A los grupos armados de la delincuencia
organizada se les considera paramilitares porque operan de manera organizada,
con cierta disciplina que les permite movilizarse usando información de
inteligencia para evitar al máximo el contacto con fuerzas del Estado. Utilizan
conocimientos tácticos para su desempeño como la propaganda. Su poder corruptor
tiene a los poderes locales, municipales y estatales, subordinados a sus decisiones
en amplias regiones del país. Como ocurre en el “Triángulo Dorado” al norte o
la Tierra Caliente en el sur. Su presencia y crecimiento se ha dado a expensas
del despliegue de militares en labores contra el narco desde el sexenio de
Vicente Fox pasando por el de Felipe Calderón y consolidado con Enrique Peña
Nieto. Los Zetas, el grupo paramilitar más representativo, quedó señalado en un
informe internacional como responsable de crímenes de lesa humanidad.
Sitiaron
tres comunidades por más de 12 horas sin que nadie los molestara.
Sucedió la
noche del domingo 19 de junio en Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente
de Guerrero. Era un grupo armado integrado por una treintena de individuos
quienes, según habitantes, llegaron en varios vehículos a los poblados de San
Cristóbal, San Gabriel y San Marcos. Ahí se llevaron secuestradas a 8 personas
y asesinaron a una más.
Soldados
y policías estatales tardaron más de 12 horas en llegar a estas comunidades,
contiguas también al municipio de San Miguel Totolapan, una zona que durante el
presente año ha tenido episodios continuos de irrupción de grupos armados.
Algunos ya han sido identificados por las autoridades como el caso de “los
Tequileros”, conocidos por sus videos en You Tube donde
aparecen emborrachando a candidatos de diferentes partidos mientras los hacen
aceptar ante la cámara que no los molestarán en sus actividades ilícitas. Tanto
en éste como en otros casos en la Tierra Caliente, los individuos operan a la
fecha de manera impune.
Pese
a los operativos federales de los últimos años, las denuncias ciudadanas contra
las fuerzas federales no solo han sido por la tardanza en las llamadas de
auxilio, sino por una sospechosa actitud de “dejar hacer” a los grupos de
delincuencia organizada que operan en esta zona del Río Balsas y controlan los
pasos hacia la sierra de Filo Mayor.
Los
reportes oficiales citados por la prensa local refieren que la “incursión
armada” inició en el poblado de San Cristóbal, localizado muy cerca de
Ajuchitlán, entrada la noche del domingo. Ahí se llevaron por la fuerza a
cuatro hombres y mataron a uno. Después en San Gabriel, se llevaron a cuatro,
mientras los pobladores aseguraban que fueron 10 los plagiados, las autoridades
hablaron de ocho.
La
presencia del grupo armado ocasionó que algunos habitantes de estas comunidades
dejaran sus hogares para refugiarse en la cabecera municipal. Al paso de los
días cinco fueron liberados, el pasado 1 de julio el Grupo de Coordinación
Guerrero informó que tres más estaban ya en libertad. Lo que no se dio a
conocer de manera oficial fue si hubo personas detenidas por estos hechos.
Una
situación parecida pero en circunstancias muy diferentes sucedió el sábado 11
de junio en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, cuando un comando armado
irrumpió en las comunidades de La Tuna, La Palma y Huixiopa, lo que provocó que
más de 300 familias abandonaran la zona para refugiarse en la cabecera
municipal y algunas más en Culiacán.
Este
fue un episodio más de la disputa entre los clanes del narco Beltrán Leyva y
Guzmán Loera que dejó varios muertos, y que sirvió para ilustrar la manera en
como los grupos armados controlan la región serrana que une Sinaloa con Durango
y Chihuahua.
La
“columna Pedro J. Méndez”, un grupo armado que apareció hace un par de años en
el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, se ha “impuesto” como tarea “limpiar de
zetas” esa zona sur del estado. Mientras en los caminos de la frontera que van
de Matamoros a Nuevo Laredo y pasan por Reynosa, los grupos armados antes bajo el
paraguas del Cartel del Golfo, ahora son dos bandos confrontados, “los
Ciclones” de Matamoros y “los Metros” de Reynosa. Ambos se disputan la
hegemonía y tienen amedrentada a la ciudadanía, con poblaciones abandonadas en
municipios como Miguel Alemán, Lerdo y Río Braco.
Vasos comunicantes
¿Qué
tienen en común los grupos que operan en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y en
otros estados como Veracruz o Coahuila? En que en algunos casos con mayor grado
de efectividad en sus operaciones, son organizaciones paramilitares que
controlan amplios territorios en la geografía nacional.
El
fenómeno paramilitar por tercer sexenio consecutivo no ha dejado de crecer.
