Un juez ha ordenado la detención de 20 “mandos militares y personal de tropa” por el caso Ayotzinapa, según ha informado la Fiscalía mexicana en un comunicado divulgado este viernes. Desde finales de 2020, la Fiscalía traía en la mira “al menos a 30 militares” de los cuarteles de Iguala, como informó EL PAÍS entonces. Hasta ahora, el único militar detenido, que había tenido algún tipo de participación en el caso, era el capitán José Martínez Crespo. 
La Fiscalía lo acusa de delincuencia organizada. El juez ha pedido además la captura de 44 policías, 14 presuntos delincuentes, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del Estado de Guerrero.
La Fiscalía no ha informado de qué personas se trata, ni en el caso de los militares, ni en el de los policías. Tampoco en el de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos, o las autoridades de Guerrero. El anuncio ha ocurrido apenas horas después de la detención del exfiscal Jesús Murillo Karam, primer encargado de las investigaciones del caso Ayotzinapa, entre finales de 2014 y principios de 2015, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Tanto la detención de Murillo como el anuncio de las órdenes de detención ocurren apenas un día después de que el Ejecutivo presentara su informe sobre el caso Ayotzinapa. El informe califica de “crimen de Estado” el ataque contra los estudiantes.
En la presentación del informe, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo: “Las acciones, omisiones y participación de autoridades federales y estales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”. El subsecretario se refería al Ejército, entre otros actores, que en la época mantenía una importante presencia en Iguala. En la noche del ataque y la madrugada posterior, soldados y oficiales se movieron por Iguala y alrededores. Además, la Secretaría de la Defensa monitoreó en tiempo real las comunicaciones de varios de los integrantes de la red criminal de la zona. Pese a ello, su intervención en apoyo de los normalistas fue nula.
El anuncio de las órdenes de detención contra los militares ocurre en un momento de fuerte discusión en México, a cuenta del peso creciente de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Hace apenas unos días, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó de que el Ejecutivo planeaba modificar la estructura de las agencias de seguridad del Estado, trasladando la Guardia Nacional al organigrama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta ahora, la corporación dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas voces han criticado las intenciones del mandatario, entre ellas la del propio Encinas, presidente de la comisión presidencial del caso Ayotzinapa.
La información que han recabado estos años el grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para analizar el caso, la Fiscalía y la misma comisión presidencial permiten arrojar cierta luz sobre la identidad de los militares buscados. Durante la noche del ataque y la madrugada siguiente, 26 y 27 de septiembre de 2014, un grupo de militares al mando del capitán Crespo estuvo al menos en tres de los escenarios principales en Iguala, el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico, la comandancia de Barandilla y el hospital María Cristina.
En el primer escenario, policías de Iguala atacaron a balazos a los estudiantes normalistas y se llevaron a un grupo de allí. Los militares pasaron por el lugar después del ataque. Crespo y los soldados aparecieron después en el hospital, donde había normalistas heridos. Los estudiantes han denunciado desde el principio que Crespo, acusado de colaborar con Guerreros Unidos, les amedrentó. Más tarde, el capitán y los demás acudieron a Barandilla, una instalación de la policía de Iguala, donde supuestamente llevaron a otro grupo de muchachos. Es posible que parte de los militares buscados integraran el grupo de Crespo.
Otro de los posibles buscados es el comandante de uno de los batallones de Iguala entonces, el coronel José Rodríguez. Como informó este diario en 2020, la Fiscalía lo traía en la mira por su presunta responsabilidad en el caso. Igual que Rodríguez, la dependencia investigaba también la posible responsabilidad del general Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del Estado de Guerrero.
La investigación del papel del Ejército en el caso Ayotzinapa ha sido complicada. Primero, la actual administración de la Fiscalía criticaba la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intervenido varias veces estos años para que la dependencia entregue la información que los investigadores han pedido. Indagar en el papel de los militares ha sido una de las exigencias principales de las familias de los 43 estos años. Ya desde 2015, los expertos de la CIDH plantearon la importancia de profundizar en tres puntos. Primero, el recorrido y las motivaciones de los militares que actuaron sobre el terreno en las horas clave. Segundo, las comunicaciones de la tropa y los oficiales con los mandos, y el nivel de conocimiento que estos últimos tuvieron del ataque. Y tercero, los posibles vínculos de militares del batallón de Iguala con Guerreros Unidos.
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