En junio de 2025, Mario Benítez y Ricardo Arenas, integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), un grupo de electricistas disidentes, se presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el huachicol eléctrico usado para minar criptomonedas dentro de instalaciones del SME en la sierra poblana, en el Estado de México e Hidalgo.
En el documento que entregaron a la FGR acusaron directamente a Martín Esparza, secretario general del SME; Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior; Román Olvera García, subsecretario de la División Necaxa; y Miguel Márquez Ríos, secretario del Fomento a la Salud, además de diputado en Puebla del Partido Verde. Les achacaron los delitos de “asociación delictuosa, robo de energía eléctrica, despojo de aguas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, cometidos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Estado Mexicano”.
En la denuncia afirman que “las conexiones eléctricas que suministran energía a las granjas de criptomonedas encontradas en diversas instalaciones del SME resultan ilegales, ya que la CFE no ha otorgado al sindicato ninguna concesión, permiso o autorización para llevar a cabo la explotación del recurso, por lo que, puede suponerse que la representación sindical ha hecho uso y aprovechamiento indebido e ilegal de un bien nacional estratégico”.
Un sindicato electricista minando cripto con luz robada en la cuna de la industria eléctrica mexicana suena a chiste malo, pero es expediente real… y empolvado en algún archivero de la FGR.
Necaxa: de orgullo eléctrico a granja cripto
En Juan Galindo, Puebla, donde nació el sistema eléctrico mexicano, el ruido ya no es solo el de la presa, sino el de cientos de equipos minando criptomonedas día y noche en instalaciones del SME conectadas con diablitos industriales a la red.
La División Necaxa del SME, a unos metros de la presidencia municipal, se convirtió en una especie de Wall Street clandestino: paredes llenas de rigs, un zumbido constante y cero pesos de recibo de luz porque la energía salía “milagrosamente” de la CFE.
Huachicol eléctrico versión siglo XXI
Los disidentes del sindicato calcularon que solo en una de las instalaciones se usaron casi 6 millones de kilowatts en un bimestre, unos 16.6 millones de pesos, mientras en otra zona de Necaxa estuvieron más de un año jalando energía como si no hubiera mañana.
La CFE, muy ofendida, clasificó como reservada la información del robo, pero dejó un papel pegado en El Oro donde admite que no había contrato alguno, o sea: no clientes, no facturas, puro huachicol eléctrico de cuello sindical.
Los señalados… y el eterno “no pasa nada”
En la denuncia ante la FGR aparecen nombres y cargos con lujo de detalle: Martín Esparza, Humberto Montes de Oca, Román Olvera y el diputado verde Miguel Márquez Ríos, acusados de asociación delictuosa, robo de energía, despojo de agua y lavado de lana.
¿Resultado? Ni un detenido, ni un cateo espectacular, ni un fiscal indignado en conferencia: pura pared de silencio de la FGR que entonces encabezaba Alejandro Gertz Manero, convertido aquí en santo patrono de la impunidad energética.
CFE: pérdidas “no técnicas”, cinismo muy técnico
La CFE reconoce que en ocho años ha dejado ir 290 mil millones de pesos en “pérdidas no técnicas”, categoría elegante para diablitos, crimen organizado, resistencia civil y errores propios, mientras las cifras suben de 32.6 millones en 2019 a 40.9 millones en 2025.
En público la empresa se protege diciendo que la relación con sus usuarios es “confidencial”, pero en sus propios documentos admite que con el SME ni relación comercial había, solo cables gordos chupando energía como si el sistema eléctrico fuera bufet libre.
Criptofaros con agua, luz… y cero regulación
Juan Galindo y alrededores son el sueño húmedo de cualquier minero cripto: energía prácticamente gratis por la resistencia civil, agua a chorros de la presa Necaxa para enfriar equipos y mano de obra especializada formada por la propia historia del SME.
Incendios en casas usadas para minar, granjas desmanteladas según Seguridad Pública de Puebla y expedientes enviados a la FGR que se pierden en el triángulo de las Bermudas institucional completan el cuadro de un país donde hasta las criptomonedas terminan colgadas de un diablito.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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