23 mujeres.

La escalada de privaciones de la libertad en el valle es innegable, mientras que en agosto del 2024 hubo apenas seis casos, en septiembre subió a 19 y alcanzó su pico máximo en octubre con 47 casos. Durante 2025, los meses más altos han sido marzo y abril con 32 y 22 casos respectivamente.

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Adiós al Valle tranquilo

Por muchos años, el Valle de Culiacán fue un espacio tranquilo y seguro; trabajadores del campo, agricultores, proveedores y empresarios detonaron allí una de las zonas agrícolas más productivas y exitosas de México.

Pero eso cambió para mal con esta guerra, la violencia en el valle agrícola de Culiacán, Navolato y el recién creado municipio de Eldorado, ha ido mucho más allá de los asesinatos y el hallazgo de cuerpos en la zona, sino que hay una mezcla de delitos diversos que se presentan de manera cotidiana y combinada.

Noroeste construyó una base de datos que consigna al menos 200 hechos de violencia de alto impacto en el Valle de Culiacán durante el periodo que va del 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2025.

Las violencias registradas incluyen 84 hallazgos de personas asesinadas, 24 aseguramientos de laboratorios, vehículos y equipos por parte de las autoridades militares, 15 enfrentamientos entre grupos criminales, 11 asesinatos, seis ataques a balazos a inmuebles y vehículos, cinco civiles armados abatidos, cuatro asesinatos de policías y tres hallazgos de fosas.

Los asesinatos, las desapariciones, la presencia de grupos armados y el registro de enfrentamientos y balaceras ha convertido al corazón agrícola del centro del Estado en una de las zonas más afectadas social y económicamente por la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Pasados ocho meses de inseguridad, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) manifestó su postura en un desplegado dirigido a la Presidenta de la República, el Gobernador de Sinaloa y los alcaldes de los tres municipios involucrados: “Como es por todos conocido, desde hace más de ocho meses padecemos una escalada de violencia que a pesar de los esfuerzos y acciones de los tres niveles de Gobierno, del trabajo y compromiso de soldados, marinos, guardias nacionales, policías y personas inocentes que han perdido la vida o han sido heridos en los frecuentes hechos de agresión armada que se suscitan a nuestro alrededor, la situación no mejora”, dice el documento publicado en medios locales y nacionales el lunes 12 de mayo.

El Gobernador Rocha Moya acusó recibo durante su conferencia “semanera” y se comprometió a dialogar con los agricultores para trabajar en colaboración.

Como cada año, a finales de mayo la temporada agrícola llegará a su fin en el valle hortícola de Culiacán y el contexto no podría ser más adverso: la nueva política comercial del Presidente Trump tiene nerviosos a los productores y trabajadores del campo, la sequía llegó para quedarse y la violencia, que los gobiernos federal y estatal han sido incapaces de contener, hace que el solo hecho de ir al campo resulte peligroso.

Con informacion: SCARLET NORDHAL/REVISTA ESPEJO/ NOROESTE

“ALGO SABEN o es al TANTEO ?”: “INCLUYEN a TAMAULIPAS en COLOR ROJO-COLORADO en MAPA de RIESGOS de VIOLENCIA durante ELECCION JUDICIAL”…en el tercer lugar de la preocupación.

A un menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones del Poder Judicial, el Observatorio Electoral Judicial alertó sobre la posible intromisión del crimen organizado en este proceso en específico, ello ante las denuncias que recientemente se hicieron de candidaturas con posibles afinidades a organizaciones criminales.

A través de su decimosegundo informe, diversas organizaciones integrantes de este observatorio también analizaron y resaltaron los riesgos de violencia en las elecciones judiciales, es especial por el hecho de que las elecciones judiciales carece del tinte político de elecciones anteriores en el país, por lo que “resulta preocupante que la violencia se convierta en un elemento más a considerar”.

En este contexto, se recordó que la organización México Evalúa, integrante de este observatorio publicó un análisis en el que encontró que de las 19 entidades federativas que tendrán elecciones de jueces tanto estatales como federal, ocho de ellas presentan altos niveles de riesgo de violencia político criminal: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz.

Y es que según lo observado por la organización, en dichas entidades se encuentran hoy mucho más presentes los factores que propiciaron la violencia en las elecciones pasadas, lo cual sirven como vía para que el crimen organizado intervenga y capture no sólo los procesos electorales sino sus resultados y, por tanto, a las y los juzgadores en distintas partes del país.

“Sobre la vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones lo que se evalúa son las capacidades institucionales para investigar y actuar frente al crimen organizado, así entre más bajas capacidades se enfrenta una mayor vulnerabilidad del estado a la intromisión del crimen en las elecciones.

“Y, en cuanto a la alta disponibilidad de opciones de captura, lo que se mide es el porcentaje de cargos que se elegirán en 2025, frente a la totalidad de la judicatura estatal. Entre más cargos se elijan en un estado, más aumenta la posibilidad de cooptación de jueces”, añade el informe del observatorio.

Todo lo anterior, agrega el informe, prende las alarmas cuando se espera que en 2027 se realicen de manera concurrente elecciones judiciales y políticas en todo el país, especialmente en medio del debilitamiento de las autoridades electorales y las autoridades judiciales, y ante la falta de mecanismos de acción previstos para atender estos casos.

“Lo atípico del comportamiento de la violencia electoral puede responder a la incertidumbre, la falta de información que se maneja sobre las candidaturas y el desconocimiento o inexistencia de mecanismos de denuncia ante casos de violencia.

“Las dinámicas de violencia para influir en la definición de candidaturas y en su eventual triunfo actúan al margen de la ley. Debemos analizar más alternativas para identificar estos casos y evitar, en la medida de lo posible, que los intereses políticos, económicos y criminales capturen a personas juzgadoras”, subraya el informe.

Con informacion: ELECONOMISTA/

“SHEINBAUM alias la NO ESTOY ENTERADA”: “CARICATAURA DIBUJA el DESCONOCIMIENTO de de la PRESIDENTA como mero SALDO de las DESCONFIANZAS de EE.UU”…todos somos ignorantes,aunque no todos ignoramos lo mismo.

La caricatura de Paco Calderón en El NORTE,deja ver lo penoso que es que una Presidenta se queje con gesto adusto y en una mañanera, porque ignora todo lo relativo a dos importantes sucesos, el acuerdo con EE.UU de Ovidio Guzmán,alias “El Raton” y el cruce de 17 de la familia del “Chapo” ,como mero saldo de una negociacion de altos vuelos,donde la discreción opera como desconfianza al segundo piso.

Elementos clave de la caricatura

• Repetición de “No estoy enterada…”: Refuerza la imagen de una mandataria desinformada, muy y pese a todo el aparato de inteligencia del estado mexicano, que lamentablemente no se anticipa a nada.
• El remate “pero el FOBAPROA…”: Satiriza su énfasis en este escandalo conocido como rescate bancario de los 90’s en su confrontación con el ex-presidente Ernesto Zedillo.
• Texto inferior: “NO SABE NADA de lo que ocurre actualmente… y MENOS de lo que ocurrió entonces”, subraya esa doble ignorancia: la del presente y la del pasado en alusión al FOBAPROA

Contexto inmediato de la caricatura

1. Acuerdo entre EE.UU. y Ovidio Guzmán

• Tras la extradición de Ovidio Guzmán a EE.UU., se filtró que, como parte de un acuerdo judicial, 17 de sus familiares (incluida su madre y una hermana) cruzaron a EE.UU. bajo protección, en una operación que México no autorizó ni fue informado formalmente.
• Esta maniobra generó críticas en México, pues la presidenta exigió transparencia a EE.UU. y cuestionó la coherencia de negociar con miembros de un cártel que Washington ha calificado como terrorista.

1. Éxodo de familiares

• El traslado de la familia Guzmán es visto como parte de la negociación para que Ovidio colabore con las autoridades estadounidenses, entregando información clave sobre el narco y actores políticos mexicanos.
• La falta de información oficial y la reacción tardía o evasiva del gobierno mexicano han sido motivo de cuestionamientos públicos y políticos.

Meollo de la caricatura

La caricatura alude a estas dos omisiones: la presidenta dice no estar enterada ni del acuerdo ni del éxodo de la familia Guzmán, pese a que ambos hechos son de máxima relevancia nacional e internacional. La sátira radica en mostrar a la mandataria como alguien que nosabe nada, salvo lo que si le conviene recordar.

Con informacion: PACO CALDERON/ELNORTE

“TRAS ACUSAR de TERRORISMO a MAYITOS los EE.UU ABREN la PUERTA para ENTRAR por ELLOS a MEXICO”…autoridades estadounidenses pueden actuar legalmente contra personas fuera de su territorio nacional.

La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusar de terrorismo a capos de “Los Mayitos” abre la puerta para una posible intervención contra criminales en México, consideraron actores políticos.

Uno de los delitos que se imputan a dos líderes criminales, aliados de Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, es “proveer apoyo material o recursos a una organización extranjera designada como terrorista”.

La Eventual Intervención de EE.UU. en México por Acusaciones de Terrorismo a Capos de “Los Mayitos”

Contexto y Fundamentación Legal

Esta acusación se sustenta en el capítulo 18, artículo 2339-B del Código de EE.UU., que prevé la jurisdicción extraterritorial para perseguir delitos de terrorismo, permitiendo a las autoridades estadounidenses actuar legalmente contra personas fuera de su territorio nacional.

La jurisdicción extraterritorial, en términos jurídicos, es la capacidad de un Estado para ejercer su poder legal más allá de sus fronteras, aunque su aplicación efectiva suele requerir cooperación o consentimiento del país donde se pretende actuar. 

En la práctica, EE.UU. ha utilizado esta figura para perseguir delitos internacionales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, justificando acciones policiales, de inteligencia e incluso militares en el extranjero bajo el argumento de proteger su seguridad nacional.

Implicaciones Políticas y Riesgos para México

La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, impulsada por la administración de Donald Trump y respaldada por la reciente acusación formal, abre la puerta a un nuevo marco de acción estadounidense que podría incluir desde sanciones financieras y congelamiento de activos, hasta operaciones de inteligencia y, en escenarios extremos, incursiones armadas en territorio mexicano. 

El subsecretario de Defensa de EE.UU., Colby Jenkins, declaró ante el Senado que esta designación “abre puertas” a opciones letales y a una preparación para actuar si el presidente lo requiere.

Actores políticos mexicanos han manifestado preocupación ante este escenario. Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado, advirtió que la posibilidad de que EE.UU. invoque jurisdicción extraterritorial para actuar en México sin autorización representa un grave riesgo para el Estado de derecho y la soberanía nacional. Estefanía Medina, de Tojil, señaló que el concepto puede ser usado políticamente para justificar acciones directas de EE.UU. en México, más allá de la cooperación judicial tradicional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en rechazar cualquier intervención bajo este pretexto, exigiendo que no se utilice la definición de “narcoterrorismo” para justificar mayor injerencia o presencia de agentes estadounidenses en México sin autorización expresa y respeto a la soberanía. 

En una reciente conversación con Trump, Sheinbaum rechazó la propuesta de permitir la entrada del Ejército estadounidense para combatir al narcotráfico, reafirmando que la cooperación debe limitarse al intercambio de información y acciones coordinadas, pero nunca a la presencia militar extranjera en territorio mexicano.

Precedentes, Debate y Escenarios

Históricamente, la relación bilateral ha estado marcada por tensiones en torno a la soberanía y la intervención, con antecedentes de incursiones militares y presiones políticas de EE.UU. sobre México. La estrategia de designar a los cárteles como terroristas busca dotar a EE.UU. de herramientas legales para actuar con mayor contundencia, como lo ha hecho contra grupos como Al Qaeda o ISIS, permitiendo desde la persecución extraterritorial hasta operaciones encubiertas o militares.

Sin embargo, expertos consideran que una intervención armada unilateral sigue siendo poco probable, aunque no imposible, dada la complejidad política, los riesgos de escalada y el impacto en la relación bilateral y la estabilidad regional. Más factible es el uso de sanciones, congelamiento de activos y presión diplomática para forzar la cooperación mexicana o la extradición de líderes criminales.

Conclusión

La acusación de terrorismo contra capos de “Los Mayitos” y la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras constituyen un parteaguas en la política de seguridad regional, abriendo la puerta a una posible intervención estadounidense bajo el amparo de la jurisdicción extraterritorial. Este escenario genera una fuerte tensión política y jurídica, enfrentando la exigencia estadounidense de actuar contra el crimen organizado con la defensa mexicana de la soberanía y el derecho internacional. La postura del gobierno mexicano es clara: colaboración sí, intervención no, reafirmando que cualquier presencia de agentes o fuerzas extranjeras debe contar con autorización expresa y estar sujeta a las reglas y leyes mexicanas.

