El presunto líder criminal Leonel N, alias “El Gordo de Zempoala”, señalado como un cabecilla “que sembró terror” en la región de Celaya y municipios vecinos fue dejado en libertad horas después de ser capturado en Querétaro por agentes de las fiscalías de Guanajuato y de aquella entidad.
Aunque su captura el 10 de febrero de 2025 en Querétaro fue anunciada como un “golpe contundente al crimen” por la Fiscalía estatal, su liberación cinco días después por falta de pruebas exhibió deficiencias en el proceso judicial y en la coordinación institucional.
Inconsistencias en la estrategia de seguridad
- Captura mediática vs. realidad legal: La Fiscalía de Guanajuato difundió un video del traslado del presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y lo vinculó públicamente con homicidios, secuestros y el ataque a policías en Uriangato (diciembre 2024), donde murieron cuatro elementos. Sin embargo, durante la audiencia, no se presentaron pruebas suficientes para vincularlo a proceso, según resolvió el juez.
- Silencio institucional: Tras la liberación, las autoridades no ofrecieron explicaciones detalladas sobre las fallas en la investigación. Solo anunciaron que apelarían la decisión judicial, lo que generó dudas sobre la solidez inicial del caso.
Errores operativos y consecuencias
- Falta de evidencia sólida: A pesar de que la Fiscalía aseguró contar con “amplias investigaciones”, los elementos presentados fueron considerados insuficientes, lo que sugiere negligencia en la recopilación de pruebas o presiones externas.
- Impacto en la credibilidad: La rápida liberación socavó la narrativa oficial sobre el “desmantelamiento de redes criminales” y expuso la fragilidad de los operativos, especialmente en un estado con alta violencia por la disputa entre el CSRL y el CJNG.
Contexto de impunidad
Este caso se suma a un patrón de criminalización fallida y procedimientos judiciales opacos en México.
En Guanajuato, la liberación de Leonel “N” refleja no solo errores técnicos, sino también posibles vínculos corruptos o interferencias políticas que permiten a líderes criminales evadir la justicia.
Respuesta de las autoridades
La situación deja al descubierto una gestión reactiva en lugar de preventiva, donde la prioridad parece ser el impacto mediático, una estrategia que deberia ser denominada,la “Estrategia Harfuch”,pues privilegia el anuncio pomposo y de inmediato en vez de construir casos jurídicamente robustos. Esto no solo pone en riesgo la seguridad de Guanajuato, sino que alimenta la percepción de impunidad en regiones controladas por el crimen organizado.
Con informacion: PROCESO/
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