La Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas,Norma Angélica Pedraza Melo, anunció cinco denuncias por irregularidades, incluido un quebranto superior a ocho millones de pesos, pero decidió mantener bajo llave el nombre de la dependencia involucrada. Una transparencia de vitrina: se presume el combate a la corrupción, siempre y cuando nadie pregunte dónde ocurrió, quién firmó ni quién administró el dinero.
Denuncia el quebranto… pero esconde la dependencia: la transparencia selectiva del gobierno de Américo
En el gobierno de Américo Villarreal parece que la lucha anticorrupción tiene un curioso manual de operación: se anuncia el desfalco, se presume la denuncia, se habla de millones desaparecidos, pero se omite cuidadosamente el dato más incómodo: qué dependencia está involucrada.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que presentó cinco nuevas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre ellas por presunto peculado, abuso de funciones y uso indebido del cargo. Uno de los expedientes, según la propia dependencia, apunta a un daño al erario superior a los ocho millones de pesos. Nada menor, salvo que para el discurso oficial la identidad de la oficina señalada parece ser información clasificada en el club de los asuntos que “no conviene ventilar”.
La explicación oficial es el respeto al debido proceso. Y sí: el debido proceso debe respetarse. Pero una cosa es no sentenciar anticipadamente a personas investigadas y otra muy distinta convertir en secreto de Estado el nombre de una institución pública que administra dinero público. Porque los ocho millones no salieron de una caja de ahorros privada ni de una rifa entre funcionarios: salieron, presuntamente, del erario.
La contradicción es evidente. El gobierno de Morena presume que ha presentado 40 denuncias ante fiscalías estatales y otras cinco ante la Fiscalía General de la República; también reporta 88 expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa y 230 servidores públicos sancionados durante la administración, aunque los detenidos escasean.
Cifras abundantes, comunicados solemnes y medallas burocráticas para todos. Pero cuando aparece un posible quebranto multimillonario ligado incluso a funcionarios de la administración actual, la transparencia se vuelve tímida, discreta y hasta pudorosa.
En tiempos de oposición, el gobierno de Morena de Americo Villarreal suele exigir nombres, expedientes, responsables y hasta árboles genealógicos de los adversarios políticos. Pero cuando el sospechoso trae chaleco guinda y esta sentado dentro de la propia casa, el lenguaje cambia: ya no hay escándalo, hay “investigación en curso”; ya no hay responsables, hay “personas que pudieran resultar involucradas”; ya no hay dependencia, hay una especie de entidad fantasma que nadie debe mencionar.
No se trata de exigir linchamientos mediáticos ni de fabricar culpables antes de que investiguen las autoridades. Se trata de una pregunta elemental: si el gobierno asegura combatir la corrupción, ¿por qué protege con silencio la identidad de la dependencia donde se habría cometido un posible daño de más de ocho millones de pesos?
La rendición de cuentas no puede funcionar como semáforo político: verde para exhibir a los gobiernos anteriores y rojo para revelar los tropiezos, excesos o posibles irregularidades de la administración en turno. La corrupción no cambia de nombre ni se vuelve menos grave porque ocurra bajo un gobierno guinda.
Al final, la narrativa oficial quiere vender una cruzada anticorrupción. Pero mientras esconda las oficinas, reserve los nombres y administre la información con la misma cautela con la que se esconde una mala noticia, lo que queda no es transparencia: es opacidad con boletín de prensa.
Con información: ELEFANTE BLANCO/
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