Luego del tropezón publico y por escrito de Jorge Cuellar Montoya,ahora ex-vocero de Seguridad en Tamaulipas y quien ademas fungía como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica,el que quiso defender al indefendible Gobernador de Morena Américo Villarreal Anaya y cayo en el intento, esto tras la la aun presunta revocación de la visa por parte de EE.UU,fue echado a la calle para reemplazarlo por otro peor.
Yes que, todo indica que otra vez se le cerro el mundo a “Don Americo” y de plano ante tanta acusación ya no le importan las formas, por lo que de acuerdo a múltiples trascendidos ,va reemplazar al defenestrado Cuellar Montoya,por Willy Zuñiga,actual rector de la Universidad de Seguridad y Justicia que fue acusado de asesino y secuestrador por la prensa nacional en Octubre de 2022.
Quien es Willy Zuñiga
El gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, lo nombro en el cargo de Rector de la USJT tras su llegada a la gubernatura.
Willy Zuñiga, quien fuera zar antisecuestros del priísta Egidio Torre, estuvo dos años en prisión por el delito de secuestro y homicidio,como lo señala el periodista Salvador Garcia Soto,de El Universal tras nombrado en el puesto.
La vida del priísta Willy Zúñiga, ha sido documentada por diversos medios de difusion,siempre envuelto en escándalos delictivos, comenzó en la época del multimillonario exgobernador Egidio Torre Cantú (…vive impune en San Pedro en Palacio de 340 Millones de pesos).
Don Willy era el encargado de resolver los secuestros en Tamaulipas y de su amigo Pedro Efraín González Aranda, director de Averiguaciones Previas.
Tanto Willy en ese entonces oficinista, en 2015 como como Pedro, que era Fiscal, estuvieron detenidos por 2 años en el penal de Ciudad Victoria, porque cuando trabajaban en Hidalgo, Tamaulipas, ebrios cometieron un secuestro.
Por lo borracho que andaban hicieron todo mal, la víctima los identificó plenamente por eso ingresaron Willy y Pedro al reclusorio, donde ambos se perfeccionaron y siguieron estudiando hasta graduarse con la gente del crimen organizado.
Finalmente, Willy y Pedro fueron liberados por el Supremo Tribunal de Justicia y los mal armados expedientes fueron hechados abajo, por eso se la pasaron litigando sin causar problemas y estudiando, sin levantar sospechas.
Con el paso de los años, reingresaron a la Procuraduría de Justicia en Tamaulipas (hoy Fiscalía) esta vez como oficial ministerial Willy y Pedro como Ministerio Público, “ambos de la gente”.
En un vehículo oficial de la Procuraduría (hoy Fiscalía) de Justicia de Tamaulipas, Willy en estado de ebriedad, mató a una persona de la tercera edad al chocarle su bicicleta, por como le ayudaron en la “Procu” por eso ni proceso hubo, por cuanto hace a Pedro, fue parte del equipo que integró, las indagatorias y retraso la entrega de carpetas que servían para identificar a parte de los 193 migrantes ejecutados en San Fernando.
Precisamente en aquellos tiempos en que Tomas Gloria Requena,Subsecretario General del Gobierno de Americo Villareral,era el alcalde priista que presto a Zetas la maquinaria para enterrar cuerpos, citan testimonios ante la PGR.
Willy renunció al ganar en 2016 el panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y sus vientos de cambio lo empujaron a migrar, dejando números maquillados: mil 31 secuestros en Tamaulipas, que se conjuntó con el número de personas desaparecidas que sumaron alrededor de seis mil personas tanto por el fuero federal como el fuero común.
Debido a sus buenas relaciones y una presunta recomendación de la fallecida Isabel Miranda de Wallace, de “Alto al Secuestro” ,Willy se fue al Estado de México donde estuvo trabajando con el como Jefe Antisecuestros, las crónicas redactan que tenía su propia banda, con los que “arreglaba” el rescate.
Regresó a Tamaulipas, al saber que Morena ganó por presunta recomendación de Omar García Harfuch quien se lo habría recomendado al gobernador Américo Villarreal quien le concedió la rectoría de la Universidad de Justicia, creyendo que nadie lo conocía.
El diario español El Pais,expone en un articulo el dia de hoy, lo que podria ser una confrontación directa mañana, la postura del Ejercito en contra de la intentona de Omar García Harfuch de construirse como el otro “Garcia”, un estado policiaco pa’el solito apoderándose de todo y empoderandose en todo.
Como ya sabemos,la presidenta Claudia Sheinbaum que aprecia tanto a OGH como FCH apreciaba a “Genarco” García Luna,por cierto expatron del primero,envió al Congreso dos propuestas clave: la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.Ambas buscan otorgar amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, especialmente en materia de investigación e inteligencia. Sin embargo, a pesar de la mayoría legislativa de Morena, las iniciativas permanecen estancadas. El principal motivo: la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), liderada por el general Ricardo Trevilla.
Núcleo del conflicto: poder y atribuciones
El Ejército percibe que estas leyes desplazarían parte de su control sobre la seguridad e inteligencia, áreas donde, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consolidó un poder inédito, extendiéndose incluso a sectores civiles como infraestructura y administración pública. La propuesta de Sheinbaum implica un reequilibrio: fortalecer el componente civil de la seguridad, encarnado en Harfuch, y restar atribuciones a las Fuerzas Armadas, en particular en labores de inteligencia e investigación criminal,por cierto, con un “bando de ex-federales,muchos echados a la calle por López Obrador,enemigo de facto de García Harfuch’”
Manifestaciones de la inconformidad militar
Trabas legislativas: Sedena ha presionado para frenar la aprobación de las leyes, temiendo que Harfuch obtenga facultades de investigación e inteligencia por encima de las que actualmente detentan los militares.
Negociaciones y exigencias: El Ejército busca asegurar que, de aprobarse las leyes, las atribuciones en investigación incluyan colaboración castrense, evitando un desplazamiento total hacia autoridades civiles.
Tensión operativa: La confrontación ha escalado a nivel operativo y simbólico, como se evidenció en el incidente del desalojo de oficinas de inteligencia de la Guardia Nacional del llamado “Búnker” de García Luna, donde elementos militares retiraron equipos y tecnología antes de entregar instalaciones a la SSPC, dejando solo el cascarón físico y dicho sea de paso, no hay dinero para adquirir mas,porque el pais esta tronado económicamente.
Resistencia a la fiscalización: Otro punto de fricción es la facultad de la SSPC para fiscalizar recursos federales destinados a los estados, lo que implica un control presupuestal que tampoco es bien visto por los mandos militares.
Implicaciones políticas y de gobernabilidad
El conflicto ha obligado a la presidenta a intervenir directamente para mediar y evitar una ruptura pública en el gabinete de seguridad. La disputa no solo es de competencias, sino de visiones: mientras Sheinbaum apuesta por fortalecer el eje civil y profesionalizar la seguridad, el Ejército busca preservar su influencia y evitar perder los espacios de poder ganados en el sexenio anterior.
Factores adicionales de atascamiento legislativo
Registro nacional de usuarios de telefonía móvil: Las iniciativas incluyen la creación de una base de datos biométricos vinculados a líneas telefónicas, con acceso para instituciones de seguridad pública. Aunque esto ha generado debate por sus implicaciones en derechos humanos, es un factor secundario respecto al núcleo del conflicto: la redistribución del poder en materia de inteligencia.
Agencia de Transformación Digital: La nueva agencia, pieza estratégica para Sheinbaum, tendría amplias facultades en telecomunicaciones y combate a la corrupción, lo que también incomoda a los militares, pues centraliza información y control en instancias civiles.
Escenario actual y perspectivas
El desenlace es incierto. Aunque en público tanto Harfuch como Trevilla niegan desencuentros, las fuentes internas y los hechos operativos evidencian una disputa real y profunda. El avance de las iniciativas dependerá de la capacidad de negociación de Sheinbaum y de los resultados de la elección judicial, que podría definir la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para su discusión y eventual aprobación.
El estancamiento de las reformas de seguridad no es solo un trámite legislativo, sino el reflejo de una pugna de fondo por el control de la estrategia nacional de seguridad.
El Ejército, que durante el sexenio de López Obrador alcanzó un protagonismo sin precedentes, resiste ceder espacios a la nueva estructura civil propuesta por Sheinbaum y Harfuch. La resolución de este conflicto marcará el rumbo de la seguridad pública en México y definirá los límites del poder militar en la vida civil del país.
La batalla por el control de la inteligencia y la seguridad en México no solo revela la pugna entre civiles y militares, sino que también pone a prueba la capacidad del nuevo gobierno para redefinir los equilibrios de poder en un país donde la seguridad es el terreno más disputado del Estado.
El riesgo de concentración excesiva de poder en una sola figura
El caso de Genaro García Luna es un ejemplo contundente de los peligros de otorgar facultades de seguridad, inteligencia y operación a un solo individuo sin contrapesos institucionales.
García Luna, como secretario de Seguridad Pública, acumuló un poder enorme y terminó coludido con el crimen organizado, utilizando su posición para proteger y fortalecer al Cártel de Sinaloa al que hoy batallan para combatir. Su caso demostró que la falta de controles y la centralización absoluta pueden derivar en corrupción, impunidad y traición al Estado.
Contrapeso y equilibrio de poderes
Permitir que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo mando civil, concentre atribuciones de investigación, inteligencia y control presupuestal, sin la participación o supervisión militar, puede reproducir los errores del pasado y abrir otra vez la puerta a nuevos García Luna,aunque todo indica nunca se cerró.
EL DEJA VU POLICIACO MILITAR
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la estrategia de seguridad y combate al narcotráfico en México estuvo marcada por la participación de dos grandes polos de poder: por un lado, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y por otro, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por el general Guillermo Galván Galván. Esta dualidad generó una rivalidad institucional y personal, con profundas consecuencias para la política de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Orígenes y motivos de la rivalidad
1. Desconfianza y advertencias iniciales
Antes de que Calderón nombrara a García Luna como secretario de Seguridad Pública, miembros de la Sedena advirtieron al presidente electo sobre el historial turbio de García Luna y sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Estas advertencias fueron ignoradas y el nombramiento se concretó, lo que sentó las bases para una relación tensa y de desconfianza entre ambas instituciones.
2. Lucha por el control de la estrategia antinarco
La SSP de García Luna y la Sedena compitieron abiertamente por el control de la inteligencia, la información y la ejecución de operativos contra el crimen organizado. Esta pugna limitó el intercambio de datos y debilitó la efectividad de la estrategia nacional, como lo documentaron cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks y reportajes de la época.
El informe de la embajada de EE.UU. señalaba que la falta de confianza y la rivalidad entre líderes institucionales provocó una dramática disminución de la cooperación y el intercambio de información entre la SSP y la Sedena, afectando la guerra contra las drogas.
3. Diferencias de enfoque y autonomía
García Luna impulsó la creación y fortalecimiento de la Policía Federal, bajo su control directo, y buscó centralizar la inteligencia y la operación policial, en ocasiones minimizando o excluyendo la participación militar.
Sedena, por su parte, defendía su autonomía operativa y su papel histórico en tareas de seguridad nacional, resistiéndose a quedar subordinada a mandos civiles que consideraba poco confiables o incluso corruptos.
Consecuencias y episodios clave
1. Operativos y filtraciones
Testimonios presentados en juicios en EE.UU. y reportajes periodísticos han señalado que García Luna filtraba información sobre operativos a favor del Cártel de Sinaloa, lo que generaba suspicacias y molestia en mandos militares, quienes percibían que sus acciones eran saboteadas o selectivamente dirigidas contra cárteles rivales de Sinaloa.
2. Acusaciones cruzadas y escándalos
Durante el juicio a García Luna en Nueva York, se mencionó el nombre del general Guillermo Galván Galván, titular de Sedena, en relación con presuntos sobornos, aunque sin que se hayan presentado pruebas concluyentes. Esto refleja el ambiente de sospecha y acusaciones cruzadas que permeó la relación entre la SSP y Sedena.
La desconfianza llegó a tal punto que, según testimonios y análisis, Sedena prefería operar con sus propios sistemas de inteligencia y no compartir información clave con la SSP de García Luna.
3. Herencia institucional y reformas posteriores
El caso García Luna sirvió como argumento para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promoviera la adscripción de la Guardia Nacional bajo control de Sedena, con el argumento de evitar la corrupción y la autonomía excesiva que caracterizó a la Policía Federal bajo García Luna.
Tabla comparativa: SSP de García Luna vs. Sedena
Aspecto
SSP (García Luna)
Sedena (Ejército)
Control de inteligencia
Centralización en Plataforma México
Sistemas propios, reserva de datos
Estrategia operativa
Policial, civil, con apoyo militar
Militar, autonomía operativa
Relación con cárteles
Acusaciones de protección a Sinaloa
Acusaciones menores, más opacidad
Percepción de corrupción
Muy alta tras juicio en EE.UU.
Menor, aunque con señalamientos
Relación con el presidente
Apoyo directo de Calderón
Mas alla de lo tradicional e institucional
Conclusión
La rivalidad entre Genaro García Luna y la Sedena fue un factor central en la fragmentación de la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narco”. Se manifestó en desconfianza mutua, competencia por el control de la inteligencia y los operativos, y en la falta de coordinación que, según análisis diplomáticos y periodísticos, debilitó la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
El caso García Luna y sus vínculos con el narcotráfico han sido utilizados posteriormente para justificar la militarización de la seguridad pública y el control de la Guardia Nacional por parte de Sedena, con el argumento de evitar la corrupción y la fragmentación institucional que marcó ese periodo, pero ambos extremos han sido muy corruptos.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO JIMENEZ
La informacion es oficial y fue publicada desde las redes sociales de @ICEgov,dando cuenta de acciones de agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos,trabajando activa y estrechamente e con instituciones federales en Mexico ,para el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas en Sinaloa.
La participación de los efectivos de EE.UU,atestiguada en imagenes,permite una colaboración que abona a la confianza al participar con Mexico,dando certeza a las acciones que en el pasado han sido recriminadas por simuladoras por la prensa internacional.
“Tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa fueron desmantelados con narcóticos y precursores químicos incautados en una operación liderada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE dentro del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
ICE HSI ha estado trabajando estrechamente con FGR-AIC, SEDENA y MARINA para identificar envíos de precursores de drogas procedentes de China y eliminar laboratorios de producción de drogas operados por los cárteles en México. La colaboración entre ICE-HSI y GOM ayuda a detener la producción de narcóticos en la fuente, evitando que drogas mortales pasen de contrabando a través de nuestras fronteras y lleguen a nuestras calles y haciendo que nuestras comunidades sean más seguras…”
Por qué la colaboración mutua, sin hipocresías soberanas, es el mejor escenario para combatir el crimen
El crimen organizado y la delincuencia transnacional han demostrado ser fenómenos que superan las fronteras y capacidades de los Estados individuales. Ante esta realidad, la colaboración genuina entre países y actores institucionales, dejando de lado discursos de soberanía que sólo encubren inacción o enmascaran agendas ocultas, es el escenario más efectivo para enfrentar estas amenazas.
Razones clave
El crimen es transnacional, la respuesta debe serlo también:Las organizaciones criminales operan a través de múltiples países, aprovechando vacíos legales, diferencias regulatorias y falta de coordinación entre gobiernos.
Sólo la cooperación real y sostenida permite cerrar estos espacios, compartir inteligencia, coordinar operativos en estrecha armonía y confiesa mutuas, permiten judicializar casos complejos.
Eficacia probada en casos concretos: Experiencias recientes en América Latina y Europa muestran que los acuerdos de colaboración mutua, como los firmados entre Chile y Venezuela, Ecuador y Francia, o los impulsados por la Unión Europea y América Latina, han permitido desarticular redes criminales, mejorar la capacidad investigativa, y fortalecer la seguridad pública y el bienestar ciudadano.
Mecanismos legales y técnicos sólidos: Instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establecen mecanismos de extradición, asistencia judicial recíproca, investigaciones conjuntas y cooperación policial, que sólo funcionan si existe una voluntad política real de colaboración, sin reservas soberanas artificiales que limiten el flujo de información o la acción coordinada.
Impacto inmediato y sostenido: Cuando la colaboración se implementa correctamente, el impacto es inmediato: investigaciones más rápidas, recuperación de activos, identificación y detención de líderes criminales, y desarticulación de estructuras delictivas. El desafío es mantener esa cooperación como práctica permanente y no como excepción.
Beneficios multisectoriales: La colaboración no sólo involucra a los Estados, sino también al sector privado, la sociedad civil y organismos internacionales, lo que enriquece la prevención, la detección y el combate al crimen en todas sus formas, incluyendo el lavado de dinero, el tráfico de drogas, armas, personas y la ciberdelincuencia.
El costo de la “hipocresía soberana”
La defensa excesiva de la soberanía, utilizada como pretexto para evitar la cooperación, sólo beneficia a las redes criminales, que se aprovechan de la fragmentación y la falta de voluntad política para actuar. El resultado es la impunidad, el estancamiento de investigaciones y la perpetuación de la inseguridad ciudadana.
Conclusión
La colaboración mutua, respetuosa,transparente y sin reservas soberanas mal entendidas o convenencieramente, es el mejor escenario para combatir el crimen organizado ,porque responde a la verdadera naturaleza del fenómeno: global, adaptable y complejo. Sólo así se pueden articular respuestas integrales, rápidas y eficaces que protejan a la ciudadanía y fortalezcan el Estado de derecho.
“Si a la voluntad y la fuerza se le suma la inteligencia, no hay poder humano que se resista”.
Un narcomensaje mas en el contexto de la guerra de bandos de la misma banda en Sinaloa,nos deja ver otra vez la misma realidad de siempre,la de militares del ejercito Mexicano coludiendose con el crimen organizado, actuando como resistencias en el combate al narco y combatiendo al crimen cometiendo mas crimenes,lo que termina demorando la victoria y enrareciendo aun mas la violencia, pues con esta conducta es como desatan todo el poder destructor de la facción dolida del Cartel ,que por cierto también se ha servido de ellos.
El mensaje es contundente:
“…Sra. Claudia Sheinbaum Pardo para que la violencia se acabe ocupe poner atención al general de brigada PORFIRIO FUENTES VELEZ actual comandante de la 9a Zona Militar ya que apoya a la facción MAYITO FLACO Y ALEJANDRO CABRERA SARABIA Colaborando con mandarles personal en hummers y camionetas oficiales las cuales circulan junto a las caravanas de sicarios que se ven por el Salado, Quila, Tamarillos y Cosalá, en otras ocasiones ha detenido gente armada en Cosalá a grupos de 20 personas y los dejan en libertad, escondiendo las armas, él hizo acción similar en el pueblo Potrerillos del Norte y la Cruz. Esto demuestra el gran apoyo de la mayoría asegurando carros blindados y equipo táctico a la célula. El general actual al personal ordena detener y no poner nada a disposición a la FGR ni ministerio público ni general. PORFIRIO FUENTES VELEZ
Y es que para nadie ya es un secreto, que desde el inicio de la guerra al narco,cuando el Ejército inauguro el ensangrentadero y abrio las puertas del infierno del que no salimos, ni saldremos, si seguimos haciendo lo mismo esperando resultados distintos de manera ilusa.
Mientras oficialmente combaten al crimen organizado, en la práctica, amplios sectores de las fuerzas armadas incurren en colusión con los propios grupos criminales, perpetuando un ciclo de violencia y corrupción.
Este fenómeno, tristemente recurrente, se traduce en una especie de “resistencia interna” dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. El resultado es una estrategia fallida, donde “mientras unos jalan la carreta, otros la empujan en sentido contrario”. Es decir, mientras algunos elementos cumplen con su deber, otros sabotean los esfuerzos al proteger o colaborar con delincuentes.
La denuncia reciente sobre el General de Brigada Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la 9ª Zona Militar en Sinaloa, quien presuntamente brinda apoyo a figuras identificadas del narcotráfico como “El Mayito Flaco” y sus aliados los “Cabrera Sarabia”, ilustra a la perfección este problema estructural. No se trata de casos aislados, sino de una práctica que debilita la confianza ciudadana, obstaculiza la procuración de justicia y, sobre todo, prolonga la violencia.
Cuando las fuerzas armadas, encargadas de restaurar el orden, terminan cometiendo más crímenes o protegiendo intereses criminales, la “guerra contra el narco” se vuelve una simulación. La impunidad y la corrupción al interior de las instituciones no solo impiden la victoria, sino que perpetúan el sufrimiento de la sociedad civil.
La practica corrupta del ejercito no es nueva
En Julio de 2024,en el preambulo del choque de bandos del Cartel de Sinaloa,el muy informado periodista Hector De Mauleon publicaba en El Universal+:
“De acuerdo con fuentes de inteligencia, la cadena de operativos, decomisos y detenciones que se ha registrado en Sinaloa durante los últimos meses proviene de información generada por los propios cárteles…”.
Esta colusión esta fundada en la necesidad de ‘volver rica la pobre inteligencia” del ejercito, que buscando verse efectivos, no dudan en obtener informacion efectiva asi sea a cambio de efectivo.La información privilegiada después se presenta como “inteligencia” para simular resultados y justificar su trabajo y en el caso Sinaloa lo han hecho con las dos facciones, antes,durante y después..
Cuando mandos militares se coluden con una facción del crimen organizado, obtienen acceso privilegiado a información interna sobre los movimientos, estructuras y rivales de ese grupo. Esta información, que debería ser producto de un trabajo de inteligencia legítimo, en realidad proviene de acuerdos y pactos con los propios delincuentes, como acusa en voz alta Estados Unidos.
Así, los mandos presentan resultados y operativos basados en estos datos como si fueran fruto de una labor profesional de inteligencia militar, cuando en realidad sólo están actuando bajo la guía de una de las partes en conflicto. Esto no solo les permite justificar su trabajo ante sus superiores y la opinión pública, sino que también perpetúa la impunidad y el control territorial de la facción con la que están coludidos.
Lejos de combatir al crimen, este tipo de “inteligencia” fabricada refuerza el poder de ciertos grupos, elimina a sus rivales y da la apariencia de resultados en la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad se trata de una simulación que encubre la corrupción y la traición a la ciudadanía a la que también matan por error y “horror”.
