La “guerrita” ya no parece guerra sucia: parece un concurso institucional de expedientes incómodos, campañas de WhatsApp y silencios con plaza presupuestal. Gildo Garza acusa que, tras exhibir a Iván Moyle —director de Comunicación Social de la Fiscalía tamaulipeca—, le montaron una ofensiva coordinada con el mismo molde, los mismos mensajes y los mismos operadores de guardia permanente.
Y es que, en Tamaulipas, la Fiscalía de Justicia y el mismo gobierno,parecen haber convertido el currículum manchado —e incluso haber estado preso en penales estatales y/o federales— en un requisito no escrito para formar parte del gabinete de Américo Villarreal, que tampoco canta mal las rancheras.
Aunque,entre más preguntas acumule un funcionario, más rápido aparece una brigada digital para defenderlo, atacar al crítico y fingir que el problema es quien pregunta.
Así trae Gildo Garza la “guerrita” en redes y grupos de WhatsApp: una ofensiva de copia y pega, con la misma narrativa, el mismo formato y los mismos operadores de manos pintadas trabajando 24/7 para embarrar al periodista que se atrevió a ponerle nombre y apellido al vocero de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rodrigo Iván Moyle Santamaría.
Garza plantea algo elemental, pero al parecer escandaloso para la maquinaria de comunicación oficial: él no es funcionario, no administra presupuesto, no decide nombramientos y no cobra del erario para cuidar reputaciones ajenas. Por eso cuestiona que, para responder a señalamientos sobre un servidor público, la estrategia sea ventilar a particulares, atacar familiares y fabricar propaganda que puede comprometer incluso la tranquilidad jurídica de quienes la difunden.
El eje del reclamo no es menor. Garza exige al fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, bajo el gobierno de MORENA y Americo Villarreal, que explique por qué Iván Moyle sigue operando desde Comunicación Social si —según el periodista— está vinculado a proceso por un delito doloso de carácter sexual relacionado con menores.
La exigencia no es que el fiscal litigue el caso desde Facebook ni que dicte una sentencia en una conferencia: es que informe qué revisión institucional existe, qué medidas cautelares o administrativas se han tomado y por qué un funcionario con ese señalamiento permanece en una posición desde la que se controla la narrativa pública de la procuración de justicia.
La pregunta que deja Garza es brutalmente simple: ¿qué sabe Iván Moyle para que lo protejan tanto?
Y la pregunta crece porque la Fiscalía no llega limpia al debate. Jesús Eduardo Govea Orozco asumió como fiscal de Tamaulipas tras ser designado por el Congreso, con un mandato de siete años.
Sin embargo, reportes periodísticos retomados por N+ NOTICIAS de Televisa, señalan que enfrenta desde hace más de dos décadas acusaciones ligadas a la delincuencia organizada, derivadas del caso de la sustitución de Rogelio González Pizaña, “El Kelín” o “Z2”, un criminal de altos vuelos detenido en 2001.
De acuerdo con esa versión, Govea fue detenido junto con otros agentes y un juez federal le dictó formal prisión en febrero de 2002 por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud; posteriormente recuperó la libertad bajo reserva de ley, una figura que no equivale por sí misma a una absolución. Govea ha desestimado públicamente estos señalamientos como “información sesgada”, aunque los hechos adviertan que el sesgado es el mismísimo fiscal.
Es decir: al frente de la institución encargada de perseguir delitos hay un fiscal sobre el que pesan cuestionamientos públicos de vieja data; en Comunicación Social, un funcionario que, según Garza, debe explicar su continuidad ante un proceso penal delicado; y alrededor de ambos, una tropa digital aparentemente más ocupada en desacreditar al mensajero que en responder el mensaje.
Garza también responde a una acusación lanzada desde esa campaña: niega haber sido despedido de Multimedios por “rata” y reta a quienes impulsan la ofensiva a abrir el cajón de los antecedentes, pero completo. No sólo el expediente conveniente, no sólo el recorte diseñado para WhatsApp, no sólo la fotografía editada y el infográfico elaborado con IA, con música de tribunal popular. Si se va a hablar de trayectorias, sostiene, que cada quien explique la propia.
Porque no se trata de convertir una denuncia en linchamiento ni de sustituir a los jueces con diseñadores de memes. Se trata de exigir estándares mínimos a una Fiscalía: transparencia, respuestas verificables y criterios claros para conservar o remover a un funcionario bajo cuestionamiento. La institución que debe procurar justicia no puede comportarse como una oficina de guerra digital dedicada a blindar a los suyos y castigar a quien los exhibe.
En resumen: si para entrar a la conversación pública de la Fiscalía hay que llegar con un expediente bajo el brazo, al menos que no pretendan que el único pecado sea hacer preguntas.
Con información: Gildo Garza/Redes
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