Las mismas prácticas policiacas que hace unos años le permitían al Estado la detención de capos e integrantes de bandas vinculadas a delitos como ejecuciones y secuestros, ahora son utilizadas para liberarlos.
Al aplicar los nuevos criterios para interpretar la Constitución, los tratados internacionales y diversas leyes, los sospechosos, que eran presentados por el Estado o el Ejército como líderes criminales, están recuperando ahora su libertad.
Entre los presuntos criminales estarían hasta líderes de cárteles a los que se les han atribuido múltiples ejecuciones.
En sus resoluciones que llevan a las liberaciones, los jueces establecen, entre otros tecnicismos, que, por ejemplo, hubo violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
Entre las viejas prácticas que ahora son denunciadas como ilegales por los capos para recuperar su libertad están la detención prolongada, la intimidación y la obtención de pruebas y confesiones durante el arraigo.
Uno de los casos más recientes es el de Pedro Antonio Martínez Sida, señalado como sicario del Cártel del Golfo e implicado en la masacre en el Bar Matehuala en el 2011.
El 5 de diciembre, el Juez Segundo Penal en Monterrey le dictó auto de libertad por los ocho ejecutados del bar, además de otras cuatro víctimas en un taller de Ciudad Solidaridad, porque las declaraciones donde sus cómplices lo señalaban fueron invalidadas al ser recabadas al estar arraigados.
Igualmente, Oziel Asael Salas Hernández, señalado como jefe de una célula del Cártel del Golfo, libró la cárcel por secuestros y ejecuciones, beneficio obtenido también por sus 12 cómplices.
Salas, sin embargo, regresó al penal el 18 de noviembre al ser detenido tras un asalto.
Extraoficialmente trascendió que también habrían sido liberados Eleazar Medina Rojas, "El Chelelo", operador del Cártel del Golfo, y Héctor Huerta Ríos, "La Burra", máximo líder de los Beltrán Leyva en San Pedro, ambos vinculados a ejecuciones y otros delitos.
Fuentes policiacas lamentan que, por tecnicismos legales, delincuentes señalados por las evidencias como responsables sean liberados en tiempos relativamente cortos, incluso, algunos sin llegar a sentencia.
"Dicen que en muchos casos (los sospechosos) han sido librados por detención prolongada", dijo un informante.
"Es un simple pretexto (que usan) cuando los jueces quieren ayudar a alguien.
"Es decir, sí son culpables", agregó, "pero su detención, de origen, la califican de viciada.
"Hay casos de secuestradores profesionales, evidentes, que obtuvieron millones de dólares y luego, con este tipo de pretextos, los dejan libres", expresó.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, reconoció que se están dando estas libertades en los últimos dos años por las reformas constitucionales del 2008 y el 2011, en las que se establecieron los juicios orales.
"Muchas libertades que se están decretando hoy día derivan de actuaciones irregulares cometidas hace meses", dijo.
"Los fiscales de hace años estaban acostumbrados a una serie de malas prácticas en la integración de la averiguación previa".
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