Una menor de 16 años de edad, que hace dos años fue obligada a contraer matrimonio, estuvo en prisión cuatro días en Cochoapa el Grande, en la montaña de Guerrero, para obligarla a que regrese la dote 700 mil pesos que la familia del esposo pagó.
El esposo solicitó la detención de la adolescente porque descubrió en su celular unas fotografías de su ex novio.
El pasado 12 de abril, policías comunitarios detuvieron a la adolescente y la llevaron a prisión. En tanto, un grupo de autodefensas, a cargo de Lorenzo Moreno Ventura, capturó y también llevó a la cárcel a Samuel, el ex novio de la joven.
Moreno Ventura, quien es presidente del Consejo de Justicia de los Pueblos Originarios y tío del esposo de la menor, encabezó las detenciones.
Tres días después ambos fueron liberados, luego que sus padres se comprometieron a pagar los 700 mil pesosque los padres del esposo supuestamente habrían entregado para la celebración del matrimonio.
En el convenio que firmaron para que ambos obtuvieran su libertad se establece que Samuel y su papá tendrán que pagar 250 mil pesos; la mamá de la menor, 450 mil pesos.
“El plazo para hacer el pago vence el próximo 30 de abril y se corre el riesgo de que la mamá de la menor, el ex novio y los padres de éste sean detenidos por la Policía comunitaria”, alertó Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
La menor, aseguró Arias, logró huir de la comunidad, luego de que recobró la libertad.
La Injusticia Normalizada: Matrimonios Forzados y Encarcelamiento de Menores en Cochoapa el Grande, Guerrero
El caso reciente de una adolescente de 16 años encarcelada por “infidelidad” en Cochoapa el Grande revela la alarmante persistencia de matrimonios forzados en la región de La Montaña de Guerrero.
Esta joven, casada a los 14 años mediante una “dote” de 700 mil pesos, fue detenida arbitrariamente durante cuatro días por autoridades comunitarias después de que su esposo descubriera fotos de un antiguo novio en su celular.
El caso ejemplifica cómo prácticas denominadas como “usos y costumbres” están siendo utilizadas para perpetuar graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes, a pesar de los avances legislativos para prohibir estas uniones en todo México.
Este reportaje examina un fenómeno que continúa ocurriendo en pleno siglo XXI bajo la complicidad de autoridades locales y la ineficacia de los programas estatales diseñados para erradicar estas prácticas.
La realidad detrás del eufemismo: los matrimonios forzados en La Montaña de Guerrero
En México, específicamente en la región de La Montaña de Guerrero, persiste una práctica que viola sistemáticamente los derechos humanos de niñas y adolescentes: los matrimonios forzados, frecuentemente enmascarados como “usos y costumbres”.
En comunidades como Cochoapa el Grande, considerado el municipio más pobre de México, las familias “permiten” o más bien obligan a sus hijas adolescentes a unirse en matrimonio con hombres que pagan cantidades considerables de dinero a cambio. Esta práctica no representa auténticas tradiciones indígenas, sino una distorsión de los sistemas normativos comunitarios motivada principalmente por condiciones extremas de pobreza y marginación.
Los matrimonios forzados en Guerrero son el resultado de causas estructurales que incluyen la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos como educación y salud, y la ausencia de oportunidades de desarrollo para las familias. En estos contextos, las niñas son vistas como una carga económica que puede transformarse en un ingreso mediante su “venta” para el matrimonio. Esta realidad contrasta dramáticamente con la legislación nacional que prohíbe el matrimonio infantil y constituye una grave violación al artículo 4° Constitucional.
Es fundamental señalar que, contrario a lo que a veces se argumenta, “la violencia contra niñas y adolescentes no es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas”. El reconocimiento de los matrimonios forzados como una forma de violencia contra las mujeres que no admite justificación cultural alguna es un primer paso para la protección y defensa de estas menores[1].
El caso de la menor encarcelada: un patrón sistemático de violencia
El caso de la adolescente de 16 años, a quien podemos identificar como “Marcela” según los reportes periodísticos, no es un hecho aislado sino parte de un patrón sistemático de abuso. Marcela fue encarcelada el 12 de abril de 2025 por órdenes de Lorenzo Moreno Ventura, presidente de la asociación civil “Certeza y justicia para los pueblos originarios de Cochoapa el Grande” y tío del esposo. La acusación formal fue “infidelidad”, basada únicamente en fotografías encontradas en su celular donde aparecía Samuel, un antiguo novio.
Marcela, huérfana de padre, fue obligada a casarse a los 14 años mediante una “dote” de 200 mil pesos entregada al suegro, aunque en el caso actual se exige la devolución de 700 mil pesos, evidenciando la inflación arbitraria de estas “compensaciones”. Durante su matrimonio, fue sometida a largas jornadas de trabajo, privada de educación y trasladada a campos agrícolas donde era explotada laboralmente”
El encarcelamiento duró cuatro días, durante los cuales tanto ella como Samuel fueron mantenidos en la misma celda. Para obtener su libertad, el delegado Lorenzo condicionó el pago de 700 mil pesos: 450 mil a cargo de los padres de Samuel y 250 mil que debería cubrir la madre de Marcela, con un plazo hasta el 30 de abril. Ante esta situación imposible de resolver, Marcela logró huir de la comunidad tras ser liberada, pero su madre y familia enfrentan ahora el riesgo de ser detenidas si no cumplen con el pago.
La indefensión sistemática de las niñas indígenas
Las niñas y adolescentes indígenas en Guerrero enfrentan una situación de indefensión total que vulnera múltiples derechos fundamentales. Cuando intentan escapar de matrimonios forzados o denunciar abusos, se enfrentan a un sistema que las revictimiza a través de mecanismos como:
Complicidad de autoridades locales
El caso de Marcela revela cómo las autoridades municipales se coluden con padres y suegros para perpetuar este sistema de opresión. Las síndicas de municipios como Metlatónoc y Cochoapa el Grande participan activamente, actuando como “defensoras de los suegros” cuando se sienten ofendidos por las “esposas desobedientes”. Cuando las niñas acuden a la Fiscalía Regional de Tlapa, experimentan indiferencia, despotismo y trato discriminatorio por ser indígenas, truncando cualquier posibilidad de justicia.
Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que cuando se enteraron del encarcelamiento de Marcela y Samuel, contactaron al alcalde de Cochoapa el Grande, Javier Gálvez, quien se negó a intervenir argumentando que “desconoce qué atención darle al caso porque es una práctica común dentro de las comunidades”. Esta respuesta ejemplifica la normalización institucional de la violencia contra las niñas indígenas.
Esclavitud moderna bajo el manto de los “Ab_usos y costumbres”
Los matrimonios forzados no son simplemente uniones no consentidas; representan un sistema de esclavitud moderna. Las niñas son compradas mediante “dotes”, obligadas a realizar trabajos domésticos no remunerados, sometidas a explotación laboral en campos agrícolas, y con frecuencia, son víctimas de violencia sexual.
El caso de Ema, documentado por el Centro Tlachinollan, ilustra esta realidad: “La suegra y el hijo prácticamente estaban explotando a la niña, quien poco después de haber sido obligada a casarse quedó embarazada. En ese lugar, a pesar de su corta edad, su nueva familia la obligaba a guisar todos los días el desayuno, almuerzo, comida y cena. La adolescente también trabajaba en los campos agrícolas sin recibir ningún dinero. Su paga se la daban a su suegra”
Marco legal e iniciativas contra los matrimonios forzados
A pesar de que México ha avanzado en la prohibición legal del matrimonio infantil a nivel nacional desde 2019, y que el estado de Guerrero ha implementado reformas específicas, la brecha entre la legislación y la realidad sigue siendo enorme.
Avances legislativos recientes
En octubre de 2022, el Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad una iniciativa presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para reformar el código penal y sancionar conductas relacionadas con el matrimonio infantil, la cohabitación, las uniones tempranas y la venta de menores[9]. Esta reforma calificó estas prácticas como delito, enviando un mensaje claro de que “el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, está por encima de cualquier expresión de usos y costumbres de los pueblos originarios”.
Más recientemente, en enero de 2025, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) propuso incrementar las penas para quienes promuevan, faciliten o consuman este tipo de uniones, con agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. La propuesta busca reforzar el marco jurídico del estado, estableciendo sanciones más estrictas para proteger a las niñas contra la violencia y el abuso[11].
