La Fiscalía General de la República volvió a hacer lo que mejor sabe: anunciar que ahora sí, ahora sí, las cosas van a cambiar. Esta vez, bajo la batuta de Ernestina Godoy, el nuevo Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 promete enfocar baterías en tres de los delitos más devastadores del país: extorsión, feminicidio y desaparición forzada. Es decir, los mismos frentes donde el Estado lleva años acumulando deudas, estadísticas maquilladas y expedientes empolvados donde funcionarios de la misma FGR,son los acusados.
Y no solo eso,de acuerdo con ADN Noticias, el ex-militar Mario Guitian Rosas,alias La Chispa,lugarteniente del Cartel del Golfo en Reynosa,no solo tiene contratos con el gobierno de Americo Villarreal,tambien con la Fiscalia General de la República (FGR):
«La joya empresarial se llama Llantires, creada en 2019 por Mario Guitián, su esposa Ana María y sus hijos Brian y Shirley, primero como negocio todólogo (servicios generales, automotriz, construcción, seguridad, transporte, servicios empresariales) y en 2021 convenientemente ampliada a “Prestación de Seguridad Privada”.
Esta empresa tiene cuatro contratos por adjudicación directa con la Fiscalía General de la República, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, por un total de 662,120 pesos: el Estado comprándole seguridad a un presunto operador del Cártel del Golfo.»
En que consiste la nueva estrategia de FGR
La novedad —si es que se le puede llamar así— consiste en reacomodar personal en 61 municipios y crear “unidades de élite”. Sí, otra vez la narrativa del grupo selecto, altamente capacitado, certificado en inteligencia y operaciones, que ahora sí vendrá a “desmantelar de raíz” las redes criminales. Una fórmula que ya hemos visto desfilar sexenio tras sexenio, con resultados que suelen quedarse en abusos, boletines de prensa y no en sentencias firmes.
Godoy asegura que la FGR abandonará el “individualismo institucional” y dejará atrás la reacción improvisada para adoptar una persecución “sistemática”. Traducido al castellano de la calle: que ahora sí habrá coordinación, estrategia y visión de largo plazo.
El problema es que ese mismo diagnóstico lleva años repitiéndose, como si cada administración descubriera el hilo negro mientras recicla los mismos parches y fracasan en Sinaloa.
En el evento —rodeada de gobernadores, fiscales y el Gabinete de Seguridad— la fiscal prometió que la víctima ya no tendrá que peregrinar kilómetros para buscar justicia. Una declaración que, en un país donde denunciar sigue siendo un acto de fe, suena más a aspiración que a política pública verificable.
La reingeniería de la Agencia de Investigación Criminal también entra en escena: más análisis táctico, más “capital humano de alta especialización”, más despliegue operativo. En otras palabras, más estructura sobre una base que históricamente ha fallado en lo esencial: investigar bien, integrar casos sólidos y sostenerlos ante los jueces sin que se caigan por errores elementales, el sello de la casa.
Y como no podía faltar, llegó la frase que intenta cerrar el círculo narrativo: “esta Fiscalía no fabricará culpables, pero tampoco habrá impunidad”. Una línea que busca marcar distancia del pasado… mientras se apoya en las mismas lógicas institucionales que hicieron posible ese pasado.
El cierre es de manual: donde haya violencia, habrá Estado; donde haya impunidad, habrá investigación. El problema es que, en México, esa promesa lleva años pronunciándose con solemnidad mientras la realidad insiste en desmentirla con fosas clandestinas, carpetas sin resolver y víctimas que siguen esperando.
La FGR, fiel a su tradición, no rompe con la historia: la administra. Cambia el discurso, reordena el organigrama y bautiza nuevas unidades, pero mantiene intacta la estrategia de fondo: ensayo y error… con la impunidad como única constante comprobada.
Con informacion: REFORMA/
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