Antes de asumir el cargo de diputado federal, el morenista Carlos Candelaria López fue vinculado a proceso por presuntamente cobrar “moche” de su salario a dos empleados que tuvo bajo su mando como director de Delegaciones de la Cancillería.
El caso de Carlos Candelaria López, diputado federal de Morena, involucra acusaciones de abuso de autoridad y cobro ilegal de porcentajes salariales a subordinados durante su etapa como director de Delegaciones de la Cancillería. Estas denuncias generan interrogantes sobre su conducta pública y las implicaciones jurídicas de su fuero legislativo.
Contexto de los cargos
La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que entre febrero y octubre de 2019:
- Recibió 12 pagos equivalentes al 10% del salario de dos empleados (35,755 pesos en total).
- Metodología del cobro:
- Dos entregas en efectivo cerca de las instalaciones de la Cancillería.
- Nueve transferencias y un depósito directo a la cuenta de su subdirectora, María Yesenia Velázquez.
- Las solicitudes se realizaron mediante presión jerárquica, según testimonios de las víctimas.
Situación jurídica actual
El proceso legal enfrenta obstáculos institucionales:
- Suspensión por fuero: La audiencia clave del 29 de agosto fue evadida por Candelaria, quien al día siguiente compareció con inmunidad parlamentaria tras asumir como diputado.
- Estrategia procesal:
- El juez Víctor Manuel Delgadillo Padierna declaró la suspensión del caso hasta que concluya la LXVI Legislatura o se obtenga declaratoria de procedencia.
- Esto pospone indefinidamente el juicio, salvo que el Congreso levante el fuero.
Implicaciones políticas y sociales
Los hechos generan múltiples repercusiones:
- Credibilidad institucional: El uso del fuero para evitar procesos penales reactiva debates sobre reformas al sistema de inmunidades.
- Patrones de conducta: Las declaraciones de Juan José Varela detallan que las exacciones se solicitaban mediante:
- Mensajes de la esposa del diputado vía WhatsApp.
- Órdenes directas al ascender en el cargo.
- Riesgo de impunidad: La temporalidad del fuero (hasta 2027) podría permitir la prescripción legal del delito, actualmente tipificado con 3 a 8 años de prisión.
Este caso ejemplifica los mecanismos de opacidad en la administración pública y los vacíos legales que permiten eludir responsabilidades penales mediante cargos de elección popular bajo un gobierno humanista y transformador.
Su resolución dependerá de la capacidad de la FGR para presentar pruebas concluyentes ante el Legislativo y de la voluntad política del oficialismo del mismo partido, para procesar a uno de los suyos que esta como muchos en el resto.
Con informacion: REFORMA/
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