EL “GRIS que se VOLVIÓ CARBÓN”: MÉXICO ENMASCARA en PATRIA y SOBERANÍA la TRAICIÓN al PUEBLO de AMERICO y GOBERNADORES»…hora convertidos en vulgares sapos buscando salvarse.

México no enfrenta un dilema entre patria y traición: enfrenta el costo político de fingir que la soberanía basta para tapar una relación cada vez más íntima —y menos confesable— entre poder, crimen organizado y la maquinaria de Morena. La frontera con Estados Unidos no es una línea ideológica: es una tubería de más de 3.000 kilómetros por donde circulan mercancías, migrantes, armas, dólares, inteligencia y drogas.

Cooperación: la palabra decente

México comparte con Estados Unidos la vecindad, el comercio y la desgracia. Comparte también las consecuencias del narcotráfico: las armas que bajan, el dinero que se lava, las sustancias que suben y los cadáveres que, casi siempre, se quedan de este lado. Pretender que no habrá colaboración bilateral es un gesto de retórica patriótica, no una política pública.

Por eso, la fórmula de Claudia Sheinbaum —“cooperación sin subordinación”— funciona como funcionan los buenos eslóganes: dice algo razonable y esconde todo lo incómodo. México comparte inteligencia, capacita policías y persigue redes criminales con Estados Unidos dentro de los márgenes institucionales que ambos países han decidido llamar normales. México y Estados Unidos han sostenido acuerdos de seguridad, incluso en momentos de tensión bilateral.

El problema es que la cooperación tiene una frontera menos visible que la del río Bravo: aquella que separa la defensa del interés nacional de la protección personal; el intercambio de información entre gobiernos del intercambio de favores entre políticos, operadores y agencias extranjeras.

Soberanía de utilería

La opinión pública mexicana parece haber entendido esa contradicción mejor que buena parte de la clase política. Una amplia mayoría acepta cooperar con Washington, pero rechaza que agentes estadounidenses operen directamente en territorio nacional. La encuesta citada por El País señala que 74% respalda la cooperación con Estados Unidos, aunque existe rechazo a la actuación directa de autoridades estadounidenses en México.

Es decir: cooperación, sí; intervención, no. Que los gringos ayuden, pero sin entrar a la sala. Que nos pasen información, pero que no hagan preguntas incómodas. Que persigan a los capos, siempre que el expediente no roce al gobernador, al secretario, al alcalde, al candidato o al operador electoral de turno.

Ahí es donde Morena ha convertido la palabra “soberanía” en un biombo. Sirve para denunciar la injerencia estadounidense cuando Washington retira una visa, abre una investigación o deja caer un documento que sacude una candidatura. Pero esa soberanía se vuelve elástica —casi de hule— cuando el poder necesita cooperación, inteligencia, entrenamiento, certificaciones, decomisos o respaldo diplomático.

No es una contradicción menor: es el método. La soberanía se invoca como bandera cuando protege al grupo; la cooperación se celebra como eficacia cuando conviene al gobierno. Y entre una cosa y otra, el crimen organizado sigue creciendo, administrando territorios, financiando lealtades y sentándose cada vez más cerca del aparato político que Morena prometió purificar.

El gris que se volvió carbón

La escala de grises empieza con acuerdos entre Estados. Se ennegrece cuando funcionarios mexicanos negocian, informan o buscan protección ante autoridades estadounidenses a título individual.

Los exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha que se entregaron a Estados Unidos para convertirse en testigos cooperantes no representan una política bilateral: representan la vieja institución mexicana del “sálvese quien pueda”, ahora con fiscales del otro lado de la frontera. El beneficiario no es México; es quien logra transformar información en inmunidad, reducción de pena o margen de supervivencia.

Luego está el caso de Marina del Pilar Ávila. Tras la cancelación de su visa estadounidense por razones no explicadas públicamente, la gobernadora de Baja California relató contactos con supuestos intermediarios de autoridades de Estados Unidos, quienes —según su versión— le plantearon incluso la posibilidad de una extradición. Ávila ha atribuido esa operación a una emboscada política ligada a su adversario Jaime Bonilla, antiguo informante de agencias estadounidenses. La gobernadora hizo públicas esas acusaciones y sostuvo que no entregó información Bonilla ha sido descrito por El País como un antiguo informante de agencias estadounidenses.

Puede creerse su versión, dudar de ella o encontrarla convenientemente dramática. Pero el efecto político ya ocurrió: en el ecosistema de Morena, bastó la sospecha de que una gobernadora podía colaborar con Washington para convertirla en sospechosa de haber vendido al país. No hizo falta sentencia. Ni expediente público. Ni prueba concluyente. Bastó el olor.

Y esa es quizá la parte más reveladora: el oficialismo se dice perseguido por la injerencia extranjera, pero ha aprendido a usar la sospecha de esa misma injerencia como garrote interno.

El arma estadounidense

El caso de Julieta Ramírez encaja en esa lógica. La senadora con licencia, en disputa por la candidatura de Morena en Baja California, fue señalada por un supuesto documento según el cual habría ofrecido información a fiscales estadounidenses a cambio de beneficios jurídicos. El documento no ha sido autenticado públicamente y las acusaciones siguen sin resolución verificable. La información se produjo en plena disputa interna por la candidatura morenista en Baja California.

No se sabe si el papel es genuino. Tampoco si lo que narra es cierto. Pero la duda no es un defecto del mecanismo: es su combustible. En la política mexicana contemporánea, un documento atribuido a fiscales de San Diego puede hacer más daño que una auditoría, una conferencia mañanera o una campaña negra tradicional. No necesita estar probado para surtir efecto; le basta con parecer posible.

La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán muestra otra dimensión del mismo fenómeno: Estados Unidos puede producir terremotos políticos en México sin explicar demasiado, mientras el poder mexicano responde con silencios, desmentidos incompletos, patriotismo de emergencia o guerras intestinas. El retiro de la visa de López Beltrán fue interpretado como un problema político para el entorno de Sheinbaum.

No hace falta asumir que Washington mueve todos los hilos. Es suficiente observar que actores mexicanos han descubierto el valor de un expediente estadounidense, una visa retirada o una investigación insinuada. Son armas de alta precisión: dañan reputaciones, alteran sucesiones y dejan al adversario defendiendo su patriotismo, que es una manera particularmente mexicana de obligarlo a demostrar que no es culpable.

El asunto que se esquiva

El debate no debería reducirse a si alguien coopera con Estados Unidos,el problema es que muchos lo hacen para salvarse de sus propios delitos.

México necesita cooperación internacional contra organizaciones criminales que no respetan fronteras, jurisdicciones ni ceremonias patrióticas.

La pregunta incómoda es otra: ¿por qué esa cooperación se ha vuelto tan explosiva dentro de Morena? ¿Por qué una visa cancelada o un supuesto acuerdo con fiscales estadounidenses puede desordenar una candidatura, una gubernatura o una línea sucesoria? ¿Qué temen exactamente quienes convierten toda pesquisa externa en una amenaza a la patria?

Porque debajo de la defensa ritual de la soberanía asoma una realidad menos épica: el crimen organizado creció al mismo tiempo que Morena extendía su control territorial y político. No significa que todo morenista sea criminal, ni que todo gobierno sea cómplice. Significa algo más grave: que el partido que ofreció separar al poder de las mafias ha normalizado convivir con indicios, sospechas, operadores locales cuestionados, territorios capturados y escándalos que se administran con propaganda antes que con transparencia.

La soberanía no consiste en impedir que Estados Unidos pregunte. Consiste en que México pueda responder con instituciones creíbles, investigaciones públicas, fiscales autónomos y políticos capaces de explicar sus vínculos sin refugiarse en la bandera.

Mientras eso no ocurra, cada visa cancelada parecerá una sentencia extranjera; cada documento filtrado, una bomba electoral; y cada acusación de colaboración, una oportunidad para que los grupos en el poder se despedacen entre sí.

Quizás el problema no es que alguien esté hablando con los gringos. Quizás el problema es que, en el México de Morena, demasiados saben que los gringos podrían saber demasiado.

Con información; DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VANESSA ROMERO