El pasado 3 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CNUDF) decidió hacer algo que hiere profundamente el ego de Palacio Nacional: llevar la tragedia mexicana de los miles de desaparecidos ante la Asamblea General de la ONU. En lenguaje diplomático significa que el mundo ya no cree en los discursos —ni en los datos inflados ni en los forenses improvisados— y que ahora busca tomar nota formal de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El término no es menor: sugiere que el horror ha dejado de ser “accidental” para convertirse en estructura del Estado.
El Comité tomó la decisión con base en más de una década de evidencia reunida desde 2012, escuchando a víctimas, activistas y familiares que no se cansan de gritar lo que el gobierno pretende tapar. En esencia, el mensaje al Secretario General fue claro: México necesita ayuda internacional porque el Estado no solo no puede, sino que no quiere resolver la crisis.
La CNUDF no busca juzgar a nadie —esa parte aún pertenece al terreno penal—, pero sí pretende “movilizar la atención internacional”. O sea, poner el reflector sobre un país donde la desaparición se volvió estadística, negocio y rutina burocrática.
El eterno argumento de “fue el pasado”
Fiel a su manual de control de daños, el gobierno mexicano respondió un día antes del informe. Gobernación y Relaciones Exteriores salieron al quite con un comunicado que intentó culpar al pasado: todo —según ellos— es herencia de Calderón y Peña Nieto. Un clásico. Pero el Comité no evalúa discursos sino resultados, y los desaparecidos siguen apareciendo —o más bien, no apareciendo— bajo los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum.
Después de siete años de poder continuo, la narrativa del “nos dejaron un cochinero” ya no sirve ni de coartada. Lo que sí queda claro es que desaparecen de manera agravada las personas en al menos cuatro estados ,entre ellos Tamaulipas,Jalisco,Edomex y Veracruz. Según la retórica oficial, si la tragedia no es “sistemática” en todo el país, no cuenta.
Negar mientras el país se desangra
El segundo bloque de defensa fue todavía más patético: el gobierno aseguró que el Comité no había encontrado pruebas de una “política federal de exterminio”. Como si alguien en su sano juicio creyera que la maquinaria de la desaparición necesita decreto presidencial para funcionar. En México, la desaparición opera por omisión, complicidad y negligencia estructural.
El tercer argumento fue la joya del cinismo: acusar al Comité de tener “conflictos de interés”. Es decir, decirle a la ONU que el problema no son los miles de desaparecidos sino la credibilidad del mensajero. Un recurso digno de quien ya no tiene moral ni argumentos.
Reformas de papel y víctimas reales
En medio del intento de disfrazar la tragedia con reformas cosméticas —plataformas, alertas nacionales, bases de datos, comisiones—, el gobierno presume coordinación con colectivos. Lo que no dice es cómo esas mismas madres buscadoras han denunciado hostigamiento, abandono y criminalización por parte de las autoridades que presumen “diálogo”.
El Estado mexicano insiste en que colabora con organismos internacionales, que hay mesas de trabajo, acuerdos y balances. Pero la ONU no evalúa intenciones, sino hechos tangibles. Y los hechos son demoledores: más de 110 mil personas desaparecidas, fosas que no dejan de multiplicarse y una verdad oficial enterrada junto con los cuerpos.
El espejo internacional
La ONU no está condenando a un partido ni a un gobierno, sino a un Estado fallido que lleva décadas desapareciendo a su gente. Por acción o por omisión, los responsables visten cargos públicos. Lo más irónico es que el país que presume soberanía y “no intervención extranjera” necesita ahora cooperación técnica, científica y financiera para hacer lo que jamás ha querido: buscar a sus muertos.
El Comité no vino a insultar, sino a recordarnos que incluso desde afuera se nota lo que desde adentro el poder niega: México vive una crisis humanitaria de dimensiones históricas. Y mientras el gobierno se defiende con comunicados, las madres siguen excavando con palas y los perpetradores —uniformados o criminales— siguen actuando en absoluta impunidad.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JOSE RAMON COSSIO DIAZ/
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