No se trata sólo de un abogado con clientes incómodos. Tampoco de una fotografía, un saludo casual o una amistad que alguien pretenda disfrazar después de “malentendido”.
El caso de Juan Pablo Penilla, recientemente exhibido tras escandalizar en Polanco —abogado relacionado públicamente con la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Omar Treviño Morales, “Z-42”— obliga a revisar algo mucho más grave: la ligereza, o algo peor, con la que el gobierno de Morena y Américo Villarreal Anaya abrió espacio a un personaje cuyo nombre aparece en relatos y señalamientos vinculados con la violencia Zeta y el crimen organizado.
El punto de partida es el testimonio atribuido al chofer de Penilla, incorporado en información periodística difundida por PROCESO en 2015 : según su versión, el abogado habría ofrecido dinero para que un testigo protegido identificado como “Karen” se retractara de sus dichos contra el “Z-40”. Y cuando el testigo no habría cumplido el supuesto acuerdo, el conductor declaró que recibió la instrucción de identificarlo para que un grupo armado lo asesinara.
La declaración del chofer de Penilla plantea preguntas que no se borran con un nombramiento, una foto oficial o el silencio del gobierno. Si el contenido de aquella declaración fue conocido públicamente desde hace años, ¿qué revisión hizo el equipo de Américo Villarreal antes de darle a Penilla trato de asesor ? ¿Quién recomendó su incorporación?,son preguntas que ya tienen respuesta y el comunicado denominador fue el dinero sucio para su campaña.
¿Quién era “Karen”?
“Karen” fue el seudónimo asignado por la entonces PGR a un exmilitar y expolicía municipal que colaboró como testigo protegido. Sus declaraciones describieron el crecimiento de Los Zetas, la infiltración de corporaciones policiales en Nuevo Laredo y presuntas tareas de vigilancia, protección y apoyo realizadas por agentes municipales para esa organización criminal.
En su narrativa, el testigo relató haber trabajado para Los Zetas bajo una clave operativa y haber conocido estructuras de vigilancia, retenes, “halcones”, casas de seguridad y presuntos vínculos de protección institucional. Sus afirmaciones también apuntaban a planes contra funcionarios de la entonces SIEDO y contra otros testigos protegidos.
Es decir, “Karen” no era un personaje decorativo en el expediente de la violencia Zeta. Era, de acuerdo con los reportajes y fragmentos reproducidos, una fuente con conocimiento interno sobre la expansión criminal, la corrupción policial y los mecanismos de operación del grupo que durante años convirtió a Tamaulipas en territorio de terror.
Por eso su asesinato, ocurrido en mayo de 2015 , no puede presentarse como un dato aislado. Su muerte cerró una boca que hablaba de policías, militares desertores, redes de vigilancia y capos. Y en ese contexto aparece el nombre de Penilla, a partir del dicho de su propio chofer, en una acusación extremadamente grave que exigía investigación y esclarecimiento, no reciclaje político.
El problema es el “compadre”
La cuestión de fondo no es que un litigante defienda a acusados: toda persona tiene derecho a defensa legal, incluso los capos. El problema comienza cuando la frontera entre defensa técnica, cercanía política y presunta operación criminal se vuelve borrosa; más aún cuando las alertas públicas no disuaden al poder politico, sino que parecen convertir al personaje en interlocutor privilegiado, como lo hizo Penilla,ya en calidad de asesoren octubre de 2022.
Ahí está el cuestionamiento hacia Américo Villarreal: no por lo que Penilla haya dicho de sí mismo, ni por la narrativa que terceros hayan construido, sino por la decisión concreta de darle cabida política y el deber elemental de explicar bajo qué criterios ocurrió.
Un gobernador no puede alegar sorpresa eterna. Menos en Tamaulipas, donde los nombres, los vínculos y las sombras del viejo poder criminal no son material de archivo y siguen siendo una herida abierta que apunta a MORENA. Si Penilla tenía antecedentes mediáticos tan delicados, el deber de Villarreal era revisar, contrastar y transparentar. Si no lo hizo, exhibe una negligencia inadmisible de Indole criminal. Si lo hizo y aun así lo acercó, la explicación debe ser todavía más convincente.
Porque en este caso la pregunta no es solamente quién fue “Karen” ni qué sabían Los Zetas. La pregunta que pesa sobre Palacio de Gobierno es más simple y más venenosa: ¿qué vio Américo Villarreal en Penilla para hacerlo asesor, y qué decidió no ver para mantenerlo cerca?
Con información: MEDIOS/REDES/
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