Los partidos politicos pueden ir calentando motores, siempre que no se les suelte la lengua. El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Édgar Iván Arroyo Villarreal, sostuvo que los nombramientos de coordinadores territoriales y defensores de la patria realizados por Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) no constituyen, por sí mismos, actos anticipados de campaña. Eso sí: lo que digan durante esas actividades puede terminar bajo la lupa de las autoridades electorales.
La distinción del magistrado es clara: una cosa es organizar la casa partidista y otra aprovechar el acomodo para hacer promoción electoral antes de los plazos legales.
Y aunque para el magistrado despistado poner cargos y repartir nombramientos no equivale, por sí solo, a adelantar la campaña; el discurso que acompaña la ceremonia es el que los mete en problemas.
Vamos por partes
En el debate jurídico-electoral de Tamaulipas rumbo al proceso electoral concurrente 2026-2027, el criterio sostenido por el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Édgar Iván Arroyo Villarreal —según reportan medios locales—, abre una discusión profunda entre la interpretación formalista de la autoorganización partidista y el principio constitucional de equidad en la contienda.
Desde la óptica de un hipotetico litigio estratégico electoral orientado a impugnar o cuestionar la permisividad frente a figuras como los «coordinadores territoriales» de Morena o los «defensores de la familia, la paz y la libertad» del PAN, la argumentación jurídica podria refutar la postura del tribunal y podria estructurarse sobre los siguientes ejes:
El fraude a la ley (Fraus Legis) y la simulación de actos partidistas
El argumento central del magistrado Arroyo Villarreal parte de una premisa formalista: que la designación de cargos internos es distinta de la selección de precandidaturas o candidaturas, por lo que «en sí misma» no constituye un acto anticipado de campaña.
Sin embargo, en el derecho electoral mexicano rige el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Cuando los partidos políticos crean figuras estatutarias o administrativas atípicas («coordinadores» o «defensores») cuyas funciones reales —despliegue territorial, posicionamiento de imagen, encabezamiento de asambleas y exposición mediática— son idénticas a las de un precandidato o candidato, se configura un fraude a la ley.
Sostener que el nombramiento es inocuo mientras no haya un llamado expreso al voto ignora la doctrina de los equivalentes funcionales establecida por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): si un acto produce el mismo efecto de posicionamiento electoral anticipado que una precampaña, debe ser sancionado como tal, independientemente de la etiqueta con la que el partido lo bautice.
La ruptura de la equidad y la «distorsión del mercado político»
Como ya lo advirtió la consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión de Procedimientos Especiales Sancionadores, estas figuras generan una «distorsión absoluta del mercado político» y una «cancha dispareja» antes del inicio formal de las precampañas.
Desde una defensa estricta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad jurisdiccional no puede adoptar una postura pasiva o meramente reactiva.
Permitir que las fuerzas políticas operen estructuras de promoción personalizada bajo el manto de la «vida interna» vacía de contenido los plazos legales de precampaña y campaña, anulando la fiscalización oportuna de los recursos empleados en ese posicionamiento previo y dejando en estado de indefensión a quienes respetan los tiempos de la ley.
La insuficiencia de la vigilancia meramente discursiva
El criterio del TRIELTAM propone centrar la vigilancia exclusivamente en el contenido de los mensajes emitidos en reuniones y asambleas para detectar si existe promoción fuera de plazo. Un abogado litigante contraargumentaría que este estándar resulta ineficaz en la práctica por dos razones:
Sobreexposición acumulativa: El posicionamiento electoral moderno no depende de una frase aislada pidiendo el voto en una asamblea, sino de la repetición sistemática de un nombre, un rostro y una estructura territorial meses antes de la contienda.
Daño irreparable: Esperar a que se acredite un mensaje explícito en un procedimiento especial sancionador —mientras el IETAM ya acumula más de una decena de denuncias en los primeros meses del proceso— permite que el infractor consolide una ventaja indebida que ninguna multa posterior logra revertir en las urnas.
Con informacion: HoyTamaulipas/
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