El reporte difundido por el portal Noticiero de Victoria, bajo el titular “Busca YAC oooootroooo amparo ante amenaza de prisión”, plantea un análisis crítico sobre el uso reiterado del juicio de amparo por parte de Yahleel Abdala Carmona, exfuncionaria del gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca.
Pero las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia también han sido incapaces de hacer valer la ley bajo este remedo de gobierno de Morena y Américo Villarreal.
Cifras atribuidas al INEGI, exponen el contraste entre la abundante efectividad en sentencias familiares y el rezago en materia penal. El retrato da pie a una conclusión tan ácida como incómoda: la justicia en Tamaulipas presume resultados en el «drama» familiar, mientras acumula pendientes frente al crimen.
El garantismo exacerbado y la incapacidad oficial van de la mano, pero no deben confundirse
Los amparos no explican todas las órdenes de aprehensión pendientes.El propio fiscal anticorrupción «sinverguenza» reconoció públicamente que muchas no pueden ejecutarse por «falta de capacidad institucional». Es decir, no todo es freno judicial; también hay incapacidad de la autoridad.
Bajo esta narrativa, se pueden contrastar tres visiones sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y constitucional en México: la percepción de que la acumulación de recursos legales obstaculiza la ejecución de órdenes judiciales; la reivindicación del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso; y una tercera, no menos importante, que pone el foco en la mediocridad oficial y en la incapacidad de las autoridades para hacer valer la ley.
La crítica al uso sucesivo del juicio de amparo
Desde la óptica editorial de medios de medios de difusion y de sectores que cuestionan la actuación de la exfuncionaria, la promoción continua de demandas de garantías —identificada coloquialmente con la frase de buscar «otro amparo»— se interpreta como una estrategia dilatoria para evitar la eventual ejecución de una orden de aprehensión o comparecencia ante un juez y tienen razon.
El ejercicio del control constitucional y la presunción de inocencia
Desde la perspectiva del derecho procesal penal y de la defensa legal, acudir al juicio de amparo ante cualquier acto de autoridad que pueda implicar la privación de la libertad es una prerrogativa prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana.
Los defensores del sistema garantista señalan que la presentación de múltiples amparos no constituye una ilegalidad, sino un mecanismo legítimo para verificar que las fiscalías y los jueces de control actúen conforme al debido proceso, especialmente en contextos donde los señalados alegan persecución política o irregularidades en la integración de las carpetas de investigación.
Claves técnicas del funcionamiento del amparo en estos casos
Para comprender por qué un ciudadano investigado puede promover diversos juicios de amparo de manera consecutiva sin que ello implique una anomalía procesal, destacan los siguientes puntos:
Actos reclamados distintos: Cada juicio de amparo protege contra actos específicos de autoridad (una orden de aprehensión, una citación, el aseguramiento de cuentas o la vinculación a proceso) emitidos en momentos diferentes o por distintas autoridades (jueces locales, federales o fiscalías). Si surge una nueva investigación o un nuevo acto de molestia, la persona tiene derecho a promover un nuevo recurso.
Alcance de la suspensión provisional y definitiva: La concesión de una suspensión en un amparo contra órdenes de aprehensión no anula la investigación ni exonera al implicado; únicamente impide que sea detenido de manera inmediata mientras un juez federal revisa la legalidad del mandamiento judicial, siempre y cuando se trate de delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa y el solicitante cumpla con medidas como el pago de una garantía económica y la presentación periódica ante el juzgado.
Diferencia entre estatus de investigado y prófugo: En términos estrictamente jurídicos, una persona que cuenta con una suspensión vigente otorgada por un juez de distrito no se encuentra sustraída de la acción de la justicia ni tiene calidad de prófuga, ya que está sujeta a la jurisdicción del tribunal federal que supervisa su amparo hasta que se resuelva el fondo del asunto.
«Pero, como en todo proceso complejo, siempre hay un matiz: entre la negación de una suspensión o una resolución adversa y la promoción de un nuevo juicio de amparo, la autoridad ministerial ha contado con ventanas de tiempo suficientes para ejecutar sus mandatos judiciales.
Esta falta de ejecución alimenta la percepción crítica de que las instancias encargadas de procurar justicia no han logrado articular acciones eficaces para concretar su captura.»
Con informacion: LA JORNADA/NOTICIERO DE VICTORIA/
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