Con informacion de Mayolo López y Rolando Herrera: ELNORTE

"OTRA VEZ la FGR y YA P'a QUEJARSE esta el PUEBLO": "PLAÑIDERA PROFESIONAL ACUSA a JUEZA EQUIVOCADA de PROTEGER EX-GOBERNADOR ÉMULO de CABEZA de VACA"...unico expediente que avanza es el de quejas,jueces replican y justicia sigue en lista de espera.

No cabe duda, la FGR de Alejandro Getz Manero parece haber encontrado su verdadera vocación: la de plañidera profesional del sistema de justicia mexicano. Ya no investiga, no persigue, no acusa: se queja. Y para quejarse, francamente, ya está el pueblo, que lo hace gratis y sin boletín de prensa.

Resulta que ahora la Fiscalía General de la República se ha convertido en el coro de los lamentos, un rosario interminable de excusas y reproches, mientras la impunidad y la ineficiencia se pasean orondas por los pasillos de la Fiscalía y su contraparte el poder judicial.

El último sainete lo protagoniza la denuncia penal que la FGR anunció contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, a la que acusa de “escandalosa protección” al exgobernador Silvano Aureoles. El motivo: la jueza habría dado largas al asunto, dejando por comparecido al imputado con un simple escrito no ratificado y programando una nueva audiencia para dentro de tres meses, en vez de los 15 días que marca el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Pero el enredo judicial es tan grande que la propia Fiscalía confundió a las juezas: la audiencia de agosto la citó Patricia Sánchez Nava, no Vargas Alarcón. Y mientras tanto, Aureoles sigue libre, la orden de aprehensión en suspenso, y la justicia, como siempre, en veremos.

La FGR, en vez de hilar fino y armar casos sólidos, prefiere montar espectáculos mediáticos y repartir culpas a diestra y siniestra, el sello de la casa en “Morena”, como si el pueblo no supiera que en México la impunidad es la regla y no la excepción: el 99% de los delitos quedan sin castigo, y la confianza en las instituciones de justicia es tan baja que ni para chistes de abogados alcanza. Como bien dice el dicho: “La justicia es como una serpiente, sólo muerde a los descalzos,una especie de telaraña que solo atrapa moscas pero deja pasar pájaros”.

Así, la Fiscalía se ha vuelto el personaje que, cuando la ley no está de su lado, golpea la mesa… pero ni así logra que caiga la justicia. Y mientras unos se acusan de dilatorios y otros de parciales, el expediente de la impunidad sigue engordando, protegido por capas y capas de ineptitud sempiterna. Porque en la tragicomedia judicial mexicana, la FGR se queja, la jueza se defiende, el acusado no comparece, y el pueblo… el pueblo sigue esperando justicia, pero ya ni se sorprende, porque ya sabe que ellos como te ven te tratan,que todos somos iguales ante la ley, pero no ante los hombres que la imparten.

Con informacion: ELNORTE/

"DOBLE RASERO y TRIPLE MORAL": "IETAM PRESUME TUMBÓ PUBLICACIONES de MAGENTA que SEÑALAN a TANIA CONTRERAS CANDIDATA a MAGISTRADA que le ECHO la MANO a LIDER del CDG"...pero practica lo que critica vs CDV.

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) via la consejera Marcia Laura Garza Robles, confirmó ayer que tres publicaciones de Codigo Magenta contra Tania Contreras, candidata a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, fueron retiradas de circulación y además el medio responsable fue apercibido con una multa económica por estas publicaciones.

Argumentos sobre el beneficio a la candidata y afectación al derecho a la información

• A favor de la candidata:
  Las resoluciones de IETAM y TRIELTAM se basan en la protección contra la violencia política de género, ya que argumentan que las publicaciones vinculaban a Tania Contreras con la delincuencia organizada, lo que fue considerado un acto de violencia y posible difamación. La candidata argumentó que tales publicaciones ponían en riesgo su integridad y la de su familia.
• En detrimento del derecho a la información:
  El retiro de publicaciones y la sanción al medio pueden percibirse claramente como una limitación al derecho de los ciudadanos a estar bien informados, pues en este se vierte información relevante e informada, incluso con documentos que acreditaban los dichos sobre esta figura pública enteramente al servicio de los intereses del gobernador ligado al crimen organizado.
• Sin embargo, las autoridades electorales justificaron la medida en la protección de derechos fundamentales ante posibles actos de violencia política de género y la difusión de información no verificada o difamatoria.

