Delincuentes que han sido detenidos en flagrancia o involucrados en delitos como narcotráfico, secuestro, delincuencia organizada o acopio de armas, han recibido hasta casi 5 millones de pesos de indemnización por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) al argumentar violaciones al debido proceso, detención arbitraria o tortura. Dichas indemnizaciones han sido tramitadas por organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la CNDH encabezada por su anterior presidente Raúl Plascencia Villanueva, en la recomendación 51/2014, referente a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, pidió la reparación del daño de los civiles: en ese caso, la CEAV desembolsó alrededor de 30 millones de pesos para ocho personas, entre ellas dos acusadas por acopio de armas. De acuerdo con datos recabados por Alto al Secuestro, el monto más alto, 5.6 millones de pesos, se entregó a los familiares de una de los presuntos narcotraficantes, abatido por militares. Otro ejemplo es el de Roberta “N”, detenida en 2011 en Tijuana, Baja California, con cinco kilogramos de mariguana, argumentó que fue torturada por elementos del Ejército y que no se le aplicó correctamente el Protocolo de Estambul. Su caso lo tomó la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para representarla, y con una simple valoración psicológica y no con un instrumento que incluye una serie de pruebas físicas y psicológicas para acreditar si efectivamente existió tortura, la CNDH en manos de Raúl Plascencia, recomendó indemnizarla. La CEAV le otorgó 4 millones 389 mil 033 pesos. La asociación de Isabel Miranda de Wallace tiene documentados al menos 24 casos de indemnizaciones a delincuentes. En entrevista con La Razón, denunció que es “inequitativo” el trato que se le da a las víctimas y a los procesados por distintos delitos de alto impacto por parte de la Ley General de Víctimas. “Para obtener una reparación integral o compensación la ley actualmente exige sentencia condenatoria, como si fuera responsabilidad de una víctima obtenerla y no una obligación del Estado y del propio sistema para poder hacer justicia y compensar a una víctima de forma integral. “En contraste, tenemos el extremo, en que un imputado con el simple hecho de manifestar ante cualquier autoridad que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo a la ley, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores, tiene acceso a las ayudas de forma inmediata. “Y si consigue una recomendación de cualquier Comisión de Derechos Humanos, cosa nada difícil en estos tiempos, tendrá derecho a una cuantiosa indemnización del mismo fondo de reparación de las víctimas del delito; es decir, nos meten en la misma bolsa, pero con un trato desigual”, indicó. Explicó que hasta septiembre pasado, la CEAV había pagado 89 millones de pesos de los mil 500 millones que tiene ese organismo para reparar el daño de las víctimas. “Es decir, de esos 89 millones de pesos entregados, casi el 90 por ciento fue para narcos, para sicarios y para médicos de sicarios, es decir, todavía estamos dándoles las gracias y dándoles nuestro dinero a los delincuentes que nos dañan”, señaló. Del lado de la CEAV, el comisionado Julio Hernández Barros reconoció la complejidad para indemnizar de manera adecuada a las víctimas de secuestro y se comprometió a perfeccionar los candados para la utilización del fondo. Admitió que a la CEAV le ha “faltado creatividad” para indemnizar a las víctimas y repartir el fondo a las personas que más lo necesitan. Exigen renuncia de titular de la CEAV Organizaciones de víctimas y especialistas demandaron que el titular de la CEAV, Julio Hernández Barros, renuncie a su cargo. A través de una carta pública 26 colectivos de diferentes partes del país le dicen que no llegó a la CEAV por su trayectoria, sino por un uso cínico y abusivo del Movimiento por la Paz, al que aseguraron, nunca ha representado. “La estancia que ha pasado como comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no sólo nos avergüenza como víctimas y representantes de ellas, nos tiene también profundamente indignados”, dice el texto. “Ese cinismo y esa falta de trayectoria y de tradición en la defensa de los derechos de las víctimas se ha acentuado desde que asumió la presidencia”. Lo acusan además de mantener una campaña de autopromoción y no de atención a víctimas, así como de discriminar a las víctimas de violaciones a derechos humanos frente a las víctimas de delitos. “Ha sustituido el derecho a la verdad y a la justicia por indemnizaciones”, reprochan. fuente.- | |||
! ! ! Porque la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio,no podemos,ni debemos callarla ! ! !
Visitanos tambien en:
▼
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: