Balacera en el penal de Aguaruto: fracaso de las autoridades ante un modelo penitenciario colapsado
La mas reciente balacera en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, que dejó un interno muerto y tres heridos, vuelve a exhibir la profunda crisis de seguridad y gobernabilidad que impera en este reclusorio ahora bajo mando militar.
Pues muy y pese a los constantes cateos, operativos y el cambio de director por un Militar de rango, las autoridades han sido incapaces de frenar la violencia, el ingreso de armas y el autogobierno criminal que domina el penal.
Cateos inútiles y simulación oficial
Tras el enfrentamiento del 26 de junio, elementos de la Policía Estatal Preventiva y fuerzas federales realizaron revisiones en varios módulos. El resultado: el hallazgo de nueve armas de fuego —incluyendo pistolas calibre .45, .40 y 9 mm—, 21 cargadores abastecidos y siete celulares escondidos en diferentes áreas del penal. Todo esto, a pesar de que hace apenas semanas se habían efectuado inspecciones similares tras otros episodios de violencia, donde también se aseguraron armas, droga, dinero en efectivo y hasta dispositivos electrónicos.
La reiteración de estos hallazgos demuestra la inutilidad de los cateos como medida correctiva. Lejos de solucionar el problema, los operativos parecen formar parte de una rutina burocrática que no ataca la raíz del fenómeno: la corrupción institucional y la complicidad de personal penitenciario, que permiten el ingreso y la circulación de objetos prohibidos.
Un penal marcado por el autogobierno y la impunidad
El penal de Aguaruto arrastra un historial de fugas espectaculares, motines sangrientos, asesinatos y privilegios para internos ligados al crimen organizado. Desde la fuga masiva durante el “Culiacanazo” de 2019, hasta la reciente aparición de túneles, antenas satelitales y celdas de lujo, la realidad es que las autoridades han perdido el control efectivo del centro penitenciario.
Las inspecciones constantes, lejos de restablecer la legalidad, evidencian la incapacidad del Estado para ejercer un mando real. Los cateos, lejos de ser una solución, se han convertido en una puesta en escena para justificar la inacción y la falta de reformas estructurales. Así lo han señalado organismos de derechos humanos y el propio Consejo Estatal de Seguridad Pública, que ha urgido el traslado de reos de alta peligrosidad a penales federales y la intervención directa del gobierno federal.
Reclamo social y responsabilidad institucional
El fracaso de las autoridades es innegable. Los cateos, lejos de prevenir la violencia, la encubren y la normalizan. La persistencia de armas, drogas y privilegios en el interior del penal de Aguaruto es un reflejo de la corrupción, el autogobierno y la impunidad que imperan en el sistema penitenciario sinaloense.
El Estado mexicano no puede seguir simulando operativos mientras la realidad carcelaria se deteriora y los internos —y la sociedad— pagan las consecuencias. La crisis de Aguaruto es un llamado urgente a replantear la política penitenciaria, erradicar la corrupción y asumir la responsabilidad institucional que hasta ahora ha sido eludida a través de cateos inútiles y comunicados vacíos.
“La seguridad penitenciaria es un pilar de la gobernabilidad democrática. El Estado no puede —ni debe— permitir que los penales estatales se sigan utilizando como centros de operación criminal, violencia e impunidad, como los hechos lo han constatado”.
La simulación debe terminar. La sociedad exige resultados reales, no más operativos mediáticos ni cateos que sólo maquillan el fracaso de las autoridades.
Con informacion: NOROESTE/
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