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domingo, 1 de abril de 2018

"GUADALUPE",OTRO PUEBLO FANTASMA del PAIS DONDE el NARCO "YA MATO TODOS los POLICIAS"...la guerra que inicio Calderon no se acabo al Narco,pero si al pueblo.


La guerra quedó grabada a manera de memoria dolorosa y amenazante en las estructuras cadavéricas de lo que fueron casas y negocios. A manera de lo que fue, sí; pero también de lo que no se ha ido. Guadalupe, municipio al este de Ciudad Juárez, colindante con Texas, es casi un pueblo fantasma, todavía.

"La violencia no está detenida, es de diferente forma, pero sigue", dice una mujer que vive desde niña en Guadalupe y que prefiere no dar su nombre. "Siempre hay alguien vigilándonos", cuenta.

Hace diez años que comenzó la guerra en este pueblo. Los cárteles de Sinaloa y de Juárez se disputaban el territorio, ideal para el tráfico de droga, personas y armas porque no hay muro y el río lleva poca agua gran parte del año, las brechas que existen del lado norteamericano llevan a la carretera Interestatal 10 que conecta los estados fronterizos. Al enfrentamiento se sumaron el Ejército y la Policía Federal y este pueblo fue una devastada zona de guerra entre tres bandos.

Marzo de 2008 llegó con el anuncio del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, impulsado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Llegó también con el arribo de 11.840 elementos de seguridad, entre policías federales, ministeriales y Ejército, al estado. Marzo cambió todo y no ha vuelto a la normalidad desde entonces.


Por ejemplo, en 2010 fueron asesinadas entre Ciudad Juárez y Guadalupe, municipios que representan apenas el 1 por ciento de la población total del país, 3.825 personas, es decir, el 15 por ciento de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México, las puso este puntito del mapa junto al río Bravo. Y el 50 por ciento de los homicidios fueron contra hombres de entre 15 y 29 años de edad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La cabecera municipal de Guadalupe es el poblado que lleva el mismo nombre, es parte de lo que se conoce como el Valle de Juárez, que comprende una parte de Ciudad Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. Son más de 60 kilómetros de frontera que comparte el río con los poblados de Fabens, Tornillo y San Elizario, en Texas.

Desintegrar a la Policía y exterminar familias

Aunque parezca contradictorio, Guadalupe, uno de los municipios más violentos del estado de Chihuahua, no tiene Policía Municipal. A sus integrantes los asesinaron, secuestraron, desaparecieron o amenazaron para que renunciaran.

Éricka Gándara Archuleta tenía 28 años cuando se convirtió en la primera comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. Tenía bajo su mando a siete policías; todos renunciaron ante las amenazas y ella se quedó sola. Era la única policía que salía a patrullar el pueblo cada día con un fusil AK-47 cuando, el 23 de diciembre de 2010, víspera de Navidad, fue secuestrada. Un grupo armado la sacó de su casa, a la que le prendió fuego, antes de irse con Éricka.

Guadalupe, uno de los municipios más violentos del estado de Chihuahua, no tiene Policía Municipal. A sus integrantes los asesinaron, secuestraron, desaparecieron o amenazaron para que renunciaran.

Casi dos meses después, el 12 de febrero, fue hallada muerta en un canal de aguas negras, pero eso no se supo hasta que pasaron ocho meses y el cuerpo, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición, pudo ser reconocido.

Seis meses antes del secuestro de Éricka, el alcalde de Guadalupe huyó hacia Ciudad Juárez por las amenazadas del crimen organizado. Jesús Manuel Lara fue acribillado frente a su familia y dentro de la casa en que se refugiaba, el 19 de junio de 2010.

Pasaron cuatro años y la familia de Éricka se enlutó de nuevo. El 11 de diciembre de 2014 fueron encontrados los cuerpos de tres hombres cada uno enredado en una cobija. El multihomicidio de Élmer García Archuleta, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y activista, así como de su hermano Édgar Iván García y de su primo Gabriel Gándara Archuleta, conmocionó a la comunidad de ambos municipios. Los cuerpos tuvieron que ser velados en El Paso, Texas, a donde huyó el resto de la familia en busca de asilo.

Los Reyes Salazar

A la familia Reyes Salazar le asesinaron siete integrantes, los demás, todos, tuvieron que huir y sus casas fueron saqueadas y quemadas. A Estados Unidos pidieron refugio 36 integrantes y otros tantos en la Ciudad de México.

Josefina Reyes Salazar esperaba a su hijo de 19 años cuando sonó el teléfono. Julio César fue asesinado por un grupo armado que irrumpió la boda en la que se encontraba. Era 15 de noviembre de 2008.

Con la entrada del Operativo Conjunto Chihuahua llegaron las amenazas para Josefina, ella exigía y se sumaba al movimiento contra la militarización del municipio. Fundó el Centro de Derechos Humanos Pro Valle de Juárez. En agosto de 2008, durante un cateo, un grupo de militares se llevó a otro de sus hijos, Miguel Ángel. Cuando acudió al cuartel le dijeron que ahí no estaba. Josefina se puso en huelga de hambre y logró que le regresaran a su hijo.


Josefina fue asesinada por dos hombres que la seguían. Cuando se dio cuenta se estacionó en un establecimiento de comida a donde intentó correr. Las balas la alcanzaron antes. Era 3 de enero de 2010.

A Rubén Reyes, otro de los hermanos, también activista hacía más de 30 años, le dio alcance una camioneta luego de dejar a su hija en la escuela. Desde ahí lo acribillaron. La primera en llegar a la escena fue su hermana Marisela que trabajaba en la escuela, consiguió una sábana para tapar el cuerpo perforado.

De un retén militar se llevaron a Elías Salazar, a su esposa María Luisa Ornelas y a su hermana Magdalena Salazar en febrero de 2011, a mediados del mes aparecieron los tres cuerpos torturados. No queda ninguno en Guadalupe y todas las casas de la familia fueron quemadas.

Tras el asesinato de la comandante Éricka Gándara Archuleta se extinguió la Policía Municipal. Sin embargo, para 2015 invitó a la comunidad a reintegrarla. Esta vez el comandante fue Máximo Carrillo Limones. El 21 de junio de 2015 fue sacado del estadio de béisbol por hombres armados, torturado y asesinado el mismo día.

El comandante Máximo fue relevado enseguida por Joaquín Hernández. El 7 de julio, se encontraba con su hijo, Jonathan Uriel Hernández, de 24 años y un hombre que fue a pedir trabajo. A la estación llamaron para reportar un accidente en la carretera Juárez El Porvenir. Los seguía una ambulancia que vio cómo los emboscaban y disparaban. El paramédico llamó a la reportera de El Diario Luz del Carmen Sosa, con la culpa de quien mata porque no pudieron ayudarlos, "nosotros no tenemos armas", le dijo, como si tuviera que confesar o justificar la huida.

Desde entonces no existe la Policía Municipal y es el Estado el que se encarga de enviar elementos para que patrullen la zona. De acuerdo con empleados del DIF municipal la población ronda los 1.500 habitantes, a 10 años de la guerra se considera que el 70 por ciento de la población huyó. En 2005 el censo de población del INEGI fue de 4.647.


El 4 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto, acudió para inaugurar el puente internacional Guadalupe-Tornillo, al que se le invirtieron 500 millones de pesos y se anunció como uno de los puertos más importantes en la frontera. Entonces y desde antes, para una visita del ex gobernador César Duarte, las casas del pueblo se pintaron de colores fosforescentes en un intento de disimular el abandono. Como en la Fiscalía, donde no hay ninguna denuncia por el incendio de las casas. Un intento estéril.

Cuando llegas a Guadalupe alguien te sigue. Es sábado y en el gimnasio municipal se celebra una pelea de gallos, adentro improvisaron un palenque, un grupo de hombres toma cerveza y fuma atrás de las pajas que rodean a los gallos. La directora del DIF y esposa del presidente municipal, Patricia Olguín, cuenta que es un evento del Municipio a beneficio de una iglesia cristiana. Ahí está el presidente pero no accede a entrevista, se tiene que ir de emergencia. Afuera dos patrullas de la Policía del Estado cuidan el evento.

Los empleados municipales dicen que todo está bien y seguro. Pero la gente no quiere hablar o si lo hace da una recomendación, que no se detengan, que no tomen fotos: "Es un grupo que nunca se va a acabar. Es un consejo que les doy porque les pueden dar un asustadón que no se la van a acabar, los pueden para ministeriales o civiles, es lo mismo".

"Anoche escuché balazos", dice una mujer sin nombre.

fuente.-Marco Antonio Lopez/

"CONTROLADORES AEREOS" COLOMBIANOS JALABAN PA'L CARTEL de SINALOA...sin ayuda oficial no hay auge, no crece nada, ni nadie.

La reciente captura de dos veteranos controladores aéreos en Colombia vinculados al Cartel de Sinaloa ha puesto de relieve una vez más el papel neurálgico que juegan las autoridades aeronáuticas corruptas en el comercio internacional de droga y el creciente rol del crimen organizado mexicano en el país suramericano, principal productor de cocaína del mundo.
En una operación que contó con el apoyo de la Administración para el control de Drogas de Estados Unidos (The Drug Enforcement Administration, DEA por sus iniciales en inglés), las autoridades colombianas desmantelaron una red de 11 personas que incluía funcionarios corruptos señalados de coordinar y facilitar el transporte de cocaína para el Cartel de Sinaloa desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, en el suroeste de Colombia.
Según uno de los investigadores, la droga, que era llevada desde el departamento del Cauca, a unas pocas horas por tierra de la ciudad de Cali, tenía como destino final México, a donde era enviada en jets privados. El grupo presuntamente estaba a cargo del ciudadano colombo-mexicano Jaime Hernán Velásquez, alias “El viejo”, quien ya había sido capturado en 2003 por sus vínculos con el tráfico de cocaína.
Entre los capturados se encuentran Luis Armando Rivera y Jorge Jimmy Panchalo Calderón, quienes suman más de 50 años de experiencia en Aerocivil, la agencia semiindependiente del gobierno colombiano que se ocupa de la regulación y control del tráfico aéreo, excluyendo la aviación militar.
Otros miembros de la red, algunos de los cuáles mantenían vínculos con las fuerzas militares, eran responsables de evitar procedimientos de interdicción aérea, reclutar pilotos y conseguir las aeronaves.
Las operaciones de la red presuntamente se extendían a Buenaventura y Cartago, aeropuertos aledaños al de Cali, aunque las autoridades aún no descartan que en los próximos días se presenten capturas vinculadas a la organización en otras partes del país como Bogotá y Villavicencio.

Análisis de InSight Crime

El desmantelamiento de esta red se suma a una serie de operaciones recientes realizadas por las autoridades colombianas que parecen estar enfocadas en el uso de aviones privados para el tráfico internacional de masivas cantidades de cocaína.
Como InSight Crime ha señalado, el impresionante aumento en la producción de cocaína colombiana ha llevado a que algunos grupos de narcotraficantes —los que están mejor conectados— ahora prefieran arriesgarse a enviar cargamentos de cocaína de mayor tamaño que a incurrir en la extenuante tarea logística de separarlos en paquetes más pequeños, lo que también implica un mayor numero de intermediarios.
El papel de las autoridades corruptas en estas dinámicas es clave para asegurar la llegada de la mercancía a su destino. De hecho, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien se desempeñó como director de Aerocivil a comienzos de los años ochenta fue vinculado a estas dinámicas en el pasado, e incluso ha sido señalado de entregar licencias y rutas de vuelo a Pablo Escobar.
Así mismo, los vínculos de la organización con un presunto miembro del Cartel de Sinaloa y que miembros del grupo transportaran la droga desde su zona de cultivo, da muestra de los cambios recientes en el comercio de cocaína tras la desmovilización de las FARC y los cambios subsecuentes en el panorama criminal colombiano.
Aunque desde hace varios años las organizaciones criminales mexicanas han tenido cierto nivel de presencia en Colombia a través de emisarios, las capturas recientes presentan una señal alarmante de que estos grupos ahora podrían estar buscando asegurarse un mayor control de las cadenas de producción y distribución de la droga a través de la corrupción de funcionarios de mayor nivel.
Fuente.-(Imagen/Web)

A JESSICA la "ENGANCHARON por FACEBOOK" para MATARLA y ROBARLE BEBE...macabro y criminal engaño.

Una mujer permanece en calidad de detenida ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado tras el escalofriante caso de joven embarazada que apareció en estado de putrefacción en un departamento de la zona norte de Tampico a la cual la asesinaron para extraerle al bebé de su vientre. 
Investigan también a la hermana por probable participación en este escalofriante caso.
Este caso que se conoció este sábado por la tarde-noche, en la calle Venustiano Carranza número 805 de la colonia Nuevo Progreso en la zona norte de Tampico, en donde vecinos alertaron sobre olores nauseabundos que se desprendían del interior de una de las habitaciones.
Se trata de Jéssica Gabriela Hernández García, quien contaba con 20 años de edad y 8 meses de gestación, misma que desapareció el pasado 27 de marzo alrededor de las 10 de la mañana cuando salió por la ropita para su bebé que nacería en poco tiempo.

Trascendió que la vestimenta se la habrían ofrecido a través la red social Facebook, por lo que acudió presuntamente al domicilio en donde fue localizada sin saber que sería el último día de su existencia y de su bebé.
Familiares de Jessica, al ver que no regresaba de inmediato iniciaron con la búsqueda, además de poner de conocimiento de las autoridades de procuración de justicia.
MACABRO PLAN
De acuerdo a versión de vecinos, el departamento en donde fue localizado el cuerpo habría sido habitado por un matrimonio desde hace dos meses; eran tres niños, la mujer de nombre “Cinthia” y su marido, mismo que regularmente se ausentaba.
Mencionaron que la mujer siempre dio a conocer que se encontraba embarazada y que incluso ya presentaba 9 meses de getación, sin embargo al decir de ellos no se le “notaba”, lo que se les hacía extraño, sin embargo pasaba desapercibido.
Refirieron que el pasado 27 de marzo, alrededor de las 14:00 horas llegó apurada la hermana de la inquilina e inmediatamente después salió con un bebé en brazos gritando que no respiraba; atrás de ella “Cinthia”, quienes tomaron un taxi y supuestamente dirigirse al hospital Civil de Tampico, “Dr. Carlos Canseco”.
También señalan después de ese día, ya no se les volvió a ver, sino que hasta este sábado por la tarde que se desprendieron los olores que alertaron a los vecinos.
Todo hizo suponer que “Cinthia” efectivamente se encontraba embarazada, sin embargo presentó un aborto que no le dio a conocer a su pareja, ni a su familia, esto con el afán de continuar con su macabro plan, pues trasciende que ya habría contactado a través de la red social Facebook a algunas mujeres embarazadas ofreciéndoles ropita para bebé regalada; Jessica fue la desafortunada que cayó en la red mortal de “Cinthia”.
Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia localizaron el cuerpo de la infortunada envuelta en una bolsa abajo de una de las camas, luego de que vecinos denunciaran la presencia de los olores.
Al indagar al respecto de inmediato lograron la ubicación de la mujer, su pareja sentimental y la hermana de ésta, quedando detenida la primera como probable responsable de este escalofriante asesinato en el que se menciona que “Jessica” murió por ahorcamiento, y posteriormente le sacó el producto para hacerlo pasar como de ella.

Asesinan a embarazada para extraerle al bebé, en TampicoFuente.-

VAN 378 FEDERALES "CAIDOS" en 12 AÑOS de GUERRA al NARCO...y miles de ciudadanos inocentes tambien.

La Policía Federal ha perdido hasta el 11 de marzo del presente año a 378 de sus elementos desde que el gobierno federal le declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006.

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De acuerdo con información de la corporación policiaca la peor época para los federales se vivió de 2008 a 2013, cuando los ataques por parte de la delincuencia se intensificaron contra los uniformados.
Una de las organizaciones que más daño ha causado a la Policía Federal es el cártel de La Familia michoacana y la escisión de esta organización criminal Los Caballeros Templarios, las cuales tendieron emboscadas a los agentes asesinando a varios de ellos, cuando los policías se encontraban comisionados en Michoacán para recuperar el control del estado.
En junio de 2010, por órdenes del capo Nazario Moreno González, El Chayo, en Zitácuaro, Michoacán, fue emboscado un convoy de la Policía Federal que dejó 12 uniformados muertos, lo que representó uno de los peores ataques que sufrió la corporación policiaca.
El número de policías federales muertos se suma a los más de 530 militares y casi 80 marinos que han caído bajo las balas de los diversos cárteles del narcotráfico que tienen presencia en el país, durante el periodo citado.
En respuesta a una petición, con base a la Ley Federal de Transparencia e Información, la Policía Federal detalló el número de eventos en donde integrantes de la institución hicieron uso legítimo de la fuerza con el propósito de repeler agresiones de la delincuencia organizada, así como de aquellos donde fueron atacados sin poder defenderse de la agresión.
RECONOCIMIENTO
Derivado de este tipo de sucesos, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) ha reconocido la labor de la Policía Federal.
En abril de 2016, la DEA condecoró con el Corazón Púrpura a dos agentes de la Policía Federal que resultaron heridos de gravedad el 18 de diciembre de 2013, en Puerto Peñasco, Sonora, tras un enfrentamiento donde fue abatido el narcotraficante Gustavo Inzunza Inzunza, El Macho Prieto.
Inzunza era el jefe de lugartenientes del cártel de Sinaloa y el más violento; operaba bajo las órdenes del capo Ismael El Mayo Zambada.
La DEA solo otorga la presea a los agentes estadunidenses que resultan gravemente heridos o que mueren en operaciones oficiales. La distinción solo se había entregado a los deudos de dos oficiales colombianos caídos en cumplimiento del deber.
BAJAS
La Policía Federal respondió que en 2007, cuando sus agentes se encontraban desplegados en diversas regiones del territorio nacional, 13 uniformados perdieron la vida. Un año después, el número de bajas fue alarmante porque sumaron 64.
En 2009 el número de pérdidas humanas llegó a 48; durante ese año, sicarios del cártel de La Familia llevaron a cabo ataques simultáneos en diversas localidades de Michoacán y dispararon contra aeronaves de esa corporación policiaca que sobrevolaban la ciudad de Apatzingán.
Sin embargo, 2010 registró el pico más alto. Fue la época más lamentable para la Policía Federal, porque 93 oficiales cayeron muertos, en ese año los federales fueron emboscados continuamente. Por su parte, los delincuentes empezaron a promover sus delitos en algunas páginas electrónicas.
En 2011, la cifra de agentes muertos fue de 47, un año más tarde se registraron 35 bajas, en 2013 el número llegó a 29 caídos, en 2014 registraron 13 decesos, y la cifra se elevó a 15 en 2015.
A partir de 2016, el número de muertes comenzó a ser menor en comparación con años anteriores. En dicho año diez agentes perdieron la vida, en 2017, nueve, y en lo que va del presente año dos agentes han fallecido en la lucha contra el narcotráfico.
Fuente.-

LA "RAPIDA" PROFECO DIO la RAZON a "CAPOS PRESOS" y VERIFICARA que les VENDAN "CHETOS y DORITOS" al PRECIO ESTABLECIDO...la crema y nata no se podrá quejar de la "profeco".

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio la razón a líderes del crimen organizado, secuestradores y capos del narcotráfico, internos en penales federales de Jalisco y el Estado de México, luego de que se quejaran por el aumento de precios de los productos que se venden en las tiendas de las cárceles.

NOTA RELACIONADA:

“La Profeco buscará que se proporcione la información y/o documentación que acredite que los artículos y/o productos que se venden a las personas privadas de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) sean vendidos al mismo precio que se paga por ellos en el mercado regular”, advirtió.
La dependencia mencionó que todos los consumidores, independientemente de su condición y de las circunstancias en las que participan como tal, incluidos los centros penitenciarios, cuentan con la salvaguarda de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ser un derecho constitucional.

“Por consiguiente, la institución estará atenta a las quejas y denuncias de estas personas sin que sea óbice el hecho de que estén privadas de su libertad”.
De hecho, expuso que esto debe ser como lo considera el capítulo II de las ventas, artículo 118 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006.
Apuntó que “se emitió un oficio que contiene un requerimiento de información con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dirigido a la empresa Klasnic, SA de CV, la cual ha manifestado que en los próximos días rendirá un amplio informe pormenorizado de los hechos que rodean a esta denuncia”.
La dependencia acotó que la finalidad de este requerimiento es vigilar que se respete dicha ley, que en su artículo 6 establece que “están obligados al cumplimiento de la misma las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno de Ciudad de México, en cuanto tengan el carácter de proveedores, en unión de empresas privadas”.
Reveló que el titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, ha sostenido encuentros con representantes de la empresa Klasnic, SA de CV, proveedora de los productos que se comercializan dentro de los Ceferesos, y con Cuauhtémoc Villarreal, representante del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Nacional de Seguridad.
“Esto, a fin de conocer la problemática que presumiblemente afecta a los quejosos que presentaron sus cartas ante esta procuraduría, con el compromiso de que en cuanto se finalicen las indagatorias y se tenga una solución, en los próximos días la Profeco emitirá una resolución en unión del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, donde se tomarán acciones y medidas para solucionar esta problemática de consumo”.
Más de 60 presos del penal del Altiplano y unos 70 del centro de reclusión Occidente firmaron sendas quejas las cueles fueron dirigidas al titular de la Profeco en donde aseguraban que “además de ser obligados a comprar productos para su alimentación, aseo y papelería, los costos eran excesivos hasta en 40 por ciento, lo cual ocurre desde octubre pasado cuando se reconfiguró el sistema de tiendas en los Ceferesos.
Los quejosos explicaron que son “obligados porque no se nos proporciona una adecuada alimentación, ya que solo existe una opción que monopoliza la venta de productos”.
fuente.-

"8 TRAIDORES al UNIFORME del EJERCITO" FUERON CONDENADOS a 26 AÑOS de CARCEL por COLABORARLES a ZETAS...que la pena sirva de ejemplo.

Un Tribunal Supremo Militar de México confirmó la pena impuesta a ocho militares por colaborar con el cartel de Los Zetas entre 2010 y 2011. Si la justicia civil no lo impide, se pasarán 26 años en prisión. Ya llevan más de seis. Igual que el jurado que los condenó en primera instancia, el Alto Tribunal ha desestimado las torturas a que fueron sometidos durante el proceso. Torturas infligidas por policías militares judiciales, que se encargan de investigar delitos en el ámbito castrense. O dicho de otro modo, torturas que sufrieron de mano de sus propios compañeros.

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Con alguna variación, los ocho relatan que en marzo de 2011, policías judiciales militares los detuvieron en su batallón, con sede en Saltillo, en el Estado de Coahuila. Les trasladaron a un galpón dentro de las instalaciones del cuartel y les interrogaron. También les torturaron. Al parecer, los judiciales trataban de probar que los ocho habían pasado información a enlaces de Los Zetas: por dónde saldrían a patrullar, dónde instalarían un puesto de control. Por entonces, Los Zetas habían desplazado al Cartel del Golfo en Coahuila y amenazaban su hegemonía en el norte del país.
Ministerio Público militar, dieron detalles de aquel infierno: "Al sentir que me asfixiaba, comenzaba a manotear (...) Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me volvió a hacer la pregunta, que quién era TAURO, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (...) [Luego] me quitó las esposas y me pidió que me desnude. Al desnudarme, me tira en un colchón, me amarra de pies y prácticamente la totalidad del cuerpo para que no me moviera y poniéndome un trapo en la nariz, comenzaban a tirarme agua en la cara".

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Para Ramiro Ramírez, abogado de los ocho, su colaboración o no con Los Zetas no es el tema: "Es un juicio viciado y de esos vicios solo es culpable la misma Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, al permitir a sus agentes de la policía judicial que privaran de la libertad y torturaran a los sentenciados". Durante el juicio, Ramírez insistió en que había jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apoya la nulidad de procesos, en que uno o más testimonios se obtienen mediante tortura.
En todo caso, insiste el letrado, "en los siete años de proceso, el ministerio público no encontró prueba de que ellos colaboraban con los Zetas. Lo único que existe son las declaraciones de ellos mismos incriminándose, pero por la tortura física y psicológica de la que fueron objeto. Concretamente", sigue, "la acusación es que ellos transmitían información por medio de llamadas y mensajes de texto, y eso nunca lo pudieron acreditar, a pesar de que tuvieron los teléfonos de todos los militar y de los dos civiles."
Los dos civiles a los que se refiere son supuestos integrantes de Los Zetas, cuyas declaraciones habrían forzado la intervención de la policía judicial militar. Tauro, mencionado arriba, sería el alias de un militar, contacto de Los Zetas con los demás.

La Sedena reconoce la tortura

Al inicio del proceso, dos de los ocho, Francisco Javier Soto y Sócrates Humberto López, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman investigó y elaboró un informe que probaba la tortura de los judiciales. Para evitar su publicación la Sedena llegó a un acuerdo, reconoció la tortura y accedió a pagarles una indemnización, 2.500 dólares. Sin embargo, el proceso continuó como si nada.
Al mismo tiempo, el Ejército mandó a un perito para que realizara un informe sobre la salud de todos; para que determinara si efectivamente habían sufrido tortura. En abril, durante el juicio, explicó que sufrían diferentes niveles de estrés postraumático derivado de los tratos que les brindaron durante su detención.
Tras seis años en la justicia militar, el caso llega ahora a la civil. Tras la consiguiente apelación de Ramírez, un tribunal ordinario verá el caso y decidirá. Entre tanto, los ocho pasan sus días en una cárcel federal en Veracruz.
Fuente.-España/

GUERRA al NARCO "HIZO CRECER CARTELES",3.6 BILLONES en GANANCIAS y AMPLIAN OPERACIONES en AMERICA,EUROPA y ASIA...si esa era la idea,vamos requetebién.

La guerra contra el narcotráfico tiene saldo negativo: miles de muertos y desaparecidos no han contenido la expansión de los cárteles, que habrían lavado 3.6 billones de pesos entre 2013 y 2017. Ahora dominan la producción y el tráfico de heroína y metanfetaminas a Estados Unidos y su presencia se amplía en América, Europa y Asia.

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Líderes en la producción y exportación de heroína y en el trasiego de metanfetaminas, cocaína, mariguana y fentanilo a Estados Unidos, los cárteles mexicanos cerrarán así, con esa categoría, el segundo sexenio en el que, se supone, han sido combatidos frontalmente por el gobierno.
Abastecer el mayor mercado de drogas en el mundo hace de su industria criminal un éxito en términos financieros: entre 2013 y 2017 habrían lavado hasta 3 billones 646 mil 500 millones de pesos (a razón de entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales, según estima el Departamento del Tesoro estadunidense).
Y eso es sólo por venta de drogas ilegales en el vecino país. Aparte se cuentan las ganancias de su expansión en Europa y Asia, y sus otros “negocios” a nivel doméstico (narcomenudeo, secuestros, “derecho de piso”, extorsión, tráfico de personas, animales, metales y maderas preciosas, entre otros), aunque de ello no hay cálculos oficiales.
La evaluación sobre la situación actual de los cárteles la hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, el principal patrocinador de la “guerra” contra el narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida. Y concluye que el país ha reprobado.
Ante ese fracaso, y en el contexto electoral, el maestro Jorge Retana Yarto –especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional– observa que en breve podría darse un gran golpe mediático contra los grupos delictivos.
“Es muy probable que, al no tener resultados que ofrecer, el gobierno de Enrique Peña lance algún tipo de ofensiva contra las organizaciones criminales a partir de la Ley de Seguridad Interior, para presentar algún resultado que pueda pesar en el contexto de las elecciones presidenciales, como obra de gobierno”.
El golpe podría permitir al gobierno apuntalar al candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, porque el tema de la seguridad y del combate a las organizaciones criminales es muy sensible para la sociedad, observa el autor del libro El imperio de las mafias transnacionales.
Y es que la fracasada campaña antinarcóticos ha tenido un alto costo para los mexicanos: más de 270 mil civiles asesinados en 10 años; más de 30 mil desaparecidos; 250 mil desplazados por la violencia; centenas de secuestrados, violados, torturados. Y nada de ello ha frenado el boyante negocio criminal.
 “Es claro que la estrategia falló”, señala el doctor Carlos Antonio Flores Pérez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Ello, observa, “por la negativa del propio gobierno a romper la impunidad que gozan grupos de poder vinculados a la delincuencia organizada y por mantener intocado su patrimonio”.
Y es que el combate al lavado de dinero es realmente incipiente en el país. El propio Departamento de Estado estadunidense indica en su International narcotics control strategy report 2018 que “los enjuiciamientos de lavado de dinero, que han sido muy pocos respecto del volumen de las finanzas ilícitas en México, han disminuido aún más en los últimos años”.
Por ello, en su “Volume II. Money laundering” agrega que “los delitos de lavado de dinero continúan siendo cometidos con impunidad”, y destaca que “las autoridades mexicanas han tenido un éxito modesto al investigar y bloquear las cuentas de presuntos blanqueadores de dinero y otros actores ilícitos”.
Carlos Flores, autor del libro El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, considera que en México la impunidad se otorga discrecionalmente a aquellos actores que gozan del favor del poder.
 “No puede haber estrategia exitosa en condiciones donde la legalidad se aplica de manera discrecional para garantizar la impunidad”, señala en entrevista el investigador del CIESAS y también autor del libro Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tamaulipas.

Lavado, impune

Uno de los sectores más impunes en esta red criminal es el sistema financiero. Según el Departamento de Estado, “los ingresos por venta de drogas ilícitas que salen de Estados Unidos hacia México es la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”.
Agrega que las organizaciones criminales trasnacionales de origen mexicano se han vuelto especialistas en esta actividad: usan una variedad de métodos, incluyendo la compra de artículos de venta al por menor en Estados Unidos para exportar y revender en México.
También, señala, recurren al intercambio de criptomonedas, que es poco regulado. Y entre sus métodos continúa el contrabando de efectivo a granel y el uso de cuentas embudo, mediante las cuales individuos estructuran depósitos de baja denominación en varias cuentas abiertas en instituciones financieras de Estados Unidos para ser canalizados a una cuenta centralizada en México.
La impunidad en este tema no es menor: con el dinero sucio, los cárteles compran arsenales iguales o más potentes que los que se emplean en su combate; corrompen autoridades; adquieren casas de seguridad y todo el andamiaje necesario para continuar delinquiendo.

Estrategia fracasada

El fracaso de la “guerra” contra las drogas no sólo es de México, sino también del país vecino, donde más de 24 millones de personas consumen drogas ilegales.
La estrategia contra el narcotráfico fue creada por el Pentágono y el Departamento de Estado estadunidenses, no la creó el gobierno mexicano, advierte el maestro Retana Yarto.
Tanto el panista Felipe Calderón como el priista Enrique Peña han aplicado la estrategia en los términos en los que Estados Unidos ha dictado, indica. Y eso es ir al choque con las organizaciones criminales: confrontarlas abiertamente para obligarlas a su fragmentación y a partir de eso intentar combatirlas cuando ya son grupos más pequeños.
Antes de 2007 y de la aplicación de la guerra contra el narcotráfico, existían siete organizaciones criminales poderosas de carácter trasnacional, y en total no sumaban más de 20 cárteles, donde se incluían los brazos armados. Pero ahora hay alrededor de 200 grupos, señala Retana Yarto en entrevista con Contralínea.

El tamaño del negocio

En los 123 meses que ha durado la “guerra” contra el narcotráfico, lejos de extinguir el negocio, la expansión es incuestionable. México figura a la cabeza de los países de origen y tránsito de drogas ilegales con destino a Estados Unidos, principalmente de heroína, mariguana, metanfetaminas y fentanilo.
También es considerado como el principal país de tránsito de los cargamentos de cocaína proveniente de América del Sur, en una alianza permanente con los cárteles de la región, principalmente los de Colombia.
El liderazgo más destacable es en la producción y tráfico de heroína: pues México es el principal proveedor de esa droga al producir más del 90 por ciento de los cargamentos para el mercado interno de Estados Unidos, señala el “Volume I. Drug and chemical control”, del International narcotics control strategy report 2018.
La droga, indica el informe presentado al cierre de marzo pasado, es traficada por los principales cárteles mexicanos, a los que describe como “organizaciones criminales trasnacionales poderosas y violentas”. Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero son los principales estados donde se cultiva la amapola que se emplea en su producción.
Otro tema que preocupa al patrocinador de esta estrategia es el trasiego de fentanilo, opioide sintético que se utiliza en medicina para tratar el dolor, sobre todo en casos de cáncer, y se le ha relacionado con múltiples muertes de estadunidenses por sobredosis.
Esta droga es 50 veces más poderosa que la heroína, por lo cual es altamente adictiva. Según las autoridades estadunidenses, el aumento de las incautaciones en la frontera entre ambos países sugiere un aumento en su tráfico.
“Las drogas sintéticas se transportan cada vez más en cargas de polidrogas y, a veces, se introducen en comprimidos disfrazados de medicamentos recetados para su venta en mercados ilícitos.”
Al analizar las medidas de seguridad desplegadas por el gobierno mexicano para contener el flujo de ese opioide, el informe observa que existe un área gris en el control de los precursores: “actualmente Estados Unidos está trabajando con la [mexicana] Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios para ayudar en el control de todos los productos de ketamina. Cofepris controla la ketamina para uso humano pero no los productos veterinarios que se introducen de contrabando en Estados Unidos”.
Agrega que la ketamina mexicana incautada en el vecino país se utiliza principalmente para lograr un efecto recreativo. “La mayor parte de la diversión doméstica proviene de clínicas veterinarias o se obtiene a través de internet”.

Otros países

Los tentáculos del narcotráfico mexicano no se restringen al mercado estadunidense. El propio informe del Departamento de Estado da cuenta de su expansión internacional, no sólo en el tráfico ilegal de drogas, sino también de precursores químicos legales y de dinero sucio, principalmente en los continentes Americano, Europeo y Asiático.
Al respecto sobresale el nexo del narcotráfico mexicano con Bélgica: y es que se han identificado exportaciones de productos químicos belgas a este país, destinados a la producción de metanfetaminas.
“Bélgica aplica estrictos requisitos de información para el comercio de precursores químicos. La Policía Federal belga tiene el papel principal en la aplicación de estos controles; sin embargo, los envíos de preparados farmacéuticos que contienen pseudoefedrina y efedrina sólo son controlados a nivel reglamentario por el Ministerio de Sanidad.”
En Europa también se lava dinero. Según el informe, los traficantes de cocaína mexicanos usan Italia para repatriar sus ingresos de las drogas a través de envíos de divisas a México y transferencias electrónicas en todo el mundo.
Otro continente tocado por el crimen organizado mexicano es Asia: las autoridades chinas han notado la presencia de organizaciones internacionales de narcotráfico originarias de México que operan dentro de ese país.
Y en Filipinas se incautaron –en 2017– cantidades importantes (aunque el informe no específica cifras) de metanfetamina de alta pureza originarias de México, lo que confirmaría la presencia del crimen organizado mexicano en esa isla asiática.
En el tema de América, apunta que los cárteles penetran con mayor fuerza en países como Guatemala, Perú y Colombia. Toda la cocaína disponible en Estados Unidos se origina en el extranjero, y se estima que más del 90 por ciento de ésta aún se produce en Colombia; de ello se desprende que, en la distribución, los narcotraficantes mexicanos han desplazado a los colombianos, con quienes han establecido alianzas para trasegar la droga.
“El aumento del flujo de cocaína ejerce una enorme presión sobre la capacidad de aplicación de la ley de los Estados de tránsito, particularmente en América Central y México, y alimenta el creciente consumo en Europa y otros mercados”, refiere el informe.
Para el caso del vecino del Sur, detalla que “los cárteles mexicanos de la droga dependen de las redes de tráfico guatemaltecas para recibir, almacenar y transportar los productos ilegales a Estados Unidos a través de México”.
Y en el caso de Perú, indica que su vínculo con los criminales se da por ser el segundo mayor productor de cocaína y cultivador de coca en el mundo. “La cocaína peruana se transporta a los países de América del Sur para su consumo interno o para su posterior envío a Europa, el Este de Asia, México y Estados Unidos”.
Agrega que, para ello, “los traficantes peruanos, colombianos, mexicanos y de Europa del Este mantienen redes sofisticadas dentro del Perú”, que utilizan medios marítimos y aéreos para exportar la cocaína.
La estrategia diseñada en el gobierno de Estados Unidos, aplicada a pie puntillas por los gobiernos de Calderón y Peña, con algunos ajustes, es un fracaso, advierte finalmente Retana Yarto.
La ofensiva de las fuerzas federales contra los criminales que tenga una alta exposición mediática, indica, es un hecho, “porque de otra manera no podemos explicarnos por qué tanta premura por aprobar la Ley de Seguridad Interior si no la van a aplicar en este año”.
fuente.-Nancy Flores