La semana pasada, mientras los voceros del “nuevo bienestar” repetían con tono solemne que nadie tocará el dinero de los trabajadores, se cocinaba —entre líneas legales y eufemismos financieros— la puerta de entrada para que el gobierno meta la cuchara en el fondo común que debería ser intocable: el ahorro previsional de millones de mexicanos.
Con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, se abrió el camino para que el dinero de las Afores pueda “participar” más activamente en proyectos públicos y privados. Traducción libre: los recursos del retiro podrán invertirse en obras que el gobierno declare como “prioritarias”. ¿Innovación financiera o rapiña justificada en lenguaje técnico? Que cada quien interprete.
Los defensores del régimen aseguran que “no hay expropiación”, que “no se tocará el dinero del pueblo”. Pero omitieron un pequeño detalle: sí se amplió el techo de inversión hasta el 30% en instrumentos estructurados, esos vehículos financieros que suelen terminar en megaproyectos con el aroma del presupuesto público.
Nadie lo ordena por decreto, dicen, pero si el poder político controla el diseño de esos proyectos y define qué es “estratégico”, el incentivo para dirigir ese capital ya está sembrado. Nada como llamarle “inversión con bienestar” a lo que huele a captura institucional disfrazada de oportunidad de desarrollo.
Los números fríos lo confirman: hoy apenas el 8% de las Afores está en infraestructura. Pero la presión política y la narrativa del “Estado emprendedor” apuntan a que ese porcentaje crezca, no por rentabilidad, sino por conveniencia.
La presidenta Sheinbaum y sus operadores financieros saben que inyectar dinero de trabajadores en obra pública sirve doble:como colchón de liquidez y como propaganda de progreso.
Claro, jurídicamente las Afores son empresas privadas. Pero la historia mexicana enseña que la ley es flexible cuando el poder aprieta. Ya ocurrió con los fideicomisos, con el Fondo de Desastres, con el ahorro energético y hasta con el sistema judicial. Hoy el discurso repite el mantra de la “tranquilidad de los ahorros”, mientras las reformas abren la senda para usarlos como palanca estatal.
La verdad incómoda es esta: no hay expropiación directa, pero sí un rediseño sutil del control financiero público. Un marco que permite al gobierno orientar, mediante ingeniería legal, lo que antes estaba bajo la exclusiva lógica del mercado. Es la apropiación sin orden judicial, el control sin declaratoria, la mano invisible del Estado vestida de “bienestar social”.
En resumen, más que una mentira, lo que se vende es una verdad mutilada: el dinero del pueblo no será “robado”, pero puede ser redireccionado con el beneplácito de las oficinas que redactan leyes a medida. Si eso no es apropiarse del futuro de los trabajadores, entonces habrá que inventar un nuevo verbo para nombrar lo que están haciendo: bienestear el ahorro ajeno.
Con informacion: Ley para el Fomento a la Inversión en Infraestructura Estrategica/
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