La ineficacia de los programas gubernamentales
A pesar de las iniciativas legislativas, las organizaciones de derechos humanos señalan que los programas gubernamentales han sido ineficaces. En noviembre de 2021, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Sin embargo, según Neil Arias, este programa “no ha funcionado porque los matrimonios forzados de menores de edad se siguen dando en los municipios más marginados de Guerrero”.
A más de ocho meses de implementada esta estrategia, el plan “solo se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios. No se va a fondo en el asunto”, señaló Arias.
El falso debate entre derechos humanos y autonomía cultural
Un aspecto problemático en la discusión sobre los matrimonios forzados es el falso debate entre el respeto a los “usos y costumbres” y la protección de los derechos humanos. Este planteamiento es erróneo por varias razones:
Los matrimonios forzados no son tradiciones culturales legítimas
Las organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas han sido claras: “La violencia contra niñas y adolescentes no es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas”[2]. El reconocimiento de los matrimonios forzados como una forma de violencia contra las mujeres que no admite justificación cultural alguna es fundamental.
Es preocupante que la manera en que la prensa y los distintos actores políticos abordan el tema “no contribuya a una solución real, profunda y permanente y que, por el contrario, únicamente estigmatice a los pueblos y comunidades indígenas”. La solución no está en atacar o criminalizar a las comunidades indígenas, sino en abordar las causas estructurales de pobreza, marginación y desigualdad que facilitan estas prácticas.
La legislación internacional y nacional es clara
Tanto la legislación internacional como la mexicana son claras respecto a la primacía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La reforma al artículo 2 constitucional aprobada en 2024 establece explícitamente que “la protección y el interés superior de la niñez está por encima de los usos y costumbres de los pueblos indígenas”. Esta claridad normativa elimina cualquier posible justificación legal para los matrimonios forzados.
El impacto devastador en la vida de las niñas
Los matrimonios forzados tienen consecuencias devastadoras para la vida de las niñas, entre las que se encuentran:
Truncamiento educativo y perpetuación de la pobreza
Las niñas obligadas a casarse abandonan sus estudios, lo que limita significativamente sus oportunidades futuras y perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional. Como señala la diputada Araceli Ocampo: “En Guerrero, sabemos que las cifras detrás del matrimonio infantil no son solo números, son historias de vidas rotas, de niñas que en lugar de jugar y aprender, han sido obligadas a asumir responsabilidades para las cuales no están preparadas”.
Riesgos para la salud física y mental
Los matrimonios infantiles exponen a las niñas a embarazos prematuros que pueden tener graves complicaciones de salud e incluso provocar la muerte. Además, estas niñas sufren altos índices de violencia doméstica y trauma psicológico duradero.
Normalización de la violencia
Quizás uno de los aspectos más preocupantes es cómo estas prácticas normalizan la violencia contra las mujeres desde temprana edad. Las niñas aprenden que su valor está determinado por su capacidad para servir a otros, que su cuerpo puede ser vendido y que sus derechos pueden ser ignorados sistemáticamente.
Conclusión: Un llamado urgente a la acción afectiva y efectiva
El caso de Marcela, como tantos otros similares, demuestra que en pleno siglo XXI persisten prácticas que constituyen formas modernas de esclavitud bajo el eufemismo de “usos y costumbres”. La persistencia de los matrimonios forzados en Guerrero refleja un fracaso institucional en todos los niveles de gobierno para proteger efectivamente a las niñas y adolescentes indígenas.
Para abordar verdaderamente esta problemática, es necesario un enfoque integral que vaya más allá de reformas legislativas y talleres informativos. Se requieren:
- Mecanismos efectivos de prevención y respuesta inmediata ante casos de matrimonios forzados.
- Sanciones reales para funcionarios que por acción u omisión sean cómplices de estas prácticas.
- Políticas públicas que aborden las causas estructurales: pobreza, falta de acceso a educación y servicios básicos.
- Programas de empoderamiento económico para las familias y comunidades indígenas.
- Respeto a la verdadera autonomía y derechos de los pueblos indígenas, rechazando las narrativas que presentan la violencia como parte de su cultura.
Como sociedad, debemos rechazar la normalización de estas violaciones a los derechos humanos y exigir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a todas las niñas, sin importar su origen étnico o condición socioeconómica. Como concluye la diputada Ocampo: “Las niñas no son esposas, no son madres, no son mercancías, son niñas y merecen un futuro libre de violencia, abuso y explotación”.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: