La Fiscalía de Estados Unidos ha ampliado la acusación contra Genaro García Luna a su círculo de colaboradores cercanos. Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, García Luna fue detenido en Dallas a finales de 2019, acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de facilitarle envíos de droga al norte.
Ahora, la Fiscalía acusa también a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, subalternos de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública en los años de Calderón. El Departamento de Justicia los coloca en calidad de fugitivos.
OTRA TRAMA DELICTIVA EN CIERNES EN TAMAULIPAS:
La oficina de la Fiscalía en el este del Estado de Nueva York, encargada del caso, ha explicado que los tres ayudaron al cartel de Sinaloa a traficar droga “de 2001 al presente”. En estos casi 20 años, Pequeño, García Luna y Cárdenas Palomino han ocupado posiciones de poder en prácticamente todas las oficinas de seguridad federales, sobre todo durante los Gobiernos del PAN, primero con Vicente Fox (2000-2006) y luego con Felipe Calderón (2006-2012).
García Luna empezó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) antes del cambio de siglo, luego pasó a la Policía Federal Preventiva, luego al cuerpo investigador de la Fiscalía federal, la AFI, Agencia Federal de Investigación, y de ahí a la Secretaría de Seguridad Pública. Cárdenas Palomino fue titular de las divisiones de Seguridad Regional y Caminos de la Policía Federal, después de pasar por la AFI. Pequeño empezó en el CISEN en 2003 y pasó a la Policía Federal. Bajo el ala de García Luna, Pequeño fue director de las divisiones de Seguridad Regional y Antidrogas de la Policía Federal. Cuando García Luna salió de Seguridad Pública, él siguió y ocupó la dirección de Inteligencia de la Policía Federal. En 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, lo cesó. Fue parte de la depuración en el aparato de seguridad tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
En la acusación, la Fiscalía dice que los tres acordaron no interferir en envíos de toneladas de droga del cartel de Sinaloa a Estados Unidos, proporcionaron información sensible de operativos a la organización, apuntaron a integrantes de grupos contrarios a Sinaloa y les dieron información sobre las operaciones de estos grupos y colocaron a funcionarios corruptos en áreas de México donde operaba el cartel.
El escrito de la acusación detalla por ejemplo que de 2002 a 2007, García Luna facilitó seis envíos de droga a Estados Unidos por un total de 50 toneladas. Hasta finales de 2006, el funcionario fue parte de la AFI y Vicente Fox gobernaba el país. En diciembre de ese año, Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública. Más allá de los casos concretos, la acusación indica que de 2001 a la actualidad, los tres conspiraron para traficar cocaína al país. En el caso de Pequeño y Cárdenas, el Departamento de Justicia habla de tres cargos de “conspiración para traficar con cocaína”.
El caso contra García Luna nació durante el juicio contra El Chapo Guzmán. En el carrusel de testigos que desfilaron por la corte, algunos mencionaron la cercanía del exfuncionario con Sinaloa. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán en Sinaloa, declaró que la organización le había pagado millones de dólares.
En el caso de Pequeño y Cárdenas, el origen podría estar en los testimonios de testigos que declararon en otro juicio. En 2018, la Justicia de Estados Unidos condenó a Iván Reyes Arzate a más de tres años de cárcel por filtrar información a grupos criminales. Reyes Arzate había sido cercano a García Luna y había ocupado puestos importantes en la Policía Federal, como la jefatura de la división antidrogas. Detenido en 2017, su juicio iluminó otras aristas de la relación del aparato de seguridad de los Gobiernos de Fox y Calderón con el cartel de Sinaloa y sus viejos aliados, la familia Beltrán Leyva.
Uno de los testimonios más importantes entonces fue el de Sergio Barragán Villarreal, antiguo colaborador de los Beltrán Leyva, que entre otras cosas vinculó a Cárdenas Palomino con las dos organizaciones.
La acusación contra Pequeño y Cárdenas actualiza las críticas a la estrategia de seguridad de Calderón. Fue su Gobierno el que se lanzó contra los grupos criminales, alegando que eran un peligro para la gobernabilidad del país. Pero la violencia, en vez de disminuir aumentó. En 2007, México contó 8.800 asesinatos. En 2011, fueron más de 27.000.
Fuente.-(imagen/Wall Street Journal)Diario Español/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: