En Huixquilucan mataron a Santiago Gallón Henao como se barre una migaja incómoda de la mesa: rápido, en un restaurante fino, en pleno Valle de Toluca, donde se supone que sólo corren vinos caros y no balas. El colombiano, viejo conocido del narco y del paramilitarismo, había cambiado el overol de la guerra por el disfraz de empresario ganadero, pero el pasado le cobró la cuenta hasta el último centavo.
Hablamos del mismo Gallón que quedó tatuado en la memoria de Colombia por el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994: el autogol, la eliminación del Mundial, la histeria nacional y luego los seis tiros en un parqueadero de Medellín. Las autoridades encontraron que la camioneta usada por los sicarios estaba a nombre de Santiago, pero el sistema judicial sólo le regaló 15 meses por encubrimiento, como si esconder un crimen icónico fuera una simple multa de tránsito. El sicario se llevó 11 años; los Gallón, apenas un regaño penal, apadrinados por testimonios de otros narcos y el aura de ese club selecto de “patriotas” que alguna vez ayudaron a tumbar a Pablo Escobar.
Después vino el libreto clásico del capo reciclado: paramilitarismo, Bloque Metro, señalamientos de haber sido parte de la guerra sucia mientras en público jugaba al ganadero respetable. Se entregó en 2009, cayó otra vez en 2018 por una red de narcotráfico camuflada en productos agropecuarios, pero un año después ya estaba afuera por vencimiento de términos, como si la cárcel tuviera puerta giratoria VIP para veteranos del crimen.
En 2015, Estados Unidos lo metió a la Lista Clinton y le congeló los activos, arrastrando también a su hija, su esposa y su abogado, porque alrededor del negocio familiar no corría precisamente leche ni ganado sino dólares envenenados.
El último acto lo protagonizó en México, donde vivía “legalmente” desde 2023 y hacía negocios ganaderos mientras en la letra chiquita del expediente seguía apareciendo como viejo jugador del narco colombiano y pieza de estructuras como La Oficina de Envigado.
Fuentes ministeriales del Estado de México confirmaron que el 4–5 de febrero un cuerpo con signos de violencia y con sus características apareció en Huixquilucan, una de esas zonas de lujo donde a los vecinos les venden la idea de que el peligro siempre está lejos, en “el otro lado”. Ahí, en un restaurante donde supuestamente iba a reunirse con ganaderos, un grupo armado lo acribilló sin cortesía ni sobremesa.
Desde Bogotá, Gustavo Petro no sólo confirmó la muerte, sino que le puso nombre político al cadáver: dijo que a Gallón lo asesinaron en México, lo señaló como autor del crimen contra Escobar y lo ligó a estructuras paramilitares disfrazadas de seguridad privada, aquellas convivir armadas en tiempos en que Álvaro Uribe era gobernador y jugaba a mezclar Estado y guerra sucia. Es la escena perfecta: un presidente de izquierda denunciando a un viejo capo que, aun muerto en otro país, sigue salpicando a la élite del pasado; y del otro lado, el expresidente Uribe negando cualquier vínculo como quien jura que nunca conoció al fantasma que le ronda la hacienda.
El guion internacional termina de amarrarse con los expedientes que lo señalan como parte de engranajes más amplios: La Oficina de Envigado, la narcopolítica local, y hasta una deuda de sangre con mafias europeas como el clan Kinahan de Irlanda, porque el negocio ya no se mide en barrios sino en continentes. Mientras tanto, en México, su ejecución se suma al montón de homicidios de extranjeros ligados al narco que llegan con visa, propiedades y portafolio de inversiones, pero sin que nadie pregunte demasiado cómo se financió su nueva vida de ganadero “respetable”.
Al final, la muerte de Santiago Gallón en un restaurante de Huixquilucan deja una postal incómoda: un país que se vende como santuario de inversiones y residenciales de lujo, pero donde los ajustes de cuentas internacionales se tramitan entre cortes de carne y servilletas de tela. Y un cadáver que, aunque ya no hable, sigue gritando lo obvio: en el circuito narco–paramilitar–político, los autogoles no se cometen en la cancha, se cometen en el Estado, y se pagan, tarde o temprano, con plomo.
Con informacion: RIO DOCE/MEDIOS/
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