En el Hospital General de Reynosa, la escena parece una receta expedida por una institución con la empatía en terapia intensiva: una trabajadora señala con el dedo a una paciente en silla de ruedas, le reclama una supuesta falta de respeto y termina insultándola. La mujer esperaba atención en urgencias del mismo hospital, dirigido por Néstor García Prugue. El reproche alcanza también al secretario de Salud, Ricardo Guerrero, y al propio gobierno de Morena, encabezado por Américo Villarreal que concatenado con otro elemento, presume trato diferente cuando se trata de narcos.
A la paciente que llegó para ser atendida, no para recibir una dosis de humillación, la trabajadora del hospital le soltó: “No me tienes que faltar al respeto, porque yo también te lo puedo faltar a ti, pinche animal de mierda” y El Universal confirma el insulto y el reclamo.
Qué peculiar concepto de atención: convertir urgencias en un ring y el trato al paciente en una competencia para ver quién agrede más. Aunque hubiera existido una discusión previa, el uniforme no es una licencia para humillar. Una trabajadora puede exigir respeto; lo que no puede defender como servicio público es una respuesta que deshumaniza a quien espera atención.
El reproche político alcanza con severidad al gobierno «humanista» de Américo Villarreal y al actual secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, nombrado por el gobernador el 1 de julio de 2026. No porque ellos hayan pronunciado el insulto, sino porque encabezar el sector obliga a responder por la vigilancia, la corrección y la rendición de cuentas, no solamente por este insulto,también por su brutal colusión con el crimen organizado.
El trato V.I.P al narco
Un audio trascendido a las redes sociales el pasado 7 de agosto y replicado el 18 de septiembre,a todas luces auténtico —como parecen sugerirlo la evidencia circunstancial ,su recurrencia y coincidencia con otros elementos—, advierte una instrucción emitida por Ricardo Guerrero, actual secretario de Salud del gobierno de tesitura criminal de Morena y Américo Villarreal en Tamaulipas que exhibe el trato diferenciado cuando se trata de criminales,no estamos ante una simple “estrategia de comunicación”.
Estaríamos, en cambio, ante una instrucción para que hospitales públicos omitieran reportar hechos delictivos al Ministerio Público, autoridad que también opera dentro de la jurisdicción estatal.
Eso no se llama gobernar; se llama intentar que las balas desaparezcan del papel.
¿Desde cuándo una herida de bala se cura borrando el aviso al Ministerio Público?
Si esa directriz fue transmitida por el canal de WhatsApp como presume la filtración, ejecutada y tolerada por la Secretaría de Salud, no estamos frente a una ocurrencia administrativa: estaríamos frente a una orden abiertamente incompatible con obligaciones legales expresas para «echarle la mano al crimen, porque el gobernador no quiere broncas, aunque para eso se haya alquilado desde 2022» y claramente no lo ha cumplido.
La burocracia podrá cambiarle el nombre al silencio, pero la ley no: un lesionado por arma de fuego puede ser un caso médico-legal. La NOM-034-SSA3-2013 dispone que el personal del establecimiento de atención médica —o de ambulancia, según corresponda— debe dar aviso al Ministerio Público cuando se presuma un caso de esa naturaleza. La norma no contiene una excepción llamada “al gobernador no le gustan los números”,como advierte Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria,publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222, tampoco deja mucho margen para la imaginación: quien ejerce funciones públicas y conoce hechos que probablemente constituyan delito debe denunciarlos inmediatamente ante el Ministerio Público y aportar los datos disponibles. No dice “salvo que una superioridad política ordene mirar hacia otro lado”.
Y en Tamaulipas el asunto es todavía más incómodo para quien pretenda convertir hospitales en oficinas de maquillaje estadístico. El artículo 439, fracción VI, del Código Penal estatal contempla como encubrimiento que quien se haga cargo, por urgencia, de la curación de un lesionado no dé aviso a la autoridad dentro de 48 horas —más el tiempo razonable por distancia—. Es decir: atender primero, por supuesto; esconder después, jamás.
La orden también chocaría con el deber de documentar la atención médica. La NOM-004-SSA3-2012 regula la integración, manejo y conservación del expediente clínico bajo criterios obligatorios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos. Un expediente no es un cuaderno para borrar lo que políticamente incomoda: es un documento médico y, en ciertos casos, una pieza indispensable para la investigación y el acceso a la justicia.
El audio, por sí solo, presume responsabilidad penal y administrativa de Ricardo Guerrero,exige autenticación, contexto, investigación y debido proceso.
Si se confirma que el responsable del sistema de salud instruyó, permitió o encubrió la omisión sistemática de avisos, tendría que investigarse su responsabilidad por la vía administrativa y penal, además de la de cada mando o servidor público que hubiera ejecutado la orden. La Ley de Responsabilidades Administrativas de Tamaulipas considera encubrimiento que un servidor público oculte deliberadamente actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas.
No reportar a un baleado no reduce la violencia. Sólo reduce el registro, debilita las investigaciones y deja a las víctimas con menos verdad, menos evidencia y menos justicia. Las balas no desaparecen porque un escritorio lo ordene; únicamente desaparece la obligación del Estado de explicarlas.
Investigar es necesario. Pero el verbo, por sí solo, no desinfecta nada. Hace falta esclarecer lo ocurrido, escuchar a la paciente, determinar responsabilidades y comunicar las medidas adoptadas sin vulnerar sus derechos. La investigación no debería funcionar como anestesia para la indignación ni como sala de espera donde las explicaciones envejecen hasta que nadie vuelve a preguntar.
Señor gobernador, señor secretario: el trato digno no es una prestación optativa ni un suplemento que se entrega cuando el personal amanece de buenas. Si el sistema presume humanismo, que lo demuestre donde más importa: frente a quien necesita ayuda. Porque un hospital que deja pasar la humillación no necesita otra ceremonia de diagnóstico triunfalista. Necesita intervenir la herida, revisar sus procedimientos y dejar de confundir autoridad con prepotencia.
Con información: ELUNIVERSAL/ @redes/ @MennyValdz
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