A los ciudadanos no les debe de quedar la menor duda,de que la realidad supera a la vergüenza institucional, pues mientras el poder en todas sus niveles y rangos se esconde detrás de excusas, la justicia sigue esperando a ser algo más que una promesa rota en todo lo que queda de este pais humanista y transformador.
Resulta que el Delgado de la FGR Martín Rivera Cisneros, abogado egresado de la Universidad Autonoma de HIdalgo,fue acusado de discriminación, abuso y hostigamiento sexual hacia una subordinada entre los años de 2016-2017 y desde esas fechas pudo con ayuda de la FGR, esconderse detrás de excusas que rayan en el ridículo: influenza oportuna, dictámenes pendientes o abogados vacacionistas.
Pero ademas,el funcionario fue señalado por usar su posición d mando para acosar y después castigar a la víctima, relegándola hasta una bodega sin silla ni ventilación, confirmando el talante de impunidad con que se conduce, pues aun no ha sido castigado.
La situación de pena ajena, porque no tienen propia,exhibe con toda crudeza tanto al implicado —un servidor público que, con cinismo, no cesó de retrasar su presentación judicial— como a la propia Fiscalía General de la República (FGR), que actuó con una lentitud tan escandalosa que no solo parece,es planeada.
Pero lo más ofensivo es el papel de la FGR, esa misma institución que debería ser garante de justicia y que, durante años, se dedicó a archivar la denuncia, obligando a la víctima a litigar contra el propio aparato que debía protegerla. Solo después de presión judicial “se dignaron” reabrir la carpeta, para luego arrastrar durante meses la imputación, con diferimientos que sonrojan a cualquier sistema de justicia mínimamente serio.
Al final, ni el delegado ni la Fiscalía salen librados: uno aparece como un servidor público que manipula, posterga y evade; la otra, como un órgano que protege más al acusado que a la denunciante, alargando un proceso que desde el inicio huele a dilación calculada.
Lo cierto es que, visto en conjunto, el caso se convierte en un retrato de como las instituciones fallan, la justicia avanza a paso de tortuga convenientemente ciega, y los funcionarios implicados parecieran disfrutar de un fuero e inmunidad inmerecida que los coloca por encima de la ley —al menos hasta que la presión social o judicial los arrincona.
El viacrucis de la víctima del Delegado,la FGR y el sistema de injusticia
En una audiencia inicial casi tres horas, el funcionario se reservó su derecho a declarar y, por solicitud de su defensa, el Juez Perusquia fijó para el próximo lunes a las 8:00 horas la diligencia en la que determinará si le vinculan o no a proceso.
Los delitos que le atribuyen al Fiscal Federal en Tabasco se basa en una denuncia presentada el 7 de noviembre de 2017 por una ex subordinada que lo acusa de tocamientos, insinuaciones, mensajes y cartas de índole sexual, cuando el hoy imputado era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos presuntamente ocurrieron en 2016 y 2017 y la víctima en un primer momento acudió con el Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales para exponerle la situación, pero éste únicamente le comentó que no se podría hacer nada ya que Rivera y el subprocurador eran amigos.
Rubio se enteró que la funcionaria había reportado la situación y eso trajo como consecuencia que a la mujer le cambiaran los horarios de la jornada laboral, la privaran de herramientas de trabajo, le quitaran su espacio de oficina y la aislaran en una bodega sin silla, computadora ni ventilación, según su denuncia.
La víctima denunció los hechos ante la FGR, pero en dos ocasiones la carpeta de investigación fue archivada, lo que obligó a que la víctima impugnara el “carpetazo” ante un juez de control y lograra una orden judicial para reabrir la indagatoria.
Desde hace poco más de tres meses, la FGR trató de celebrar la audiencia de imputación contra Rivera, sin embargo, por distintos motivos fue aplazada tres veces.
La primera fue el 9 de mayo, cuando no compareció e informó al juez que estaba enfermo de influenza; y la segunda ocurrió el 10 de julio, cuando se presentó ante el juzgador, pero horas antes le había solicitado el diferimiento por escrito, argumentando que necesitaba elaborar un dictamen pericial.
La tercera se programó para el pasado 28 de julio, pero fue diferida porque el delegado informó al juez que el titular de su defensa estaba de vacaciones en un viaje que había programado desde febrero.
En esa última ocasión, a solicitud de la afectada, el juez apercibió a Rivera que, de no presentarse a la audiencia de ayer martes con su abogado titular, le impondría una multa económica y se vería obligado a designar a un defensor distinto para llevar a cabo la diligencia.
Con informacion: ELNORTE/
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