Contraste y análisis

Aspecto	Argumento a favor de la candidata	Argumento en defensa del derecho a la información
Motivo del retiro de publicaciones	Protección contra violencia política de género y difamación.	Posible censura y limitación del debate público sobre figuras de interés público
Procedimiento seguido	Dictamen de medidas cautelares y tutela preventiva por parte de IETAM y TRIELTAM.	Falta de transparencia sobre los criterios para retirar información y sancionar medios
Impacto en la ciudadanía	Protección de derechos humanos y reputación de la candidata	Potencial afectación al derecho de acceso a información relevante sobre candidatos

Conclusión

El retiro de publicaciones y la sanción al medio se fundamentan en la protección contra la violencia política de género y la prevención de la difusión de información considerada difamatoria. 

Sin embargo, estas acciones pueden generar preocupación si atendemos la mas reciente entrevista donde la aludida candidata practica lo que critica.

El discurso de Tania Contreras frente a sus propias acusaciones

Doble rasero en la exigencia de pruebas

Tania Contreras, candidata de Américo Villarreal Anaya,el gobernador de Morena indagado por su colusión con el crimen organizado, aspira a ser magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, ha denunciado públicamente que fue víctima de una campaña de desprestigio y violencia política de género, señalando que los ataques en su contra -principalmente publicaciones de Código Magenta- carecen de pruebas y fundamento, y constituyen calumnias que afectan su reputación y derechos políticos. 

Ella ha insistido en que ninguna persona debe ser juzgada en el espacio público sin pruebas y sin respeto a su dignidad, y que la libertad de expresión no debe usarse para calumniar ni estigmatizar, especialmente contra mujeres en la vida pública.

Sin embargo, en recientes declaraciones, Contreras acusa de manera directa al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de estar detrás de los ataques mediáticos en su contra, afirmando que él -con el respaldo del PAN- orquesta una estrategia para impedir su llegada al Poder Judicial y así conservar un sistema de impunidad. 

Contreras sostiene que Cabeza de Vaca le teme y teme perder su impunidad, y lo señala de haber conducido una administración “llena de corrupción, llena de desvíos”, sin aportar en la entrevista pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

Comparativo de las posturas

Situación	Postura de Tania Contreras sobre sí misma	Actuación de Tania Contreras hacia terceros
Acusaciones sin pruebas	Denuncia violencia política y exige pruebas	Acusa a Cabeza de Vaca de corrupción e impunidad
Exigencia de pruebas	Reclama que no debe ser juzgada sin sustento	Formula señalamientos graves sin aportar pruebas públicas
Libertad de expresión	Pide ética y responsabilidad en el uso de los medios	Utiliza entrevistas para lanzar acusaciones directas

Contradicción central

Mientras Contreras exige rigor probatorio y respeto a su propia presunción de inocencia ante publicaciones que la vinculan con hechos ilícitos, ella misma recurre a acusaciones graves contra el exgobernador Cabeza de Vaca, atribuyéndole corrupción, control de jueces y orquestación de campañas mediáticas, sin presentar públicamente pruebas concretas en ese momento. 

Esta dinámica refleja un doble estándar: se duele de ser víctima de señalamientos infundados, pero formula acusaciones de similar gravedad y falta de sustento público contra sus adversarios.

Conclusión

El contraste evidencia que Tania Contreras mientras cabildea resoluciones truculentas de órganos electorales probadamente poco independientes y tradicionalmente al servicio del gobierno,exige para sí un trato garantista y respetuoso de sus derechos, pero en el debate público recurre a la misma lógica de acusaciones sin sustento que ella denuncia. Esto debilita la coherencia de su discurso que abusa de la violencia de genero y expone una contradicción en la manera en que demanda y otorga legitimidad a las acusaciones en el espacio público.

Con informacion: HoyTamaulipas/