La foto no es una simple postal de Palacio Nacional: es el retrato de un Estado que sí sabe correr cuando la víctima entra al encuadre presidencial. Elvis Guerra, diseñador muxe zapoteco, poeta y traductor, aparece flanqueado por Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch después de denunciar amenazas, extorsión y un ataque a balazos contra su casa en Juchitán. La respuesta fue rápida, visible y de alto nivel. El problema no es que lo hayan atendido; el escándalo es que, para miles de personas atrapadas en la misma violencia, esa puerta parece tener un timbre que nunca funciona.
La fotografía de las prioridades
Tres personas posan sonrientes en un despacho revestido de madera, custodiado por libreros, banderas y solemnidad republicana. En medio, Elvis Guerra lleva una prenda tradicional zapoteca; a los costados, la Presidenta y el secretario de Seguridad. La escena pretende comunicar cercanía, inclusión, protección y sensibilidad. Pero, sin querer, también deja al descubierto el organigrama real de la urgencia pública: primero el caso que ya pasó por el vestuario del poder; después, quizá, el resto del país.
No hay reproche por proteger a Guerra. Sería miserable sugerir que una persona amenazada, extorsionada y atacada a balazos no merece protección. La merece, sin regateos. Merece que lo investiguen, que protejan a su familia y que desmonten la red criminal que lo puso en la mira.
Lo que debería producir vergüenza es la selectividad convertida en ceremonia de Estado: que la reacción institucional sea casi instantánea cuando la víctima es el diseñador cuya prenda apareció en la celebración presidencial, mientras madres buscadoras, desplazados, comerciantes extorsionados, periodistas amenazados y familias de desaparecidos llevan años tocando puertas que sólo responden con folios, trámites y frases de condolencia.
La igualdad ante la ley, en esta fotografía, parece depender de haber vestido antes a la Presidencia.
Ciudadanos con código de acceso
Elvis Guerra denunció que su casa fue atacada tres noches después de que una de sus creaciones fuera utilizada durante el Grito de Independencia. Luego pidió ayuda directamente a Sheinbaum y señaló que las amenazas estaban ligadas a la apertura de un salón de fiestas; también advirtió que lo suyo no era una excepción, sino parte de la crisis de inseguridad que padece el Istmo de Tehuantepec. La Presidencia aseguró que hubo contacto previo y que solicitó al gobernador Salomón Jara brindarle protección.
Todo eso está bien. Lo indecente es que parezca excepcional.
Porque México no necesita un gobierno que tenga reflejos sólo cuando la víctima es reconocible, estética, mediáticamente útil o susceptible de convertirse en una fotografía amable. Necesita uno que atienda con la misma velocidad a la madre que busca una fosa, al joven reclutado a la fuerza, al comerciante que paga cuota, a la mujer desplazada, al periodista que recibe amenazas y a la familia que denuncia una desaparición sin contar con un vestido presidencial como contraseña.
La foto, entonces, no acredita que el Estado funciona; acredita que puede funcionar. Y ésa es precisamente la acusación: si puede desplegar interlocución presidencial, protección y atención federal en cuestión de horas para un caso, ¿por qué convierte en peregrinaje burocrático la desesperación de tantos otros?
En este país hay ciudadanos de primera, segunda y tercera:
- Los de primera llegan a Palacio Nacional.
- Los de segunda llegan a una ventanilla.
- Los de tercera llegan a una fosa, una carpeta archivada o una estadística maquillada.
Y luego está la inmensa mayoría: la que aprende que pedir ayuda no basta; hay que pedirla con visibilidad, contactos, cámaras o una conexión estética con el poder.
El Estado y su casting
La imagen se parece a una sala de espera VIP en medio de un hospital colapsado. A un paciente lo suben directo a terapia intensiva porque lo reconocieron en la recepción; los demás siguen sentados con una ficha en la mano, viendo cómo el sistema les explica que no hay camas, no hay personal, no hay presupuesto, no hay competencia, no hay información, no hay nada. Salvo cuando sí hay.
La administración no tendría por qué disculparse por haber recibido a Guerra. Tendría que explicar por qué ese nivel de respuesta no es el estándar para cada víctima. De lo contrario, la protección deja de ser derecho y se vuelve privilegio; la justicia deja de ser institución y se transforma en casting. No se protege a quien está en riesgo: se protege a quien el poder puede exhibir como prueba de sensibilidad.
La puesta en escena además resulta particularmente brutal porque ocurre en un país donde las madres buscadoras no suelen recibir retrato oficial, abrazo en despacho de caoba ni coordinación fotogénica con el gabinete de seguridad. A ellas se les ha visto cavando con palas, rastreando terrenos, organizando búsquedas con recursos mínimos y cargando fotografías de sus hijos. Ellas no llegan a Palacio a tomarse la postal de “asunto atendido”; llegan a oficinas donde con frecuencia les administran promesas, calendarios y evasivas.
El contraste no es un detalle de comunicación política. Es un diagnóstico de Estado.
Cuando el crimen “resuelve”
La parte más siniestra de esta historia no está en la sonrisa de Palacio, sino en lo que vino después en Juchitán. El sitio citado reportó que un joven de 23 años, señalado en redes como presunto agresor de Guerra, fue asesinado y abandonado con una cartulina que pretendía presentar la ejecución como castigo por atacar a “gente trabajadora”. Sin embargo, las autoridades no habían confirmado oficialmente que el joven fuera responsable del atentado.
Es decir: mientras el gobierno presume rapidez selectiva, la criminalidad presume eficacia homicida.
El cártel no investigó: etiquetó. No presentó pruebas: dejó una cartulina. No judicializó: ejecutó. No esperó al ministerio público, a la defensa, a un juez de control, a una sentencia ni a la presunción de inocencia. Montó su tribunal de banqueta, firmó el expediente con plomo y quiso vender una ejecución como si fuera justicia. Esa no es una solución; es barbarie con pretensiones de comunicado oficial.
Pero la pregunta que deja la escena es devastadora: ¿cómo se llega al punto en que un grupo criminal se siente autorizado para actuar como policía, fiscal, juez y verdugo? Se llega cuando el Estado es intermitente: fulminante para el caso que le importa, lento o ausente para el resto. El vacío institucional no dura vacío; siempre alguien lo ocupa. Y en México suele ocuparlo quien tiene armas, control territorial y la arrogancia suficiente para dictar sentencia sobre cuerpos.
La vergüenza no es atender
Que quede claro: atender a Elvis Guerra era obligación, no favor. Protegerlo no es un gesto de generosidad presidencial; es el mínimo deber de un Estado frente a una denuncia de extorsión, amenazas y ataque armado. Y si su caso revela riesgos para más habitantes de Juchitán, la respuesta tendría que ser colectiva, verificable y sostenida, no sólo una visita al despacho y una fotografía de ocasión.
La vergüenza está en gobernar con dos pesas y dos medidas:
- Una para la víctima que logró entrar al radar presidencial.
- Otra para las víctimas que sólo logran entrar a una lista de espera.
- Y una tercera, todavía más cruel, para quienes terminan siendo asunto de búsqueda, conteo o luto.
Esta imagen debería incomodar precisamente porque confirma que el poder tenía capacidad de reacción. No falta sensibilidad administrativa; falta igualdad en la sensibilidad. No falta teléfono en Palacio; faltan oídos para quienes no pueden llamar desde el círculo de la visibilidad. No falta coordinación cuando conviene; falta convertirla en regla.
El diseñador fue atendido porque su vida importa. Pero las madres buscadoras, los desaparecidos, los extorsionados y los desplazados también importan, incluso si nadie en Los Pinos —perdón, en Palacio— ha usado algo hecho por ellos.
Con información: REFORMA/
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