Militares de diferente rango consultados al respecto, coinciden en señalar que
el fenómeno “ahora mismo” es un riesgo para la seguridad interior del país. En
virtud de lo que ha sucedido en entidades como Michoacán, donde grupos armados
se les “legalizó” como fuerza rural, sin que desparecieran del todo nexos en
algunos casos con las organizaciones criminales. O en Tamaulipas, donde siguen
operando desertores de élite del ejército que han puesto en apuros a las
fuerzas federales en varias ocasiones, no solo por su preparación, sino por el
nivel de recursos que emplean y el control territorial en la zona.
La
presencia de grupos armados es algo que se empieza a replicar cada vez con más
fuerza en todo el país, dice una de estas fuentes militares consultadas.
“Estamos a un paso de zonas y regiones geográficas del país controladas por
grupos paramilitares como existe en Colombia”.
“Son
paramilitares porque actúan en forma organizada, con cierta disciplina que les
permite movilizarse evitando el contacto con fuerzas del Estado, sin entrar en
confrontación aunque cuenten con los medios para sostener un enfrentamiento
armado limitado”.
“En
este caso (el de Guerrero) como en el de Sinaloa, los mandos castrenses no
actúan con iniciativa, no es por complicidad sino por temor ante una falta de
un marco legal que les permite la toma de decisiones sin riesgos. Esta inacción
por parte del ejército traerá como consecuencia el crecimiento y organización
de estos grupos ante la política de “dejar pasar, dejar hacer” por parte del
Estado que se encuentra rebasado ante los muchos frentes de conflicto abiertos
en su contra en los ámbitos políticos, económicas y sobre todo en lo social”,
señalan.
En el origen
En
el año 2000, al finalizar la era del PRI y abrir la alternancia en la
presidencia de la república, el fin del viejo régimen tuvo efectos profundos en
la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Un cambio en las
operaciones antidrogas provocó que la corrupción que generan las ganancias del
negocio, arropara el surgimiento del primer grupo paramilitar formado
exclusivamente como brazo armado de un cartel del narcotráfico.
“Las
organizaciones criminales se adaptaron a un Estado ahora políticamente
fragmentado, en el que los gobiernos a nivel federal y estatal eran controlados
por diferentes partidos políticos. Los carteles en sí se volvieron más
descentralizados y los actores estatales de nivel medio se convirtieron de
nuevo en interlocutores valiosos”, dice el informe “Atrocidades innegables.
Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, de la organización no
gubernamental Open Society, presentado hace unas semanas.
El
documento rescata el contexto en que se dio el surgimiento del paramilitarismo
al servicio del crimen organizado y las condiciones que lo empoderaron hasta
convertir al más representativo de ellos, los Zetas, en autores de crímenes de
lesa humanidad.
“El
asesinato o la captura de líderes del crimen organizado también aceleró la
división de carteles grandes. Con la fragmentación de los carteles, se
incrementó la competencia entre ellos. Esto ocasionó la elevación de la
violencia intercartel y una nueva iniciativa por parte de muchos carteles de
arremeter más agresivamente contra el Estado. Después del año 2000, se
incrementaron en rutina tácticas nunca antes vistas, entre ellas, la formación
de unidades paramilitares que atacaban policías, ejecutaban a rivales y
participaban en una gran cantidad de secuestros”.
El
paramilitarismo del narco se consolidó en Tamaulipas y Michoacán durante el
sexenio de Vicente Fox, cuando al frente de la Procuraduría General de la
República estaba el general Rafael Macedo de la Concha, quien “militarizó” a la
dependencia en los años en que la persecución y castigo del delito comenzó a
centrarse en cabecillas de organizaciones cuya fragmentación provocaría el
nacimiento de bandas armadas independientes con una visión más amplia del
delito y una perspectiva diferentes en los procedimientos de operar en sus
terrenos.
La
“escuela” de los Zetas, testaferros con preparación militar al servicio del
narco, se reprodujo bajo otros esquemas pero en similitud de objetivos, con
otras organizaciones que reclutaron oficiales con entrenamiento en diferentes
disciplinas castrenses.
El
informe señala que la militarización de la policía del orden civil comenzó en
la segunda mitad del mandato de Fox. Y se aceleró con Felipe Calderón cuando en
el año 2009, las “unidades auxiliares” que incorporó su antecesor fueron la
base para crear una nueva fuerza de la Policía Federal.
Estos
dos sexenios quedaron marcados por la suma de efectivos que desertaron en 12
años de administraciones panistas, los cuales podrían compararse en cantidad a
los más de 250 mil efectivos con que contaba el ejército en el año 2012. En
solicitudes de acceso a la información sobre el número de desertores que se han
pasado a las filas de la delincuencia, la secretaría de la Defensa ha
respondido que es un dato con el que no cuenta.
El
número de paramilitares de origen en las fuerzas armadas al servicio del crimen
organizado, continuará entonces quizá por varios años, como un dato sin
aclarar.
Fuente.- Juan Veledíaz
@velediaz424
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