«OOOTRA VEZ la MISMA PELÍCULA: CATEOS e INVESTIGACIONES MAL HECHAS de HARFUCH le TUMBAN VINCULACIÓN a PROCESO a TITÁN por ORDEN de JUEZ»… y no es caso único, la mayoría de sus detenidos de la pirotecnia verbal están libres.

Otra vez la misma película: detienen con bombo y platillo, presumen golpe al crimen organizado… y semanas después todo se desmorona en tribunales como castillo de naipes mal armado.

El protagonista ahora es José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, a quien el propio Gobierno federal presentó como pieza de una célula del Cártel del Noreste ligada al huachicoleo. Lo detuvieron en Monterrey, lo acusaron de armas, dinero sucio y delitos contra la salud. Hasta ahí, el guion clásico.

Pero entró en escena el juez federal Mario Melo Cardoso y —con una resolución que ya levanta cejas— le concedió un amparo que, en términos prácticos, tira la vinculación a proceso por irregularidades en los cateos. Es decir: no es que el personaje sea inocente, es que la autoridad investigó mal. Otra vez.

«Procede conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en la carpeta judicial del 17 de mayo del 2026», se advierte en la versión pública de la resolución.

Y aquí es donde la historia deja de ser sólo sobre un juez con historial incómodo —porque no es la primera vez que sus resoluciones favorecen a perfiles ligados al narco— y se convierte en un espejo más amplio: el de fiscalías que siguen tropezando con lo básico. Cateos mal integrados, procedimientos endebles, expedientes que no resisten el primer jalón jurídico serio.

Porque sí, el juez queda bajo sospecha pública —sobre todo cuando también le concedió antes beneficios como cambiar la prisión preventiva a un hospital por supuestos problemas de salud, pese a que el propio “Titán” presumía rutinas de fisicoculturismo—, pero el problema de fondo es más incómodo: si el caso está mal armado, el juez tiene margen legal para desmontarlo.

Y mientras tanto, el discurso oficial sigue vendiendo capturas como si fueran sentencias firmes. La realidad es otra: detenciones espectaculares que terminan exhibiendo investigaciones precarias.

Al final, la pregunta no es sólo por qué ciertos jueces liberan, sino por qué las autoridades siguen entregándoles expedientes tan fáciles de tumbar y que solo sirven para la foto.

Con información: ELNORTE/