- Nuestro país vive desde hace al menos ocho años la crisis más grave en materia de derechos humanos. Los casos de violaciones graves son ya por desgracia cosa común, casos de ejecuciones extrajudiciales comienzan a conocerse.
Ya antes organismos de derechos humanos habían reportado y documentado algunos casos donde las fuerzas armadas y policiacas participaban en levantamientos y ejecuciones. El caso Tlatlaya donde hoy se reconoce la participación de ocho miembros del ejército no puede tratarse como un caso aislado, como un caso aislado de indisciplina de sólo ocho militares, sencillamente porque no es un caso aislado y porque quizá no es un simple caso de indisciplina. El problema debe indagarse a fondo para encontrar y erradicar el origen del problema.
En otros países como Colombia, en el marco de su guerra contra el narcotráfico, ocurrió algo similar y el problema de las ejecuciones se les salió de control a quienes lo concibieron, los militares y la policía tuvieron de facto licencia para matar al grado de que se hablaba de una limpieza social; que se trató de actos orquestados se puso en evidencia en el 2008 con el escándalo de los falsos positivos (decenas de civiles, entre ellos niños, ejecutados por las fuerzas armadas que se hacían pasar por delincuentes o guerrilleros). En el caso de Colombia varios militares de diferentes rangos resultaron involucrados y procesados, el ministro de defensa tuvo que dimitir, no por estar directamente involucrado pero sí por no haber evitado que ello ocurriera. En nuestro caso la investigación de Tlatlaya debe contemplar a otros casos donde se presumen también ejecuciones o levantones por miembros del ejército e indagar hasta dónde es un hecho aislado o hay algo más.
Los derechos humanos pasan por un pésimo momento. Esta semana se informó también de 57 estudiantes normalistas (entre 38 y 43, según autoridades) desaparecidos en Iguala, Guerrero, luego de hechos violentos donde perdieron la vida seis estudiantes y otros 25 resultaron lesionados.
Y por si no bastara con esto, en los momentos donde más se necesita que la Comisión Nacional de Derechos Humanos juegue un papel crucial, la institución se encuentra en el ojo del huracán debido a la pésima actuación que ha tenido su titular Raúl Plascencia, quien se ha conducido de modo muy cuestionable en varios casos ya documentados por organismos internacionales como Amnistía Internacional y en casos como su ataque al Abogado General de la UNAM a quien ve como su rival. Varias ONG’s nacionales muy respetables han pedido al Senado que le inicie un juicio político para que rinda cuentas de sus omisiones, de actos sesgados y de violaciones a derechos de víctimas que debería haber protegido.
En este panorama los derechos humanos están a la baja. La política del Estado en relación con los derechos humanos parece estar cruzada de brazos mientras las cosas empeoran. Atrás parece quedar el impulso dado por la reforma constitucional del 2011. Lo que parecía augurar una era de respeto y trabajo por los derechos humanos parece que se ha topado con la dura realidad que se niega a sujetarse y a actuar bajo tales principios. A los poderes discrecionales y arbitrarios no les interesa que prospere el respeto por los derechos humanos.
Por algún lado esto debe comenzar a cambiar, el Senado tiene por lo pronto que decidir sobre la permanencia o no de Raúl Plascencia al frente de la CNDH, ojalá y tome dos decisiones sabias: la primera no reelegirlo, y la segunda nombrar a una persona competente y comprometida con la defensa de los derechos humanos. Hace falta y es urgente. Hay más, mucho más, por hacer, es hora que los órganos del Estado, desde sus respectivos ámbitos, comiencen a revertir esta grave situación por la que atravesamos.
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