Al menos 40 cámaras de videovigilancia han sido atacadas por el crimen organizado, lo que representa un daño económico superior a los 13 millones de pesos, informó sin pena y sin vergüenza el vocero de Seguridad Pública, Willy Zúñiga.
“Tenemos aproximadamente 40 denuncias presentadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo cual equivale a un monto que está recuperando el Gobierno del Estado por aseguramientos de 13 millones de pesos”, precisó.
La respuesta resignada del funcionario frente a los múltiples ataques no es una simple pérdida económica,es un desafío flagrante que merece una respuesta puntual, pero no, bajo el gobierno de Americo Villarreal,tragarse las afrentas ha sido cosa de todos los dias,pues es un gobierno de pusilánimes,timoratos y cobardes.
Otra vez la narrativa de la resignación disfrazada de gobierno
Peor aun,el funcionario en turno no solo es el voceros el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica,lo que agrava el escenario, ,pues bajo sa condicion no puede ni debe, vender la idea de que la delincuencia “solamente” le tumbó al Estado un puñado de millones, que al final se compensan con las aseguradoras, como si estuviera hablando de llantas ponchadas en una flotilla gubernamental y no de un golpe directo a la ya tambaleante capacidad de vigilancia y seguridad pública.
Su discurso suena a contabilidad barata, a columna de pérdidas y ganancias, como si los 40 ojos arrancados de tajo al sistema de videovigilancia fueran simples fierros reemplazables y no el fracaso tangible de un Estado que tolera que grupos criminales arranquen cámaras en plena vía pública a plena luz del día.
Más insultante aún es su gesto de aparente calma: “no pasa nada, el seguro paga”. Esa frase es la radiografía perfecta de la derrota asimilada, del funcionario que ya arrió la bandera de la dignidad al grado de normalizar que la seguridad pública esté a expensas del deducible de una póliza. El mensaje implícito es brutal: no importa que nos golpeen, siempre habrá quien cubra la factura.
Ese conformismo es una traición doble: a la ciudadanía que queda ciega y expuesta mientras reponen las cámaras, y a cualquier noción seria de Estado de Derecho. Porque aquí no se trata del costo de los aparatos vendidos al kilo de cobre, sino de la afrenta al poder público, el desafío directo que deja en evidencia que la delincuencia puede marcar territorio y exhibir la debilidad oficial sin que nadie se sonroje.
Mientras el funcionario gris,recomendado al gobernador por el extinto “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, minimiza el asunto con matemáticas mediocres, la sociedad entiende perfectamente el mensaje: los criminales imponen agenda, y la autoridad se resigna contando facturas como si fueran cuentas de papelería. La seguridad, reducida a trámite administrativo. La soberanía, convertida en póliza de seguros. Y el Estado, una vez más, en ridículo.
Con informacion: NOTICIERO DE VICTORIA/
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